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La reforma migratoria y la atención a la salud
Este País | Fernando Sepúlveda Amor | 26.08.2009 | 0 Comentarios

El presidente Obama, en su discurso a propósito de los cien días de su mandato, reiteró su intención de impulsar una reforma migratoria integral en 2009 que permita sacar de la oscuridad a los más de 12 millones de inmigrantes indocumentados y de arreglar el disfuncional sistema de inmigración de los Estados Unidos. Igualmente expresó que ha dado instrucciones a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, de asegurar las fronteras para evitar la inmigración ilegal, controlar el tráfico de armas a México y de drogas a Estados Unidos y combatir al crimen organizado.

Durante estos tres meses de inicio se ha podido observar un cambio radical en el tratamiento de la inmigración ilegal, con la suspensión de las redadas en los centros de trabajo, un mayor énfasis en la consignación de empleadores contratantes de mano de obra indocumentada, la persecución y deportación de inmigrantes con antecedentes criminales, un aumento de personal de inmigración y de aduanas en la frontera con México, mayores efectivos para el control de armas, así como cambios en los procedimientos judiciales de deportación para permitir una mejor defensa de los inmigrantes detenidos. Como en el caso de la reforma a los sistemas de salud, la administración de Obama está dispuesta a que, de no lograr un acuerdo con la minoría republicana, la reforma migratoria pasará por mayoría absoluta, una vez que está cercano el alcanzar los 60 votos necesarios para su aprobación en el Senado, con la declaratoria de mayoría de Al Franken en Minnesota, y el cambio de filas al Partido Demócrata del senador por Pennsylvania, Arlen Specter.

Debemos esperar los términos en que se dará esta reforma, y en qué tiempo estos cambios beneficiarán a los emigrantes mexicanos indocumentados. De aprobarse la reforma en los términos planteados por el presidente Obama durante la campaña, pudiera esperarse la regularización de los indocumentados que cumplen con ciertos requisitos, entre los que destacan una estancia prolongada en el país, con familia en EU, que se encuentren al corriente de sus impuestos, que no tengan antecedentes criminales; el pago de una multa y que aprendan inglés.

Una variante más restrictiva, resultante de la fuerte oposición del Partido Republicano y de los grupos conservadores antiinmigrantes, pudiera ser la regularización de los indocumentados en términos parecidos a los anteriormente enunciados, pero sin acceder a la ciudadanía, con permisos de trabajo por un cierto número de años, y el compromiso de abandonar el país al término del tiempo autorizado, o en su caso, ya sea renovar el permiso, o bajo ciertas condiciones, solicitar la naturalización. En ambos casos, no todos los inmigrantes indocumentados estarán en posición de cumplir con los requerimientos de regularización, por lo que algunos grupos se verán obligados a regresar a sus países de origen, y otros se arriesgarán a permanecer indocumentados, con la esperanza de no ser descubiertos.

Otra incógnita que aparece en el panorama de la aprobación de la reforma migratoria son las condiciones para la prestación de servicios sociales y de bienestar, proceso que puede tomar varios años. Actualmente, los servicios sociales como la atención médica y los beneficios de bienestar a los inmigrantes legales con menos de cinco años de estancia y los inmigrantes indocumentados se han restringido desde la aprobación, en 1996, de la Immigration Reform and Welfare Act, que limita el acceso a los servicios de salud proporcionados por el gobierno.

Una modificación a la ley del seguro de salud infantil (CHIP) y su ampliación presupuestal aprobada en la recién inaugurada administración demócrata, permite la atención de menores inmigrantes, independientemente de su estancia legal y del tiempo de residencia. Un escenario deseable pudiera ser el levantamiento de estas restricciones a los servicios sociales en materia de atención médica, en el marco de las reformas a los servicios de salud programadas por el presidente Obama y el Congreso para septiembre de este año, que incluyen como uno de sus objetivos la cobertura universal de la atención médica.

Esta acción, en teoría, permitiría cubrir de inmediato con servicios médicos a los emigrantes mexicanos legales que no cuentan con un seguro médico. No es posible determinar el número exacto de compatriotas beneficiados por esta medida, pero se puede inferir, con base en datos previos, que cuando menos un millón de emigrantes mexicanos legales y 4.9 millones de indocumentados no contaban en 2007 con un seguro médico, por lo que estos últimos no tendrán derecho a un ingreso inmediato a la cobertura de un seguro de salud por aprobarse este año, pero podrán incorporarse gradualmente en la medida que logren su regularización migratoria.

