El Gobierno es, muchas veces, el principal obstáculo de la sociedad civil. Algunos de los programas más eficaces a favor de la información y la toma de decisiones basada en datos y análisis confiables han sucumbido ante los intereses de las autoridades.
I
En el estalinismo solían borrarse de las fotografías las imágenes de antiguos camaradas posteriormente defenestrados por el régimen. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de 2013, con datos de 2012, se menciona una sola vez al Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (I), en el penúltimo párrafo de la página 1: “El INEGI participó conjuntamente con el ICESI en el diseño del cuestionario de la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-3) en 2005”.
Dejemos de lado el error de confundir la sexta con la tercera encuesta. Pero advirtamos que se omite decir que el cuestionario inicial fue elaborado por el icesi desde 2002 y que fue el icesi el que año con año lo fue mejorando, si bien en 2005, además de contar con la asesoría de un experto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) que vino a México con dicho propósito, se escucharon también las sugerencias del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que se encargó del levantamiento, no de la metodología ni del análisis de la base de datos ni de la presentación de los resultados. La batuta de la ensi la tuvo el icesi. El cuestionario actual es básicamente —aproximadamente en un 80%— el diseñado por el icesi. Como se explicará más adelante, varios de los cambios introducidos por el inegi rompieron la comparabilidad en el tiempo de sus indicadores principales.
Es de recordarse que al INEGI no se le había ocurrido llevar a cabo una encuesta victimológica periódica. Fue el ICESI —auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Fundación Este País— la institución que por primera vez en nuestro país se planteó la necesidad de contar con ese instrumento y decidió hacerlo realidad.
La Envipe no se basó en los ejercicios que de 1988 a 1997, ocasionalmente y en distintos ámbitos, experimentó el INEGI, sino que partió de la ENSI, cambiando principalmente la forma en que se indaga si la persona fue o no víctima en el periodo de estudio; por ende, las principales mediciones sobre victimización e incidencia dejaron de ser comparables en el tiempo. La sociedad civil perdió la posibilidad de contar con indicadores en un momento clave: el final de un sexenio y el cambio de Gobierno, cuando la criminalidad claramente se acrecentaba. El organismo de la sociedad civil que había iniciado y desarrollado las mediciones, el icesi, se vio obligado a desaparecer. Las cifras oficiales de homicidios se confundían en distintas definiciones o clasificaciones. El INEGI incursionaba en la primera ronda de la Envipe, y publicaba mensualmente su Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP), una medida que, como su nombre lo indica, hablaba de percepción pero no aportaba un indicador útil para políticas públicas ni de impacto, aunque seguramente cumplía con cierta utilidad mediática. Las últimas mediciones de dicho indicador se hicieron en junio de 2013, según se aprecia en la página del Instituto. No es de extrañar que, ante la falta de utilidad real, se descontinuara su elaboración y publicación mensual, por lo que no tiene objeto en este momento una mayor discusión sobre dicho indicador.
Volviendo al tema de las encuestas victimológicas, es importante mencionar que estas son de gran utilidad porque aportan datos que no ofrecen las estadísticas oficiales: número real de delitos, porcentaje de delitos no denunciados, sexo de las víctimas, proporción de delitos cometidos a mano armada, resultado de la actuación del órgano persecutor de los delitos, etcétera.
Todos los especialistas coincidían en que las seis encuestas victimológicas a cargo del icesi fueron de impecable calidad técnica, metodológica y criminológica. Cada fase de la encuesta era trabajada y/o supervisada cuidadosa y minuciosamente por un espléndido equipo de miembros del Consejo Técnico o del personal del ICESI, entre quienes figuraban especialistas de la calidad profesional de Rafael Ruiz Harrell, Ignacio Méndez, Rosa María Rubalcava, Guadalupe Espinosa, Pablo Parás, Dora Elvira García, Luis Miguel Pando y Cecilia Sayeg. Cuando el Gobierno Federal decidió arrebatar la encuesta al ICESI y ponerla en manos del INEGI, académicos y numerosas organizaciones civiles protestaron.
