La convocatoria de Este País a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en el contexto de violencia que hay en México es uno de los escasos signos promisorios que encuentro para que éstos se hagan cargo de su función social frente a la ofensiva del crimen organizado. Por eso acepté con gusto la gentil invitación de los directivos de la revista.
Ciudad Juárez en 1905, foto tomada de Flickr Creative Commons License
Una razón de Estado
Ya en otro lado aludí a los escasos aprovisionamientos culturales, éticos y profesionales con que buena parte de los medios enfrentan la inédita situación nacional; aquí mismo también lo hizo Pablo Hiriart el mes pasado. Entonces sólo registro que, en efecto, la calidad informativa es uno de los temas centrales que cada empresa de comunicación debe encarar, al igual que la delimitación de las medidas que protejan al periodista. El primer caso implica establecer códigos de ética y manuales de procedimiento así como capacitar al profesional de la información; el segundo aspecto determina la responsabilidad del medio para garantizar en todo lo posible la integridad del reportero.
Creo, sin embargo, que vale la pena poner énfasis en la necesidad de un diagnóstico que logre homogeneizar el sentido del desempeño periodístico en el marco, por supuesto, de la pluralidad que arroja la decisión editorial, independiente, de cada empresa mediática. Me explico: si queremos que el exhorto a la unidad entre los medios no quede en proclama, vale la pena preguntar: ¿unidad para qué? Y me parece que antes de contestar es imprescindible hacer otro cuestionamiento: ¿asistimos o no, en México, a un auténtico desafío contra el Estado, las instituciones y las leyes? La respuesta es sí. Estoy convencido de que una gran mayoría de los periodistas lo entendemos de este modo, por lo que creo que desde ahí los medios podrían darle dirección a la unidad. Más allá de (o, si se quiere junto con) las críticas a la lucha del gobierno federal contra el narcotráfico, un piso común de la oferta informativa estaría precisamente en el reconocimiento de que esas bandas criminales son las que atentan contra la democracia y no la estrategia con la que se les enfrenta, por más que a ésta se le entienda o sea errática o fallida.
Para decirlo rápido: el combate y el registro de los actos delictivos es una razón de Estado, y ambas acciones (combate y registro) no están disociadas. Al respecto, me parece que ni el gobierno federal ni los medios de comunicación le hemos dado tal magnitud al problema. No lo ha hecho el presidente Felipe Calderón desde el inicio de su estrategia cuando, el 11 de diciembre de 2006, decidió emprenderla solo —es decir, sin contemplar el parecer de los demás actores políticos— hasta ahora que, prácticamente, no reconoce equivocaciones y por eso no enmienda medida alguna. Y tampoco lo han hecho los medios que, ante cada acto violento, reaccionan de manera improvisada y errática, como advirtió aquí hace dos meses Raymundo Riva Palacio al pormenorizar sobre la técnica y el lenguaje periodísticos que distorsionan el hecho si no es que lo magnifican (coincido, por cierto, con sus propuestas).
Un ejemplo reciente donde se entrecruzan los actos del gobierno y de los medios ocurrió el 24 de agosto pasado, el día en que rindieron su informe preliminar los relatores de la libertad de expresión de la OEA y la ONU, Catalina Botero Marino y Frank La Rue, respectivamente, luego de su visita a México, que transcurrió del 9 al 24 de ese mes. Es necesario enfatizar que el informe de marras se construyó sobre la base de la información proporcionada por organizaciones civiles, profesionales de la información y directivos de medios, así como por expertos en la materia de México. O sea, no fue un trabajo improvisado sino que refleja en toda su magnitud tanto los avances que hay en el tema como los enormes problemas que tenemos y que, nada más y nada menos, representan la posibilidad de conculcar el derecho elemental de informar y opinar, y eso, sin exagerar, ya ocurre en varias regiones del país.
Cuestión de imagen
No obstante el impactante documento que, entre otros aspectos, verifica las presiones, los amagos y las amenazas de los criminales sucedidas sobre todo en el norte del país, el Presidente Calderón no le concedió audiencia a los relatores ni tuvo palabras para referirse al informe. En contraste, por esos días, el jefe del Ejecutivo apareció en la portada de la revista Hola para festejar su cumpleaños número cuarenta y ocho y luego, a mediados de septiembre, recibió en Los Pinos a la hermosa tapatía Jimena Navarrete para felicitarla por su triunfo en el certamen Miss Universo, llevado al cabo en Las Vegas el 23 de agosto. En ambas ocasiones, el mandatario dijo que esto lo hacía para mejorar la imagen de México y aminorar la proyección del país como una región en donde sólo hay asesinatos. Con ello, el gobierno federal ratificó su línea de comunicación que enfatiza que la violencia es una percepción generada por los medios (incluso, en esa ruta, el 28 de septiembre anunció inversiones millonarias para promover el turismo en el país; la respuesta del crimen organizado se dio el dos de octubre: secuestró a 20 turistas michoacanos que vacacionaban por Acapulco, Guerrero).