Para calcular el número total de mexicanos emigrantes sin seguro médico –legales e ilegales– partiremos de la base estimada en 2007 de 5.9 millones de personas (46%) no aseguradas, que pudiera haber aumentado a 7.5 millones de personas en el primer trimestre de 2009, partiendo de una estimación presentada por la Kaiser Family Foundation, que establece la pérdida de un millón de asegurados médicos por cada punto porcentual de aumento en la tasa de desempleo, la que para los trabajadores migrantes mexicanos es actualmente de 9.7%, por arriba del 8.1% registrado a finales de 2008. Este número puede alcanzar casi a la totalidad de los mexicanos radicados en Estados Unidos en el caso de elevarse la tasa de desempleo a 13.4% prevista por algunos analistas para el último trimestre del año para los migrantes mexicanos, con excepción de aquellos hijos de inmigrantes inscritos en el programa CHIP.

En el caso extremo de que la reforma migratoria no incluya ninguna provisión para la atención médica de los indocumentados, nos encontraremos con una situación bastante delicada ante la falta de protección de las condiciones de salud de más de 7 millones de emigrantes mexicanos. Suponiendo que, por el contrario, se aprueban disposiciones para incorporar a los inmigrantes sin documentos en los programas de salud, el proceso de regularización tomará algún tiempo, por lo que un buen número de emigrantes mexicanos en Estados Unidos continuarán en la misma situación, y seguirán atendiéndose con médicos privados, clínicas comunitarias y salas de emergencia, o no recibirán atención médica debido a su alto costo en EU, que los obliga, de acuerdo con una encuesta de la Kaiser Family Foundation, a no acudir al médico (60%), a sustituir las visitas al médico por medicinas sin receta (42%), a posponer el tratamiento o a no comprar las medicinas recetadas (29%), con graves consecuencias para su salud.

El panorama presentado anteriormente cubre únicamente la regularización de los indocumentados en Estados Unidos, pero la reforma migratoria integral planteada por Obama abarca otros aspectos relacionados con la regulación de los flujos migratorios, que permitan el acceso de extranjeros con base en cuotas flexibles que atiendan las necesidades demográficas y laborales de acuerdo con la oferta y la demanda de la economía, y no sustentadas en cuotas rígidas de inmigración, las que han contribuido a la disfuncionalidad del sistema actual. No se vislumbra la dirección que pueda tomar la reforma migratoria en cuanto al ingreso de nuevos inmigrantes a Estados Unidos.

Se mantendrán, seguramente, muchas de las facilidades para la entrada de científicos, profesionistas especializados e inversionistas. Posiblemente, la demanda de puestos de trabajo que los estadounidenses no pueden o no quieren atender pueda ser cubierta por un programa de trabajadores temporales semejante al desarrollado por Canadá, que crezca o disminuya de acuerdo con las necesidades laborales internas. En este caso, los trabajadores temporales huéspedes deberán contar con los servicios sociales necesarios en materia de vivienda, atención de la salud y protección laboral asociados con estos programas.

La reforma migratoria se empezará a discutir en 2009 y probablemente se aprobará en 2010, convenientemente antes de las elecciones intermedias que tendrán lugar el próximo año, cuando el voto latino represente una base electoral muy importante, pues en las elecciones presidenciales registró 7.4% de la votación total, con un índice de participación del 47% de los votantes hispanos, y tiene un potencial de crecimiento hasta del 66.1% para igualar el de los votantes de raza blanca.

Puede anticiparse que los grupos conservadores del Partido Republicano y otros sectores antiinmigrantes se opondrán a una regularización de los indocumentados, que ellos consideran una “amnistía”, así como a las medidas que permitan el ingreso de nuevos núcleos de población inmigrante. Esta oposición, que en el fondo tiene un profundo sentido racista, tiene su origen en el rechazo a otras culturas, etnias, religiones y al mundo exterior en general. No contempla, en el largo plazo, la decadencia de Estados Unidos por el envejecimiento de su población, por la falta de inyección de sangre nueva y por el anquilosamiento de su planta productiva. Sin embargo, los opositores a la reforma migratoria, principalmente en el Partido Republicano, no utilizarán una retórica incendiaria antiinmigrante, ni una oposición abierta a la propuesta demócrata, actitud que les valió el rechazo del voto hispano en las pasadas elecciones. Usarán medios más sutiles y subterráneos.

