Las sonrisas de Layda Negrete y Roberto Hernández, productores del documental Presunto culpable, son inmensas. No es para menos. Acaban de ser absueltos de una demanda por daño moral que, de haber prosperado, los hubiera obligado a pagar tres mil millones de pesos. A su alrededor, en las escalinatas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), se encuentran cámaras, grabadoras y micrófonos de distintos medios de comunicación. Las preguntas más recurrentes son: “¿Cómo se sienten? ¿Ya terminó el juicio o qué sigue?”. Las respuestas se ven interrumpidas por los múltiples abrazos que ambos se dan con sus familiares, amigos y abogados. Al terminar la efusiva pero breve celebración, Roberto Hernández atiende a Este País en entrevista y hace un recuento de lo que les sucedió desde que se estrenó la película en febrero de 2011. Además, habla de cómo el documental evidenció al sistema judicial mexicano. EBC
EMILIANO BALERINI: ¿Qué significa que los hayan absuelto de la demanda por daño moral que interpusieron en su contra por la película Presunto culpable?
ROBERTO HERNÁNDEZ: Es un gran alivio. Tener encima una demanda de tres mil millones de pesos es complicado. Cuando eres el abogado es fácil, pero como demandado es difícil. La demanda tuvo un efecto mordaza porque debimos cuidarnos de lo que decíamos y hacíamos. Fue complicado tomar la decisión de confrontar al tribunal. Cuando empezaron las audiencias nos dimos cuenta que las condiciones eran malas: tribunales que no tienen aire acondicionado, falta de espacio para el público y ausencia de micrófonos para que se escuche lo que se dice en la sala; asimismo, teníamos que estar dictando nuestras respuestas. Esto nos empezó a preocupar. Intentamos excusar a una juez y lo logramos con la 17 de lo Civil, María del Rosario Mancera Pérez, quien había asegurado que nosotros “nos excedimos en el uso de la libertad de expresión”; esta era la cuestión jurídica que estaba siendo debatida ante un tribunal por lo que, como comentario al aire, significaba que ya había tomado una decisión. Las sentencias mostraron, por otra parte, que no hicimos nada ilegal, porque filmar a alguien en una audiencia pública, con fines periodísticos, está bien.
¿Este caso será un hito en la historia de la jurisprudencia mexicana?
Este fue un gran caso. Lo mismo rutinario que extraordinario. Rutinario cuando empezamos a filmarlo y vimos a Antonio Zúñiga en la cárcel, condenado a 20 años de prisión por un delito que no cometió: No había tenido abogado. En realidad, este había falsificado su cédula. Lo habían acusado con un testigo ocular falso o equivocado y había sido juzgado tras las rejas, en un lugar que huele a orines. Se volvió extraordinario cuando empezamos a filmar el juicio. Al hacerlo, el juez, Héctor Palomares, apareció en la audiencia. Todos se vistieron de traje y corbata, porque antes usaban jeans. Se apreció una corte más formal que trató de hacer su trabajo bien. Luego, la censura fue una cosa terrible. Mucha gente creyó que nos benefició y, aunque reconozco que fue uno de los hechos que logró atraer la atención del público, cuando te censuran sientes una lesión física. Me sentía lastimado por el hecho de que, después de años de trabajo, a las tres semanas de exhibición sacaran la película de los cines. Ese daño no ha sido reparado. México no ha sido demandado por ello. El país tiene un sistema de libertad de expresión que le entrega demasiadas armas al Poder Judicial para poder sacar de circulación contenidos periodísticos, libros, películas y programas de televisión con triquiñuelas legales como las que nos ocurrieron a nosotros.
¿Piensan interponer algún tipo de demanda contra el Estado por haber censurado la película?
Lo analizo porque nos hicieron dar un paseo largo. La película se estrenó en febrero de 2011. Se censuró el 3 de marzo de ese año, estamos a 6 de febrero de 2014, y apenas ayer se terminó el periplo legal. He perdido tres años de mi vida por una amenaza financiera y legal, donde no pude hacer otra cosa que atender la demanda. De haber estado solo o si Layda hubiera estado sola, nos hubieran hundido. Cuando eres demandado y no contestas se presumen ciertos los hechos por los que te están demandando. Es tan fácil activar la maquinaria judicial en contra de un contenido periodístico que tiene un efecto disuasivo grande. Tenemos que revisar el esquema de daño moral, de libertad de expresión en México, o de amparo, para que esto que nos hicieron a nosotros no le pase a alguien más.
¿La película no se volvió a exhibir a partir del 3 de marzo de 2011?
