Mayor propensión al cáncer, desórdenes hormonales como la feminización de machos y la mas-culinización de hembras, disminución de la fertilidad, abortos, daños al hígado, ríñones, pulmones, tiroides y sistema nervioso central, cloracné (acné producido por cloro), así como trastornos cognoscitivos, del aprendizaje y anomalías congénitas son algunos de los daños que los compuestos orgánicos persistentes (COP) ocasionan en los animales y los seres humanos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres mexicanas, en especial las sinaloenses, se encuentran en uno de los primeros lugares en el mundo por las altas concentraciones de DDT, el COP más usado en México durante décadas, que se encuentra en su leche materna.
Los COP son compuestos químicos resistentes a la descomposición natural, son extremadamente estables y de larga permanencia en el ambiente. Una vez liberados al ambiente, persisten por años, incluso siglos. Además, son altamente tóxicos y se acumulan (bioacumulan) en el tejido adiposo, como son los lípidos y los órganos de animales y humanos. Los cop así como muchos compuestos organoclorados entran en un grupo más amplio de sustancias, comúnmente denominadas residuos peligrosos.
De acuerdo con las autoridades, anualmente se generan 8 millones de toneladas de residuos peligrosos en México. De este total, también según cifras oficiales, sólo 12% se controla “adecuadamente”. Esto es muy grave porque cerca de 90% de este volumen se encuentra en estado líquido, acuoso o semilíquido, lo que facilita su disposición clandestina. La infraestructura existente para tratar residuos peligrosos es por mucho insuficiente.
Tradicionalmente, la tendencia de México ha sido seguir los lineamientos de países desarrollados con cierta demora. Esto responde al hecho de que los países industrializados cuentan con mayor capacidad económica para llevar a cabo esta transición tanto en lo tecnológico como en lo relativo al control del uso y la existencias de residuos.
Esta situación debe revertirse. Los problemas sanitarios y de contaminación ambiental que México padece debido a la presencia de los cop no pueden ser soslayados por más tiempo. México debe tomar un papel de liderazgo en el trabajo internacional por la eliminación de estos contaminantes y firmar el convenio para la erradicación de estas sustancias en mayo del 2001. A continuación presentamos un panorama del uso y presencia de estos compuestos en nuestro país.
Plaguicidas
Nueve de los doce compuestos seleccionados por la Convención Intergubernamental de las Naciones Unidas (INC) como prioritarios para ser eliminados son plaguicidas: el aldrín, endrín, dieldrín, DDT, clordano, toxafeno, heptacloro, hexaclorobenceno (HCB) y mirex. La regulación de estas sustancias varía de un país a otro, pero los controles son más estrictos en los países más industrializados.
En México, la lista de los plaguicidas autorizados y restringidos se encuentra en el Catálogo oficial de plaguicidas, en el cual se indican los días de intervalo necesarios entre cada aplicación y los límites máximos de emisión de residuos autorizados. Este catálogo es publicado por la Comisión Intersecretarial para el Control y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), formada en 1987, que incluye a las secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y de Economía.
De la lista de COP prioritarios, el catálogo cita, entre los plaguicidas cuya importación, fabricación, formulación, comercialización y uso están prohibidos desde 1982, al aldrín, endrín y mirex, además del heptacloro (en 1992) y dieldrín, así como otros de gran toxicidad como el 2,4,5-T y DBCP. Entre los plaguicidas cuya comercialización y uso (pero no su producción) están prohibidos encontramos al HCB y toxafeno (desde 1992). Entre los severamente restringidos se señala al DDT, cuyo uso está limitado a campañas sanitarias en el combate de enfermedades transmisibles, y al clordano, empleado para combatir termitas, que junto con los policlorobifenilos y el mercurio forman parte del Programa de Gestión Ambiental de Sustancias Tóxicas de Atención Prioritaria, a cargo del Instituto Nacional de Ecología (INE).
