Se sabe bien: 1994 fue un año convulso. La estabilidad política, social y económica del país no solo estuvo en riesgo, se perdió. Un levantamiento armado, magnicidios, delincuencia, una sensación general de zozobra y, para rematar, una de las peores crisis económicas que podamos recordar. Justo en medio, las elecciones federales de agosto. No obstante las graves circunstancias, aquel ejercicio democrático fue menos cuestionado que algunos de los que siguieron, cuando las instituciones electorales parecían haberse consolidado. Eso se debió, en parte, al trabajo del Consejo Técnico del Padrón Electoral integrado con el fin de apuntalar el proceso en la ciencia. Quienes lo integraron tienen una historia que contar. Estos son sus testimonios. En momentos de crisis para los órganos electorales, vale la pena leerlos.
RUBÉN HERNÁNDEZ CID
La recepción que el EZLN había dado a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era solo el inicio de otro año más en el que México viviría en peligro en los aspectos social, económico y, por supuesto, político. El Instituto Federal Electoral (IFE) de 1994 (sin autonomía) era muy joven y debía organizar su primera elección presidencial. El Padrón Electoral (con más de 45 millones de ciudadanos) era un tema recurrente en las sesiones del Consejo General del IFE. Varios partidos dudaban de la calidad de tal instrumento y exigían una seria revisión técnica bajo la amenaza de no validarlo para las elecciones.
En sesión del 27 de enero, el Consejo General, los partidos políticos y los candidatos a la presidencia firmaron el “Pacto para la Paz, la Democracia y la Justicia”. Incluía la cláusula llamada “Para una Elección Imparcial”, que requería “plena confiabilidad del Padrón Electoral, de las credenciales y de las listas nominales” y las garantías para “el acceso permanente a las bases de datos e imágenes del Registro Federal de Electores y la Auditoría Externa al padrón respectivo”. Fue necesario crear un grupo ad hoc —el Consejo Técnico del Padrón Electoral (CTPE)— para realizar esas tareas. Días después, el ctpe se reunió por primera vez teniendo como principal encomienda la de vigilar rigurosamente los trabajos de la Auditoría Externa que debería realizarse —previo concurso— por una compañía privada y bajo estrictos criterios científicos. Tuve el honor de participar como miembro de dicho Comité, que estaba constituido por especialistas de diversas disciplinas.
La labor del CTPE fue mirada por algunos con recelo, suspicacias y dudas; por otros, con algunas esperanzas. El Padrón era objeto de polémica pública: el Comité analizó los “registros duplicados, fantasmas, homonimias” y otros problemas más con el objeto de evaluar las denuncias. Los resultados se presentaron en el Consejo General del ife el 15 de julio. Entre sus conclusiones, el CTPE, por unanimidad, consideró “[…] válido el proceso de la Auditoría Externa al Padrón Electoral”. En el estudio se determinó que “el promedio nacional de consistencias reales y explicables es de 97.42%”, cifra notable para un instrumento de este tipo.
El CTPE realizó otras funciones que le fueron asignadas por el Consejo General: estudiar denuncias específicas presentadas por algún partido, certificar que las listas nominales usadas el día de la elección fuesen idénticas a las que poseían los partidos y establecer los criterios mínimos a ser cubiertos por las empresas que realizarían encuestas de salida y conteos rápidos el día de la elección, incluyendo el ordenado por el propio IFE.
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RUBÉN HERNÁNDEZ CID es profesor de tiempo completo en la División Académica de Actuaría, Estadística y Matemáticas del ITAM.
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Clara Jusidman
1994 fue un año particularmente importante y agitado para el activismo cívico en México. Una importante expresión de ese activismo se dio en torno a la agenda por el cambio democrático que llevó a la creación de Alianza Cívica a partir de la articulación de siete organizaciones con perfiles ideológicos distintos. La movilización civil generada para llevar a cabo un amplio y organizado proceso de observación de las elecciones federales de ese año condujo a la participación de varias organizaciones en todo el territorio nacional y de miles de ciudadanos cuyas vidas quedaron marcadas por esa experiencia.
Como integrante de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica decidí participar en 1994 en dos procesos para contribuir a la reivindicación de los derechos civiles, políticos y sociales de la población. Por una parte, coordiné la brigada de integrantes de Alianza Cívica que acudió a observar las elecciones en la zona zapatista y, por la otra, acepté la invitación para participar en el grupo de expertos que daría seguimiento a la Auditoría del Padrón Electoral.
