Desde hace décadas, al inicio del ciclo escolar, en las
escuelas públicas de educación básica se solicitan
cuotas para material, celebración de eventos cívicos,
festejos para el día del maestro y el día de las ma-
dres, comprar mobiliario o hacer reparaciones en los
planteles educativos. Estas demandas, que provienen
de directivos o de las asociaciones de padres de fa-
milia, muchas veces se convierten en verdaderas exi-
gencias e incluso se enlazan a otras: los alumnos de-
ben comprar libros, uniformes y útiles escolares en
determinados lugares (con precios muchas veces su-
periores al promedio). El problema no son precisa-
mente los recursos que aportan los padres de fami-
lia, sobre los que existe una laxa regulación y que
han servido también por mucho tiempo para dar
atención a los problemas de operación e infraestruc-
tura que presentan los centros escolares, sino el he-
cho de que los directivos, en particular, utilicen su
cargo público de manera ilícita para obtener ventaja
mediante prácticas que coaccionan al afectado. Este
asunto empezó a ser examinado en el Congreso de
la Unión a partir del año 2000 y hasta la fecha no se
ha alcanzado el consenso suficiente que permita
concretar un decreto de ley que posibilite la formu-
lación de políticas públicas en la materia.
¿Cuánta legalidad hay en estas prácticas que se
dan en todo el país? ¿A qué se destina el dinero so-
licitado a los padres de familia al inicio del ciclo es-
colar? ¿Quién o quiénes se benefician de la compra
obligatoria de libros, uniformes y útiles escolares
en determinados lugares? Es aventurado dar una
sola respuesta y más aún señalar a un responsable.
Debido a la discrecionalidad con la que se ha
aplicado y se conduce el cobro de cuotas en las es-
cuelas públicas de educación básica, se carece de in-
formación confiable sobre estas prácticas en el con-
junto de escuelas del sistema educativo nacional,
sobre el volumen de recursos financieros que impli-
can, así como sobre los mecanismos de su aplica-
ción y canalización. El problema es bastante com-
plejo, y los legisladores están enfrentando sólo
algunos aspectos del mismo.
Argumentos legislativos
Entre los años 2000 y 2008, que abarcaron las legis-
laturas LVIII, LIX y LX, en ambas cámaras federales
se presentaron alrededor de 130 iniciativas sobre el
tema de educación básica, solamente cinco se ocu-
paron del asunto de las cuotas: dos del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), una del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y dos del Partido de la Revolución
Democrática (PRD). Cuatro de estas iniciativas se
presentaron en la Cámara de Diputados; dos en la
LVIII, una en la LIX y una en la LX Legislaturas. En el
Senado de la República se presentó únicamente una
iniciativa durante la LX Legislatura.
El 18 de octubre del 2001, en la LVIII Legislatura,
el PRDpresentó una iniciativa en cuya exposición de
motivos señalaba que a pesar de que existe una Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en
las escuelas “persisten irregularidades y abusos, que
se expresan de diversas maneras como el autorita-
rismo, la discriminación e inequidad educativa, el
abuso y hostigamiento sexual, la prepotencia y la
corrupción, etc.; cuestiones que quedan soterradas
por autoridades o archivadas en dependencias ofi-
ciales sin solución o dictamen alguno”. Mientras
que el PAN, el 3 de abril de 2003 (también durante
la LVIII Legislatura), fue más a fondo en el asunto
al señalar en una iniciativa que los legisladores reci-
ben innumerables visitas de padres de familia y
alumnos de diversas regiones del país que presen-
tan sus inconformidades por los cobros excesivos
en inscripciones, servicios y productos escolares, y
por el mal estado de las instalaciones de las escue-
las. Lo que desde su perspectiva muestra que en el
desarrollo cotidiano de las escuela públicas de edu-
cación básica se están obteniendo recursos extraor-
dinarios, pero éstos no están siendo utilizados para
beneficio de las escuelas, “sino que en muchos la-
mentables casos, y de forma clandestina contribu-
yen a mejorar la situación económica de algunos
funcionarios corruptos”.