DDT
En México, la malaria y el paludismo han constituido históricamente un gran problema de salud pública. En los años 40 y 50 la malaria era una de las principales causas de muerte, alcanzando las 24 mil muertes anuales y afectando a 2.4 millones de individuos.
Por este motivo, a finales de los años 40 se iniciaron aplicaciones intradomiciliarias selectivas de DDT en zonas urbanas y rurales, con resultados que reforzaron la propuesta de erradicación presentada por México en 1955. Aunque los resultados de la campaña nacional de erradicación no fueron logrados, la transmisión de la enfermedad fue interrumpida, disminuyó drásticamente la mortalidad y fueron lanzadas otras iniciativas para localidades de difícil acceso.
El uso del DDT en México siguió el mismo patrón que en muchos otros países; fue introducido a gran escala durante los años 50, a lo que siguió un uso extensivo en agricultura, especialmente en el cultivo del algodón. En áreas de gran extensión se emplearon hasta mil toneladas por año y su uso en La Laguna era de los más altos en el mundo. Durante decenios, el DDT fue el plaguicida más utilizado en México.
En 1968 la producción de DDT a cargo de la empresa Fertimex comienza a ser controlada por el gobierno y alcanza la mayor producción de plaguicidas organoclo-rados en México con más de 80 mil toneladas por año. La empresa Fertimex, ubicada en Salamanca, Guanajua-to, fue privatizada en 1991; continúa la producción y exportación de DDT ahora a cargo de Tekchem, quien cubría la demanda de la Secretaría de Salud. La producción controlada de DDT se tradujo en mayor disponibilidad y bajo costo y se mantuvo en 25 mil toneladas por año. Tekchem sufrió el 12 de septiembre de 2000 una fuga de 10 toneladas de malatión y afectó a cerca de 500 personas contaminando cuerpos de agua cercanos, si bien no hubo reportes de fallecimientos o quema de plaguicidas clorados.
A principios de los años 70, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (USFDA, por sus siglas en inglés) empezó a rechazar diversos productos por su elevado nivel de químicos, en especial de DDT, el cual prohibieron en 1972.
La cicoPLAFEST prohibió el uso en México de seis plaguicidas organoclorados y el DDT fue restringido a campañas sanitarias, con alrededor de 3 mil ton/año. A partir de entonces la producción de compuestos clorados ha experimentado un constante descenso.
En 1996, la CICOPLAFEST comienza a dar seguimiento al uso de plaguicidas, enfocándose a su ciclo de vida completo y poniendo especial atención en los compuestos clorados dada su persistencia y bioacumulación en seres vivos. Entre 1990 y 1996 las importaciones de DDT llegan a 27 toneladas, todas provenientes de Estados Ohidbs. Las exportaciones ñan variado en cantidad y destino en el mismo periodo, desde 500 toneladas en 1990 hasta una sola en 1993, y se enfocan principalmente a Estados Unidos, Colombia, Guatemala y Panamá. Otros países que han mostrado interés en el DDT mexicano son Venezuela y Brasil.
Los policlorobifenilos (PCB)
El único productor de PCB en América del Norte es la empresa Monsanto Chemical Co., en Estados Unidos, que entre 1929 y 1977 produjo 700 mil toneladas de PCB en sus plantas de Illinois y Alabama, cerradas en 1977 y 1970, respectivamente. De éstas, aproximadamente 75 mil toneladas fueron exportadas y 625 mil se utilizaron dentro de ese país. Alrededor de 44 mil toneladas se exportaron a Canadá, mientras se estima que México importó entre 11 mil y 22 mil toneladas, tanto de Estados Unidos (Aroclor), como de Europa. Adicionalmente, menores cantidades fueron importadas de la compañía Kanegafugi de Japón bajo el nombre de Keneclor en los años 80, pues hasta entonces la importación de PCB aún no estaba prohibida en México. Dado que los PCB son utilizados en combinación con otras sustancias en una amplia variedad de aplicaciones, es difícil determinar el volumen total o la ubicación del material (ya sea en uso o contaminando el ambiente) que pudo haber tenido contacto con PCB y que debe ser muy superior a la cantidad de estos compuestos puros originalmente importada.
