¿De qué tamaño es la estructura criminal en México? Con base en fuentes periodísticas frescas, el autor ilustra las dimensiones mayúsculas de una sola organización y da cuenta de los montos que supone el lavado de dinero originado en el país, superiores al pib anual de no pocas naciones.
En abril de este año, considerado el mes más sangriento del sexenio —mil 400 muertos en 30 días—, dos textos periodísticos revelaron algunas pistas para medir los alcances de la organización del crimen.
El primero apareció en The Dallas Morning News, que cita las declaraciones de un funcionario del aparato de inteligencia de Estados Unidos. Según esta fuente, el grupo armado de los Zetas tiene aproximadamente 15 mil miembros distribuidos en todo el país, y controla ciudades estratégicas por su importancia en el mercado de drogas, armas y personas.
En Nuevo Laredo, una de las puertas más amplias para llegar a todos los rincones de Texas, los Zetas tienen una legión bien pertrechada para el control armado de la zona. Es un ejército regular que recibe un adiestramiento militar en ranchos aledaños, con sesiones de adoctrinamiento ideológico. Sus cursos están orientados a perfeccionar las tácticas de asalto a cuarteles policiacos y transporte público, de robo de vehículos, secuestro y extorsión a la población.
La jerarquía de la organización es semejante a la castrense. Los rangos más altos se ganan con antigüedad y años de experiencia. La cúpula es un puñado de criminales despiadados como Osiel Cárdenas y el implacable “Hummer”, ambos ya detenidos. En el escaño más bajo se encuentran los informantes. En Nuevo Laredo, los Zetas cuentan con 1,500 “halcones”, 1,000 “panteras” y 500 “supervisores”, que son hombres y mujeres jóvenes pagados para cumplir labores de monitoreo. Gracias a ellos, los líderes de la plaza saben quiénes son los empresarios, quiénes los comerciantes, quiénes se dedican al comercio informal, quiénes son maestros y doctores, quiénes los servidores públicos y, sobre todo, cuáles son los movimientos que realiza la policía. En ese mapa social, la organización ha impuesto un sistema de recaudación de fondos, de acuerdo a los ingresos de la población. Los pagos obligatorios varían desde 100 pesos mensuales a vendedores callejeros hasta 500 pesos a los taxistas y 800 pesos a los dueños de deshuesaderos y ventas clandestinas de autopartes. En cada plaza, un contador se encarga de administrar los recursos y pagar las nóminas a los miembros del grupo y a los policías a sueldo.
En este contexto, los Zetas se mueven con libertad. En esa plaza han repelido los ataques de los cárteles enemigos, se han apoderado de empresas, tienen a la prensa aterrorizada y a la población a raya. Nuevo Laredo es una población de 360 mil habitantes. Su policía municipal apenas reúne 800 miembros. Mal pagados, por supuesto. El reclutamiento de los cárteles de la droga es rápido y eficaz. Según el secretario García Luna, hay un ascenso en el espectro de la delincuencia que va desde el robo individual a los transeúntes hasta el ingreso a los círculos del narcotráfico. El camino pasa por el asalto a casas habitación y el secuestro individual o masivo, y hasta hace algunos años hacer la carrera llevaba su tiempo. Hoy el camino se recorre aproximadamente en un mes, brincando etapas. Lo cual indica que los jóvenes sin esperanzas están aprovechando cada vez más las ofertas de trabajo que ofrece el crimen.
Para ganarse la vida, se predica con el ejemplo. Y el mal ejemplo también cunde. Por eso las organizaciones criminales son hidras de varias cabezas. Las detenciones y muertes de los líderes han sido muchas, pero sus reemplazos se ramifican. Las organizaciones se dividen y proliferan. Hoy en día —según la consultora norteamericana Stratfor—, se mantienen en expansión el cártel de Sinaloa y los Zetas, mientras los cárteles de Tijuana, del Golfo y de Juárez y la Familia Michoacana van a la baja. Los grupos más golpeados se dividen, y así han surgido nuevos demonios del crimen, como el Cártel Independiente de Acapulco y los Caballeros Templarios. El reparto del territorio se modifica sin cesar.
El tipo de armamento, con la especialización al interior de los cárteles, también se ha sofisticado. Los ak-47 —o cuernos de chivo— ya son armas de uso común. La delincuencia sabe que, más allá de la perpetración de los delitos, se trata de una guerra. Recientemente, al comparecer ante una corte federal en Phoenix, Arizona, un sujeto se declaró culpable de participar en una conspiración para intercambiar fuertes cargamentos de drogas por armas militares de alto poder, como los lanzamisiles que persiguen a sus presas con rayos infrarrojos, capaces de derribar aviones que vuelan a 3 mil metros de altura.
En el terreno de las fuerzas de seguridad y el orden, las cifras oficiales sostienen que hay más de 36 mil policías federales y 45 mil soldados en el combate al narcotráfico. El crecimiento de la policía federal ha sido espectacular, al multiplicarse su número seis veces en cinco años. El del ejército no ha sido moderado: a partir de 2008, se incrementó el número de solicitudes de ingreso a planteles militares; pasó de 15 mil en ese año a más de 17 mil 500 en 2009, y alcanzó los 21 mil en 2010. También hay esfuerzos embrionarios para la creación de policías con educación media superior y salarios decorosos.
Sin embargo, mientras existan 2 mil 400 cuerpos policiacos regados por todo el país, y mientras la mayoría de los policías locales sigan teniendo ingresos inferiores a los 5 mil pesos, siempre será una carnada mucho más apetitosa para los jóvenes desempleados el incorporarse a las filas de una organización criminal en ascenso —por pequeña que ésta sea— que les proporciona mayores recursos que un trabajo formal y los cobija con un sentido de pertenencia difícil de hallar en los corredores de la marginación y la miseria.
