No basta con que la información de la actividad gubernamental se encuentre disponible: es fundamental que las instituciones públicas mantengan informada a la sociedad sobre lo que hacen y dejan de hacer. Nuestra autora pone el acento en este deber del Estado y se refiere a la Alianza para el Gobierno Abierto, un esfuerzo multilateral en el que participa también la sociedad civil.
Gobierno abierto: una noción nueva que ha cobrado gran popularidad
El gobierno abierto informa a la población sobre las políticas y programas que despliega, los distintos servicios públicos que ofrece, así como los recursos que destina y eroga para dichos propósitos. Es un gobierno que difunde la información que genera para dar cumplimiento a todas las funciones que tiene encomendadas, a fin de que la población pueda darles seguimiento y sacarles provecho.
El gobierno abierto mantiene una estrecha comunicación con la sociedad, haciendo posible que ésta conozca y vigile su desempeño, lo cual contribuye a elevar la calidad de la gestión pública y a contar con ciudadanos con mejores herramientas para beneficiarse de las acciones que lleva a cabo el gobierno. Con ello, se hace más fluida la retroalimentación entre las demandas ciudadanas y las respuestas gubernamentales.
El gobierno abierto promueve la transparencia y la rendición de cuentas que son palancas eficaces en contra de la corrupción pues, como dijera el famoso ministro de la Suprema Corte norteamericana, Louis Brandeis, “la luz del sol es el mejor de los desinfectantes”.1 Además, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares básicos de un sistema democrático porque apuestan por dotar a la población de los insumos necesarios para sujetar a sus gobiernos a un riguroso escrutinio. Si convenimos que en una democracia los ciudadanos tienen injerencia en los asuntos públicos, el gobierno abierto potencia, por la vía de la información, la participación de la población.
A pesar de que la noción de gobierno abierto es muy reciente, como lo es el reconocimiento constitucional del acceso a la información como un derecho fundamental, los principios que guían al gobierno abierto han ganado enorme popularidad y respaldo social, puesto que se insertan en el contexto de la utilización masiva de las tecnologías de la información, las cuales han caracterizado a los nuevos fenómenos de movilización social surgidos en el norte de África y el Medio Oriente y que incluso se han extendido a países de democracias consolidadas.
La demanda social de gobiernos abiertos volcados a informar a la sociedad sobre sus actos, oferta de servicios y decisiones conlleva la exigencia de que se eche mano de las nuevas tecnologías de la información para ampliar su cobertura y para que los servicios públicos tengan un alcance universal, es decir, para que todos los sectores sociales gocen de los beneficios del quehacer público, independientemente de su extracción social.
En este contexto, el pasado 20 de septiembre de 2011 —en el marco de la apertura de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas—, ocho gobiernos convocados por el Presidente Obama, entre los que se encontraba el de México, acompañados de organizaciones de la sociedad civil de sus respectivos países, lanzaron el proyecto multilateral de la Alianza para el Gobierno Abierto. El objetivo que se perseguía era compartir experiencias y mejores prácticas en materia de transparencia y de rendición de cuentas y, desde ahí, convocar a los demás países miembros de las Naciones Unidas para suscribirlo y constituir así un compromiso global con la idea de un gobierno abierto.
El propósito expreso iba más allá de difundir el manejo de los recursos públicos, apostando a la innovación como palanca para el desarrollo y la generación de comunidades seguras. Todo esto siempre de la mano de organizaciones de la sociedad civil involucradas con la defensa de los derechos humanos, la transparencia y la eficiente gestión pública.
A partir del compromiso de construir esta red multilateral a favor del gobierno abierto que el Presidente Obama había hecho frente a la Asamblea General de la onu en 2010, el propio Departamento de Estado del gobierno norteamericano convocó a siete países (Brasil, Filipinas, Indonesia, Gran Bretaña, México, Noruega y Sudáfrica) a integrar el grupo promotor de la Alianza. Las invitaciones se giraron a las distintas organizaciones de la sociedad civil que son líderes en transparencia y a las entidades gubernamentales reconocidas en cada país por su labor a favor del acceso a la información y la transparencia. Así, en el caso de Brasil, se convocó al Contralor General; en el de Gran Bretaña, a la oficina del Primer Ministro, y en México, la invitación se hizo al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), concretamente por conducto de la comisionada María Marván Laborde. En el lado de la sociedad civil, el llamado se hizo al Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO), a través de su director general, Juan Pardinas.
