En la madrugada del domingo 28 de junio, militares al mando del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas hondureñas, sacaron de la casa presidencial al presidente Manuel Zelaya y lo condujeron al aeropuerto de Tegucigalpa y fue trasladado a Costa Rica.
La situación en los meses anteriores al golpe de Estado en Honduras se había venido tensando, debido principalmente al acercamiento del presidente Zelaya a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) encabezada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, así como por su intención de llamar a un referendo para convocar una Asamblea Constituyente que reformara la Constitución y permitiera la reelección presidencial, punto expresamente prohibido en el artículo 374 de la Constitución hondureña.
El depuesto presidente Zelaya hizo un llamado desde Costa Rica a la comunidad internacional a no aceptar el golpe de Estado y a no reconocer a las autoridades del gobierno de facto en Honduras, lo que resultó en el retiro de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país, a la condena del derrocamiento, y a un llamado para el retorno al orden constitucional. Solamente Israel y Taiwán –un no país de acuerdo con la ONU– reconocieron al régimen encabezado por Roberto Micheletti.
Semanas después del golpe de Estado, el depuesto presidente Manuel Zelaya intentó llegar a territorio hondureño desde la frontera nicaragüense, logrando permanecer unas horas en una población limítrofe, debiendo abandonar su intento ante la amenaza de ser detenido y encarcelado. Las arriesgadas acciones de Zelaya llevaron a la secretaria de Estado Hillary Clinton a calificar estas maniobras como imprudentes.
El 22 de julio siguiente al golpe de Estado, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, presentó una propuesta que se denominó el Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras. Entre los principales puntos propuestos se hayan: la formación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional; la amnistía para los delitos políticos originados antes y después del 28 de junio; la renuncia a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución; el retorno de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio; la creación de las Comisiones de Verificación de los acuerdos, y de la Verdad de los hechos ocurridos, y la normalización de las relaciones con la comunidad internacional.
Con el apoyo de la ONU, de la UE y de la OEA, la Comisión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, encabezada por su secretario general, José Miguel Insulza, arribaron a Tegucigalpa a finales del mes de agosto en un intento de conciliar a las partes, con base en el borrador del Acuerdo de San José, con resultados prácticamente nulos por la negativa del gobierno de facto a aceptar la reposición del presidente Manuel Zelaya y otros puntos del acuerdo.
Sorpresivamente, el 21 de septiembre el presidente Manuel Zelaya logró ingresar a Honduras, refugiándose en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, bajo la protección del gobierno de Brasilia.
El 22 de septiembre el presidente de facto Roberto Micheletti publicó una plana en el diario The Washington Post afirmando, entre otras cosas, que existió en Honduras una sucesión constitucional el 28 de junio; que no existió un golpe de Estado militar; que las autoridades civiles tenían el control de las Fuerzas Armadas; que las ramas judicial, legislativa y ejecutiva funcionan completamente; que no se ha limitado el derecho de reunión; que se ha garantizado la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos, y que en noviembre 29 el país planea realizar una elección presidencial libre y abierta.
El 26 de septiembre, cuatro días después de las declaraciones de Roberto Micheletti, se decretó la suspensión de garantías constitucionales y las manifestaciones públicas por 45 días; y el 28 de 40 septiembre las fuerzas policiales clausuraron las instalaciones de la televisora Canal 36 y de Radio Globo, favorables a Manuel Zelaya, por considerar que difundían consignas para alterar el orden público. La organización Human Rights Watch solicitó en esas fechas la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de 21 personas a manos de las fuerzas del orden, de siete casos documentados de violaciones a mujeres manifestantes, y de 4 234 casos de violaciones a los derechos humanos debido a la represión.
A partir de esa fecha, de acuerdo con las declaraciones de los funcionarios de la embajada brasileña, del propio Manuel Zelaya y de los partidarios de éste alojados en esa sede diplomática, la embajada de Brasil se vio sujeta al acoso las 24 horas del día con altavoces que emitían música a alto volumen, del empleo de dispositivos de sonido y de gases tóxicos, con el propósito de impedir el sueño y causar malestar en los residentes de la embajada.
El congresista republicano por Illinois, Aaron Schock en conferencia de prensa el 24 de septiembre declaró, contradiciendo al Departamento de Estado de su país, que el Servicio de Investigación de la Biblioteca del Congreso había determinado que la deposición del presidente Manuel Zelaya en Honduras había sido legal, pero que su expulsión a Costa Rica era contraria a la Constitución hondureña, lo que parece un intento de legitimar el golpe de Estado por parte de los grupos conservadores de Estados Unidos afines a las derechas centroamericanas.