Tenía la experiencia de haber montado y colaborado en algunos importantes sistemas de producción de información estadística, así como en actividades ciudadanas de observación electoral en elecciones estatales. Mi trabajo en el grupo técnico consistió en aportar información sobre las dudas que las organizaciones civiles tenían en torno a la calidad del padrón y de las listas de electores. Varios amigos de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se habían especializado en hacer revisiones de esas listas y conocían sus deficiencias. De manera que llevé al grupo la histórica suspicacia de los ciudadanos y algunas sugerencias sobre metodologías de verificación del Padrón Electoral por medio de ejercicios de campo o comparativos de archivos electrónicos.
Recuerdo que la parte divertida de este ejercicio consistía en tratar de sorprender a los equipos técnicos del Registro Federal de Electores (RFE) solicitándoles de manera sorpresiva pruebas que desarrollábamos sin darles tiempo de realizar, en su caso, manipulaciones previas a fin de obtener buenos resultados.
Personalmente, quedé convencida de que el Gobierno realmente se había hecho el propósito de lograr un Padrón Electoral creíble y confiable y de otorgar credenciales con altos niveles de seguridad. Finalmente se había logrado remontar a un costo altísimo la tradicional desconfianza en uno de los instrumentos más importantes de los procesos electorales.
Es de reconocerse el trabajo realizado por los funcionarios del RFE que acometieron a principios de la década de los noventa la enorme tarea de limpiar, actualizar y dar credibilidad a las listas de electores. La elección de 1994 fue la primera en contar con un Padrón Electoral confiable.
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CLARA JUSIDMAN fue directora del Registro Federal de Electores en 1997.
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Isaura Meza Gómez Palacio
Con las elecciones presidenciales en puerta en los inicios de 1994, el entonces secretario de Gobernación, el doctor Jorge Carpizo, se encontró ante una situación de gran desconfianza por parte de los integrantes de los partidos políticos y ciudadanos consejeros que integraban el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). Había muchas sospechas sobre la validez del Padrón Electoral y las credenciales que se habían distribuido a los ciudadanos para ejercer su voto.
Los diferentes partidos habían hecho varias auditorías en forma independiente sobre todos los componentes y mecanismos del proceso electoral y se tenían resultados contradictorios. Ante esta situación, el doctor Carpizo propuso la formación de un Consejo Técnico del Padrón Electoral —integrado por científicos y técnicos en la materia— que se encargaría de revisar todas las etapas de una auditoria del proceso electoral, convocada por el IFE, y que daría seguimiento a su conducción hasta que se llevaran a cabo las elecciones.
Una vez aprobada esta propuesta en el Consejo General, se integró el Consejo Técnico del Padrón Electoral (CTPE) con 11 investigadores científicos y especialistas provenientes de varias instituciones de enseñanza superior —como la UNAM, el Cinvestav del IPN, El Colegio de México y el ITAM—, del Banco de México y de organizaciones ciudadanas. Se abrió entonces una convocatoria para presentar los proyectos para la Auditoría. Estos proyectos fueron revisados por el CTPE. Se hizo un análisis riguroso con bases y métodos científicos y se emitió una opinión sobre cada proyecto.
Una vez elegida la compañía que garantizaba tener lo necesario para llevar a cabo la Auditoría, el CTPE siguió con su trabajo, revisando cada uno de los resultados presentados. Este trabajo se hizo a puertas abiertas, con frecuentes entrevistas con los miembros del Consejo General para aclarar sus dudas, así como con miembros de algunos partidos que se acercaron al CTPE para presentar opiniones basadas en su experiencia de auditorías anteriores.
Fue un trabajo exhaustivo para todos los participantes, ya que además de revisar los resultados de la auditoria, visitamos varias zonas de la Ciudad de México, algunas en lugares con asentamientos irregulares, para comprobar si los habitantes de las diferentes áreas contaban con su credencial de elector y para explicarles la importancia que tenía el que emitieran su voto con ella. Visitamos también el lugar en Querétaro donde se ensamblaban las credenciales en condiciones de extrema seguridad y comprobamos que funcionaba adecuadamente. Se atendieron quejas ciudadanas sobre el robo de credenciales o posibles falsificaciones que resultaron sin fundamento o no fueron comprobables. El CTPE también supervisó la certificación de observadores tanto nacionales como extranjeros que estarían en las casillas de votación, y se hicieron varios reportes a la prensa nacional e internacional sobre cómo se había diseñado y cómo funcionaría todo el proceso electoral.