El 23 de noviembre de 2004, ya durante la LIX
Legislatura, el PANexpuso en una iniciativa que el
cobro de cuotas se da porque la Ley General de
Educación (LGE) no es clara cuando se refiere a
que los padres de familia deben “colaborar con las
autoridades escolares para la superación de los
educandos y en el mejoramiento de los estableci-
mientos educativos” (artículo 67). Desde su pers-
pectiva, es preciso establecer con claridad los li-
neamientos generales acerca de la conformación,
objetos y responsabilidades de las asociaciones de
padres de familia o de lo contrario se abre la posi-
bilidad para que se presenten “casos de fraude y
engaño” por parte de las mesas directivas en per-
juicio de la comunidad escolar y de la reputación
de los maestros directores de las escuelas. Esta si-
tuación, de acuerdo con la iniciativa, tiene antece-
dentes en varias entidades del país: en Tamauli-
pas, la Secretaría de Educación Pública solicitó a
la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control
de la Administración Pública que iniciara audito-
rías a diversas asociaciones de padres de familia;
en Guanajuato se presentaron más de 100 casos
de fraude durante el año 2004; en Sinaloa la Se-
cretaría de Educación Pública y Cultura firmó un
acuerdo que indica la prohibición a las direccio-
nes de los planteles de educación pública de exigir
aportaciones a los padres de familia durante el pe-
riodo de preinscripción, inscripción o dentro de
los primeros 45 días del ciclo escolar; y en Queré-
taro la Ley estatal de educación plantea la prohibi-
ción del condicionamiento de inscripciones a la
aportación de cuotas
El tema se volvió a debatir en la legislatura LX, y
por primera vez en el Senado de la República. El 5
de octubre de 2006, el PRI presentó una iniciativa
en la que señalaba que las llamadas “cuotas volun-
tarias”, en los hechos, hacen nugatorio el principio
de gratuidad. Los padres de familia se quejan, seña-
laba su propuesta, porque además de que se afecta
su economía, los directivos de las escuelas los ame-
nazan diciéndoles que si no pagan, no les entrega-
rán las boletas de calificaciones de sus hijos o no
los inscribirán en el siguiente ciclo escolar.
Dos meses después de la iniciativa presentada por
el PRI en el Senado, el 19 de diciembre de 2006, el
PRDpresentó una iniciativa en la que exponía que,
en los hechos, buena parte del funcionamiento de
las escuelas públicas la sufragan los padres de fami-
lia: “rubros como adquisición de papelería, mobi-
liario, equipos de oficina, construcción de anexos y
pagos de servicios diversos, entre otros productos,
son financiados con el dinero fr los padres”, de tal
forma que las cuotas voluntarias “constituyen en la
práctica una cuota obligatoria”. Esta situación, seña-
laba el partido, afecta severamente la economía de
las familias de escasos ingresos porque llega a re-
presentar una erogación de más de quinientos pe-
sos por alumno por ciclo escolar.
Propuestas legislativas
Tres temas engloban las principales propuestas le-
gislativas presentes en las cinco iniciativas contra el
cobro irregular de cuotas en los planteles de educa-
ción básica. El primero consiste en crear una con-
traloría social y establecer la figura del ombudsman
educativo; el segundo busca regular los ingresos ex-
traordinarios en centros escolares; y el tercero, que
se defina el papel de los padres en el financiamien-
to de escuelas públicas.
Contraloría social y ombudsmaneducativo
Con el fin de evitar los abusos en los planteles edu-
cativos, en la iniciativa de ley presentada por el PRD,
en diciembre de 2001, se propone la adición de un
párrafo (quinto) al artículo 25 de la LGE, que obliga-
ría a la SEPa establecer una contraloría social de la
educación para vigilar, dar seguimiento y evaluar el
ejercicio del gasto educativo anual. La contraloría se
integraría de manera paritaria con propuestas de la
SEPy de las fracciones parlamentarias de la Cámara
de Diputados, con personalidades de la sociedad ci-
vil y actores de reconocido prestigio moral e intelec-
tual, vinculados con la investigación y la docencia y
estaría vigente durante los años de duración de cada
legislatura. Igualmente, se propone adicionar un pá-
rrafo al artículo 33 de la LGEcon el propósito de
crear la figura del “ombudsmaneducativo”, quien da-
ría curso a las quejas y haría observaciones a las di-
ferentes instancias administrativas y docentes, así
como al ámbito de los padres o tutores.