México ha utilizado cantidades mucho menores de PCB que Estados Unidos o Canadá, y apenas ha empezado a desarrollar una estructura regulatoria para su manejo independiente de las disposiciones generales para el manejo de residuos peligrosos. Específicamente, la NOM-133-ECOL-2000 próxima a publicarse en el Diario Oficial. La falta de información respecto a los volúmenes almacenados, el total desconocimiento de las existencias en posesión del Ejército, así como la incapacidad para tratarlos son los principales problemas que enfrenta el país en esta área.
Conociendo el riesgo que representan estos materiales para el ser humano y el ambiente, en los años 80 la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) tomó medidas para recopilar un inventario inicial de PCB y buscar opciones para su eliminación. Este inventario incorporó dos métodos con los que se llegó a dos resultados distintos: recopilando información y estableciendo la correspondencia entre la energía eléctrica generada y el volumen de equipos con PCB en funcionamiento hasta su prohibición, se obtuvo a un intervalo de entre 6 mil y 20 mil toneladas métricas de PCB líquidos y hasta 5 veces este volumen para equipos contaminados; y partiendo del principio de que la mayoría de PCB se utilizó en equipos para la generación de electricidad y comparando este factor con los reportados por Estados Unidos y Canadá, se obtiene un intervalo de entre 11,500 y 13,600 toneladas métricas de PCB líquidos y alrededor de 32 mil toneladas métricas en equipos y suelo contaminados.
En México, los PCB se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio, especialmente en instalaciones eléctricas (incluyendo hidroeléctricas), subestaciones, complejos industriales, pozos de agua (bombas) y centros de almacenamiento de paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las comunidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Perote, Veracruz, han presentado denuncias por almacenamiento inadecuado de PCB por parte de la CFE, mientras que también se han encontrado irregularidades en Tamaulipas y Estado de México. Otro problema detectado son los talleres particulares de reparación de transformadores eléctricos que no cuentan con sistemas de tratamiento y almacenamiento adecuados.
El INE reanudó el esfuerzo que ha dado como resultado el aún incompleto inventario actual de askareles (PCB) con que contamos. Este inventario muestra que las instituciones que cuentan con un mayor volumen de PCB son Pemex (petroquímica 179.22 ton y refinación 688.77 ton), la CFE (2,058.38 ton). Luz y Fuerza del Centro (3,422.25 ton), el Metro de la Ciudad de México (576,93 ton) y otros (datos extrapolados: 6,045.14 ton).
Se ha establecido que tanto los askareles almacenados como los equipos fuera de uso que los contienen tendrán hasta finales del 2001 para ser tratados, mientras que los equipos que aún se encuentran en uso tendrán hasta el 2008.
Según cifras oficiales, se encuentran registradas 12,965 toneladas de askareles en el país, aunque con base en la capacidad de generación de energía instalada hasta su prohibición, se estima que esta cifra puede ascender a 20 mil toneladas. No se cuenta con registros de askareles en equipos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Cuando se inició la eliminación de PCB en México, no existía la infraestructura para tratarlos adecuadamente, por lo que se optó por exportarlos a países europeos, principalmente a la empresa Ekokem, en Finlandia, y, en menor medida, a Holanda, Inglaterra y Francia. La cantidad total de PCB exportados para su incineración ha sido de 2,500 toneladas entre 1995 y 1999, mientras que desde el 31 de marzo de 1996 el INE ha otorgado permisos para la exportación de 1,528 toneladas métricas de PCB, de las cuales 1,350 ton fueron enviadas a Finlandia.
Actualmente no existe información sobre instalaciones para la incineración de PCB en territorio nacional, aunque se sabe que hay una empresa de este tipo en Hidalgo. Hace algunos años se emitió un permiso para instalar un incinerador de PCB en Tijuana, pero esta iniciativa fue detenida por la organización Amas de Casa de Playas de Tijuana.