Finalmente, para el día de la votación, el CTPE propuso al Consejo General del IFE asegurar la presencia de un miembro de cada uno de los partidos políticos en las casillas de votación y un número preciso de observadores, además de los ciudadanos seleccionados por insaculación. Para esto se levantaría un acta notarial en un número de casillas representativas en todo el país, lo que daría fe de las actividades en cada casilla desde su apertura hasta su cierre. Esto fue aprobado por el Consejo General y fue implementado.
Todas estas medidas requirieron un gran número de participantes, y el proceso resultó, como todos sabemos, muy costoso. Sin embargo, en esta votación los ciudadanos fueron tranquilos a emitir su voto, con la confianza de que este sí se tomaría en cuenta y de que no habría un fraude en el conteo de los votos. Fue la primera vez que se hizo un conteo rápido para informar a la ciudadanía de los resultados iniciales de la votación en todo el país.
El manejo del proceso electoral en 1994, con todas estas innovaciones introducidas por el doctor Carpizo, fue un paso fundamental y muy inteligente de su parte para bajar los niveles de desconfianza que existían sobre el proceso electoral y poder así mostrar al mundo entero que nos observaba que la democracia electoral era una realidad en nuestro país.
Yo, como investigadora científica, me aterré al ser designada para ser parte del Consejo Técnico, ya que lo veía como algo muy lejano a lo que son mis tareas profesionales. Al final, me sentí y todavía me siento muy orgullosa de haber participado en y contribuido a ese momento histórico. Desafortunadamente, las cosas no han seguido así.
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ISAURA MEZA GÓMEZ PALACIO es investigadora y profesora de tiempo completo en el Cinvestav.
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Rosa María Rubalcava
Los primeros días de marzo de 1994, el doctor Jorge Carpizo, secretario de Gobernación, solicitó a siete centros académicos la colaboración de sendos profesores-investigadores para contribuir a evaluar el Padrón Electoral y supervisar la Auditoría Externa solicitada por los partidos políticos. El presidente de El Colegio de México me encomendó unirme a esa tarea. El 4 de marzo se instaló el Consejo Técnico del Padrón Electoral (CTPE), integrado por diez ciudadanos (siete investigadores de instituciones académicas y tres expertos en registros electorales, acervos de información y participación ciudadana). Los trabajos del CTPE iniciaron de inmediato y culminaron en noviembre. La experiencia como miembro de ese Consejo fue excepcionalmente rica y dejó en mí, como investigadora y como ciudadana mexicana, una profunda huella.
La intensidad de los acontecimientos ocurridos ese año me hizo valorar las potencialidades del conocimiento científico para ayudar a evitar, atenuar o solucionar conflictos sociales, pero también me obligó a tratar de comprender sus limitaciones ante las pasiones enardecidas por alcanzar el poder político.
Desde el primer momento el doctor Carpizo, quien presidía el Consejo General del IFE, se refirió a las y los consejeros técnicos como “científicos” y su trato fue de una enorme deferencia y respeto (“exagerados”, diría quien no haya conocido su carácter refinado). Esta consideración marcó las atenciones que recibimos de los funcionarios de la Secretaría y del IFE, así como de los magistrados consejeros que integraban el Consejo General, quienes fueron sustituidos a partir del 3 de junio por los consejeros ciudadanos Santiago Creel, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg y Fernando Zertuche. Además del presidente y los consejeros ciudadanos, participaban, también con voto, dos representantes de la Cámara de Senadores (Víctor Manuel Tinoco Rubí, por la mayoría, y Porfirio Muñoz Ledo, por la primera minoría) y dos de la Cámara de Diputados (José Antonio González Fernández, por la mayoría, y Jorge Zermeño Infante, por la primera minoría). Otros integrantes del Consejo General, pero sin voto, eran los representantes de los partidos políticos: Fernando Lozano Gracia, del PAN; José Francisco Ruiz Massieu, del PRI; Samuel del Villar, del PRD, y también los del PPS, PFCRN, PARM, PDM, PT y PVEM. El director general del Consejo General era Arturo Núñez Jiménez y el secretario era Agustín Ricoy Saldaña.1
Los análisis efectuados por las empresas auditoras, sustentados en procesos de muestreo probabilístico, permitieron al Consejo Técnico hacer su valoración de la Auditoría Externa del Padrón con base en (1) una auditoría legal y de procedimientos para generar las credenciales con fotografía, (2) la revisión de programas y archivos informáticos, (3) la verificación de consistencias e inconsistencias al confrontar la base de datos con el almacén y la ciudadanía y (4) un balance de formatos. El 15 de julio el Consejo Técnico hizo una glosa de su informe final (distribuido una semana antes) en una reunión informal ante el presidente del Consejo General, los consejeros ciudadanos, los representantes del Congreso, los representantes de los partidos y sus asesores, los expertos de las empresas auditoras y los funcionarios del IFE. Algunos militantes de partido fueron francamente hostiles y en diversas ocasiones expresaron con rudeza sus dudas sobre las decisiones que llevaron al Consejo Técnico a calificar la Auditoría Externa al Padrón Electoral Federal como “confiable y consistente”. Junto con otros análisis efectuados por el IFE y los partidos políticos, la decisión del CTPE contribuyó a que el Consejo General, en su sesión extraordinaria del 20 de julio, declarara válidos y definitivos el Padrón Electoral y la Lista Nominal.