Durante varios meses, el grupo promotor trabajó en la definición de la ruta a seguir para darle contenido y sustancia a la Alianza, justamente porque una adhesión sin compromisos específicos corría el peligro de quedarse en una mera declaración de buenas intenciones, sin posibilidad de generar un impacto efectivo en las relaciones entre gobiernos y ciudadanía.
Algo más que una declaración políticamente correcta
La Alianza para el Gobierno Abierto estableció cinco grandes desafíos que enfrentan los gobiernos en la actualidad:
- Mejorar los servicios públicos, considerando el amplio espectro de servicios de salud, educación, justicia, agua, electricidad y telecomunicaciones, entre otros;
- Incrementar la integridad pública, lo cual requiere de que el acceso a la información avance en forma proactiva para combatir eficazmente la corrupción y promover la ética pública, a la vez que para robustecer la libertad de la sociedad y de los medios de comunicación;
- Manejar de manera más eficaz los recursos públicos, lo que requiere transparentar los presupuestos, las licitaciones y contratos, las inversiones en los recursos naturales y la asistencia internacional. Se trata de incorporar las nuevas tecnologías para que la información que se ofrezca sea útil y fácilmente utilizable para los ciudadanos;
- Construir comunidades más seguras, promoviendo el acceso a la información sobre el sector de seguridad pública, sobre la respuesta social a las crisis económicas y los desastres naturales;
- Aumentar la rendición de cuentas corporativa, incentivando la responsabilidad corporativa en materias como el medio ambiente, el combate a la corrupción y la protección del consumidor.2
Con estos retos en mente, los ocho gobiernos integrantes del grupo promotor se comprometieron a trabajar con organizaciones de la sociedad civil en sus propios países para elaborar, en un plazo de escasos tres meses, un plan de acción con compromisos específicos en cualquiera de los cuatro objetivos centrales de la Alianza (transparencia, participación de la ciudadanía, rendición de cuentas y tecnología e innovación). Dichos compromisos tendrían que tomar en cuenta los programas y esfuerzos existentes relacionados con los grandes desafíos para, a partir de ahí, elaborar propuestas de avance que puedan ser realizables en un plazo de un año para ser reportadas y evaluadas por sus pares.3 Los ocho planes de acción estuvieron listos para el lanzamiento de la “Declaración del Gobierno Abierto” el 20 de septiembre, fecha que coincidió con la adhesión a la Alianza de 38 países más, los que en esa fecha iniciaron sus trabajos para formular sus respectivos planes de acción para ser presentados en marzo de 2012 en Brasil.
Es cierto que existen precedentes de proyectos multilaterales como éste, pero quizá la gran novedad de la Alianza por el Gobierno Abierto reside en tres consideraciones que la animan: (1) es una alianza en la que los gobiernos van de la mano con organizaciones de la sociedad civil, lo cual los somete a un mayor control y compromiso; (2) para formar parte de la Alianza, los gobiernos deben, además de hacer suya la Declaración del Gobierno Abierto, elaborar un plan de acción basado en una consulta pública a las entidades gubernamentales, capaz de ser cumplido en un año, y (3) comprometerse a informar periódicamente sobre los avances alcanzados.
Para los países firmantes, la existencia de un acuerdo internacional y la concurrencia estrecha de organizaciones de la sociedad civil significa reconocer un elevado nivel de exigencia para con la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que incrementa el costo de un posible incumplimiento con el plan de acción presentado a la comunidad internacional de la Alianza. El compromiso multilateral pretende desprestigiar cualquier tentación de retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas en cada uno de los países miembros.
Los primeros pasos desarrollados por el gobierno mexicano
De acuerdo con la propia metodología acordada por el grupo promotor, el IFAI y la Secretaría de Relaciones Exteriores convocaron a un grupo de dependencias del gobierno federal (dependencias centrales y principales paraestatales) y a 12 organizaciones de la sociedad civil4 para presentar sus respectivos compromisos, partiendo de los programas ya realizados. Después, se dieron a la tarea de ordenarlos y resumirlos para su presentación el día del lanzamiento en Nueva York, tal como estaba acordado. Es decir, se vislumbraba como una ocasión para identificar nuevas oportunidades de transparencia, a la vez que para defender lo logrado hasta el momento.