El icesi fue despojado de la encuesta precisamente después de que algunos gobernadores, cuyas entidades salían con una alta incidencia delictiva en la ensi, se quejaron de que los datos se hicieran públicos, sin formular una sola objeción técnica, metodológica o criminológica a la encuesta. Con esa medida se dio fin a un ejercicio de alta calidad profesional y plenamente ciudadano.
Borrar incluso el reconocimiento al que obligaría la honestidad intelectual supone eliminar asimismo el recuerdo desagradable para algunos gobernantes de entidades federativas de un instituto que les mostraba un espejo en el que no les gustaba verse.
En Estados Unidos, país que tiene una encuesta victimológica desde mediados de los setenta, se hicieron cambios sustanciales a este instrumento a inicios de la década de los noventa, pero solo tras haber estudiado por años la pertinencia y necesidad de tales cambios y haciendo varias veces los dos ejercicios, de manera que se logró establecer una cierta equivalencia y se mantuvo la comparabilidad en el tiempo. Otros países, por ejemplo Argentina, no han consumado un único instrumento de encuesta victimológica a nivel nacional, sino que han aplicado diversas metodologías en diferentes zonas, ámbitos y periodos. La pena del caso de México es haber tenido que comenzar nuevamente desde cero, el que se haya aplicado borrón y cuenta nueva, sembrando desconfianza en la sociedad civil por la forma en que se produjeron los hechos. Otra expectativa se tenía cuando se otorgó la autonomía al instituto que rige las estadísticas oficiales en el país.
II
El cuestionario de la Envipe contiene errores notables de definición o de categorización de los delitos que pueden tergiversar los resultados. Señalaremos solamente algunos aspectos que se deberían cuidar en el cuestionario de la Envipe, porque reflejan errores de ese tipo.
Se pregunta al interrogado solamente si alguien por una actitud abusiva o por una discusión lo golpeó generándole una lesión física, lo que deja fuera todas las lesiones que no encuadran en ese supuesto, por ejemplo, las ocasionadas no por un golpe sino por un empujón del agresor; las que no tienen su origen ni en una actitud abusiva ni en una discusión, como las provocadas por el agredido (que no por esa provocación pierden su carácter delictivo), las ocasionadas no por golpe alguno sino con un arma punzocortante o una sustancia lesiva, etcétera.
Un yerro especialmente escandaloso es el de la definición del delito de violación sexual, implícita en la pregunta al informante de si “fue obligado mediante violencia física o amenaza por alguien conocido o desconocido a tener una actividad sexual no deseada”. Pasemos por alto la referencia a “alguien conocido o desconocido”, disyunción innecesaria en la que cabe todo el universo de posibles agresores. Lo grave es que esa definición no corresponde al delito de violación, que consiste en que el violador impone la cópula por medio de la violencia física o moral a otra persona. El violador no la obliga a tener una actividad sexual: la obliga a soportar una cópula. La víctima, sometida por medio de la violencia física o moral, no realiza una actividad sexual, sino que sufre un coito impuesto. Por otra parte, no es difícil imaginar que una persona sea obligada por violencia física o amenaza a realizar una actividad sexual sin que eso sea una violación, por ejemplo, la que es forzada a tocar cierta parte del cuerpo de su agresor, hipótesis que no constituye violación sino abuso sexual.
Se utilizan como sinónimos, dentro de los delitos de índole sexual, las palabras manoseo y tocamiento, que no significan lo mismo. El manoseo es un contacto repetido con la mano, mientras que el tocamiento puede ser con cualquier parte del cuerpo, una sola vez y durar apenas una fracción de segundo. Para que haya abuso sexual basta el más fugaz tocamiento no consentido.