El 22 de septiembre el Presidente enmendó parcialmente la equivocación de no recibir a los relatores de la ONU y la OEA, y se reunió con la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas. Ahí, Calderón se comprometió a proponer un plan de protección para los periodistas que no tendría un carácter obligatorio para los medios, compromiso que realizó a principios de octubre. Pero hasta el momento de escribir estas líneas ni los directivos de los medios ni los periodistas habían puesto de relieve la discusión del tema.
El reporte de los relatores de la OEA y la ONU no sólo fue desdeñado por el gobierno federal sino también por la mayoría de los medios que, incluso, lo ignoraron y por ende (casi) no hubo análisis y debate en ese ámbito inasible que llamamos opinión pública. Por eso me parece que si en algún momento tiene sentido convocar a la unidad de las empresas informativas es en situaciones específicas como ésta, cuando hay material muy valioso para evaluar las condiciones de nuestro trabajo y valorar las acciones correspondientes. Por esto, todos los medios necesitaríamos difundirlo (aparte de demandar acciones provenientes del gobierno federal).
Las relatorías recuerdan que, según los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado no sólo se halla obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos violentos contra periodistas, “sino también a prevenir razonablemente agresiones provenientes de particulares”. Pero además, dicen los relatores, el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia. El hecho es que, sin embargo, prevalece la impunidad.
Las diversas fuentes consultadas por las Relatorías confirman que la violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse. Llama la atención de las Relatorías que sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la única institución estatal que cuenta con un registro público y documentado de crímenes contra periodistas. La CNDH reporta que 64 periodistas han sido asesinados del año 2000 a julio de este año y 11 han sido desaparecidos del año 2006 a julio de este año. De estos casos, 29 asesinatos y 5 desapariciones han ocurrido tan sólo desde el año 2008.
No son daños colaterales
Desde 2006 los narcotraficantes han demostrado que saben de la importancia de los medios y tienen su propia política de comunicación. Saben que el desprestigio de las instituciones y las leyes opera en su favor y sobre esa base orientan la mayoría de sus acciones. En la zona norte del país, y como parte de una tendencia que tienden a ampliarse en más regiones, los amagos y las amenazas que hacen ya son parte de las condiciones en las que los periodistas desarrollan su trabajo. Por eso coincido con Roberto Rock cuando advierte que tal situación no forma parte de los daños colaterales del crecimiento de la violencia, “sino (que) es producto de una estrategia clara de las mafias para controlar no sólo rutas y mercados, sino también la información que consume la sociedad” (El Universal, 27 de septiembre de 2010).
En esta vertiente, otra vez, asistimos al entrecruce del gobierno federal con los medios. Es decir, no prevalace la idea de que los periodistas son atacados como parte de la estrategia del narcotráfico para intervenir en su trabajo y que, por tanto, esos ataques no son la secuela nada más de la violencia del crimen organizado.
El lector recordará el editorial de El Diario de Juárez correspondiente al 19 de septiembre, en el que los directivos del periódico preguntan “¿Qué quieren de nosotros?” a las bandas de narcotraficantes que disputan la plaza de la ciudad, y donde también demandan al gobierno federal esclarecer el atentado del 16 de septiembre, en el que murió el fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco y resultó herido su compañero. Al respecto, fue notoria la equívoca reacción del gobierno federal luego de que, el 20 del mismo mes, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, adelantara y diera como válida una línea de investigación referida a que la agresión a los periodistas se vincula con asuntos personales. Es decir, sin mayores elementos de juicio. Sobre todo, al adelantarse a las indagatorias, el funcionario descalificó los procedimientos legales que deben seguirse y quiso borrar cualquier demanda relacionada con las garantías que el Estado debe otorgar al trabajo informativo. Por su parte, los medios registraron el tema y buena parte de ellos cuestionó la actitud de Poiré, pero ni tal agravio ni los que siguieron han significado el acicate suficiente para que se impulsen las tareas necesarias.
Al igual que aquellos que han expresado sus opiniones en estas páginas, no soy optimista en relación con la posibilidad de que los medios se unan en este contexto inusitado, más aún cuando no se han presentado ideas espectíficas para pasar de la proclama a los hechos. Sin embargo, creo que será el devenir de los acontecimientos el que irá determinando medidas en el ámbito interno de los propios medios y, en situaciones extraordinarias, también provocará acciones conjuntas, aunque sean aisladas o circunstanciales.
[…] Violencia y medios: ¿unidad para qué? Marco Levario Turcott Noviembre 2010 La calidad informativa es uno de los temas centrales que cada empresa de comunicación debe encarar, al igual que la delimitación de las medidas que protejan al periodista. El primer caso implica establecer códigos de ética y manuales de procedimiento así como capacitar al profesional de la información; el segundo aspecto determina la responsabilidad del medio para garantizar en todo lo posible la integridad del reportero.Leer más. […]