Existen, además, dos registros de empresas con tecnología para tratar PCB sin recurrir a la incineración: la primera, autorizada para tratar aceites hasta en una concentración de 5000 ppm, emplea el proceso denominado Decloración Catalizada por Base (BCD, por sus siglas en inglés), originalmente desarrollado por la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA, por sus siglas en inglés) en 1992, con el que se produce una cantidad menor de dioxinas y furanos. La segunda empresa da un tratamiento distinto cuyas etapas son: extracción, autoclave, recuperación de solventes por destilación fraccionada, almacenamiento y eliminación, aunque también cuenta con incineradores. Es importante hacer notar que aunque las autoridades nacionales han recibido propuestas de empresas extranjeras que cuentan con mejores tecnologías de tratamiento, como la empresa Eco Logic, hasta ahora no ha extendido la autorización necesaria para iniciar operaciones.
Finalmente, podemos mencionar que la exportación de PCB para su incineración, realizada de acuerdo con el Convenio de Basilea, establece en su artículo 4, fracción 9 inciso a), que no se deberá permitir la exportación de residuos peligrosos si en su país de origen existe la infraestructura para tratarlos. La exportación se ha justificado con fundamento en el artículo 39 del Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos, que limita los tratamientos no térmicos de PCB únicamente a las “bajas concentraciones”, las cuales no están definidas numéricamente en ninguna reglamentación, y se han establecido arbitrariamente en 5000 por, cuando las tecnologías alternativas son capaces de tratar incluso PCS puros. E§ de esperar que con la nueva NOM-098-ECOL-2000 se promueva la incineración de estas sustancias.
Los casos más conocidos en el país relacionados con el manejo no adecuado de askareles han sido el de la mina Rosicler, en la comunidad de Nuevo Mercurio, Zacatecas, y el caso del almacén de la CFE en Perote, Veracruz.
En el caso de la mina Rosicler, el impacto sobre la salud y los ecosistemas de la región de San Felipe de Nuevo Mercurio tiene su origen en un embarque trans-fronterizo ilegal de residuos peligrosos vía ferrocarril, proveniente de Houston, Texas, en el que se vieron involucradas tres compañías estadounidenses sobre las cuales se ejerció posteriormente acción legal. El destino final y depósito en la mina de la Compañía Minera Rosicler SA de cv se inició a partir del año 1977 y finalizó en mayo de 1980, exponiendo a la sustancia a los habitantes locales. Las importaciones de PCB líquidos ascendieron a 1,409 barriles, mientras que los desechos sólidos se estimaron en 3 mil toneladas, clasificados como cenizas de incineradores, aunque no se cuenta con información precisa de las existencias dentro de la mina porque la inspección de la misma es riesgosa dado el estado de las instalaciones. Por otra parte, se menciona que varios tambores fueron retirados por habitantes del lugar para ser utilizados en el almacenamiento y transporte de agua para uso doméstico, mientras que otros fueron perforados y su contenido derramado en terreno natural. Estudios posteriores enlistan padecimientos de los pobladores locales que pudieran estar vinculados con agentes tóxicos en el ambiente como cefaleas, conjuntivitis, cambios en la coloración de la piel, dos casos de anencefalia (1988 y 1990), casos de cáncer hepático y ocho mujeres a las que se les practicó histerectomía (extirpación de la matriz) debido a cáncer uterino. La mortalidad en esta región es mayor al doble de la del resto del estado.
En Perote había, desde 1997, 1,200 tambos de 200 litros cada uno de la CFE, varios de ellos fueron vaciados, volteados o enterrados en el suelo a causa de las lluvias. Los habitantes de la zona estaban expuestos a estos materiales, y dado que desconocían el riesgo llegaron a utilizar los tambos vacíos para almacenar el agua. Esta situación generó una gran presión, en especial de autoridades locales y grupos ambientalistas, por lo que se abrió a licitación su tratamiento, y ganó la empresa Residuos Industriales Multiquim, de Nuevo León. Los tambos se almacenaron afuera del Puerto de Veracruz, para ser posteriormente embarcados, el pasado 3 de noviembre, con rumbo a Finlandia.
