En el aniversario de un conflicto que tuvo ramificaciones notables en buena parte de la región latinoamericana, el autor hace un paréntesis en su revisión habitual del fenómeno migratorio México-Estados Unidos para explicar el fracaso de un golpe de Estado que en su momento pareció exitoso.
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El 28 de junio de 2009 las fuerzas armadas hondureñas, en combinación con los grupos conservadores del país, derrocaron al presidente constitucional Manuel Zelaya y lo expulsaron a Costa Rica. El congreso hondureño se hizo cómplice del golpe de Estado y designó como sustituto de Zelaya, al frente del gobierno de facto, a Roberto Micheletti, quien gobernó durante siete meses, hasta la realización de las elecciones en noviembre de 2009 —en las que resultó electo el candidato del Partido Liberal, Porfirio Lobo— y la toma de posesión en enero de 2010.
Como resultado del golpe de Estado, la Organización de Estados Americanos (oea) expulsó a Honduras del seno del organismo y efectuó gestiones junto con el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias —a través del Pacto de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia y, posteriormente, del Acuerdo de San José / Diálogo de Tegucigalpa / Guaymuras.
Mientras que el gobierno de facto adujo una supuesta legalidad en la deposición del Presidente Manuel Zelaya, la Fiscalía de Honduras fincó diversos procesos en contra del Ex Presidente por abuso de poder, traición a la patria y corrupción, por mencionar los más notables, a fin de evitar la reposición en la presidencia del mandatario derrocado.
Zelaya regresó subrepticiamente a Honduras en septiembre de 2009 y se refugió en la Embajada de Brasil, donde permaneció hasta su salida a República Dominicana en enero de 2010 mediante un salvoconducto expedido por el recién inaugurado Presidente Porfirio Lobo.
El aislamiento internacional y la difícil situación de Honduras como resultado de las sanciones impuestas motivaron al Presidente Lobo a iniciar gestiones en el exterior para romper con la situación y reinsertar al país en la comunidad de las naciones y, al interior, para lograr la reconciliación nacional.
Con ese propósito se suspendieron los juicios en contra de colaboradores cercanos de Zelaya, y la Corte de Apelaciones de Honduras anuló los juicios por corrupción en contra del Ex Presidente —ya se habían sobreseído los anteriores por abuso del poder y traición a la patria—, acciones que formaron parte de las negociaciones para la reinserción de Honduras en el seno de la oea, impulsada por Colombia y Venezuela a través de la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias y que tuvo como resultado el regreso de Manuel Zelaya a Honduras en mayo de 2011.
El Acuerdo de Cartagena contempla cuatro puntos básicos: (1) el cese de la persecución del Ex Presidente Zelaya y de sus partidarios, así como su retorno seguro al país; (2) garantías para la convocación de una asamblea constituyente; (3) el respeto a los derechos humanos, la investigación de las posibles violaciones de estos derechos y el cumplimiento de acuerdos previos en relación con la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre los elementos que dispararon la crisis de 2009; y, por último, (4) las garantías para la participación de los partidarios de Zelaya en la vida política del país y en las elecciones de 2013.
El domingo 22 de mayo el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el Canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, y el Presidente de Honduras, Porfirio Lobo, firmaron el Acuerdo de Cartagena de Indias. El 1 de junio de 2011 la Asamblea General Extraordinaria de la OEA decidió la reincorporación de Honduras al seno del organismo, con lo que dio fin a dos años de conflicto. El 5 de junio Honduras participó con plenos derechos en la Asamblea General de la OEA celebrada en El Salvador.
Es importante destacar que el Presidente Porfirio Lobo impulsó previamente una reforma constitucional —aprobada el 11 de enero de 2011 por el Congreso— que permite la realización del plebiscito y el referendo para la legislación de la reelección presidencial. De igual manera, el Presidente Lobo instaló el 5 de mayo de 2010 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, organización oficial presidida por el Ex Vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, con el propósito de investigar los sucesos relacionados con el golpe de Estado en Honduras y las condiciones tanto previas como posteriores a la deposición de Zelaya. El 9 de julio Porfirio Lobo inició el proceso de diálogo con diferentes sectores del país para la instalación de una asamblea constituyente, a fin de plantear mediante un plebiscito las reformas a la Constitución con respecto a la eventual reelección del presidente y la ampliación del periodo presidencial, entre otras.
A un mes de su regreso a Honduras, el Ex Presidente Manuel Zelaya planteó la creación de un movimiento amplio a partir del Frente Nacional de Resistencia Popular surgido tras el golpe de Estado, que agrupa a todos los sectores sociales del país en una sola fuerza política con miras a las elecciones presidenciales en noviembre de 2013.