Reconociendo que existen desequilibrios en los esfuerzos por la transparencia en las diferentes entidades y dependencias, así como entre los niveles del gobierno, los compromisos del gobierno federal que pretendieron recoger las 48 propuestas hechas por la sociedad civil quedaron agrupados en cuatro grandes rubros:
- Consolidar el programa para mejorar el servicio público a través del portal ciudadano http://www.gob.mx, que permitirá el uso de una plataforma informática común para que los mexicanos accedan a información gubernamental indexada que puede ser utilizada, cruzada y comparada;
- Incrementar la integridad pública, avanzando hacia una transparencia proactiva tanto presupuestal como en el ámbito de la seguridad pública, e incorporar parámetros internacionales en la difusión de la información en el sector de telecomunicaciones, en el de recursos energéticos, en el de toma de decisiones del Banco Central y en el de estadísticas sobre el capital humano en el sector educativo;
- Manejar con mayor eficiencia los recursos públicos a través de métodos equiparables en los diferentes niveles de gobierno en materia de contabilidad y auditoría, así como de sistemas homogéneos de examen de control sobre las licitaciones públicas. Avanzar en la consolidación del nuevo sistema electrónico de “Compranet” y de contratación gubernamental;
- Incrementar la rendición de cuentas corporativas a través de la realización de talleres para los proveedores de servicios a los gobiernos. El gobierno impulsará la creación y el desarrollo de mecanismos de autorregulación para incrementar un control interno integral (Ver Tabla 1).5
El gobierno mexicano y las organizaciones sociales se comprometieron a extender la convocatoria a otras dependencias y entidades del gobierno federal, así como a replicar la elaboración de un plan de acción por parte de los gobiernos estatales y municipales. Esto tendrá como requisito que nuevas organizaciones de la sociedad sean verdaderamente incorporadas, a fin de que no sean un auténtico asociado de la Alianza, capaces de ejercer una visión crítica de su devenir.
La gran capacidad de con-vocatoria que ha tenido la Alianza para el Gobierno Abierto revela las bondades y la originalidad de la iniciativa por su incorporación de las organizaciones sociales, pero también la pertinencia del tema porque hoy en día la demanda de apertura de los gobiernos es universal, como lo es el reclamo de mayores espacios de participación en los asuntos públicos y la búsqueda de mecanismos ágiles para hacer más transparentes, responsables y eficaces a los gobiernos.
Para nuestro país, haber sido invitado a formar parte del grupo promotor y que el gobierno haya presentado el Plan de Acción como parte de un acuerdo multilateral significa un reconocimiento a nuestro marco jurídico e institucional en materia de transparencia. Representa también un pronunciamiento sobre la irreversibilidad de lo alcanzado en el tema de acceso a la información y sobre lo mucho que falta por hacer para construir una verdadera cultura de la transparencia.
Para el gobierno mexicano, haber suscrito la Declaración del Gobierno Abierto no puede quedarse en mera retórica, porque además de que existirá un informe de lo realizado que será evaluado por las contrapartes, la participación estrecha y, sobre todo crítica, de las organizaciones sociales hará que un eventual incumplimiento lo coloque como un gobierno irresponsable y demagógico no sólo ante los mexicanos, sino ante la comunidad internacional.
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1 Véase Louis Brandeis, “What Publicity Can Do”, Harper´s Weekly, Washington dc, 1913.
2 www.opengovpartnership.org
3 Los ocho gobiernos del grupo promotor deberán publicar un reporte tres meses después del año de arranque de la Alianza para el Gobierno Abierto. Adicionalmente, un experto en gobernanza democrática elaborará un reporte para cada país. Véase www.opengovpartnership.org
4 Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO); Transparencia Mexicana, AC; Citivox; Fundar; Gestión social y Cooperación, AC; Colectivo por la Transparencia; Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP); Centro de Investigaciones para el Desarrollo, AC (CIDAC); Alianza Cívica; Artículo XIX; LaNeta, Red para la Rendición de cuentas.
5 Fueron 19 las dependencias y entidades que presentaron propuestas específicas para integrar el Plan de Acción de la Alianza: SHCP, SAGARPA, SCT, SECO, SEDESOL, SEP, SEGOB, SEDENA, SRA, STPS, Secretaría de Turismo, CFE, PEMEX, IFAI, COFETEL, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Auditoría Superior de la Federación y el Banco de México.
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JACQUELINE PESCHARD (Ciudad de México, 1947) es doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán. Actualmente es la Comisionada Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
