Como parte del seguimiento que viene haciendo del tema de la reforma migratoria en Estados Unidos y de sus implicaciones para la salud de los indocumentados mexicanos, el autor informa sobre los avances recientes en las negociaciones y evalúa los efectos que tendría la aprobación de la propuesta dominante.
En el artículo anterior describíamos los distintos escenarios que, al inicio de los trabajos del grupo bipartidista de ocho senadores de Estados Unidos, podía enfrentar la atención a la salud de los migrantes mexicanos en ese país; ello, ante la falta de información sobre la dirección que tomarían los servicios médicos a las personas indocumentadas en vías de regularización.
Concluido el proyecto del Comité Judicial, ahora se tiene información más clara de la propuesta en su conjunto. La propuesta del Senado mantiene la restricción de los beneficios públicos establecida en la Welfare Act de 1996 a los inmigrantes con menos de cinco años de residencia legal, así como a los inmigrantes en vías de regularización con permiso provisional de residencia (RPI, por sus siglas en inglés). Algunos estados han eliminado las restricciones para el acceso a los servicios de Medicaid y de Children’s Medicaid (CHIP) para las mujeres embarazadas e hijos menores con estancia legal en el país.1
La reforma de salud —Affordable Health Act—, aprobada en 2010 y que entrará en pleno vigor en 2014, obliga a todos los ciudadanos y residentes legales en Estados Unidos a contar con seguro médico o pagar una multa. Por ley, los inmigrantes indocumentados no pueden comprar un seguro médico en los intercambios estatales de seguros, y los inmigrantes con permiso provisional de residencia no tendrán acceso a los servicios de Medicaid sino hasta cinco años después de haber obtenido su residencia legal permanente, lo que significa una espera de 15 años a partir de su registro como inmigrantes en vías de regularización. Asimismo, los inmigrantes con permiso provisional deberán adquirir un seguro médico individual en los intercambios estatales de seguros a precio de mercado, pero no serán elegibles para recibir los subsidios federales establecidos en la ley para el pago de las primas de seguros médicos. Aquellos inmigrantes en vías de regularización que no cuenten con seguro médico en el empleo y no puedan comprar un seguro médico individual estarán obligados a pagar una multa anual.
La iniciativa de reforma migratoria en el Senado parece contar con los votos necesarios para su aprobación; en julio tendremos la versión final del proyecto de ley. No obstante, esta resolución deberá pasar por la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, la que a su vez prepara su propia versión de reforma, lo que hace probable que en el proceso de su eventual aprobación por ambas cámaras, la reforma sufra modificaciones que la hagan más severa y más restrictiva en términos de la regularización de los migrantes indocumentados y, ciertamente, de las vías para alcanzar la ciudadanía.
Sin embargo, un análisis detallado de la iniciativa en el Senado —cuya concepción integral es la más favorable— nos conduce a concluir que las condiciones que impone para la regularización de los migrantes limitarán de manera importante sus aspiraciones de alcanzar la residencia permanente, y más adelante la ciudadanía. Por ello, del total de candidatos a la legalización de su estancia, un buen número no completará los requisitos y deberá abandonar Estados Unidos voluntariamente, o se mantendrá bajo la sombra de la indocumentación y bajo la amenaza constante de la deportación.
Un obstáculo mayor será el pago de los impuestos atrasados que, junto con las multas y los derechos del registro como inmigrante provisional —más de tres mil dólares en total—, representará un egreso considerable para un sector numeroso de la población de bajos ingresos. 29% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos se ubica por debajo del nivel federal de la pobreza (FPL, por sus siglas en inglés) individual, fijado en 15 mil 300 dólares anuales,2 lo que significa que 3.34 millones de emigrantes mexicanos tendrán dificultades para cumplir con los requisitos económicos para acceder a la residencia permanente. Con un ingreso individual promedio de mil 275 dólares mensuales, este sector de la población mexicana apenas cuenta con los recursos para sobrevivir y enviar a México dinero para el sostenimiento de sus familiares.
En 2011 había en Estados Unidos 6.97 millones de adultos y menores mexicanos sin seguro médico. La reforma de salud obliga a toda la población residente en ese país a contar con seguro médico o pagar una multa. De acuerdo con la Kaiser Family Foundation, el costo promedio de un seguro médico individual en Estados Unidos es de 250 dólares mensuales —2 mil 580 dólares anuales—, cifra que se aproxima a los 311 dólares mensuales que, en promedio, envían los emigrantes a México. Las multas anuales establecidas en la ley para aquellos que no cuenten con un seguro médico van de los 2 mil a los 3 mil dólares, por lo que de una u otra manera los migrantes con estancia legal y los que están en vías de regularización que no cuenten con un seguro en el empleo tendrán que pagar esas cantidades.