Las vivencias fueron muchas y muy preciadas pero me referiré solo a tres que, vistas a la distancia, son para mí las más significativas.
1. El asesinato de Luis Donaldo Colosio
El Consejo Técnico estaba reunido en el IFE el miércoles 23 de marzo cuando, alrededor de las 19:30 horas, el director del Registro Federal de Electores (RFE) salió de la sala para atender una llamada telefónica. Al volver nos informó, consternado, que el candidato del PRI había sufrido un atentado en Tijuana. La tragedia de este asesinato hizo ver lo vulnerables que somos los mexicanos ante la violencia, mostró la trascendencia del trabajo que se nos había encomendado y nos determinó a poner lo mejor de nosotros al servicio de la sensatez y la concordia.
2. El estupor ante la existencia de más de un millón de homonimias
En la sesión del 29 de julio del Consejo General, la presencia de poco más de un millón de homonimias (repetición exacta de nombres y apellidos en dos o más electores de la Lista Nominal del Distrito Federal) en el padrón de la capital del país (con 5 millones 362 mil 760 registros), que el PRD calificó como “credenciales de elector duplicadas” y “acreditó” mediante “cerros” de listados de computadora temerariamente colocados sobre la mesa del Consejo, provocó crispación. Además de la gravedad de que una quinta parte de la Lista Nominal fueran nombres duplicados, se hizo notar “la presencia regular y sistemática” de los homónimos en todas las secciones electorales. La sesión culminó solicitando un análisis especial por parte del personal del Registro y del Consejo Técnico, que debería ser presentado en la sesión siguiente.
En la tensa e interminable sesión del 6 de agosto (duró más de 12 horas), el Consejo Técnico entregó los resultados de un estudio probabilístico sobre los grupos de homónimos mediante una muestra seleccionada del universo de homónimos de la Lista Nominal del Distrito Federal, para confrontarlos con las fotografías de los recibos de las credenciales que guarda el Registro. Adicionalmente, el estudio completo de los nombres involucrados en homonimias (324 mil 638) mostró que la repetición de nombres y apellidos es esperable y no obedece a manipulación alguna: el homónimo más frecuente fue “Guadalupe Hernández Hernández” (con 126 repeticiones) y, con menor frecuencia, hubo 206 mil 337 pares (es decir, combinaciones de nombres y apellidos que ocurren solo dos veces).2
Es indudable que la formación profesional educa en algunos temas y excluye otros del currículum. La teoría de probabilidades y el muestreo pertenecen al dominio de la formación de varias carreras universitarias pero, hasta donde sé, no de quienes estudian derecho. La discusión, en la que se hizo evidente la imprecisión del concepto homonimia, junto con la explicación que requirió referir a varios términos técnicos como distribución uniforme y probabilidad condicional al tamaño, entre otros, fue kafkiana, un verdadero diálogo de sordos. Fue evidente que el PRD estaba cobrando las cuentas pendientes de la elección de 1988 (véase la larguísima intervención de su senador al final de esta sesión).3
Sin duda hacen falta reglas para parlamentar en el Consejo General.
El acuerdo de esa sesión fue que “el Consejo General pide a la Comisión de Vigilancia del RFE cruzar las homonimias del Padrón Electoral con los registros de otras instituciones (SHCP, IMSS, etcétera.)”. Fue imposible cumplir este acuerdo porque la shcp negó el acceso a sus bases de datos.
