Este análisis se concentra en esa importante franja de entrevistados que decidieron no responder a la pregunta sobre sus preferencias electorales para presidente de la República y en las distorsiones que pueden aparecer cuando se contabiliza la “no respuesta” para obtener porcentajes de preferencias efectivas.
Como se recordará, la campaña por la presidencia comenzó el primer minuto del 30 de marzo de 2012 y durante el siguiente mes, hasta el 30 de abril, poco ocurrió que fuera “impactante” para la opinión pública, salvo el alud de spots que con diferentes tonos y énfasis sepultó a los electores, en busca de posicionar a cada uno de los candidatos de la mejor manera posible.
Las encuestas nacionales, realizadas cara a cara y en vivienda por diferentes casas encuestadoras y publicadas durante dicho periodo, registraron pocos cambios en las preferencias brutas y efectivas de intención de voto, tal como se puede constatar en el sitio de internet que se convirtió en el “reservorio” más completo de información electoral.1 Enrique Peña Nieto (EPN) estaba arriba en la preferencia bruta, rondando los 40 puntos porcentuales, mismos que, al ser convertidos en preferencia efectiva —habida cuenta del alto porcentaje de personas que no respondieron a la pregunta de intención de voto—, lo ubicaban sólidamente por encima de los 40 puntos porcentuales en la mayoría de los ejercicios publicados. Detrás, pero manteniendo una tendencia de crecimiento, se pudo observar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se movía en la franja de los 15 a los 20 puntos porcentuales. Finalmente, Josefina Vázquez Mota (JVM) mostraba una tendencia ligera a la baja, dentro de la franja de los 24 a los 21 puntos porcentuales.
Lo anterior prefiguraba un escenario donde los sucesos que podrían, presumiblemente, mover o sacudir el status quo eran los dos debates formalmente programados: el del 6 de mayo y el del 10 de junio. Las primeras encuestas realizadas después del primer debate no arrojaron mayores cambios, salvo la confirmación de que la distancia entre JVM y AMLO era cada vez más estrecha, al punto de que para varias casas encuestadoras era ya un claro too close to call.
A la luz del primer debate, una aduana que EPN había superado sin mayores daños, era poco previsible que cinco días después, el 11 de mayo, una actividad como la visita del candidato a la Universidad Iberoamericana pudiera desatar, de manera directa o indirecta, los hechos que se dieron a continuación: las declaraciones del presidente nacional del pri, transmitidas radiofónicamente por Ibero 90.9, ante la actitud de algunos estudiantes; la respuesta de los estudiantes de la Ibero, que dio pie al surgimiento del movimiento #YoSoy132; las primeras marchas anti-Peña, del 19 y 20 de mayo; las acusaciones contra el exmandatario de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por presunto lavado de dinero; el “pase de charola” entre empresarios realizado por allegados a amlo; las campañas de “contraste” o “negras” contra epn (por corrupción) y contra amlo (particularmente el spot basado en parte del discurso que pronunció en la Plaza de las Tres Culturas).
Ante estos y otros sucesos, incluido el segundo debate (10 de junio), y hasta el cierre de campañas (27 de junio), ¿qué ocurría en las encuestas?, ¿registraban cambios —algunos consideraban natural que lo hicieran— o no? La Gráfica muestra íntegramente lo que la “película” proyectada por 52 encuestas nacionales, en vivienda, narró durante los últimos 57 días de campaña. En dicha gráfica se aprecian líneas de tendencia para cada uno de los cuatro candidatos y una línea de tendencia para el electorado que “no respondió” a la pregunta de intención de voto.
Es importante mencionar que la “no respuesta” no significa necesariamente que los encuestados no supieran cómo hubieran votado el día que fueron entrevistados: simplemente no quisieron contestar, por el motivo que sea; el día de la elección, algunos de ellos votarían y otros no. Por lo tanto, llamarlos “indecisos” y considerarlos, como algunos hacen, la clave que decidiría el resultado final es inadecuado. De igual modo, no se puede dar por hecho que quienes sí contestan sobre su intención de voto necesariamente participarán el día de la elección. La realidad es que dentro de este grupo existe un porcentaje significativo que finalmente no sufragará.
Sirva lo anterior para argumentar que todas las encuestas tienen que contender con esta realidad: al momento de ser entrevistados, ni todos los que declaran que votarán por alguien irán a votar, ni todos los que no manifiestan su intención de voto dejarán de ir a votar. Pero independientemente de lo que vayan a hacer, pertenecen a la población objetivo de toda encuesta (siempre y cuando tengan credencial de elector vigente).
