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Por una reforma cultural
Cultura | Indicadores De Cultura | Eduardo Cruz Vázquez | 06.04.2011 | 1 Comentario

Desde hace al menos una década, la reflexión sobre el quehacer cultural ha tomado en cuenta la relación entre éste y la economía. Se considera, entre otras muchas cosas, la aportación de la actividad cultural al desarrollo material de las sociedades. La discusión en boga en torno a una reforma cultural en México no puede ignorar este hecho.

Señales para el abordaje

En junio de 2009 se instaló en la uam-Xochimilco el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (grecu).1 Por primera vez, una institución de educación superior brindaba la oportunidad para deliberar sobre la economía cultural en el desarrollo del país. De igual forma, el detonante de este quehacer fue y sigue siendo la complicidad de la mayoría de los integrantes, compartida por muchos años.2 Una labor para incidir en la opinión pública: el diálogo, la polémica y el consenso en torno a temas nodales de la agenda nacional en el sector cultural.

En el momento que consideramos adecuado nos propusimos confeccionar un libro, ya que nos parecía grave la ausencia de bibliografía para abordar el complejo andamiaje de la economía cultural, su relación con el aparato productivo y sus imbricaciones con los emprendedores y las empresas culturales. Las universidades Autónoma Metropolitana y de Nuevo León auspiciaron la primera obra de estas características en nuestro territorio: Economía cultural para emprendedores. Perspectivas, que comenzó a circular a finales de 2010. En ella, el lector encontrará, por un lado, las aportaciones de algunos integrantes del grecu; por otro, las de aquellos invitados a colaborar en virtud de su trayectoria en los temas que se abordan y del afecto que nos ha unido a través de los años. De esta manera, en lo que respecta a los miembros del Grupo, Angélica Abelleyra despliega un mapeo y rutas de algunas empresas culturales; René Avilés Fabila se ocupa de la realidad de los escritores; Elena Catalán ofrece un panorama de oportunidades en el turismo cultural; David Dávila Gómez condensa de manera puntual las estructuras jurídicas en las que puede fincarse un emprendedor; Héctor Garay clarifica los intereses que confluyen en las artes escénicas; Carlos García de Alba confronta acepciones y alcances de la economía y la cultura; Federico González Compeán hace un apretado recuento del periplo de la Corporación Interamericana de Entretenimiento; Alejandro González Hernández pondera de forma veraz la trascendencia de los emprendedores culturales; Alejandro Ordorica Saavedra pone el acento en la reforma política y la cultura; Leobardo y Carlos Sarabia abordan experiencias de Tijuana que resultan aleccionadoras; por mi parte, como coordinador, propongo un abordaje integral de la economía y del sector cultural.

Complementan este mosaico Eduardo Caccia, quien se mueve entre la formación de significados, públicos y consumidores; Alfonso Castellanos, en el terreno de las estadísticas e indicadores culturales; Eduardo Nivón Bolán con el enfoque desde las políticas culturales; Adalberto Saviñón nos entrega el repaso de otras experiencias en el orbe y, finalmente, Víctor Ugalde desentraña el camino nada fácil del cine mexicano.3 Y como bien ocurre en los llamados libros de ocasión, durante las semanas previas al cierre surgió la idea de incorporar algunos enfoques venidos de fuera. De esta manera, tuvimos la fortuna de vincular a José Luis García Delgado, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador de una extraordinaria investigación patrocinada por Fundación Telefónica en torno al valor económico del español y su aportación al Producto Interno Bruto (pib) de España. Cerramos con el rescate de una espléndida disertación a cuatro manos colombianas, las de Winston Licona y Rodrigo Vélez —economista y filósofo, respectivamente, de la Universidad del Rosario—, quienes tejen, desde un novedoso modelo académico, los hilos entre filosofía, economía, administración y gestión cultural.

Con un grecu renovado, una obra aún en búsqueda de sus lectores y un soporte capaz de generar foros y debates, en estas semanas de abril asumimos tres nuevas tareas gracias al apoyo del rector de la uam Xochimilco, doctor Salvador Vega y León: la creación del Programa de Monitoreo en Economía Cultural, un portal que dará cuenta de nuestro quehacer; el diseño y oferta de un diplomado sobre cultura y negocios que se llevará a cabo de septiembre a diciembre en nuestro campus, y el inicio de un activismo dirigido a las campañas y los candidatos a la presidencia de la República de cara a las elecciones del 2012.

Hacia una reforma cultural. El primer subsector: el Estado

Como señalamos, en Economía cultural para emprendedores. Perspectivas se perfila la propuesta de abordaje y comprensión del sector cultural desde cuatro subsectores: el del Estado; el de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes); el de los organismos asistenciales y de cooperación-coproducción internacional, y el de las grandes empresas e industrias culturales.