Se cataloga erradamente como delito el denominado “fraude al consumidor”, consistente en que un producto o servicio pagado no se reciba conforme a lo acordado, lo que constituye un ilícito civil pero no una conducta delictiva, salvo que exista engaño doloso.
Se le pregunta al informante si recibió amenazas verbales de alguien plenamente identificado, lo que inexplicablemente deja fuera de la pregunta las amenazas de un desconocido.
Es inevitable preguntar por qué el INEGI no buscó la asesoría de un abogado penalista o, por lo menos, por qué los diseñadores del cuestionario no leyeron con atención las figuras delictivas de la legislación penal.
III
Varias de las interrogantes del cuestionario no parecen pertinentes. Se pregunta si para combatir la criminalidad se mejoró el ingreso de las familias, se atendió el desempleo, se atendió a los jóvenes para disminuir el pandillerismo y la delincuencia juvenil, se combatió la corrupción o se combatió el narcotráfico, todo lo cual es improbable que le conste, en sentido afirmativo o negativo, al informante.
Se pregunta (tras advertir al encuestado que se le va a preguntar sobre el trabajo y desempeño de las autoridades) el grado de confianza en compañeros de trabajo, negocio o escuela; familiares; parientes; amigos, y cárceles y reclusorios. No hay relación alguna entre la confianza en esas personas y la criminalidad. Solo las prisiones, que el INEGI divide incomprensiblemente en cárceles y reclusorios, pueden relacionarse con el problema.
En la pregunta sobre las principales causas del delito, entre las opciones de respuesta se incluye a los malos policías y al sistema judicial deficiente, pero inexplicablemente se dejan fuera la ineficacia y la negligencia del Ministerio Público, donde en realidad se halla el corazón de la impunidad, que es uno de los factores del aumento de la criminalidad.
IV
Hay elementos que se han añadido y que enriquecen la información que da la encuesta, como la pregunta sobre la desaparición forzada (involuntaria, según la llama el INEGI). Es aconsejable que también se busque conocer el tiempo que lleva desaparecida la víctima.
Otro punto positivo es que el INEGI ha incluido en su resumen de resultados información sobre la significancia estadística de las comparaciones entre los indicadores principales de víctimas y delitos —como se hacía en las ENSI—, y que en los tabuladores sobre delitos graves ofrece estimaciones con intervalo de confianza. Son prácticas que deberían observarse en cualquier tipo de indicador, no solo en los de seguridad.
Por otra parte, el aserto de que la violencia es un asunto de seguridad social quizá no incida en los resultados, pero provoca extrañeza. Lo correcto es ubicarla como un tema de seguridad pública, seguridad ciudadana o seguridad humana.
V
Independientemente de si existe comparabilidad o no entre las encuestas victimológicas ciudadanas y las actuales, cabe preguntarnos si los levantamientos de campo en todos los estados se han logrado hacer de manera normal, sin presencia de personas extrañas que vigilen a los encuestadores, como ocurrió en Tamaulipas durante la ENSI-6, caso que llevó al ICESI a invalidar los datos del estado, reconociendo el sesgo que las condiciones de campo pudieron incorporar. Cuando se pueda llevar a cabo una encuesta sin tales problemas en dicho estado, se tendrá un indicador de cambio positivo importante.
En estos días la sociedad civil exige indicadores de seguridad en los cuales pueda confiar. Ahora cuenta únicamente con información de las fuentes oficiales y del INEGI. No solo tiene el reto de llegar a comprender, interpretar y manejar los datos que resulten, sino también de incursionar y participar en la medida de lo posible en el proceso de levantamiento, para asegurar la veracidad. Igualmente, el INEGI tiene la gran tarea de recuperar la confianza, para que toda la inversión que se hace en estas mediciones no se pierda con el paso del tiempo.
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LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, fue director general del ICESI y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. CATALINA PALMER es consultora en estadística. Tuvo a su cargo la coordinación técnica de las encuestas del ICESI de 2008 a 2010.