Dioxinas y furanos
La principal razón por la que actualmente no existen registros de emisiones o intoxicaciones ocasionadas por dioxinas se debe a que en el país no se han hecho estudios al respecto, especialmente por el alto costo que representan (entre 1000 y 4000 dólares por muestra). Además, no existe en México ningún laboratorio certificado para hacer esta determinación, ni personas con experiencia. Se cree, sin embargo, que su existencia es generalizada, dado que es común la incineración tanto de residuos industriales como hospitalarios, y el empleo de estos materiales como combustible alterno en hornos cementeros y en la producción de cerámica y vidrio. El caso de las ladrilleras es especialmente alarmante, pues la madera, en ocasiones tratada con pentaclorofenol, es usada como combustible y sólo en la zona metropolitana de la Ciudad de México hay más de mil ladrilleras que queman materiales como combustible, plásticos, llantas y baterías.
Uno de los casos más conocidos en el que se presume se generaron dioxinas fue el incendio de la planta mezcladora de plaguicidas de la empresa Agricultura Nacional de Veracruz, conocida como Anaversa. En un incendio ocurrido el 3 de mayo de 1991 en Córdoba, Veracruz, se quemaron miles de litros de plaguicidas organoclorados, organofosforados y herbicidas, entre los que se encontraban 1,500 litros de pentaclorofenol y 3 mil de 2,4-D, además de paratión metílico, paraquat y cantidades no determinadas de malatión, lindano y fosfuro de zinc. El incendio provocó la formación de una nube tóxica que obligó al desalojo de miles de personas de las colonias aledañas. Estudios independientes hechos a la población expuesta han encontrado un incremento en la incidencia de cáncer de diversos tipos, malformaciones y numerosos casos de esterilidad e infertilidad. Se considera que durante el incendio se formaron diversas dioxinas para las cuales no existe infraestructura de monitoreo ni normas que determinen un nivel “aceptable” de contaminación.
Es de gran importancia el establecimiento de medidas de prevención y emergencia; el INE ha permitido la expansión del mercado de la incineración de residuos peligrosos basándose tanto en la legislación existente como en el análisis de un protocolo de pruebas que establecen límites de emisiones, incluyendo dioxinas. Sin embargo, los reportes de dioxinas se realizan anualmente, los límites permitidos (0.5 ng/m3) son inferiores a los estadounidenses y europeos (0.1 ng/m3) y no existe la capacidad para monitorearlas.
Estudios
Recientemente fue publicado el estudio “Long-range Air Transport of Dioxin from North American Sources to Ecologically Vulnerable Receptors in Nunavut, Arctic Canadá” por parte de la Comisión para la Cooperación Ambiental, que estima las fuentes y emisiones de dioxinas en América del Norte con base en un modelo para el transporte a grandes distancias. Este estudio indica que la quema de basura representa la mayor contribución a la emisión de dioxinas en la región. No sólo se estima que 30% de estas emisiones se genera en México, sino que se coloca a nuestro país como el mayor emisor de dioxinas en relación con su Producto Interno Bruto (PIB), lo cual muestra que no tenemos la infraestructura para enfrentar el problema de la basura (la mayor parte de la quema es clandestina) y que nuestra industria es la que genera riqueza de forma más sucia.
Existen estudios que desde 1973 han constatado la presencia de organoclorados en carne de pollo, huevo, derivados lácteos, leche materna y tejido adiposo humano. Mientras que en 1980 autoridades de salud de Irapuato detectaron DDT, dieldrín, heptacloro y lindano en 500 muestras de cultivos de fresa, estudios hechos por la doctora Lilia Albert comprobaron la presencia de residuos de p-p’DDT y su metabolito p-p’DDE en 90% del huevo comercializado en las ciudades de México, DF y Torreón. Otra investigación demuestra la presencia de entre dos y ocho organoclorados en 30 muestras de quesos provenientes de 11 ciudades mexicanas, siendo el promedio de cinco organoclorados por muestra.