De kilos a dólares
Otro reportaje memorable apareció en The Observer a principios de abril, y se refiere al uso de los canales del sistema financiero para convertir grandes sumas de dinero en recursos manejables para comprar bienes indispensables para las actividades delictivas. En otras palabras, el lavado de dinero. La historia es una joya en los anales de la corrupción de las instituciones.
Resulta que hace más de un lustro, al capturar un moderno avión cargado de cocaína en Ciudad del Carmen, las autoridades mexicanas encontraron no solamente un cargamento de más de 100 millones de dólares, sino también que el avión fue comprado por los narcotraficantes con dinero de un banco norteamericano llamado Wachovia —ahora propiedad de la Wells Fargo—, uno de los consorcios financieros más importantes de Estados Unidos.
Como en los relatos de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, el personaje central de la historia es un solemne detective inglés llamado Martin Woods, quien ingresó al personal de Wachovia, en Londres, con la encomienda de investigar la calidad de los controles del banco para impedir el lavado de dinero.
Cuando este personaje inició sus revisiones sobre los documentos del banco, lo primero que notó fue una serie de insuficiencias en la información sobre sus clientes que llevaban a cabo transacciones sospechosas de casas de cambio en México. Estos movimientos incluían, sobre todo, depósitos de cheques de viajero con montos muy superiores a los que cualquier turista promedio podría necesitar. La información que proporcionaban los clientes era muy escasa, y las firmas no eran claras ni correspondían siempre.
A medida que avanzaba en sus investigaciones, por otro lado, las autoridades federales de Estados Unidos empezaron a enviar citatorios al banco para que respondiera a supuestos incumplimientos de controles de lavados de dinero y, simultáneamente, Woods empezó a sufrir bloqueos en su labor. Al principio, la oficina de Miami le negó el acceso a su documentación sobre las casas de cambio; después, sus superiores le obstaculizaron sus labores cotidianas; finalmente, las propias autoridades de Wachovia le dijeron que no tenía atribuciones para realizar investigaciones del otro lado del Atlántico.
Bajo muchas presiones, el investigador sufrió un colapso que lo llevó al hospital y a un tratamiento psiquiátrico, no sin antes avisar a las autoridades de la dea, en Estados Unidos, de sus hallazgos.
La investigación de la dea pronto reveló que miles de millones de dólares eran depositados en cuentas de Wachovia a través de transferencias bancarias, cheques de viajero y montos en efectivo tramitados por casas de cambio mexicanas. Como medida preventiva, el banco fue puesto bajo investigación por no cumplir con los programas de control de lavado de dinero.
Aunque se dictaron varios cargos contra Wachovia, el caso nunca llegó a sus últimas consecuencias, porque el banco apeló en marzo de 2010 a la Ley de Secrecía Bancaria de Estados Unidos. El caso se aplazó por un año, pero por los documentos exhibidos se supo que el banco pagó a las autoridades federales 110 millones de dólares por permitir transacciones que posteriormente se demostraron relacionadas con el tráfico de drogas, y que recibió una multa de 50 millones de dólares por no monitorear el efectivo que se usó para transportar 22 toneladas de cocaína. Es una suma de respeto, por supuesto, pero apenas representa menos de 2% de los 12 mil 300 millones de dólares de ganancias que el banco obtuvo en 2009.
En esencia, el banco fue sancionado por brincarse las leyes contra el lavado de dinero en una serie de transferencias por 378 mil 400 millones de dólares a las cuentas de las casas de cambio en México, labor que se llevó a cabo durante tres años. Lo insólito es que se trata de una suma equivalente a lo que produce México entero, en promedio, durante cuatro meses.
El diario detalla, utilizando los documentos de la Corte, que:
en numerosas ocasiones, diversas cantidades de dinero fueron depositadas en las casas de cambio directamente por organizaciones del narcotráfico. Luego, utilizando identidades falsas, estas casas transfirieron el dinero a través de sus correspondientes cuentas bancarias en Wachovia para adquirir aviones para los narcotraficantes.
A lo largo de 10 días, varias transferencias realizadas por cuatro individuos pasaron por Wachovia para ser depositadas en la cuenta de un agente de aeronaves. Todas estas transferencias estaban en números redondos. Ninguno de los individuos que hicieron la transferencia tenía relación alguna con la aeronave o con la entidad que presuntamente era su propietaria. La investigación reveló posteriormente que todas las identidades de los individuos que enviaron el dinero eran falsas y que la empresa era una entidad encubierta. Ese avión posteriormente fue confiscado con aproximadamente 2 mil kilos de cocaína a bordo.
El acuerdo de la Corte en 2010 explica que “cerca de 13 millones de dólares pasaron por las correspondientes cuentas bancarias de Wachovia para la adquisición de aeronaves que serían utilizadas en el tráfico ilegal de drogas. En estas aeronaves, posteriormente, se confiscaron más de 20 mil kilogramos de cocaína”.
¿Hacen falta mayores evidencias?
Lo más indignante del asunto es que, al considerar “la creciente cooperación y las acciones de remedio” tomadas por el banco, luego de que fuera comprado por la Wells Fargo, se recomendó que el juicio fuera aplazado un año. En ese lapso, el banco quedó fuera de sospecha.
Hasta la fecha, no hay un solo individuo detenido sobre el asunto.
MARIO GUILLERMO HUACUJA ha sido profesor universitario, comentarista de radio, guionista de televisión y funcionario público.
