El sistema penal de juicios orales adoptado en México supondrá un largo y doloroso proceso de aprendizaje, sobre todo para quienes integran nuestro aparato de justicia. Diversas iniciativas, como la que describe aquí el autor, buscan acelerar y enriquecer este proceso.
La cultura se transmite, se recibe
y se cambia. Las teorías racistas implican
que la cultura es innata y estática […]; la cultura es el principal determinante del desarrollo.
Lawrence E. Harrison
En alguna reunión un enólogo mexicano comentaba con elocuencia detalles de regiones, viñedos y bodegas; otra persona comentó entonces sus viajes a Francia e Italia; otro más narró los procesos y bodegas que vio en Argentina y en Chile; hubo quien explicó los recorridos por California e incluso Australia. Platicaron luego de tradiciones, costumbres, usos, tiendas, precios, modos, copas, mesas y restaurantes de Europa, América del Centro y del Sur, Norteamérica y Asia, en donde la cultura del vino tiene sus propias expresiones.
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Todo ello mermó la confianza del enólogo. Su conocimiento era incompleto porque nunca había salido del país. Conocía el vino de casi todo el mundo pero servido en su mesa, o a través de libros y computadoras. Desconocía por completo el factor humano: la cultura que no puede viajar en la botella y que da sentido vivencial a lo que él domina en la teoría.
Pensé entonces en los juicios orales.
En México hemos adoptado un sistema penal, acusatorio y oral, que poco tiene que ver con nuestras tradiciones morales, con nuestras prácticas judiciales y con nuestra cultura del crimen y el castigo.
El nuevo sistema mexicano parece estar inspirado fundamentalmente en el modelo de Estados Unidos, con importantes referentes de su latinización en Chile, Colombia y Costa Rica, por mencionar algunos.
La etapa de impulso y diseño de la reforma constitucional estuvo asesorada por académicos conocedores, quienes desde luego han estado en otros países. Pero esa parte ya concluyó: estamos ahora en el breve plazo de instrumentación, al que le restan escasos cinco años.
Los jueces, ministerios públicos, defensores públicos, abogados, profesores y penalistas son los expertos en el derecho mexicano viejo; en ese que debe abandonarse para dar paso a uno nuevo. Algunos de esos juristas ya conocen y comprenden el nuevo sistema porque lo han conocido en libros, videos, conferencias, cursos y hasta posgrados impartidos en México. Pero como el enólogo de la anécdota, la mayoría no ha salido del país con el objetivo de tener una experiencia vivencial sobre ese tipo de justicia en su contexto y dentro del entorno social en el que se produce y se reproduce.
Del cambio constitucional deben derivar otros ajustes legales, administrativos y organizacionales. Pero de nada servirán sin una decidida estrategia de cambio cultural: a la capacidad debe sumarse la vivencia; al intelecto, la experiencia; a la mente analítica, los sentidos y la intuición humana.
Existe una clara necesidad de crear un “capital semilla” de nuestros expertos —los enólogos, pero de la oralidad— para que salgan, conozcan, platiquen directamente con quien ya vivió un proceso similar y vuelvan de inmediato a compartirnos lo vivido.
Así lo hizo la Suprema Corte de Justicia. El año pasado, el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia —entonces Presidente del organismo— impulsó un innovador proyecto para promover el cambio cultural de —y desde— los jueces en activo, que complementara los tradicionales cursos de capacitación.
Tras una escrupulosa investigación, se encontró al único instituto dedicado a estos temas: el Instituto de Cambio Cultural (icc) de Fletcher, Escuela de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts, que fue fundado por Larry Harrison y es hoy dirigido por el doctor Miguel Basañez Ebergenyi, mexicano experto en la medición de valores culturales y gran conocedor del sistema de justicia penal.
La presidencia de la Corte y el icc pusieron manos a la obra y el programa se diseñó con una velocidad inédita. Tufts no podía imaginar que un programa con validez internacional pudiera diseñarse, ejecutarse y concluirse en el mismo año en que se estaba planteando a su Consejo. En México, los entramados presupuestales y administrativos fueron cediendo ante el entusiasmo y la decisión tanto de la Corte, representada entonces por el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo†, como del Consejo de la Judicatura Federal (cjf), representado por el Consejero Magistrado Óscar Vázquez Marín. El Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (setec), don Felipe Borrego Estrada, se sumó con ahínco al proyecto.
Pero la reforma necesita también a los estados de la República. El Presidente de la Corte, en un desayuno organizado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (amij), recibió con gusto la petición de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (conatrib) para sumarse al “Programa Fletcher” (como fue conocido).