También en septiembre, luego del ingreso de Zelaya a la embajada de Brasil, el representante alterno de Estados Unidos ante la OEA, Lewis Amselem declaró que el regreso del presidente Manuel Zelaya había sido “un acto irresponsable e idiota”, palabras poco usuales en el lenguaje de la diplomacia internacional. El 3 de octubre una delegación de senadores estadounidenses del Partido Republicano, encabezada por el senador por Carolina del Sur, Jim de Mint, viajó a Tegucigalpa en una misión informativa e hizo declaraciones de respaldo al régimen de facto.
Las presiones internacionales hicieron que el gobierno de Micheletti diera marcha atrás en lo que respecta a la suspensión de garantías constitucionales a principios de octubre, aunque se retrasó su aplicación hasta mediados de ese mes. El 7 de octubre, bajo el auspicio de la OEA, y después de la visita de una delegación de cancilleres y representantes de América y de España, y el secretario general de la OEA, se instaló una mesa de diálogo con representantes del presidente depuesto y del gobierno de facto.
Las comisiones se reunieron a lo largo del mes de octubre y alcanzaron acuerdos en 95% de los puntos de las negociaciones, a excepción de la reposición del presidente Zelaya, lo que motivó que los representantes del presidente depuesto se retiraran de la mesa el 23 de octubre, acusando a la parte contraria de manipular y prolongar las negociaciones hasta la fecha de las elecciones, el 29 de noviembre, y así legitimar el golpe de Estado.
El 28 de octubre arribó a Tegucigalpa una delegación enviada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y encabezada por el secretario adjunto para Asuntos Hemisféricos Occidentales, Thomas Shannon, quien logró destrabar la negociación y alcanzar lo que se ha denominado como el Acuerdo de Tegucigalpa-San José-Diálogo de Guayamuras, que entró en vigor a partir de su firma, el 30 de octubre, y que establece la constitución de un gobierno de unidad nacional para el 5 de noviembre; la restitución del presidente Manuel Zelaya en la presidencia, sujeto a la aprobación del Congreso, y quien deberá gobernar con un gobierno establecido por las dos partes en conflicto; la constitución de las Comisiones de la Verdad y de Verificación del cumplimiento del Acuerdo, conformada por el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, y los hondureños Jorge Arturo Reyna, en representación de Manuel Zelaya, y Arturo Corrales, en representación de Roberto Micheletti, así como el reconocimiento de las elecciones de noviembre, el rechazo a una amnistía política y el establecimiento de una Asamblea Constituyente.
El 3 de noviembre, la directiva del Congreso Nacional hondureño decidió consultar con la Corte Suprema de Justicia, al ministerio público, a la Procuraduría General de la República, y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos sobre la restitución del mandatario depuesto, antes de someterla a votación.
Con ello se cumple una de las recomendaciones del Acuerdo, pero al mismo tiempo dilata el proceso. Eventualmente, el Congreso podría votar en contra de la reposición de Manuel Zelaya en la presidencia, o posponer su restitución hasta pasadas las elecciones del 29 de noviembre para cumplir con la formalidad del cambio de gobierno el 27 de enero de 2010, lo que según el gobierno de facto no invalidaría el Acuerdo. Thomas Shannon confirmó que bajo los términos del Acuerdo, Estados Unidos reconocería los resultados de la elección, aun si el Congreso rechaza la restitución del presidente Zelaya.
El hecho es que las partes discrepan de la interpretación del mismo. El depuesto presidente Manuel Zelaya considera que la votación en el Congreso debe restituirlo inmediatamente y ponerlo al frente del gobierno de unidad nacional. La realidad apunta a que esto no va a ser así, y por ello Zelaya declaró que desconocería las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre.
El 5 de noviembre se integró el gobierno de unidad nacional por el gobierno de Roberto Micheletti, con las listas enviadas por los partidos políticos pero sin la participación de los representantes de Manuel Zelaya, los que se negaron a participar en la presentación de candidatos por considerar que primero debía ser restituido el presidente depuesto en el cargo, antes de que se designara a los funcionarios que integrarían ese gobierno de reconciliación. El hecho de que Micheletti sea el que forme y encabece el gobierno de unidad nacional pone en duda el estricto cumplimiento del Acuerdo firmado. Micheletti es un especialista en prácticas dilatorias.
Ante esto, el derrocado presidente de Honduras declaró que el Acuerdo firmado la semana anterior era “letra muerta” anunciando “el total desconocimiento” de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre y sus resultados, considerando que no están dadas las condiciones para una libre y abierta participación del electorado. Esta situación coloca a la Comisión de Verificación en la difícil tarea de interpretar el cumplimiento del Acuerdo por solamente una de las partes y de validar la instalación del gobierno de unidad nacional, y a la comunidad internacional, ante el pronunciamiento sobre el envío de observadores internacionales a las elecciones, la validez de los comicios, el reconocimiento del gobierno resultante de ellas, el levantamiento de las sanciones contra Honduras, y la normalización de las relaciones de la República de Honduras con el resto del mundo.
