Ante los poderes políticos y económicos, la participación de la sociedad civil debe ir mucho más allá del mero voto. La consolidación democrática requiere de una sociedad sumamente activa, crítica y demandante.
La perspectiva desde la que ha sido abordada la modernidad junto con tres de sus productos más notables, es decir, la opinión pública, la sociedad civil y la democracia, está íntimamente relacionada con las interpretaciones de Antonio Gramsci y Jürgen Habermas. La novedad introducida por Gramsci, dentro del pensamiento marxista, consistió en ubicar a la sociedad civil en la superestructura, o sea, fuera del marco económico. En un fragmento de los Cuadernos de la cárcel, Gramsci afirma: “Por ahora, se pueden fijar dos grandes ‘planos’ superestructurales, el que se puede llamar de la ‘sociedad civil’, o sea, el conjunto de los organismos vulgarmente llamados ‘privados’, y el de la ‘sociedad política o Estado’ y que corresponde a la función de ‘hegemonía’ que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y al de ‘dominio directo’ o de mando que se manifiesta en el Estado y en el gobierno ‘jurídico’”.1 En el rango de la superestructura utiliza la distinción entre la sociedad civil y la sociedad política, que responden, respectivamente, a la hegemonía cultural y a la coacción. Eso no quiere decir que Gramsci se mueva sólo en ese eje y que haya dejado a un lado el binomio compuesto por la estructura y la superestructura. Más bien, trabaja con dos dicotomías: por una parte, sociedad civil-sociedad política; por otra, estructura-superestructura.
Esta peculiaridad es constatable en una serie de parejas derivadas: cuando hace referencia al antagonismo entre la sociedad civil y la sociedad política, echa mano de las diferencias entre consenso y fuerza, persuasión y coerción, hegemonía y dictadura, dirección y dominio; mientras que, cuando aborda la diferencia entre la estructura y la superestructura, distingue el momento económico del momento ético-político, así como las dicotomías necesidad-libertad y objetividad-subjetividad.2
De hecho, la época contemporánea en la que ha renacido el interés por la sociedad civil, a nuestro parecer, se caracteriza por la recuperación del pensamiento de Gramsci pues para él, el punto de cohesión de la sociedad civil se encuentra en la transmisión de creencias y en la formación de la organización y la voluntad colectivas. Desde este mirador observó que hay periodos históricos en los cuales los grupos en el poder logran establecer una hegemonía cultural; pero hay otros periodos en los cuales esa hegemonía viene a menos. De esta manera, se inicia una crisis que puede dar pie a un proceso de transformación ascendente o a un proceso degenerativo. La clave es que allí, en la sociedad civil, es donde se define el destino de los cambios de época.
Para el fundador del Partido Comunista Italiano, la organización autónoma de la sociedad y la conquista de las conciencias constituía el punto de arranque de las mutaciones políticas y económicas. La sociedad civil “es la esfera en la que tienen lugar la identidad, la integración social y la reproducción cultural, y aunque las relaciones económicas y el Estado desempeñan un cierto rol en este contexto, su función es, o debe ser, de apoyo, no de factor determinante”.3
Jürgen Habermas retomó la perspectiva gramsciana en torno al estudio de la sociedad mediante dos conceptos básicos, la “esfera pública” (también llamada “espacio público”) y la “acción comunicativa”. Dígalo si no la siguiente definición de sociedad civil proporcionada por Stephen K. White que muestra una indudable influencia habermasiana: “La sociedad civil es ese espacio multifacético de instituciones y prácticas que se reproduce primeramente mediante la acción comunicativa, para decirlo con Habermas. La sociedad civil se distingue del Estado y la economía que, por otro lado, están asociados con ella por interconexiones recíprocas. El Estado y la economía se mueven a través de los media del poder administrativo y el dinero”.4
Esta definición de White capta lo que hoy sucede con el estudio de la sociedad civil. Todos los especialistas en la materia han puesto énfasis en la distinción de esferas, es decir, entre la política, la sociedad civil y la economía. Éste, se puede decir, es el común denominador del análisis contemporáneo de la democracia, la sociedad civil y la opinión pública.