Regular ingresos extraordinarios en centros escolares
El PANpropuso, en su iniciativa de abril de 2003, re-
formar y adicionar diversas disposiciones de la LGEy
de la Ley Federal de Derechos. Su propuesta señala
la necesidad de modificar el artículo 11 de la LGE, de
tal forma que la fracción IVprecise la definición de
ingresos extraordinarios –autogenerados por las pro-
pias instituciones por la prestación de servicios y la
producción de bienes. Asimismo, el artículo 14 de la
citada ley indicaría que la regulación de ingresos ex-
traordinarios en centros escolares, así como la revi-
sión de su adecuada utilización, es atribución exclu-
siva de las autoridades educativas federal y locales
de manera concurrente. Esta propuesta también se-
ñala que el artículo 27 de la LGEpromoverá que las
instituciones educativas –con excepción de las uni-
versidades y demás instituciones de educación supe-
rior– se provean de ingresos extraordinarios.
Además, dice la propuesta, se tomarán las medi-
das administrativas necesarias para asegurarse que
los directores rindan ante las autoridades compe-
tentes, al término de cada ciclo escolar, un informe
técnico y un informe financiero correspondiente a
la recaudación, uso y aprovechamiento de los re-
cursos con los que cuenta el plantel, incluyendo
los recursos extraordinarios o autogenerados obte-
nidos. Para evitar el abuso en el cobro de cuotas,
esta propuesta señala que es preciso modificar el
artículo 65 de la LGE, que deberá señalar que son
derechos de los padres de familia suscribir, junto
con la autoridad del plantel correspondiente, antes
de iniciar el ciclo escolar, los convenios necesarios
para definir las cuotas de acuerdo con la siguiente
premisa: en las instituciones en donde el Estado
imparte educación preescolar, primaria y secunda-
ria, las cuotas de inscripción se pagarán de manera
voluntaria considerando la situación económica de
las familias, así como las necesidades del plantel.
Finalmente, esta iniciativa propone que se reforme
el artículo 186 de la Ley Federal de Derechos para
que los cobros por concepto de cuotas escolares es-
tén detallados en los convenios internos que cele-
bren las autoridades de los planteles con los padres
de familia, convenios que deben estar orientados a
definir los nuevos ingresos propios o extraordinarios.
Definir el papel de los padres en el financiamiento
de escuelas públicas
La iniciativa con proyecto de decreto presentada en
noviembre de 2004 por el PANestablece reformar el
artículo 6 de la LGEde tal forma que se precise que
las donaciones destinadas al mejoramiento y mante-
nimiento de los establecimientos educativos en nin-
gún caso se entenderán como contraprestaciones del
servicio educativo. Más aún, todas las aportaciones
se determinarían en la asamblea de padres de fami-
lia, y a propuesta de la mesa directiva de cada esta-
blecimiento educativo, y tendrían siempre el carácter
de voluntarias, por lo que no podrá aplicarse sanción
alguna a los educandos que no las cubran.
La misma iniciativa, además, propone una refor-
ma al artículo 67 de la LGE, de forma que se precisen
los derechos y obligaciones de las asociaciones de
padres de familia. Así, entre sus derechos estaría la
obligación de informar a los padres de familia sobre
el estado financiero de la asociación correspondien-
te, así como del uso y destino de todas las aportacio-
nes en bienes y servicios que hubiese recolectado. La
iniciativa establece que la utilización indebida de
cualquier integrante de las asociaciones de padres
de familia sobre las aportaciones voluntarias que
tengan a su cargo, se sancionará de conformidad
con lo dispuesto en el Código Penal Federal.
El PRI, en su iniciativa con proyecto de decreto
presentada en octubre de 2003, también propuso
la reforma del artículo 6 de la LGE, señalando que
“quedan prohibidos los pagos de cuotas, aporta-
ciones, dádivas o cualquier otra que condicione los
derechos del educando a los servicios educativos”.
En cuanto al papel de las asociaciones de padres de
familia, se establece que debe reformarse el artícu-
lo 67 de la LGEy especificarse que las asociaciones
de padres de familia tengan por objeto, entre otras
tareas, colaborar para una mejor integración de la
comunidad escolar, así como participar en el me-
joramiento de los planteles; coadyuvando con las
autoridades escolares “de manera voluntaria en la
medida de sus posibilidades”, ya sea en forma eco-
nómica o mediante trabajo comunitario, requi-
riendo a la propia autoridad los informes del desti-
no que se dé al numerario. En ningún momento
estas contribuciones, dice la iniciativa, serán condi-
cionante alguna a los derechos de los educandos y
sin perjuicio de denunciar cualquier acto u omi-
sión irregular en la rendición de cuentas. Final-
mente propone que se modifique el artículo 215
del Código Penal Federal, con el propósito de que
se criminalice el cobro de cuotas en las escuelas
públicas de educación básica: cometerán el delito
de abuso de autoridad los servidores públicos que
“realicen o permitan, por sí mismos o a través de
intermediarios la realización de cualquier acto que
condicione la prestación de servicios educativos
gratuitos prestados por el Estado, a cambio de la
entrega de dinero, cuotas, dádivas o cualquier tipo
de contraprestación”.