Probablemente la clave, en teoría, podría estar en la continuación del proceso establecido en el Acuerdo, y que el Congreso vote por la restitución o no de Manuel Zelaya, lo que pudiera conducir a la negativa a reinstalarlo, resultado no improbable considerando que ya antes el mismo Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia se habían pronunciado a favor de la destitución del mandatario. Esta solución cumpliría con uno de los puntos del Acuerdo y le daría una salida legal, esta vez mediante un juicio político perfectamente establecido, no como la vez anterior en la que existieron fallas de procedimiento y de legalidad, al presentar una carta de renuncia del presidente depuesto fechada tres días antes de su derrocamiento y con una firma que Manuel Zelaya desconoce como suya, independientemente que su expulsión forzada viola el artículo 102 de la Constitución de Honduras que establece que: “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”.
En este caso, el Congreso Nacional debería designar al presidente provisional que encabece el gobierno de transición, ya que Roberto Micheletti ha ofrecido renunciar al cargo una vez instalado el gobierno de unidad nacional, de acuerdo con declaraciones del ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, integrante de la Comisión de Verificación. A final de cuentas ésta es la “tercera vía” que la delegación del presidente depuesto había rechazado torpemente en las negociaciones previas y que, por la fuerza de los hechos, obligaría a renunciar tanto a Micheletti como a Zelaya, y al Congreso a designar a un nuevo titular del poder Ejecutivo.
Lo que resulta imprevisible es cuál será la reacción de Zelaya y de sus partidarios, y qué actitud tomará la comunidad internacional, particularmente Brasil que aloja como huésped al presidente depuesto, pues en el caso de que el Congreso niegue su reinstalación, o se le sigua un juicio político y se le condene a penas de prisión, su condición legal se vuelve muy incómoda para el gobierno de Brasil, al no haberse acordado una amnistía para los delitos políticos, de conformidad a lo propuesto por Óscar Arias en el Acuerdo de San José, ya que anteriormente, en las negociaciones en octubre, debido a la intransigencia y poco sentido político de Zelaya, se rechazó un perdón de los delitos políticos antes, durante y después del golpe de Estado.
Son preocupantes los atentados registrados en contra de diversos medios periodísticos de distinta filiación política y editorial en el transcurso de los últimos cuatro meses, el atentado con una granada de fragmentación en contra de una de las instalaciones de la principal cadena radiofónica en Honduras, el 4 de noviembre, y el ataque a los funcionarios municipales de La Virtud.
Ante el frágil equilibrio logrado en la negociación del Acuerdo sería muy lamentable que los partidarios de una y otra facción optaran por la violencia en lugar del diálogo para resolver sus diferencias.
A instancias de la OEA, la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos para que las partes continuaran trabajando en una solución negociada, los representantes del derrocado presidente y del gobierno de facto se volvieron a reunir el 7 de noviembre con base en un preacuerdo para discutir una nueva salida de la crisis. Pese a la insistencia de Manuel Zelaya de ser restituido en la presidencia antes de las elecciones del 29 de noviembre, los delegados del presidente depuesto aceptaron conversar sobre la posibilidad de enviar una lista de candidatos para conformar el gobierno de unidad nacional y de reconciliación, ante el anuncio del gobierno de facto de suspender la instalación del gobierno de unidad nacional en un compás de espera para permitir que Zelaya participe en el proceso.
No obstante, el sábado 8 los representantes de Manuel Zelaya declararon que “el diálogo estaba totalmente fracasado y roto, y el acuerdo ya no tiene valor y efecto”. El presidente de Costa Rica, Óscar Arias afirmó, ese mismo día, que el gobierno de facto de Honduras nunca tuvo la voluntad de solucionar la crisis política derivada del golpe de Estado del pasado 28 de junio. Un portavoz del Departamento de Estado declaró que, “producto de este acuerdo”, Estados Unidos tiene el “compromiso” de apoyar las elecciones hondureñas, pero el ex presidente Ricardo Lagos, uno de los representantes internacionales designados por la OEA para verificar el acuerdo, expresó su desacuerdo con la actuación de Micheletti y consideró que incumplió lo pactado.
No se ve salida al conflicto al cierre de este artículo. Esperemos lo mejor.
Fernando Sepúlveda Amor
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Sr. Presidente calderon
Escuchenos por favor aqui en nuestro pais Mexico no queremos sufrir al igual que otros paises en cuestion a los impuestos ¿por que? Porque en otros paise nos hemos dado cuenta que hay mucha gente con hambre y no queremos que nos suceda lo mismo hay gente que no tiene para comer no es culpa de nosotros y nosotros no estamos para pagar los platos Rotos Nosotros como Indigenas ya estamos cansados de todo esto.
Recuerden de todo lo que sucedio en estos años 1810, 1910 y Estamos a unos pasos De tomar el año 2010 asi que señor presidente y si quieren hagn entrevistas.