En México se han encontrado residuos de DDT y sus metabolitos en huevo, leche, queso, mantequilla y crema en la región de la Comarca Lagunera (1975, 1981 y 1987), Ciudad de México (1978 y 1981) y en el Soconusco, Chiapas (1990 y 1988). También se ha detectado DDT y sus metabolitos en tejido adiposo de abdomen y mama en Torreón, Coahuila, Ciudad de México. Puebla. Ciudad Juárez y Veracruz, de 1975 a 1995.
Otros estudios han hallado lindano, clordano y HCB. así como sus metabolitos, en sangre de cordón umbilical, suero y leche humana en Veracruz, Campeche y gran parte de la región del Golfo de México y el sur del país, donde los cultivos extensivos y las campañas sanitarias han promovido el empleo masivo de plaguicidas, incluso clorados.
Una investigación de la doctora Blanca Ordóñez sobre la presencia de organoclorados en leche materna recolectada de 620 madres de la Ciudad de México hizo evidente que una alta proporción de la población está acumulando estas sustancias o sus metabolitos. Además, se encontró una correlación directa entre la exposición y el nivel socioeconómico: a mejor condición socioeconómica mayores niveles de plaguicidas.
Un estudio reciente en México reportó extraordinarias diferencias entre el desarrollo psicomotriz de infantes expuestos a plaguicidas agrícolas en comparación con otros que habían padecido una exposición mínima. En esta investigación, realizada en infantes de 4 y 5 años que viven en el Valle del Yaqui, aquellos cuyas madres presentaron presencia de aldrín, endrín, dieldrín, heptacloro y DDT en leche materna y sangre del cordón umbilical también presentaron una disminución de la coordinación, memoria reducida e inferioridad en pruebas físicas en comparación con los menos expuestos. De hecho, la OMS considera que las mujeres mexicanas están entre las que tienen mayores niveles de DDT en leche materna en el mundo.
El DDT y sus metabolitos han sido también encontrados en aves (pato silbador, buitre, paloma, cormorán doble cresta), peces (mojarra negra, robalo, lisa, charal, maya-caste, lebrancha), crustáceos (jaiba, camarón), almejas y ostiones en estudios realizados en Sinaloa, Mexicali, Chiapas, Coatzacoalcos y lagunas costeras de Veracruz. También se han encontrado PCB en sedimentos y organismos de los sistemas costeros en lagunas de Veracruz y Campeche.
Incineración
Las dos tendencias más ampliamente seguidas para lidiar con los residuos peligrosos en el país son el confinamiento y la incineración. Según el INE, en cuanto a la infraestructura y servicios disponibles para el manejo de residuos peligrosos, “se ha identificado una inversión global en tales actividades, sin considerar las actividades realizadas por la industria generadora, del orden de 115 millones de dólares, de los cuales alrededor del 35% se ha destinado al desarrollo de confinamientos de residuos peligrosos, mientras que el 29% se ha orientado al reciclaje energético”.
Mucha de la incineración que actualmente se lleva a cabo se efectúa en instalaciones que tienen la intención de aprovechar la energía generada, como las plantas cementeras. Las autoridades ambientales federales del INE han dado permisos provisionales a cementeras para la quema de residuos peligrosos, con base en protocolos de prueba, reportes semestrales y sin que haya una normatividad ambiental aprobada al respecto. El Proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM-CRP-ECOL/95), que nunca fue publicado, establecía límites máximos de emisión de dioxinas y furanos a la atmósfera diferenciando zonas críticas y resto del país, al igual que un máximo de 2% de cloro en los residuos a incinerar, mientras que la actual establece un límite único y más permisivo que el del proyecto anterior (véase cuadro).
