En la arena política de Estados Unidos están en juego dos transformaciones de la mayor trascendencia: la reforma a la industria de la atención sanitaria, que pese a su aprobación aún enfrenta obstáculos formidables, y la prometida pero postergada reforma migratoria. El cálculo electoral, sin embargo, parece dictar cada vez más las posiciones de uno y otro partido ante estos cambios.
Las expectativas que la reforma a los sistemas de salud y la iniciativa del Senado de Estados Unidos para una reforma migratoria integral despertaron entre aquellos que veían estas medidas como un avance importante hacia un mayor bienestar de la población estadounidense en general y de la población inmigrante en particular, se han visto en buena medida reducidas ante la disfuncionalidad del sistema político, debido fundamentalmente a la cerrazón del Partido Republicano, que ha sido llevada a sus extremos por el ala derecha del partido representada por el Tea Party.
Si bien esta disfuncionalidad puede ser atribuible al obstruccionismo del Partido Republicano, opuesto sistemáticamente a todas las propuestas del presidente Obama y del Partido Demócrata, puede observarse un juego de apariencias que esconde los verdaderos motivos por los que las partes en pugna adoptan posiciones encontradas. El caso concreto de la reforma a los sistemas de salud y de las propuestas de reforma migratoria ilustra claramente esta situación. En ambos casos, las motivaciones, si bien en parte ideológicas, tienen fundamentos también electorales.
Las cosas no son lo que parecen, y atrás de las políticas sostenidas por el presidente Obama y los partidos Demócrata y Republicano existen cálculos y estrategias electorales con intención de mantener o acceder al poder, lo que al final se convierte en un juego de espejismos.
Los republicanos consideran que el éxito de estas dos legislaciones se traducirá en votos para el Partido Demócrata, y los demócratas, pensando de igual manera, apuestan en el caso de la reforma migratoria a que la oposición a esta por parte del Partido Republicano derivará en el voto de castigo de los latinos en las elecciones presidenciales de 2016. Es por esta razón que los republicanos han estado saboteando la instrumentación de la reforma de salud por diversos medios: a través de una insidiosa campaña mediática, de la reducción del presupuesto para la instrumentación de la ley en la Cámara de Representantes y de la negativa a instalar los mercados de seguros médicos estatales y a la ampliación de Medicaid en los estados controlados por los republicanos.
Tampoco ayuda a las posiciones demócratas —después del triunfo del presidente Obama por la aprobación de la Ley de Atención Médica Accesible (Affordable Care Act, ACA) en 2010— el desastroso arranque del ACA en octubre pasado. Por el contrario, la imposibilidad de inscribirse en los distintos planes de salud ofrecidos a través de la página de internet operada por el Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos ha dado un serio golpe a la popularidad de la reforma y la del propio presidente Obama.
No es de esperarse que la reforma sanitaria de Estados Unidos sea la panacea que resuelva los graves problemas de la atención a la salud pública de ese país, sobre todo la de la población más desprotegida, pero al menos es un intento serio de cubrir parte de los tres objetivos que se plantearon en este terreno: (1) la ampliación de la cobertura, (2) la reducción de los crecientes costos y (3) el mejoramiento de la calidad de la atención médica.
Actualmente, Estados Unidos registra el mayor gasto en la atención de la salud a nivel mundial, alcanzando en 2013 un total de 2.8 trillones de dólares, equivalentes a 18% de su Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, Estados Unidos ocupa el lugar 37 en la escala de indicadores de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por debajo de Costa Rica, que ocupa el lugar 36; de Chile, en el lugar 33, y de Canadá, que ocupa el 30. Francia —que aparece en la tabla con el primer lugar en la clasificación de la OMS, con un gasto de 11.6% de su PIB en salud— es un país que tiene un sistema de salud de cobertura universal y registra un promedio de gasto anual de atención a la salud por persona de 4 mil 495 dólares, contra los 8 mil 508 dólares en Estados Unidos y una población no asegurada de 42 millones de personas. Así, reducir a cerca de la mitad el costo de la atención a la salud en Estados Unidos y lograr una cobertura universal para todos sus ciudadanos parece, en el modelo actual, un objetivo inalcanzable.
Lo anterior muestra los grandes problemas que enfrenta el sistema de salud de Estados Unidos y las consecuencias que esto tendrá en el corto, mediano y largo plazos en las finanzas públicas, la economía familiar y la salud pública, por la marginación creciente en el acceso a servicios médicos de calidad. La incapacidad de importantes sectores de la población de cubrir los gastos médicos, y sus efectos en la economía del país y en la productividad de sus trabajadores por un deterioro de la salud pública.