La estrategia republicana se sustentará en métodos efectivamente probados en el pasado, basados en infundir temor en la población, en identificar enemigos de EU y del “modo de vida americano”, y difundir rumores y mentiras para alarmar al electorado. Para ello crearán situaciones y utilizarán a los medios de comunicación para la difusión de documentos y de campañas en contra de la inmigración y de sus países de origen. El presidente Calderón ha afirmado que existe una campaña de desprestigio en contra de México.

No señala de dónde viene esta campaña ni quiénes están detrás de ella. Adelantamos aquí una explicación. Lamentablemente para nuestro país, las recientes publicaciones internacionales presentan a México como un Estado fallido, a punto del colapso económico y social, con un grave problema de seguridad interna por los embates del narcotráfico, y ahora, desafortunadamente, origen de la pandemia del virus de la influenza humana, que insidiosamente denominan como “mexicana”.

Son imágenes que podrían formar parte de una estrategia para atemorizar a los estadounidenses, presentando a México como un país inestable y peligroso para la seguridad de Estados Unidos, y a los mexicanos como narcotraficantes, portadores de enfermedades y una carga fiscal para los contribuyentes debido a la inmigración ilegal. También hablan de la posibilidad del derrumbe del Estado mexicano y la consecuente invasión de mexicanos en busca de la seguridad en Estados Unidos. Para algunos, esta interpretación puede resultar aventurada y sin bases documentales. Sin negar la gravedad de los grandes problemas nacionales, resulta coincidente el inicio de estas publicaciones a partir de diciembre de 2008, una vez decidida la contienda electoral a favor del presidente Barack Obama. ¿Quiere decir que en 2007 y los años anteriores no se registró un elevado número de muertes por el combate al narcotráfico? ¿Qué Joaquín El Chapo Guzmán no venía operando desde una década atrás? ¿Ignora que desde 2003 la comunidad mundial se preparaba para una posible pandemia causada por el virus mutante de la influenza? Por otra parte, en forma tendenciosa pasan por alto estas publicaciones que el Índice de Estados fallidos ubica a México en el lugar 106 entre un total de 177 países, lo que representa una posición entre el 40% de los países más estables.

La presentación del Chapo Guzmán por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del planeta, junto con Carlos Slim, y luego en la revista Time como uno de los hombres más influyentes en el mundo, revelan, en el primer, caso mala fe y, en el segundo, una gran frivolidad. Al Chapo Guzmán lo quieren convertir en un símbolo del tráfico de drogas en México, al igual que a Pablo Escobar Gaviria en Colombia. No importa que el Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa no sean más que una fracción de un sistema de distribución mucho más amplio y complejo que incluye a los Beltrán Leyva, a “La Línea” del cártel de Juárez, a los Arellano Félix en Tijuana, a los Valencia en Colima, a “La Familia” en Michoacán, para mencionar a los principales, y que el valor de las operaciones que le atribuyen al Chapo Guzmán no corresponde al total de las operaciones del narcotráfico en México. Históricamente, el Partido Republicano ha utilizado como herramienta el avivar los temores de la población en Estados Unidos para fines electorales. Anteriormente fue el temor al comunismo y la amenaza nuclear soviética; en la actualidad, el terrorismo internacional y el extremismo musulmán.

La pérdida en las elecciones de 2008 dejó maltrecho al Partido Republicano, sin una propuesta atractiva para el electorado, una plataforma desgastada y una ausencia de figuras relevantes que puedan sacar al partido adelante. Actualmente su afiliación declarada bajó al 21% del electorado. Ideológicamente sus bases conservadoras son profundamente antiinmigrantes y se oponen a una reforma que permita la regularización de los inmigrantes con estancia ilegal en el país. Su plataforma promueve la reducción del gobierno y de los impuestos, en contraste con las políticas que la administración del presidente Obama está poniendo en práctica. La estrategia de los republicanos hacia las elecciones intermedias de 2010 se ha delineado con base en el ataque al enorme gasto que representa el rescate financiero y el paquete de estímulos a la economía, así como el elevado endeudamiento que estos y otros programas, como la reforma a los sistemas de salud, que se tienen programadas para este año, sin reconocer que la enorme crisis económica que enfrenta el país se originó en la administración republicana del presidente Bush.