Dioxinas y furanos eqt (ng/m3)
Zona Crítica 0,1
Resto del País 0,2
– 0,5
Nota. Eqt = equivalentes tóxicos, toxicidad referida a la dioxina más tóxica, la 2, 3, 7, 8 tetraclorodibenzo-p-dioxina
La NOM-098-ECOL-2000, próxima a publicarse, legalizará estas prácticas y justificará la emisión de contaminantes para los que ninguna concentración es aceptable. Más aún, los protocolos de prueba muchas veces no reflejan la práctica real y cotidiana de la quema de residuos peligrosos en las condiciones reales de operación; hay dificultad de monitoreo del tipo de residuos realmente quemados, de las emisiones permisibles y demás residuos generados. En el caso de las dioxinas y furanos no se cuenta en el país con laboratorios capacitados para hacer análisis de alta resolución ni el personal necesario. La nueva NOM requiere una sola determinación de este tipo al año, y se espera que sus altos costos, de entre mil y 3 mil dólares, hagan prohibitivo el aumento en la frecuencia de medición.
Entre las empresas que cuentan con permisos temporales y autorizaciones para la quema de residuos en el país encontramos 53 equipos con una capacidad total de 788.89 ton/día, de los cuales 23 son incineradores de residuos peligrosos según información proporcionada por el INE. Hay 15 empresas autorizadas para incinerar residuos biológicoinfecciosos y 12 compañías cementeras (con 26 plantas) que emplean residuos peligrosos como combustible alterno. No se tienen registros de incineradores de residuos municipales o domésticos en nuestro país, por lo que la quema de basura en traspatios no se verá reducida al incrementarse la planta operante de incineradores.
En México la industria cementera es económicamente importante. Cemex y sus subsidiarias tienen 18 fábricas en México, y en 1996 doce de ellas contaban con una capacidad instalada de 1 millón de toneladas por año. Por otra parte, 21 cementeras de un total de 29 que existen en el país cuentan con permisos provisionales y autorizaciones temporales para quemar residuos peligrosos en sus hornos de cemento. Destacan por su importancia el grupo de Cemex y Cementos Apasco, además de Cooperativa Cruz Azul (dos plantas), Cementos Portland Moctezuma, y Cementos de Chihuahua, con una planta, respectivamente. Es importante recalcar que sólo dos plantas cementeras -la Ramos Arizpe de Cementos Apasco y la planta de Torreón de Cemex- han quemado residuos peligrosos por años en sus hornos. Según datos de 1997, 14 plantas de cemento quemaron una 71 mil toneladas de residuos peligrosos. Durante la quema se producen nuevos contaminantes llamados Productos de Combustión Incompleta (PCI), como las dioxinas y furanos, que muchas veces son más tóxicos que los compuestos originales, además de muchas especies químicas que no han podido ser identificadas hasta ahora.
Legislación
Plaguicidas autorizados o de uso restringido en México se encuentran ya prohibidos en otros países. Éste es el caso de los organoclorados clordano, DDT, pentaclorofe-nol, 2,4-D y lindano. Actualmente el DDT se puede utilizar para el control del paludismo, según la NOM emergente para la vigilancia, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1999, si bien en lo que va del 2000 no ha sido necesaria su aplicación, a pesar de lo cual el programa de control del paludismo en México se ha convertido en el más exitoso de América Latina. Recientemente se ha adoptado un enfoque más global del problema, que incluye un efectivo sistema de notificación por voluntarios en las comunidades, además de medidas preventivas y un diagnóstico y tratamiento oportunos.
En materia de PCB, de acuerdo con la NOM-CRP-001 del Diario Oficial de la Federación del 22 de octubre de 1993, cualquier material que contenga PCB en concentraciones de 50 ppm (mg/kg) o mayores será considerado un residuo peligroso, por lo que también estará sujeto a las disposiciones jurídicas relativas a los residuos peligrosos. En el artículo 39 del Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos se establece la incineración como el único tratamiento para PCB en cualquier concentración, mientras que los tratamientos que utilizan tecnologías menos nocivas se encuentran restringidos sólo a las bajas concentraciones. Sin embargo, ninguna legislación hasta el momento define cuál es la concentración límite a la que los policlorobifenilos se encuentran en bajas o altas concentraciones. Su confinamiento directo está prohibido por el mismo artículo, aunque a principios de 1996 el INE autorizó a la empresa Rimsa para enterrar transformadores vaciados de PCB con concentraciones inferiores a 500 ppm. La tendencia a favorecer la incineración sobre otras técnicas de tratamiento se verá reflejada constantemente en la legislación existente.