Ciertamente no todos los tratadistas de la sociedad civil se adhieren a la posición teórica adoptada por el autor del libro Teoría de la acción comunicativa; no obstante, al polemizar con su propuesta necesariamente tienen que hacer las cuentas con los conceptos que él emplea. Por eso es conveniente conocer el origen del proyecto teórico de Habermas, quien comenzó su vida intelectual en la Escuela de Frankfurt. Pero, mientras algunos miembros de esa escuela como Max Horkheimer y Teodoro Adorno creían, siguiendo a Marx, que las instituciones liberal-democráticas eran un instrumento de dominación de clase, Habermas, por el contrario, sostuvo que esas instituciones, cuando funcionan correctamente, se convierten en un factor de primer orden para la emancipación. De allí que Habermas bautizara a la rebelión de los países del Este europeo, verificada a finales de los años ochenta, como “Revolución recuperante” (Die Nachholende Revolution) en virtud de que ésta había retomado los valores y las instituciones propias de la democracia liberal para deshacerse del dominio autocrático impuesto por los sistemas comunistas. Parafraseando a Engels, podríamos decir que a veces la historia lo pone todo de cabeza: lo que se propuso como una opción para emancipar a los desheredados terminó en la más cruel de las antiutopías, mientras que, lo que fue condenado como un instrumento de opresión, se convirtió en una alternativa frente a la dictadura burocrática.
Los componentes básicos del “liberalismo crítico” de este autor son dos: (1) la sociedad civil es el lugar del pluralismo y la creación de fuerzas sociales que, mediante la formación democrática de la opinión pública, presionan a las instancias gubernamentales y económicas; (2) el terreno civil en el que se forma esa opinión pública es llamado “esfera pública” (bürgerliche Öffentlichkeit).
En su libro La transformación estructural de la esfera pública (1962), Habermas deja establecida la fuente histórica del concepto: “Aquí estamos tratando con una categoría griega transmitida a nosotros por Roma. Al llegar al más alto desarrollo de las ciudades-Estado en Grecia, la esfera de la polis, que fue lo común (koiné) para los ciudadanos libres, fue separada claramente de la esfera de la oikos; en esta esfera cada individuo se remite a su propia intimidad (idia) […]. La esfera pública se configuró en la discusión (lexis), que pudo asumir, por ejemplo, la forma de consulta o —plasmada en la formación de la ley así como en el terreno de las acciones comunes (praxis)— la guerra o las competencias atléticas.5” Aunque el origen remoto de la esfera pública está allí, o sea, en la distinción entre idia (lo que es privado) y koiné (lo que es común), y tal distinción se hizo explícita en el mundo moderno cuando apareció la diferencia entre las garantías de libertad de cuño liberal y la garantía de participación de hechura democrática (que corresponden a la separación entre status negativus y status activus del individuo en el campo privado, por una parte, y el ciudadano en el campo político, por otra), siglos más adelante, con el nacimiento de la modernidad, la esfera pública ya no se plantea como participación directa en el poder, sino como vigilancia y crítica desde la sociedad frente al poder. Es allí donde aparece la distinción, que ya hemos comentado, entre lo público (como espacio de acción y reflexión civil) y lo político (como área de acción y decisión del poder).