El PRD, en su iniciativa de diciembre de 2006 bus-
ca, asimismo, reformar el artículo 6 de la LGE, de for-
ma que establezca que las donaciones destinadas a
las escuelas en ningún caso se entenderán como con-
traprestaciones del servicio educativo, quedando
prohibido a la autoridad educativa, autorizar, pro-
mover, establecer o recibir cuotas por parte de los pa-
dres de familia. Según esta iniciativa es conveniente
derogar la fracción III del artículo 67 de la citada ley,
ya que su redacción da pie al cobro irregular de cuo-
tas en escuelas públicas, cuando señala que las aso-
ciaciones de padres de familia tienen por objeto,
“participar en la aplicación de cooperaciones en nu-
merario, bienes y servicios que las propias asociacio-
nes deseen hacer al establecimiento escolar.” Las aso-
ciaciones de padres de familia, particularmente, dice
la iniciativa, deben tener por objeto representar ante
las autoridades escolares los intereses que en materia
educativa sean comunes a los asociados y “colabo-
rar” para una mejor integración de la comunidad es-
colar, así como en el mejoramiento de los planteles.
Reflexión final
Por el número de iniciativas en relación con los to-
tales, cerca de mil 500 por legislatura en ambas Cá-
maras, se advierte que el cobro de cuotas no es un
tema que preocupe a los legisladores, no obstante
que afecta a los electores de todos los partidos en
todas las regiones del país. Probablemente porque
se enfrentan a: 1) la complejidad de las carencias fi-
nancieras del subsistema de educación básica; 2) la
inercia de una práctica que ahora es avalada por los
gobiernos estatales de los tres principales partidos
en todas las entidades de la República; 3) los legis-
ladores del poderoso Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) que están presentes
en todos los partidos y que generalmente tienen
una influencia significativa en la Comisión de la
Educación de ambas Cámaras y; 4) al eventual veto
de la presidencia de la República en tanto que las
“cuotas voluntarias” favorecen, en buena medida,
la estabilidad política en los planteles de educación
básica de todo el territorio nacional. Es decir, una
de las razones por las que persiste la práctica del co-
bro de cuotas es por la necesidad de controlsobre el
magisterio. El régimen político ha cerrado los ojos
al cobro de cuotas en las escuelas públicas para ga-
rantizar la lealtadde los directivos, en su papel de
controlsobre los maestros, al permitirles que, con el
pretexto de las carencias reales de material e in-
fraestructura en los planteles, se alleguen de recur-
sos para su peculio de manera subrepticia.
En sus iniciativas, los legisladores están tratando
aspectos importantes del problema del cobro de
cuotas. Sin embargo, el problema es bastante más
complejo. La práctica de solicitar e incluso exigir
cuotas “voluntarias” a los padres de familia, que
desde siempre ha propiciado una cierta mejoría en
la operación cotidiana de las escuelas, supone tam-
bién, por una parte, un elemento básico de debate
sobre lo que significa la gratuidad de la educación
pública, y por otra, un problema de transparencia,
rendición de cuentas y honestidad en el uso de los
recursos que se obtienen por esta vía, así como de
acceso a la información pública. Otras vertientes del
asunto permiten identificar que al ser común el le-
vantamiento de actas de asamblea de las asociacio-
nes de padres de familia para aprobar el cobro de
cuotas con determinados propósitos, es claro que el
asunto no se resuelve sólo con las medidas legislati-
vas propuestas, sino revisando los reglamentos de
los organismos de participación social en la escuela;
además, conviene tomar en cuenta la inequidad re-
sultante de que las comunidades más pobres apor-
tan a las escuelas (al menos en términos relativos)
más recursos que las más acomodadas; así como de-
be señalarse que hay maestros que también se apro-
pian de las cuotas y directores que no lo hacen.
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