Se espera que próximamente sea publicada la versión final de la norma NOM-133-ECOL-1999 que establece las especificaciones para el manejo de PCB. En esta norma se proponen las especificaciones para el uso, almacenamiento, reciclaje, tratamiento o incineración, acondicionamiento y transporte de PCB O materiales que los contengan. Esta norma propone el 31 de diciembre de 2001 como fecha límite para la eliminación de PCB en equipos almacenados en todos los sitios antes de publicada la norma y el 31 de diciembre del 2008 para el equipo eléctrico en uso en instalaciones y subestaciones urbanas, rurales e industriales.
Iniciativas internacionales
Muchos avances en materia de legislación se han visto acelerados por la presión de acuerdos internacionales, dentro de los cuales destaca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por medio del cual se crea la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) con fundamento en la resolución 95/5 de octubre de 1995. La CCA, formada por los ministros del medio ambiente de México, EUA y Canadá, ha creado una comisión especial (task forcé) para elaborar un plan regional de acción sobre el DDT y clordano con los siguientes objetivos: a) reducir el riesgo a la salud humana y al ambiente asociado con el uso de estos plaguicidas y b) proporcionar información sobre el estado de las reservas, manufactura, comercio y uso de estos dos insecticidas en la región. A raíz de dicho tratado, del Convenio de la Paz (anexo III) y el Programa Frontera XXI, que también regulan el transporte de residuos peligrosos en la zona fronteriza, se ha dado una transferencia de información acerca de los modelos existentes para el manejo de plaguicidas; los principales avances logrados son 1) El procedimiento del Consentimiento Previo Informado (PIC en inglés), trámite mediante el cual debe notificarse y obtenerse la aprobación del país receptor antes de llevarse a cabo cualquier movimiento transfronterizo, y 2) La Propuesta Ejecutiva Nacional del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC, en inglés) de septiembre de 1996, la cual se encuentra actualmente en una etapa temprana de desarrollo, y que se espera permitirá en un futuro próximo conocer la producción nacional de 15 plaguicidas por industria y lugar geográfico. Dentro de estos plaguicidas encontramos el DDT, endrín, hepta-cloro, aldrín y toxafeno, además de otros plaguicidas como el lindano, endosulfan, clorpirifós, ácido 2,4-D y silvex. Este sistema no incluye un registro sobre el uso de los mismos. El Plan de Acción Regional de América del Norte incluye como objetivos: la eliminación de los usos ilegales del DDT, SU reducción gradual para el control del paludismo en 80% para el año 2001, y su eliminación total en los próximos 10 años, si persiste la tendencia a la baja del paludismo, siempre y cuando se encuentren opciones disponibles y eficaces para el control de vectores 12 y 62.
Los compromisos adquiridos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han impulsado la normalización de estándares y políticas relativas al manejo y restricciones de uso, comercio, disposición y tratamiento de PCB [inciso C(87)2 Final].
Todas estas medidas se toman dando seguimiento a la Resolución 95-5, “Del buen manejo de sustancias químicas”, aprobada por los tres gobiernos, el 13 de octubre de 1995, en Oaxaca, durante la segunda reunión regular de la CCA. Como resultado de dicha resolución se creó el Grupo de Trabajo Norteamericano para el Manejo de Sustancias Químicas, el cual formó tres comisiones especiales para elaborar planes regionales de acción para el DDT, clordano, los PCB y el mercurio. Desgraciadamente, el plan de la CCA apoya la incineración de PCB y su movimiento transfronterizo. De esta forma, la CCA está cumpliendo parcialmente con la Resolución 18/32 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) para reducir a nivel global y en forma prioritaria a 12 contaminantes orgánicos persistentes.
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