A Habermas le importa poner de relieve las condiciones para el desarrollo de un debate sobre tópicos de interés común conducido por personas interesadas en que sus argumentos influyan en la formación de la opinión pública. En las sociedades moldeadas bajo las pautas de la modernidad, la noción publicum —en cuanto opinión pública realizada en un espacio (esfera) público— se presenta como opuesta a la autoridad política: “La esfera pública, en pocas palabras, no es el Estado; más bien es un cuerpo informalmente movilizado de una opinión discursiva no gubernamental que puede servir como contrapeso al Estado. En efecto, es precisamente esta índole extragubernamental de la esfera pública la que le confiere un aura de independencia, autonomía y legitimidad a la opinión pública generada en esa esfera pública”.6
La esfera pública es el lugar en el que se forma la opinión pública, o sea, la expresión verbal o literaria de la sociedad civil. En esa esfera se moldean las ideas y los ideales, los valores y las manifestaciones culturales de la sociedad civil. Una de las definiciones más completas sobre la esfera pública habermasiana es la que proporciona Nancy Fraser:
La idea de la esfera pública en sentido habermasiano se refiere al foro de las sociedades modernas en el que es posible la participación política gracias al medium de la palabra. Es el espacio en el que los ciudadanos deliberan acerca de asuntos comunes y, por tanto, en ella se institucionaliza la arena de la interacción discursiva. Esta arena es conceptualmente distinta del Estado; es un sitio donde se producen y circulan discursos que pueden, en principio, ser críticos del Estado. De igual manera, la esfera pública es conceptualmente distinta de la economía oficial; no es un espacio donde se lleven a cabo relaciones de mercado, más bien es un terreno en el que se registran las relaciones discursivas, un campo para debatir y deliberar en lugar de comprar y vender. Luego entonces, este concepto de la esfera pública nos permite tomar en cuenta la distinción entre el aparato estatal, los mercados económicos y las asociaciones democráticas. Esta diferencia es esencial para la teoría de la democracia.7
La sociedad civil está compuesta por asociaciones, organizaciones y movimientos que manifiestan sus posiciones, necesidades e intereses a través de la expresión oral o escrita; en todo caso, como dice Nancy Fraser, por medios lingüísticos. Este hecho, en términos políticos y sociales, es de la mayor importancia porque se privilegia el entendimiento a través del diálogo en lugar de la confrontación violenta. No se niega la existencia de conflictos y diferencias, lo que se resalta es el método de la convergencia dialógica como fórmula para resolverlos.
La sociedad civil y la esfera pública se influyen mutuamente: mientras más variada es la sociedad civil más crítica será la esfera pública. Como lo señala Mark Warren:
La esfera pública (o con más precisión, las ‘esferas públicas’) es el terreno donde se lleva a cabo el juicio público que tiene como soporte la estructura asociativa de la sociedad civil y que es distinta del mercado y del Estado […]. El significado democrático de las esferas públicas es que ellas proporcionan el sentido para la formación de opiniones y el establecimiento de una agenda de prioridades fuera del Estado así como fuera de las estructuras económicas de los mercados.8
El espacio público es el lugar físico en el que la sociedad civil se reúne democráticamente y manifiesta su parecer.
Dado que en ella se produce la opinión pública, la esfera pública se convierte en un mecanismo que le transmite al sistema político lo que está ocurriendo en la sociedad. Esto es relevante para cualquier régimen democrático en el que debe haber una comunicación fluida entre la sociedad civil y las instituciones públicas. La esfera pública sirve tanto para detectar problemas como para influir en el gobierno y en el congreso con el objeto de que las opiniones civiles sean consideradas al momento de tomar decisiones sobre los asuntos que interesan a la nación.
Desde la esfera pública se lleva a cabo otra función sustancial, la de presionar para que el gobierno haga del conocimiento público sus acciones; para que sus actividades sean transparentes, es decir, visibles ante los ojos de los ciudadanos, y con ello puedan ser sometidas a escrutinio público. Éste es el sentido de la “publicidad” en términos no comerciales sino como un ejercicio de transparencia de las labores del gobierno ante la sociedad. Ésta es la forma en que desde la esfera pública se puede vigilar al Estado y pedirle cuentas de su actividad: “La idea de la esfera pública adquiere fuerza y realidad al inicio de la época moderna en Europa en la formación de las ‘esferas públicas burguesas’ como contrapeso a los Estados absolutistas. Estas esferas tienen el propósito de mediar entre la sociedad y el Estado obligando a éste último a rendir cuentas por medio de la publicidad”.9 El motivo de este proceso de visibilidad y vigilancia reside en que la fuente del poder político ya no se localiza en la tradición (autoridad del eterno ayer) o en alguna deidad (el origen divino de los reyes), sino en la voluntad popular, o sea en la libre y voluntaria aceptación del mandato político por parte de los ciudadanos. En las sociedades democráticas, por tanto, el papel del ciudadano no es solamente el de votar como lo cree una miope y reduccionista visión politológica; por el contrario, el rol de los ciudadanos, además de ejercer el derecho al voto, es, ante todo, discutir acerca de los asuntos públicos y observar la actuación de los gobernantes.
