Ante los alarmantes índices de corrupción en México, el Senado de la República generó una agenda de trabajo para analizar el problema desde nuevas perspectivas y proponer soluciones. Si bien es cierto que la sociedad está llamada a participar más, el Gobierno debe responsabilizarse y actuar en consecuencia.
En el anterior periodo de sesiones, en mi calidad de senador del grupo parlamentario del PRD, presenté dos iniciativas de reforma constitucional: una para conformar el Sistema Nacional de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y otra para crear la Agencia para el Combate a la Corrupción.
El Consejo Coordinador Empresarial ha señalado en estudios recientes que la corrupción consume anualmente más de 10% del Producto Interno Bruto del país. De ser cierta esta cifra, el costo anual para la economía por esta causa es superior a los dividendos que el país capta como producto de la extracción de petróleo crudo y gas cada año.
Los datos son alarmantes. En el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, México empeoró, al pasar del lugar 72 en 2008 al 89 en 2011. En 2010, Transparencia Mexicana identificó al menos 200 millones de actos de corrupción en los tres niveles de Gobierno; de acuerdo al mismo organismo, en 10 de cada 100 ocasiones en que se realizó un trámite o se accedió a un servicio público, los hogares pagaron “mordida”.
En el marco del Foro Económico Mundial se expuso que la corrupción es una práctica que se mantiene por las fallas e ineficiencias de los gobiernos; en el caso de México, el Foro identifica la corrupción como el segundo factor más problemático para hacer negocios en el país. Esta nociva práctica incrementa dramáticamente la ineficiencia del gasto público, al tiempo que reduce los niveles de gasto de inversión productiva y genera impactos negativos en la competitividad, paraliza la producción y desalienta la innovación. El Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1% cada año.
Debido a la corrupción, la ciudadanía pierde confianza al ver que su dinero acaba en las cuentas de unos cuantos políticos. Adicionalmente, el impacto es de la mayor trascendencia, pues se erosiona la certidumbre en los actores públicos.
Valga decir que ningún esfuerzo fiscal a futuro será viable si los gobernados no confían en los gobernantes; los resultados solo serán posibles si existe una verdadera rendición de cuentas y se construye la percepción de que cada peso se gasta en beneficio de la gente y no de unas cuantas rémoras de la burocracia.
Frente a este escenario, tanto el PRI como el PAN han presentado iniciativas en la materia. Recientemente se ha conformado, en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, una agenda de trabajo para analizar, discutir y dictaminar sobre esta materia durante el presente periodo ordinario de sesiones.
Nuestro proyecto se cimenta en la creación de un órgano autónomo que combata la corrupción, persiguiéndola como delito. Por esta razón, busca desconcentrar la acción penal del Ministerio Público. De esta forma, toma distancia de la propuesta del PRI-PVEM, que pretende un organismo con autonomía restringida, sin facultad de investigar delitos y que no “otorga dientes en materia penal” a la autoridad, sino que se limita a procesos administrativos.
Respecto de la integración del órgano anticorrupción, bajo la perspectiva del PRD, la Agencia debe ser eminentemente ciudadana y nombrada por el Senado. Lo anterior, en contraposición a la propuesta del PRI y del presidente Peña Nieto, quien pretende nombrar por su cuenta a los encargados. Consideramos que esto sería una clara regresión al régimen presidencialista. Por ello, proponemos garantizar independencia y libertad plenas a la actuación de los representantes ciudadanos en la Agencia Anticorrupción y, así, evitar injerencias del poder público en cualquier orden de gobierno.
Finalmente, desde el PRD se pugna por un mecanismo de resarcimiento de los daños causados por actos de corrupción, que destinaría a los jóvenes el mayor porcentaje de los recursos recuperados por vía de decomiso a quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos de corrupción.
En síntesis, lo que se busca con estas iniciativas es que esta nueva agencia sea un componente más del Sistema Nacional de Fiscalización y Transparencia que venimos proponiendo, el cual, además de otorgarle autonomía presupuestal a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), busca dotarla de facultades para iniciar procedimientos ante los jueces penales por los delitos cometidos contra las finanzas públicas, así como para iniciar procedimientos administrativos.
El sistema propuesto también busca crear el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, un órgano jurisdiccional especializado que se responsabilice de sancionar a servidores públicos o a cualquier persona —de los tres órdenes de gobierno— por irregularidades administrativas en el ejercicio de recursos públicos.
El sistema nacional de fiscalización pública que proponemos promueve la coordinación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, con el fin de homogenizar la revisión de los recursos. Por ello, se fortalecen las atribuciones de los entes locales de fiscalización, auditorías generales en los estados (AGES), en la misma proporción que las de la Auditoria Superior de la Federación, incluyendo sus atribuciones frente al tribunal.
Si consideramos que las entidades federativas hoy son, como lo ha definido el imco, una importante caja de opacidad, es importante que este sistema nacional de fiscalización y combate a la corrupción nos permita ir contra los fueros y condiciones virreinales que han imperado en la última década.
Se trata de combatir la corrupción pero, más aún, de dar un paso adelante en la vida democrática de nuestro país. Un avance donde la rendición de cuentas sea uno de los pilares de la convivencia entre gobiernos (Federal, estatales y municipales) y gobernados. El objetivo debe ser no solo evitar el uso ilícito del dinero público en beneficio de unos cuantos privados corruptos, sino también garantizar que la sociedad evolucione hacia una mayor exigencia y mejores instrumentos a su favor respecto de la calidad del Gobierno.
El hecho de que este asunto se haya posicionado como prioritario en la agenda política resulta un triunfo de los ciudadanos, pues si bien es cierto que la izquierda ha señalado que la reforma estructural verdaderamente urgente es la que combata frontalmente la corrupción, no es menos cierto que desde el proceso electoral hemos atestiguado el despertar de una ciudadanía, especialmente joven, que es propositiva, informada, consciente y demandante de una mayor rendición de cuentas por parte de la autoridad. Ha quedado claro que las decisiones que tienen que ver con los recursos que maneja el Estado mexicano, en todos sus componentes, ya no deben ser tomadas al margen de la gente.
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ARMANDO RÍOS PITER es senador de la República por el PRD. Licenciado en Derecho y Economía, es maestro en Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown y en Administración Pública por Harvard. Fue secretario de Desarrollo Rural en el Gobierno de Guerrero y diputado federal.
Senador Rios Piter:
Para ser congruente supongo que su siguiente iniciativa será quitar el fuero de los legisladores, correcto?
O acaso piensa diseñar propuestas anti-corrupción junto con el senador Deschamps? Tal vez nos podría explicar cual es la diferencia entre los gastos del senador Deschamps, incluyendo el famoso Ferrari de $25 millones de pesos, y los gastos de Elba Esther? Que no se le pueden imputar los mismos cargos a su colega en el senado?
Veremos en sus actos si su propuesta contra la corrupción va en serio o si sólo son más palabras…
Hay que considerar varias cosas,
1. Una causa relevante y poco observada de la corrupción gubernamental tiene su base en un problema hacendarío de presupuesto. Ejercicios anuales, retraso en las ministraciones, cierres con fechas fatales. Esto obliga a hacer obras, principalmente, que en lugar de llevarse el tiempo requerido, se hacen para cerrar a tiempo. La calidad es muy mala pero el costo es alto. Esto se agrava por la incapacidad institucional de dar seguimiento. Propuesta, presupuestos mltianuales, ministraciones hacendarías obligadas a hacerse de acuerdo a la temporalidad que los proyectos requieren.
2. Cómo terminar con los diezmos? Un sistema muy arraigado. Compradores y proveedores en el.