De aquí que las casas encuestadoras puedan reportar tres tipos de datos:
1. Por un lado, los datos de intención de voto bruta, lo cual implica transparentar cabalmente, ante la opinión pública, los comunicadores y los analistas, de qué tamaño es la no respuesta y lo que esto implica en términos de la calidad del levantamiento, la estructura del cuestionario y las condiciones geográficas, socioeconómicas y de inseguridad de los lugares donde se realiza el levantamiento. Esta información es la materia prima que recolectan las casas encuestadoras; si llega a tener sesgos respecto a la distribución real del electorado —en términos geográficos, de género, de grupo de edad y de no respuesta esperada—, suelen procesarse a través de factores de corrección y de expansión estadísticos. Como parte de esta materia prima, también es deseable que se dé a conocer el muy importante dato de la “tasa de rechazo”; de manera general, puede estar por encima del 50 por ciento.
2. Por otro lado, los datos de intención de voto efectiva. Independientemente del tamaño de la “no respuesta”, los encuestadores la redistribuyen entre las proporciones de intención de voto bruta que se registraron para los candidatos en contienda. Se asume que de haber respondido sobre su intención de voto, quienes no lo hicieron tendrían una distribución similar a la de aquellos que sí manifestaron su preferencia; o que dicha proporción de no respuesta presumiblemente no votará. Este procedimiento sería adecuado si hubiera suficiente evidencia empírica de que en todos los casos se cumple con el primer supuesto o el segundo. Es relevante mencionar que lo que este procedimiento logra al final es aumentar la diferencia porcentual entre candidatos: ineludiblemente, le da más puntos porcentuales a quien va adelante en las proporciones brutas. Así las cosas, a mayor no respuesta y mayor diferencia en intención de voto bruta entre el primer lugar y el segundo, mayor la diferencia efectiva entre ellos. Este efecto ha sido motivo de diversas críticas.
3. Finalmente, la proporción de la muestra que se considera con mayor factibilidad de sufragar el día de la elección. Este grupo se conoce genéricamente como el de “votantes probables”. Es muy importante destacar que el uso de modelos de votantes probables no es un mero ejercicio “intuitivo” de los encuestadores —como por ahí se dice. Todo lo contrario, estos modelos pueden ir desde la aplicación de preguntas filtro aplicadas in situ, para conservar solo una muestra de personas con mayor probabilidad de votar, hasta el uso de métodos totalmente estadísticos y replicables que generalmente implican crear scores de factibilidad fundamentados en las respuestas a un conjunto de variables que tengan valor predictivo de la participación, y el uso de escenarios de participación y herramientas estadísticas de análisis multivariado, como es la regresión tipo logit, por mencionar solo una.
¿Cuál es la mejor manera de informar a la opinión pública sobre los posibles escenarios de votación? Una respuesta que puede lanzarse está en la experiencia de Estados Unidos donde, conforme se acerca el día de la elección, los modelos de votantes probables se multiplican y van sustituyendo, poco a poco, los informes sobre votantes inscritos (registered voters); al final de la contienda, prácticamente todos los encuestadores convergen para dar su último resultado mediante modelos de votantes probables.
En esta ocasión en México, los resultados de encuestas que se reportaron bajo el modelo de votantes probables solamente fueron tres; la mayoría de los resultados fueron difundidos de acuerdo con el modelo de intención de voto bruta e intención de voto efectiva.
Dado que la intención efectiva está en función de la cantidad de no respuesta y esta tuvo amplias variaciones —que tendrán que ser analizadas por el gremio de los encuestadores—, regresemos a la Gráfica y veamos la “película” que narraron 52 ejercicios de encuestas a través de la materia prima, esto es la intención de voto bruta recogida por las distintas agencias.
Podemos apreciar que, a pesar de los sucesos acaecidos a partir del “affair de la Ibero”, las variaciones respecto a la intención de voto para epn se mantuvieron estables, salvo en algunos casos notorios, que muestran reducciones por debajo de la franja de los 35 a los 40 puntos porcentuales. También es notable la estabilidad que casi siempre mantuvo la intención de voto por jvm alrededor de los 20 puntos porcentuales. Destacan los valores de R² observados para ambos candidatos. Sin embargo, el caso de amlo fue diferente, ya que sí se manifestó un crecimiento paulatino, de poco menos de 20 puntos porcentuales a 25 puntos porcentuales, en promedio. Véase su valor de R².