Desde este mirador, la función de las esferas públicas, como espacios de deliberación, no es la de resolver problemas; es, más bien, la de advertir a los gobernantes acerca de las posibles dificultades que encontrará la operación de la administración pública. Dar opiniones desde la base civil para que éstas sean procesadas en el sistema político y en las instituciones públicas. Ésta es la manera en que se pueden construir, genuinamente, consensos y una administración pública de cuño democrático.
Idealmente, afirma Mark Warren, la legitimidad democrática surge de las esferas públicas. Las instituciones estatales encuentran su justificación si las acciones que llevan a cabo gozan del respaldo de la ciudadanía; si el discurso público se ve reflejado en las instituciones políticas y las actividades que éstas llevan a efecto. Por consiguiente, la forma en que las asociaciones civiles pueden contribuir a la legitimidad democrática es a través de la generación de un “poder comunicativo”, de “entrada” por medio de la presentación de demandas y de “salida” a través de la revisión de las acciones de gobierno, es decir que haya una rendición de cuentas.
En síntesis, las esferas públicas proporcionan la legitimidad democrática con la que necesitan contar las acciones de gobierno. Una vía para reforzar el poder comunicativo de las esferas públicas es dotar a los individuos de información veraz sobre asuntos que para ellos son relevantes: “La información faculta a los ciudadanos para demandar transparencia y rendición de cuentas a las instituciones públicas”.10 El reto para los órganos del Estado, en especial cuando éstos vienen de una tradición autoritaria y se desea que transiten a la democracia, es reformarse para que las voces que no eran oídas o eran menospreciadas ahora sean tomadas realmente en cuenta. Esto implica abrir canales de comunicación entre el gobierno y la sociedad que antes estaban ocupados por el clientelismo, la corrupción y el corporativismo. El reto es reducir las lacras mencionadas: sólo así la esfera pública se convierte, efectivamente, en la clave de la legitimidad democrática y en el puente que facilita el paso de la gobernabilidad autoritaria a la gobernabilidad democrática.
La gobernabilidad democrática, vista desde la posición de Habermas, tiene como uno de sus elementos fundamentales la influencia de la opinión pública en la formación de las decisiones estatales. Un sistema político que procede de esta manera se acerca al ideal de la autodeterminación del sujeto que se traduce en autodeterminación colectiva:
Sólo cuando los arreglos de poder permiten y protegen —al mismo tiempo— que los argumentos, la persuasión y la inclusividad se hagan presentes, la política puede ser guiada por la fuerza de la palabra en lugar de otro tipo de fuerzas. Esta forma de justificación del poder es la única vía para que los individuos no sientan como una forma externa el autogobierno, sino más bien (tal como Rousseau lo comprendió antes que nadie) como una extensión de ese autogobierno en la colectividad. De aquí que el ideal de la autonomía política conlleve el más alto sentido normativo para la democracia. Esto es así porque en la democracia las autonomías individual y política se determinan mutuamente. La codeterminación está inscrita en ambos conceptos (autonomía individual-autonomía política): democracia significa decidir en conjunto.11
Aquí encontramos, de nueva cuenta, la simbiosis entre las libertades individuales de cepa liberal (status negativus) y la libertad política de matriz democrática (status activus). Los juicios individuales no inciden realmente en la sociedad a menos que se transformen en razonamientos públicos gracias a la discusión con los demás. En correspondencia, la autonomía del juicio individual está salvaguardada por las leyes emanadas de la soberanía política. Esta correspondencia entre la libertad individual y la supremacía popular es una de las claves de la democracia moderna. Es, a fin de cuentas, la fórmula que proporciona legitimidad desde la esfera civil a la esfera política.
La originalidad del planteamiento radica en que la participación de los individuos ya no se restringe a su papel como ciudadanos en el ámbito político, al votar por un candidato o un partido determinado; esa participación se extiende al terreno civil y las correspondientes esferas públicas, en donde los individuos pueden desempeñarse en los múltiples papeles que les confieren las organizaciones en las que actúan.