Sí se volvió a exhibir, pero gracias a los abogados que tuvimos. El 3 de marzo se suspendió la proyección. El término técnico es suspensión provisional, pero lo que cobija es censura dura y pura. Que un juez pueda decidir lo que se puede ver en una pantalla de cine no es normal. No se vale en ninguna democracia. Aunque la censura haya durado tres días, el hecho es que ocurrió. Regresó a los cines porque nuestros abogados, Juan Pablo Estrada Michel, Luis Smith y Abraham Díaz, presentaron recursos de queja ante un tribunal colegiado en contra de la suspensión provisional y este, al ver el caso, lo echó abajo. El problema fue que la jueza que decidió censurar el filme, Blanca Lobo, otorgó un amparo a Víctor Reyes —el testigo que acusó a Antonio Zúñiga de haber asesinado a una persona—, diciendo algo muy extraño: “Los jueces tienen facultades para censurar”, hecho que no se sostiene en la Ley de Cinematografía, ni en los tratados internacionales ni en nada. En la sentencia, la jueza dijo que tenía la facultad para reescribir el amparo, lo que se llama “suplir la deficiencia”. Blanca Lobo fue coautora de la demanda de amparo y jueza del proceso legal de censura. Además alegó cosas que no vienen al caso, como que “Víctor Reyes vio violado su derecho al libre tránsito porque lo insultaron en la calle”. Lobo le dio entrada a la demanda, la reescribió y dijo que se debía alegar que había un conflicto entre la vida privada de Reyes y el derecho a la libertad de expresión de nosotros como cineastas, pero como no sabía resolverlo, encargó a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) que lo hiciera.
Incluso Cinépolis dio a conocer que, de no haber una orden judicial, no sacaría la película de sus pantallas…
En los intentos de censura, el sistema fue víctima de su propia idiotez. La jueza Blanca Lobo anunció la suspensión provisional de la película, pero la orden se retrasó porque la autoridad obligada para hacerlo era RTC. Notificaron de la sentencia a RTC y supongo que se la mandaron en burro porque se tardó mucho. Una vez que ésta la recibió, tuvo que avisar a los 200 cines donde estaba el documental, por lo que hablé con los directivos de Cinépolis, para decirles que era importante que a la persona que fuera a notificar la suspensión le abrieran la puerta de las salas para que leyera delante de todos la orden de censura. Mucha gente me llamó para contarme que los inspectores que acudían a avisar a los cines solían decir: “Por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, RTC suspende esta película”.
¿Cree que ese fue el detonante para obtener el apoyo popular que tuvo más adelante la película y para que se resolviera el caso a su favor?
Fue importante. La gente que recordaba haber vivido en el México donde se cortaban las películas empezó a platicar de este tema en las cenas, en las comidas. Al respecto, algo relevante fue una entrevista que me hizo Joaquín López Dóriga. Acababa de regresar de la promoción de la película cuando, al abrir la puerta de la casa en Berkeley, California, donde estudiamos el doctorado, nos llamaron de su noticiario para decirnos que se había censurado la cinta. Joaquín me leyó la sentencia que yo no tenía, y al aire dije: “Invito a la gente a que vaya corriendo a los cines, porque no sé cuánto tiempo más se podrá ver la película”.
¿Los juicios tendrían que ser orales y filmados?
Me dan ganas de contestar que sí, pero sé que la respuesta es no. Tengo una posición moderada al respecto. El 5 de febrero se aprobó la legislación más importante de los últimos 70 u 80 años en materia penal. Se aprobó una Ley de Enjuiciamiento Criminal Nacional. México es un Estado federal. Teníamos 33 códigos de juicio penal, cada estado tenía el suyo, y esto dejó de ser una realidad. Ahora tenemos una sola ley nacional para definir los juicios. Esa ley, en su artículo 55, tiene una cláusula que se llama “Presunto culpable”, la cual prohíbe a medios de comunicación ingresar con cámaras a salas de audiencia. Este hecho fue denunciado por diputados, pero la cláusula ya venía planchada desde la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República.
¿Es decir, se defenderá la ineptitud de algunos jueces?
No sé si le tengan miedo o si se equivocaron mis colegas. Estuve en la comisión que ayudó a revisar el código. Esa medida es inconstitucional porque hay un derecho superior que es el de la libertad de expresión y la información. Lo que están haciendo es violar una herramienta básica de nuestra democracia para proveer de información a los ciudadanos. Antes de Presunto culpable nadie sabía cómo funcionaba la justicia en México. Tengo un argumento cuantitativo para decir esto: Parametría hizo una encuesta en 2011 cuando se estrenó el documental, y a partir del estreno, 11% de los mexicanos ya estaban enterados de la película y la habían visto; en diciembre de 2013 la misma empresa volvió a hacer este ejercicio y encontró que 36% de los mexicanos adultos habían visto la cinta. Si contrastas esto contra todos los libros que se han publicado sobre el sistema de justicia penal en México, los trabajos académicos y las notas de periódicos, el resultado es que más gente ha visto el documental que leído los documentos mencionados.
En el documental, ustedes dieron a conocer distintas cifras sobre la justicia en México: 92% de las acusaciones carecen de evidencia, 95% de las sentencias son condenatorias y 93% de los acusados nunca ven al juez. ¿Estos datos siguen vigentes?