No queda claro en la iniciativa del Senado si uno de los requisitos para alcanzar el estatus de residencia permanente a los 10 años de registro es haber cumplido con las obligaciones que marca la reforma de salud. En medios periodísticos se dio a conocer que el grupo bipartidista que estudia una iniciativa de reforma migratoria en la Cámara de Representantes ha tenido diferencias sobre si los inmigrantes con permiso provisional debieran tener acceso a los servicios de salud, lo que motivó que uno de los integrantes del grupo, el congresista Raúl Labrador, se separara y declarara que dichos inmigrantes tienen que pagar su propia atención médica o enfrentar la deportación.
Ahora bien, la ley obliga a todas las empresas con más de 50 empleados a ofrecer a estos un plan de seguro médico o pagar una multa. Los empleados que no acepten deberán adquirir un seguro en los intercambios estatales o pagar una multa; podrán ser elegibles para recibir subsidios en el pago de las primas si se ubican entre el 100 y el 400% del nivel federal de pobreza. El Gobierno federal otorgará créditos fiscales de hasta 50% del costo de aseguramiento a las empresas pequeñas (con no más de 25 empleados).
De aprobarse la reforma migratoria en Estados Unidos, las perspectivas de atención a la salud para los emigrantes mexicanos se podrían resumir de la siguiente forma:
• Aproximadamente 5.7 millones de residentes con estancia legal deberán contar con un seguro médico individual. De ellos, 3.5 millones estarán en posibilidades de contar con un seguro médico en el empleo o adquirir un seguro a través de los intercambios estatales de seguros, porque se ubican en el rango de ingresos de 20 mil a 50 mil dólares anuales. Los 2.2 millones restantes podrán quedar asegurados en Medicaid, a excepción de quienes están en los 19 estados que rechazaron la expansión de Medicaid. Como es difícil que estos últimos cuenten con un seguro médico en el empleo, deberán comprar seguros médicos individuales o pagar una multa. Debido a sus bajos ingresos, será complicado que paguen una prima anual de 2 mil 580 dólares o una multa de 2 mil dólares.
• Al registrase como inmigrantes provisionales, los seis millones de mexicanos indocumentados deberán cumplir con una serie de requisitos, entre ellos el de contar con un seguro médico. Sin acceso a los servicios de Medicaid, debido a su estatus, tendrán que contar con un seguro médico en el empleo, o asegurarse individualmente en los intercambios estatales de seguros —sin derecho a los subsidios federales en el pago de las primas— o pagar una multa. Una estimación basada en la información disponible eleva la cifra de mexicanos indocumentados sin seguro médico a 3.6 millones de personas; la mayoría pertenece a los cuatro millones de migrantes mexicanos con ingresos por debajo de los 20 mil dólares anuales, por lo que es improbable que puedan destinar 13% de sus ingresos a la compra de un seguro médico.
Por otra parte, con la aplicación total de la reforma de salud en enero de 2014 vendrá una crisis en el sistema de atención médica en Estados Unidos. De acuerdo con la Asociación Americana de Colegios de Medicina, en 2014 faltarán 38 mil médicos de atención primaria y 160 mil en 2025, tomando en cuenta la adición de 32 millones de nuevos asegurados para 2019. Los fondos federales de Medicaid para hospitales con un número elevado de pacientes de bajos ingresos —y que atienden actualmente a los inmigrantes indocumentados— sufrirán un recorte de 50% (14.1 mil millones de dólares) entre 2014 y 2019, lo que conducirá a la eliminación de servicios o el cierre de unidades enteras.
En los proyectos de reforma migratoria no se avizora una solución para los inmigrantes indocumentados en vías de regularización, que por sus bajos ingresos no pueden adquirir un seguro médico o no están cubiertos por sus empresas. Habrá que esperar el resultado de las iniciativas de reforma migratoria y sus disposiciones en materia de atención a la salud.
Visto el asunto en perspectiva, aun la más favorable de las versiones de reforma plantea condiciones difíciles de alcanzar para un considerable número de inmigrantes indocumentados, lo que hace pensar, con alguna suspicacia, que en el fondo se están aplicando medidas para dificultar la permanencia de los inmigrantes que no cumplan con los requisitos, y propiciar así su autodeportación, o para contar con los argumentos suficientes para deportar a aquellos que se mantengan en las sombras de la ilegalidad.
En resumen, la atención médica de los emigrantes mexicanos enfrentará, con la reforma, serios obstáculos.
1 Registered Provisional Immigrant Status.
2 “A Demographic Portrait of the Mexican-Origin Hispanics in the United States”, Pew Hispanic Center, 2013.
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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