No obstante, con tantos intereses y presiones que vienen del mercado y del Estado y que quieren inducir y construir consensos a modo, una pregunta básica es: ¿cómo plantear las esferas o espacios públicos como un lugar en el que se pueda desarrollar un debate crítico autónomo? Un primer requerimiento tiene que ver con la salvaguarda legal y constitucional de las garantías individuales porque sin ellas es imposible que la esfera pública funcione. La teoría crítica agrega la idea de que, para un ejercicio efectivo de esos derechos, no basta su estipulación formal para tomar a los individuos como simples emisores de votos; es aún más importante que la sociedad asuma esos derechos en forma de valores compartidos, practicados en las distintas organizaciones inscritas en la red de “dependencias múltiples”: “No es el Estado sino los miembros de la sociedad civil quienes tienen la responsabilidad de sostener una efectiva esfera pública democrática. Únicamente cuando los actores conscientemente traten de acrecentar, expandir y transformar la esfera pública por conducto de la participación, alcanzarán la protección crítica contra las deformaciones”.12 Ciertamente, las deformaciones existen: la legitimidad democrática construida mediante el convencimiento de los ciudadanos —convencimiento que se debería alcanzar mediante la discusión en la esfera pública de los asuntos de interés común y a través del escrutinio crítico de las acciones de gobierno— trata de ser alcanzada con base en la persuasión producida por los medios de comunicación con sus respectivos escaparates publicitarios (en sentido comercial) y la manipulación mercadotécnica de la opinión pública. El peligro es real. Dice Habermas al respecto: “La publicidad pierde su función crítica a favor del escaparate. Incluso los argumentos se transforman en símbolos ante los cuales, una vez más, uno no puede responder con base en argumentos sino sólo identificándose con ellos”.13
El esfuerzo en favor de la democracia debe orientarse, por consiguiente, a “descolonizar” las esferas o espacios públicos de la injerencia del poder y el dinero que tratan de distorsionar, con base en la manipulación mercadotécnica, la opinión y la voluntad de los ciudadanos. Por ese motivo, la sociedad civil requiere una actitud crítica que busque continuamente denunciar la manera en que el mercado, el Estado y algunas asociaciones civiles de carácter no democrático tratan de minar los valores de la civilidad, la justicia, la tolerancia y la racionalidad.
- Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, vol. III, 2ª edición, Einaudi, Torino, 1975, p. 1518.
- Norberto Bobbio, “Sulla nozione di ‘società civile’”, en De homine, 1968, nº 24-25, Istituto di filosofia dell’Università di Roma, p. 26.
- Simone Chambers, “A Critical Theory of Civil Society”, en Simone Chambers and Will Kymlicka, Alternative Conceptions of Civil Society, Princeton University Press, New Jersey, 2002, p. 91.
- Stephen K. White, “Skeptics at the Celebration: Civil Society and the Early Frankfurt School”, en Nancy L. Rosenblum and Robert C. Post (ed.), Civil Society and Government, Princeton University Press, New Jersey, 2002, p. 146.
- Jürgen Habermas, The Structural Trans-formation of the Public Sphere (An Inquiry into a Category of Bourgeois Society), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1998, p. 3.
- Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy”, in Craig Calhoun (ed.), Habermas and the Public Sphere, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1997, p. 134.
- Ibídem, pp. 110-111.
- Mark Warren, Democracy and Association, Princeton University Press, New Jersey, 2001, p. 77.
- Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere”, óp. cit., p. 112.
- Mark Warren, óp. cit., p. 71.
- Ibídem, p. 67.
- Simone Chambers, óp. cit., p. 98.
- 13 Jürgen Habermas, óp. cit., p. 206.
* Este ensayo forma parte del libro Política, gobierno y sociedad civil que está por ver la luz bajo los auspicios de Fontamara. Agradecemos la autorización de la editorial para publicar este adelanto en exclusiva para Este País.
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JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín y en Ciencias Políticas por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor e investigador en el ITESM. Su más reciente libro es Filosofía política de la democracia (Fontamara, México, 2011).