En cuanto al tema migratorio, los estrategas electorales del Partido Republicano, conscientes del voto de castigo que el electorado hispano presenta ante las posiciones abiertamente antiinmigrantes, han optado por un ataque indirecto en contra de las propuestas de Obama sobre la reforma a los sistemas de salud e inmigración, presentándolo, por un lado, como no suficientemente firme en materia de seguridad y de protección de las fronteras, y por otro, como una administración que permite la invasión de inmigrantes ilegales procedentes de México, que gravitan sobre los servicios sociales de educación y salud del país. Una muestra de lo anterior es el estudio patrocinado por la Coalition for Immigration Reform in Texas, elaborado por el consultor James Bernsen, presentado al congreso estatal, en el que se afirma que el gasto de Texas causado por la inmigración ilegal se calcula entre 4.5 y 6 mil millones de dólares –el rango es amplio, por lo que el estudio no parece ser muy preciso– principalmente en los rubros de transporte, educación y de salud, gasto mayor que los mil millones de dólares que los inmigrantes ilegales pagan en impuestos al salario.

Estas afirmaciones contradicen los estudios realizados por otras fuentes de reconocida seriedad, como los realizados por la Reserva Federal de Dallas;1 el informe del economista en jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bush en 2007, que señala que ”los inmigrantes y sus descendientes pagan más impuestos de los que el Estado les devuelve a través de los servicios públicos”; así como el elaborado por el Perryman Group sobre el impacto de la fuerza de trabajo indocumentada en Estados Unidos.2 El estudio del consultor James Bernsen es mal intencionado. No todos los gastos en educación y salud en Texas son pagados por el estado. Otros impuestos federales y locales cubren estos gastos.

El señor James Bernsen es un consultor en política y relaciones públicas de afiliación republicana, egresado de la escuela de Administración de Campañas del Partido Republicano de Texas. Ha trabajado en la fundación conservadora The Lone Star Foundation, y ha tenido a su cargo la oficina de prensa de diversos políticos republicanos. De acuerdo con la información contenida en su página web se especializa en estrategias de comunicación para influir en la opinión y moldear las políticas públicas. Más claro ni el agua: el señor Bernsen no es un especialista en temas de inmigración; es un especialista en manipulación de la información.

Menos burda y más organizada, la operación del Center for Immigration Studies, a cargo de Mark Kirkorian y de Steven Camarota, está encaminada a la publicación de estudios sistematicos sobre la inmigración en general como un peligro para la identidad de Estados Unidos, propugnando por el cierre de las fronteras, la aplicación de medidas de restricción a la inmigración, y las presiones para que los ilegales abandonen el país, conocida como la política de “enforcement only”. Por cierto, aparece como miembro del Consejo de este Centro el profesor del William and Mary College, George Grayson, articulista de la revista Milenio, en donde escribe sobre la relación México- EU y sobre temas diversos de política en México. La Federation for American Immigration Reform persigue las mismas finalidades en la búsqueda de una inmigración selectiva y restringida. Fundada por John Tanton, quien igualmente apoya al Centro para Estudios de la Inmigración, la Federación ha creado una serie de organizaciones filiales –algunas de ellas fantasmas- para cabildear su visión de la inmigración en Estados Unidos.

Sorprende que en México no se cuente con un centro de estudios de la emigración mexicana en el exterior, que investigue en México y en el exterior, recopile información, la procese y analice, y provea al gobierno de México con materiales y documentos que le permitan tomar decisiones informadas y de posiciones en las negociaciones con Estados Unidos en la materia, de la misma manera que otros centros de estudio lo hacen en la Unión Americana. México cuenta con centros de investigación que tradicionalmente han abordado temas de política internacional. Sin embargo, al revisar la producción reciente de estas instituciones académicas y organizaciones gubernamentales no se observa que el tema de la emigración, el proceso migratorio y sus características en México y en EU sea un tema abordado de manera regular y sistemática, encontrándose el énfasis en otras áreas de la relación bilateral.

Cuando se requiere abordar el tema se hace necesario convocar a investigadores extranjeros, cuando este asunto es prioritario en la agenda nacional, tomando en consideración que se refiere a una población de 12.7 millones de personas, equivalente al 11.8% del total de la población en México en 2008, y que resulta de igual tamaño que la población de un país como Guatemala. La reforma migratoria en Estados Unidos seguramente se pospondrá hasta 2010; las campañas antiinmigrantes y los ataques contra México continuarán. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo?

1 Moving Toward the Integration of North American Labor Markets, UTEP, Pía M. Orrenius, Ph. D. Senior Economist & Policy Advisor, Research Department. Federal Reserve Bank of Dallas, 2007.
2 Impact of the Undocumented Workforce on Business Activity in the US. The Perryman Group, 2008.

Fernando Sepúlveda Amor

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