De lo anterior están conscientes ambos partidos. No obstante, hay diferencias ideológicas en la discusión sobre cómo resolver el problema; por una parte, los demócratas promueven una mayor intervención del Gobierno, mientras los republicanos sostienen que es la iniciativa privada la que debe atender estas cuestiones; por la otra, los cálculos electorales de uno y otro partido, que con sus propuestas intentan atraer un mayor número de electores, impiden llegar a un acuerdo. Independientemente de su estrategia, en realidad los republicanos sostienen en el trasfondo un darwinismo social que plantea la supervivencia del más fuerte, lo que, aplicado a la salud, es el privilegio de aquellos que pueden pagar por su atención médica.
En este caso particular, los republicanos se oponen a la reforma y aparentan defender los intereses de la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, al mismo tiempo que atacan un modelo de atención a la salud que califican de lesivo para la economía de la población y las finanzas públicas del país, no aportan una solución al grave problema de los elevados costos de la atención médica, de la baja cobertura en el aseguramiento y de la calidad de los servicios. Cabe recordar que la propuesta original en la que se basó esta reforma surgió de la Heritage Foundation, un centro de estudios conservador afín al Partido Republicano —que dio pie a la instalación de este sistema en el estado de Massachusetts cuando era gobernador Mitt Romney, candidato republicano perdedor en las elecciones presidenciales de 2012—, lo que evidencia la enorme incongruencia en las posiciones y el doble lenguaje de los republicanos.
El juego de las apariencias se aplica de igual manera al campo de la reforma migratoria, en el que el presidente Obama y ambos partidos tratan, con fines electorales, de allegarse adeptos a sus posiciones: mientras los republicanos intentan obstaculizar y hacer fracasar esta iniciativa, los demócratas intentarán responsabilizar a los primeros del fracaso de la reforma en el caso de lograrlo.
De esta manera, el presidente Obama ha seguido la estrategia de promover una reforma migratoria integral que permita la regularización de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados y abra el camino a la obtención de la ciudadanía —a lo que el Partido Republicano se opone—; asimismo, ha emitido una orden ejecutiva para la suspensión por dos años de las deportaciones de los menores hijos de padres indocumentados y que fueron traídos a Estados Unidos de pequeños. En este contexto, si se logra la aprobación de la reforma migratoria, el presidente Obama y el Partido Demócrata se adjudicarán un triunfo que se traducirá en el voto hispano a su favor en elecciones futuras. En el caso contrario, es decir, de no aprobarse una reforma migratoria en absoluto o de aprobarse una que no contemple la legalización de los inmigrantes indocumentados, se culpará a los republicanos de este fracaso, con el consiguiente resultado negativo para ellos en las elecciones presidenciales de 2016.
El Partido Republicano, por su parte, especula que tiene asegurado el mantenimiento de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de 2014, y aspira a desplazar a los demócratas en el Senado, por lo que es probable que la reforma migratoria no camine en 2014, o que se apruebe en la Cámara una versión de leyes separadas que no incluyan la legalización de los inmigrantes indocumentados, la cual sería rechazada por el Senado, bajo el control de los demócratas.
De resultar cierto el cálculo de los republicanos de alcanzar el control de las dos Cámaras, su intención es echar para atrás la reforma de salud y aprobar una reforma migratoria afín a sus intereses, calculando que la sistemática oposición a las políticas del presidente Obama paralizará a su Gobierno, lo que permitirá el paulatino descenso de la popularidad del presidente y del Partido Demócrata.
En este juego de apariencias, Obama tampoco sale bien librado. Las promesas de campaña en relación a una reforma migratoria integral no se han cumplido y su intención de culpar a los republicanos del fracaso de su aprobación se ve neutralizada por el alto número de deportaciones —tan solo en su primer periodo (de 2008 a 2012), la cifra alcanzó los 1.6 millones de personas, 50% más que en la administración del presidente George W. Bush—, así como por su negativa a usar las facultades ejecutivas para suspender las deportaciones de aquellos inmigrantes indocumentados que no han cometido faltas graves o que tienen familia con ciudadanos estadounidenses. Esta actuación ha reducido su índice de aprobación entre el electorado latino que le dio el triunfo en las elecciones pasadas, de 75% en 2012 a 52% en 2013.
En política, las cosas no son como parecen. Es el juego de las apariencias.
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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