Hemos tratado de ser más rigurosos con nosotros mismos al hablar de estadísticas. Hicimos otra encuesta porque mucha gente nos preguntó cuántos inocentes hay en las cárceles. Estamos haciendo un Doctorado en Políticas Públicas en Berkeley. Después de hablar con nuestros asesores, buscamos a la organización The World Justice Project, que nos dio una beca de 20 mil dólares para hacer una encuesta. Con el apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económica y el Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizamos un censo en el Estado de México (Edomex) y el Distrito Federal, donde preguntamos a los detenidos si están presos a pesar de ser inocentes. La muestra abarcó a reos sentenciados en 2008, es decir, antes de que el Edomex implementara los juicios orales en 2012. Los resultados obtenidos fueron estos: antes de los juicios orales, el Edomex tenía 66% de detenidos que estaban presos a pesar de ser inocentes; la cifra disminuyó a 43% en 2012, una vez que se habían implementado las reformas que promovían los juicios orales. En la Ciudad de México no hay este tipo de juicios y las cosas han empeorado: pasamos de 55% de personas que son inocentes a pesar de estar presas, en 2008, a 67% en 2012 (ver la Gráfica 1).
¿Qué sigue para ustedes?
Hay que esperar 12 días hábiles para saber si apelan o no la sentencia que nos absuelve de daño moral. Esperamos que no apelen, porque si lo hacen se estarían exponiendo a una condena por gastos judiciales. La condena se calcula en ocho por ciento de las prestaciones reclamadas. Mi intención es que empiece a ocurrir lo que debió pasar hace tres años. Cuando salió la película hicimos una crítica justa, fundamentada con estadísticas. Lo que ahí se muestra es que hay muchos inocentes en las cárceles, y lo que los datos que acabo de recabar enseñan es que ahora la situación es peor. Hay más inocentes en las cárceles. La Ciudad de México tiene cerca de 40 mil reos, imagínense cuánto es 67 por ciento.
No lo hacen porque carecen de voluntad política…
Sí, pero la gente ya se dio cuenta. El DF está amenazado. Electoralmente no le va bien a Miguel Ángel Mancera. Hay temor de que pierda la Ciudad de México y, para que eso no suceda tiene que hacer algo extraordinario con la justicia penal, entre otras cosas. No le queda mucho tiempo. Tiene un problema de recursos. Quiero colaborar con él. A pesar de mis diferencias, no critiqué al Gobierno de la Ciudad para fregarlo políticamente, lo hice porque esto debe cambiar. No puede ser que la justicia de la Ciudad sea peor que la del Edomex (ver la Gráfica 2).
¿Por dónde tienen que empezar?
Por la investigación criminal. Si la policía no tiene herramientas para investigar adecuadamente y no sabe entrevistar a un testigo, van a generar evidencia falsa. Debemos poder llamar a la policía. Si ahorita en esta cafetería estalla una bomba de humo o se empieza a incendiar la estufa, ¿a qué número marcaría?, ¿a la policía? Si una persona empieza a convulsionar, ¿a quién se llama?, ¿a la policía? Si este café estuviera en Estados Unidos y hubiera un incendio en la estufa, convulsionara una persona o ingresara al lugar un asaltante, la persona que te contesta en el 911 pregunta lo que está sucediendo y en un minuto manda a quien sea necesario. En México, el sistema descarga al ciudadano la responsabilidad de decidir qué tipo de emergencia tiene, y si este se encuentra estresado no sabrá reaccionar. Somos expertos en perder información criminal diariamente, porque el sistema no atiende a la gente desde el primer minuto. Las cifras que el INEGI acaba de dar a conocer muestran que de cada 100 mil secuestros se denuncian en promedio mil. Esto, entre otras cosas, se debe a que en el país no puedes denunciar vía telefónica un problema y tienes que ir al Ministerio Público (MP) para hacerlo. En México, la policía no puede recibir la denuncia. El código que cambió el 5 de febrero no transformó esto. Tenemos 600 mil policías en la calle y 6 mil mp vueltos locos recibiendo denuncias (ver la Gráfica 3).
Usted dijo que el código que se acaba de aprobar es histórico, pero después de lo que ha comentado en esta entrevista, ¿no hay un retroceso en la materia?
Hay más avances que retrocesos. Está bien que se haya aprobado. Lo critico porque no estoy con una actitud complaciente. Hace 12 años Layda y yo empezamos a impulsar los juicios orales. Esa ya no es una innovación necesaria. Ahora lo que sigue es hablar de la policía y de sus facultades de investigación. Los principales defectos que tiene el sistema es que es muy formal, absurdo y no le entrega herramientas a la policía para que investigue apropiadamente. He propuesto que los policías lleven una cámara, para que cuando se encuentren con alguien, quede grabado. Lo que Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera hicieron fue poner cámaras en las calles, no en los puntos de encuentro con la gente. Lo que uno quiere es que cuando se entreviste a alguien en un separo, eso esté grabado. Te puedo asegurar que bajarían las dimensiones de maltrato a los detenidos (ver la Gráfica 4). Cuando pido que se graben los interrogatorios, mucha gente cree que estoy solicitando que se graben los juicios. No. Hablo de la investigación policial, y no digo que ese video salga en el noticiero de Joaquín López Dóriga. Es para documentar el comportamiento de la policía.
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EMILIANO BALERINI CASAL estudió la licenciatura en Periodismo en la Escuela Carlos Septién y la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Ha colaborado para las revistas Cambio, Fernanda y Playboy. Actualmente es reportero de la sección cultural de Milenio.