Se adoptaron importantes definiciones para optimizar recursos y maximizar los beneficios de esta trascendente iniciativa:
- Se visitarían tres sedes: Boston, E.U.; Santiago de Chile, y Bogotá, Colombia;
- La estancia comprendería la capacitación profesional y académica en sede universitaria, más la visita a instalaciones de procuración y administración de justicia;
- Las visitas no serían protocolarias sino en calidad de público general;
- Se procuraría la integración de los funcionarios del fuero federal con los del fuero local, como equipos para el cambio armónico en el país;
- Los asistentes debían cumplir con lo siguiente:
- Suscribir una carta compromiso: de no asistir a la totalidad de las estancias y actividades debían cubrir el importe total de colegiatura y viáticos;
- Asistir sin acompañantes, aun cubriendo el importe por su cuenta;
- Viajar en las fechas de salida y regreso, sin poder prolongar estancias personales en los países visitados;
- Divulgar lo conocido a su regreso;
- No sería criterio de selección la opinión de los interesados sobre la reforma y sus contenidos (se buscaba llevar entusiastas y detractores del nuevo sistema).
Así nació el “Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios: Colombia, Chile, Estados Unidos y México” de la Universidad de Tufts dirigido a funcionarios mexicanos.
Tres fuentes de financiamiento hicieron viable el programa: el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del cjf cubrió la colegiatura de los juzgadores federales. El Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Justicia en México, “Fondo Jurica”, becó a los juzgadores locales y a los funcionarios de la Corte y del setec, y también sufragó una compacta oficina logística adscrita a la amij. Los recursos de la Iniciativa Mérida (usaid) otorgaron los boletos de avión internacionales, así como la transportación nacional que fue necesaria.
En total asistieron 113 participantes: 10 secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte y del Consejo; 101 juzgadores: 50 federales y 51 locales, y 2 funcionarios estratégicos. Esos 101 juzgadores se pueden clasificar así: 34 magistrados; 64 jueces; 2 consejeros de judicaturas estatales, y 1 funcionario de estatal para la reforma. Se organizaron en 3 grupos de trabajo.
Aunque no conformaron una centena exacta, a este grupo de 80 hombres y 33 mujeres se le ha llamado “el grupo de los 100”. Se inauguró con ellos un logotipo y un lema acuñado por el Ministro Gudiño, que hoy los identifica a todos: “La Justicia que viene… 2008-2016”.
Tufts fue la sede académica en Boston; la Universidad del Externado, en Colombia, y la Universidad Católica, en Santiago de Chile. Los grupos comenzaban actividades con charlas durante el desayuno a las ocho de la mañana y salían después a las salas de juicios orales; en la comida, nueva charla con ministros de las cortes, procuradores, fiscales, barras de abogados, defensoría pública, facultades de derecho, así como con los jueces de garantía, de proceso, de sentencia o de ejecución; finalmente, un taller en aula y una plática durante la cena. En los tiempos libres —muy escasos— los participantes redactaban un ensayo para entregar el último día de cada estancia.
El proyecto concluyó exitosamente y sus resultados fueron llevados al Consejo Nacional para la la Reforma Penal. El 20 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de dicho Consejo —aprobado por unanimidad— en el que se expresa que:
dada la importancia de promover el conocimiento de los postulados esenciales del sistema acusatorio y oral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y los tribunales superiores de Justicia de la entidades federativas, desarrollaron un proyecto denominado “Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios”, en coordinación con el Instituto de Cambio Cultural de la Fletcher School de la Universidad de Tufts, en el que participaron 101 juzgadores, 50 del fuero federal y 51 del fuero local, así como 10 secretarios de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura y diversos invitados de la academia y funcionarios vinculados con la implementación del Sistema de Justicia Penal en México.
Ese acuerdo concluye:
este Consejo de Coordinación estima que el Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios ha cumplido con las exigencias a que se refiere el programa de capacitación y difusión, en su apartado 5; acuerda autorizar a la Secretaría Técnica para que turne al Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, la lista de integrantes del Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios, para que atendiendo a la mecánica operativa de certificación, valide su participación y los certifique como capacitadores en el nuevo sistema de justicia penal.
Sólo resta que el setec entregue las constancias de certificación individuales —ya aprobadas— para que los participantes cuenten con las credenciales necesarias para divulgar lo que conocieron y vivieron.
Todo cambio estructural requiere tomar en cuenta los aspectos culturales que afectarán positiva o negativamente los procesos de transformación. Las diferentes visiones que se agrupan en instituciones, organizaciones, gremios, colegios, corrientes de opinión, academia, entre otras entidades, son fundamentales para reorientar la forma en que cada actor percibe los fines y atributos del cambio que enfrentamos.
El programa de ICC/Fletcher puede y debe repetirse para incluir y sensibilizar a los agentes del Ministerio Público, la policía investigadora, los futuros fiscales, los defensores públicos, los abogados litigantes e incluso los líderes de opinión y medios de comunicación.
No bastan procesos y leyes, necesitamos una mejor cultura de la justicia.
Cuando regresé de las estancias en la Universidad de Fletcher mi opinión estaba formada y robustecida. En gran medida, esta columna es resultado de aquella experiencia y es una forma de cumplir con mi compromiso de divulgar lo que vi, lo que viví y lo que trajimos de vuelta a México los del grupo de los 100.