A pesar del estrechamiento de la ventaja de epn sobre amlo, que al inicio de mayo era de poco más de 15 puntos porcentuales, la diferencia termina siendo de poco más de 10 puntos. Hubo algunas mediciones que reportaron diferencias menores; las más notables fueron la de 3 puntos de un periódico nacional y la de 6 puntos de una empresa internacional. Hubo algunas más también por debajo de los 10 puntos. Pero, en general, predominaron las diferencias mayores, por lo que las mediciones con diferencias menores a 10 puntos fueron consideradas por varios como outliers de la corriente principal. Esta apreciación se mantuvo en la mente de muchos miembros de la industria de las encuestas y de los medios que divulgaron las diferencias mayores. Sin embargo, el resultado final demostró que las consideradas outliers fueron mediciones válidas que detectaron un fenómeno que otras no.
La medición de la opinión pública está inmersa en el campo de las ciencias sociales. Como actividad científica, debe cuestionarse siempre si está usando instrumentos válidos (que midan lo que se supone que deben medir) y confiables (que repetidas mediciones sean consistentes en sus resultados). Así, es factible que la historia que narraron las encuestas mostradas en la Gráfica fuera confiable, pero no necesariamente válida, es decir, que la distancia entre EPN y AMLO fue consistente en repetidas mediciones de diversos encuestadores, y por ello confiable, pero que la magnitud era incorrecta, y por lo tanto inválida.
Las explicaciones de lo ocurrido deben buscarse amplia y profundamente en varios frentes, sin autocomplacencias ni autoflagelaciones. Se trata de una revisión de todos los aspectos involucrados en la actividad demoscópica, desde las técnicas de selección muestral (v. gr. uso o no uso de estratificación implícita) y la dispersión geográfica con cobertura tanto por circunscripciones electorales como por tipo de sección, hasta el diseño de cuestionarios y la colocación de la pregunta de intención de voto, el uso de papel o de dispositivos portátiles de almacenamiento electrónico, el empleo de boletas y urna o de tarjetas, la técnica de selección de los entrevistados, los métodos de tratamiento de la no respuesta y el uso de expansores estadísticos.
La opinión pública debe conocer más argumentos que el de aquellos que dicen que es factible que la disminución de la distancia entre EPN y AMLO se debiera a un cambio importante ocurrido entre el levantamiento de las últimas encuestas y el día de la elección; o aquel que dice que las encuestas miden al electorado todo, pero no a aquel en particular que realmente se presenta a votar, implicando con ello que se trata de dos poblaciones objetivo diferentes, como si no fuera la segunda población (los que votan) parte de la primera (todo el electorado); o aquel otro que dice que una proporción importante de la población decidió hasta el último momento por quién votar y ello amplió la proporción de AMLO.
Aparte de los argumentos anteriores, cuya certeza no necesariamente se pone aquí en tela de juicio, sería conveniente identificar algún fenómeno que explicara mejor por qué hubo mediciones sobrestimadas, pero consistentes y casi constantes, de la intención de voto por EPN, y mediciones subestimadas de la intención de voto por amlo. Este fenómeno puede atribuirse a una forma de la “espiral del silencio”2 que no pudo ser detectada por la mayoría de las agencias encuestadoras debido a que los instrumentos empleados por ellas no la desentrañaron. Sin embargo, el fenómeno sí apareció reportado en encuestas distintas con menor cobertura noticiosa, bajo la forma de un estrechamiento de la diferencia entre el primer lugar y el segundo, por debajo de los 10 puntos porcentuales.
Será materia de otros análisis la evaluación del impacto que pudieron haber tenido en la opinión pública los resultados de las encuestas: si inhibieron el voto táctico, si perjudicaron a algún candidato en específico y muchas consideraciones más. Por el momento y por el bien de la industria de medición de la opinión pública, es necesario hacer un ejercicio profundo de reflexión sobre lo ocurrido y, a partir de él, mejorar los estándares de calidad de los estudios político-electorales. Es imperioso hacer esto antes de que cobre cuerpo la siempre existente corriente de regular (legislar) el ejercicio de las encuestas, y con ello limitar a la opinión pública en su exposición a información útil.
1 ADN Político, sitio de internet de CNN.
2 Elizabeth Noelle-Neuman, “The Spiral of Silence: A Theory of Public
Opinion”, Journal of Communication, núm. 24, 1974, pp. 43-51.
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ADRIÁN VILLEGAS C. es profesor del diplomado de Investigación de Mercados del ITAM y director de Estudios Políticos de Ipsos México.
