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Este País | Eduardo Bohórquez y Javier Berain | 01.09.2014 | 0 Comentarios

La legislación secundaria para las reformas política, de telecomunicaciones y energética concluyó el lunes 11 de agosto mediante la convocatoria de cada cámara a tres periodos extraordinarios que permitieran concluir con el paquete de reformas “que México necesita”. La manera en la que se discutió y aprobó esta reglamentación abre interrogantes sobre las prácticas parlamentarias y la apertura del Congreso como espacio para la deliberación y el debate público.

Pese a su eficacia política, el Pacto por México fue duramente criticado por ser un acuerdo entre cúpulas, un acuerdo entre las élites dentro de los partidos políticos. La discusión de las leyes secundarias, pese a no estar enmarcada en el Pacto por México, siguió con la misma tónica. Para conseguir mayorías, las dirigencias de cuatro fuerzas políticas —PRI, PAN, Partido Verde y Partido Nueva Alianza— forjaron un nuevo pacto, esta vez al interior del Congreso, con el propósito de reducir el debate parlamentario e incrementar la eficacia política.

Una muestra cuestionable de este pacto fue la de reducir el diálogo parlamentario a su mínima expresión. En la discusión de la reforma política en la Cámara de Diputados, por ejemplo, se presentaron 91 reservas a los dos dictámenes. Solo una de estas se admitió a discusión y 90 se desecharon en votación económica, es decir, levantando la mano y calculando más o menos mayorías. En el Senado se presentaron 29 reservas y todas se desecharon.

En la reglamentación en materia de telecomunicaciones en la Cámara de Diputados, se presentaron 266 reservas al dictamen y ninguna fue discutida. Los senadores, por su parte, presentaron 380 reservas, de las cuales solo se aceptaron a discusión 25.

En la reglamentación de la reforma energética, los cuatro dictámenes originados en el Senado de la República y los tres dictámenes de la Cámara de Diputados generaron 2 mil 244 reservas presentadas en la primer cámara y 2 mil 892 en la segunda. Aunque la información es todavía limitada, se puede establecer que las reservas discutidas fueron muy pocas respecto de las reservas presentadas.1

Un primer análisis de estos procesos anuncia una conclusión dolorosa: los dictámenes se presentan y se votan tal como lo acuerdan las dirigencias partidistas. Todo proceso parlamentario contempla las posibilidad de modificar las propuestas de legislación. Sin embargo, el hecho de que solo 26 de las mil 235 reservas de las reformas política y de telecomunicaciones fueran aceptadas a discusión2 habla de un Congreso que responde débilmente a su vocación de debate. Resulta difícil aceptar que entre las 646 reservas presentadas en la reforma de telecomunicaciones solo el 3.8% (25 reservas) fuese digno de discusión.

El hecho de que un pacto previo, dentro o fuera del Congreso, en sesiones cerradas o en los pasillos, reduzca la posibilidad de enriquecer una iniciativa es una práctica que debe evitarse en los congresos en México. Para restaurar la débil confianza de los ciudadanos en sus representantes, es necesario que el Poder Legislativo se preserve como un espacio de interlocución y diálogo político. Las leyes en nuestro país no serán mejores por utilizar mecanismos extraordinarios para desahogar la agenda partidista; lo serán en la medida en la que se reconozcan disensos y se deliberen, con información y evidencia, en la arena pública. Urge una agenda para la apertura de los congresos, una agenda para que la discusión parlamentaria se haga a puertas abiertas. 

1 Al momento de cierre de este artículo faltan aún tres dictámenes por discutirse en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, por lo que el número de reservas referentes a la Reforma Energética aumentará.

2 Al momento del cierre de este artículo el Senado de la República y la Cámara de Diputados no han hecho públicos los respectivos diarios de los debates en los que se discutió la reforma energética, por lo que las reservas presentadas en ese rubro (5 mil 136) no se tomaron en cuenta para contabilizar reservas rechazadas y aceptadas.

factofilia

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EDUARDO BOHÓRQUEZ <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana.  JAVIER BERAIN es coordinador de Vinculación en Arena Ciudadana. Ambas organizaciones impulsan el Parlamento Abierto en México.  Agradecemos a Lucía Petersen su colaboración en este artículo como asistente de investigación.

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