Se menciona que la posible candidata del Frente en las elecciones de 2013 sería Xiomara Castro, la esposa del Ex Mandatario hondureño Manuel Zelaya, anticipando el impedimento para la reelección del Ex Presidente en el caso de que no se convoque el plebiscito para la reforma de la Constitución, o que éste le resultara contrario. Xiomara Castro es una figura popular entre los sectores que se opusieron al golpe de Estado en junio de 2009, y cobró protagonismo político cuanto encabezó las marchas cívicas por la restitución de Zelaya en la presidencia después de su derrocamiento.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó el 7 de julio el informe de la investigación sobre los sucesos del 28 de junio de 2009 que derivaron en el derrocamiento del Ex Presidente Manuel Zelaya. Señaló que se trató de un golpe de Estado mediante el uso de la fuerza, en clara violación del procedimiento constitucional para la destitución del presidente; que la designación de Roberto Micheletti por el Congreso Nacional como presidente de facto fue ilegal, ya que este órgano no tenía atribuciones para destituir al presidente de la República ni para nombrar sustituto; que todos los actores gubernamentales y estatales involucrados en los sucesos de junio de 2009 actuaron fuera de los límites de la Constitución hondureña de varias maneras, lo que condujo a una crisis constitucional extendida que no sólo tuvo costos sustanciales para el gobierno y la ciudadanía de Honduras, sino que también planteó serios obstáculos al Estado democrático de derecho, y que Zelaya atentó contra las normas constitucionales en su pretensión de llevar adelante la consulta sobre la Asamblea Constituyente. Recomienda por otra parte que el Estado de Honduras investigue, procese y sancione todas las violaciones a los derechos humanos acaecidas desde 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010 durante el gobierno de facto. La Comisión determinó que el impacto del golpe de Estado en la economía de Honduras ascendió a alrededor de mil 90 millones de dólares.
Por su parte, Manuel Zelaya —quien no reconoce la Comisión de la Verdad gubernamental y ha creado la Comisión de la Verdad no oficial— señaló que el informe presentado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación reconoce que en el golpe de Estado de 2009 en su contra se violó la Constitución y pidió anular “todo lo actuado” por el gobierno de facto de Roberto Micheletti, de acuerdo con una disposición constitucional “que dice que todo lo actuado por un Gobierno ilegítimo es nulo y debería procederse en ese sentido a anular todas las actuaciones de ese Gobierno de facto, ilegítimo, producto de un golpe de Estado”.
Habrá que reconocer el papel fundamental que jugaron la comunidad internacional y la OEA en la solución política de la crisis en Honduras. Sorprende que la Comisión establezca en su informe que la oea y el resto de la comunidad internacional mostraron un bajo nivel de efectividad para prevenir la crisis en Honduras. Esta afirmación de la Comisión de la Verdad es cuestionable, pues no señala qué instrumentos hubiesen permitido a la comunidad internacional y a la oea intervenir antes de la crisis constitucional sin que esto fuera considerado una intromisión en los asuntos de Honduras, ni cómo pudiera haberse evitado el golpe de Estado.
Resulta irónico observar cómo los argumentos legaloides de los grupos golpistas en contra de la convocatoria para la instalación de una asamblea nacional constituyente y la incorporación del referendo y el plebiscito en la Constitución con el fin de permitir la reelección presidencial —oposición que condujo al golpe de Estado y al derrocamiento del Ex Presidente Manuel Zelaya—, así como la negación del gobierno de facto a cumplir el contenido del Acuerdo de San José / Diálogo de Tegucigalpa / Guaymuras, se han ido derrumbando y después de dos años aquellas iniciativas hayan tenido cauce como una vía de realización de cambios, no sin oposición de las oligarquías conservadoras y de los grupos políticos de derecha.
Cuánto tiempo, dinero y vidas perdidas para llegar adonde empezamos. El golpe de Estado de junio de 2009 fue un retroceso en la vida democrática de Honduras, y una vez más se demuestra que el uso de la fuerza no resolvió la crisis política, sino que más bien la agravó. Se reafirma el principio histórico sostenido por México del uso del diálogo para la resolución pacífica de controversias, y tal como dice el título del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, “Para que los hechos no se repitan” debemos luchar siempre en contra de la imposición por vía de las armas de ideologías o de intereses económicos, y rechazar por todos los medios los golpes de Estado.
Pero no aprendemos.
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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es Director del Observatorio de la Migración México-Estados Unidos.