Este incidente mostró que desconocemos los criterios que usamos los mexicanos para dar nombre a nuestros hijos. Encontramos varias peculiaridades al analizar los nombres. Hay nombres que son tanto de hombre como de mujer, como Guadalupe. Asimismo, se aprecia la influencia de personajes de telenovelas, artistas de cine o deportistas “famosos”. En cuanto a apellidos, los hay muy frecuentes, como Hernández, Martínez, González, etcétera, y los hay que son también nombres como Jaime y Juan; su recurrencia en las secciones electorales depende de diversos factores, entre ellos patrones culturales de cercanía residencial con los parientes. Un estudio etnográfico consultado reportó que, durante la Colonia, en el estado de Oaxaca se bautizaba a los indígenas imponiéndoles como apellido el del “santo patrón” correspondiente a su parroquia o congregación; eso explica la notable frecuencia de personas con apellido Cruz o De la Cruz en la entidad.
3. El clímax del nerviosismo
Los días previos al 21 de agosto, y el mismo día de la elección, se exacerbaron las tensiones. Días antes de la elección se acordó en el seno del Consejo General solicitar al Colegio de Notarios la presencia de un notario en algunas casillas para dar fe de que se respetó la normatividad electoral; las casillas serían seleccionadas aleatoriamente por el Consejo Técnico. Las presiones para dar a conocer con anticipación al Colegio la lista de casillas elegidas cancelaban las bondades de su selección probabilística. Por primera vez, los consejeros tuvimos opiniones divididas; hubo quienes se opusieron a entregar la lista, dispuestos a abandonar el Consejo. Al llegar a mi cubículo en El Colegio de México, una secretaria, visiblemente inquieta, me informó que tenía una llamada del doctor Carpizo. Al teléfono, el doctor recordó en un tono muy cordial que el Consejo Técnico siempre había tenido un comportamiento ejemplar al consensuar sus decisiones y expresó que nos conminaba a volver a tratar este asunto para llegar a un acuerdo, lo que finalmente se logró.
Si bien la participación de un 77% de los electores hizo muy exitosa la elección, en el IFE se vivieron momentos muy difíciles durante la jornada electoral. La idea de que los mexicanos descansan los domingos en su domicilio y eso les permite, sin dificultad, acudir a votar en la casilla que les corresponde mostró ser equivocada. Los tumultos de votantes en las casillas especiales (en las que solo es posible votar por presidente) provocaron violentos reclamos y enojo por la falta de boletas para ejercer este derecho. Las enfermeras, policías, meseros, locatarios en mercados y miles de mexicanas y mexicanos más que trabajan los domingos (en ocasiones lejos de su lugar de residencia) son víctimas de la ignorancia y suspicacias de los partidos que limitan las boletas en esas casillas.
Las experiencias reseñadas indican que es necesario promover estudios especiales sobre los temas que dan lugar a álgidas discusiones, mismos que por su especificidad electoral no han sido realizados por los académicos. Asimismo, la imposibilidad de dirimir sospechas sobre el Padrón confrontándolo con otras fuentes de datos personales hizo evidente en ese momento que convendría a los mexicanos tener una cédula de identidad que se use, como en diversos países, en todos los registros: escolares, del sistema de salud, para licencia de manejo, pasaporte y programas sociales de transferencias, etcétera. Veinte años después, esta posibilidad sigue siendo remota.
La falta de planeación y de estudios rigurosos obliga al IFE a enfrentar cada año electoral las mismas discusiones y a adoptar decisiones apresuradas, bajo la presión de intereses de partidos, con nefastas consecuencias en dispendio de recursos y un enorme desperdicio de energía y conocimientos, tanto de sus consejeros como del personal profesional del Instituto.
1 Ver la publicación 1994 Tu elección: Memoria del Proceso Electoral Federal, IFE, México, 1995.
2 Un grupo de integrantes del Consejo Técnico también hizo visitas en campo en el Distrito Federal para confrontar la información del Padrón con la que es posible encontrar in situ, dónde viven los inscritos en ese registro. Este acercamiento permitió corroborar la diversidad de situaciones reportadas por la auditoría y el estudio muestral de homonimias que, de acuerdo con criterios técnicos, no deben calificarse como inconsistencias.
3 Ver Actas de Consejo General, 6 de agosto de 1994, partes a y b, en: <http://www.ife.org.mx>.
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ROSA MARÍA RUBALCAVA fue profesora-investigadora de tiempo completo en El Colegio de México (1969-1999). Es consejera de la Fundación Este País.
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