Intentemos la apretada síntesis que desemboca en la urgencia de construir la reforma cultural. El Estado tiene una fuerte carga de responsabilidad en la generación de empleos y en la movilidad del aparato productivo. Por ello, es válido considerar que el impulso a la economía cultural pasa necesariamente por una reordenación de este subsector. Un abordaje se puede hacer desde la funcionalidad orgánica, lo cual no omite el complejo tramado jurídico que impone y que es asunto neurálgico de dicha reforma.

Si un decreto dio origen al conaculta, otro puede reordenarlo.4 Hay al menos dos beneficios en tal recambio: por un lado, en el orden político-administrativo-financiero, y por otro, en el sindical. A los sindicalizados les conviene un nuevo tramado que responda a la realidad laboral del subsector.

Por ejemplo, a nuestro parecer, el fonca debe concentrar, además de los apoyos a la creación y a la gestión cultural independiente, los que se refieren a la labor asistencial, de apoyo al tercer sector y a la incubación de micro, pequeñas y medianas empresas culturales, mediante una acción conjunta con la Secretaría de Economía y la banca de desarrollo nacional e internacional. Esto supone que el fonca impulse una articulación renovada de la responsabilidad social empresarial más allá del voluntarismo y la filantropía. Ello nos remite a la urgencia de un marco fiscal para el mecenazgo y la inversión.

Aunque “tocarlo” implique algún lagrimeo, el inbal debe al fin desprenderse de la educación artística y concentrarla en el Centro Nacional de las Artes, que fue creado con ese propósito entre otros (se ha hablado de que será asiento de una Universidad de las Artes). En lo concerniente a la preservación del patrimonio que ejerce, debe trasladarse al inah, bajo medidas transitorias para dicho propósito. Un nuevo inbal (bien podría cambiar su denominación) debe contener lo que le es intrínseco a la promoción: el Festival Internacional Cervantino, la Coordinación de Desarrollo Cultural Infantil, el Sistema Nacional de Fomento Musical, el Centro de la Imagen y el Centro Cultural Helénico.

Si hay alguna reforma estructural que reviste suma complejidad es la del inah y su andamiaje legal. No hay valor simbólico y a la vez de economía cultural que mueva más intereses y enconos que el patrimonio. Tanto como ocurre con las inconclusas reformas energética, laboral y hacendaria.

Sin embargo, si hemos de asumir que por lo que resta del sexenio el abordaje integral se torna imposible, al menos se podría dotar de una nueva consistencia orgánica al inah. Hay políticas, entidades y modelos de administración que, dispersos en el conaculta, deben transferirse al Instituto. Este ajuste implica un arquetipo de gestión que no lastime el marco legal y laboral vigente, y abre la puerta a una plataforma para intentar discutir —sin la rabia habitual, en el contexto de las campañas políticas por la presidencia— el rol del Estado y de otros actores sociales en la viabilidad del patrimonio como activo del desarrollo.

El Instituto debe absorber la Dirección General de Proyectos Históricos (isla de privilegios por años), la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, y el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Las delegaciones del inah requieren de mayores facultades, de autonomía administrativa para afianzar la corresponsabilidad de estados y municipios y de los sectores social y privado en sus tareas.

Dos elementos más son plausibles: por un lado, el estudio de la economía cultural que permita crear unidades económicas, el incremento de los ingresos propios y las medidas hacendarias para la administración autónoma de dichas unidades; por otro, un revolcón a los hábitos y costumbres de la diplomacia cultural y la cooperación internacional, terriblemente atadas al nacionalismo priista. Puede abrirse la posibilidad de otorgar valor de exportación a las muestras cuya demanda no cesa o de aplicar líneas de crédito a largo plazo tanto para la preservación como para la investigación que derive en la apertura de nuevas zonas con implicaciones para la actividad turística.

Tanto o más se puede hacer con el aparato mediático del conaculta. Se alegará que es políticamente improcedente tocar el actual estado en que se encuentra; que el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, mientras tenga vida, se opone a cualquier reestructuración. Sin embargo, se trata de una reordenación que potenciaría sus contenidos y su eficacia financiera: concentrarlas en una sola entidad. Aglutinar al Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional, el Centro de Capacitación Cinematográfica (una ac), el Canal 22 (empresa paraestatal), la Fonoteca Nacional, los Estudios Churubusco (también paraestatal), el Instituto Mexicano de la Radio (combinación de frecuencias concesionadas y permisionadas) y Radio Educación.

Este recorrido señala las dimensiones que el aparato del subsector ha alcanzado: el de una secretaría de Estado. Por ejemplo, hay coordinaciones como la de Desarrollo Institucional y la de Innovación y Calidad que bien podrían fusionarse. En la reingeniería, se fortalecería al Sistema de Información Cultural bajo una relación estrecha con el inegi y las secretarías del Trabajo y de Economía, algo factible al instalarse la Cuenta Satélite de Cultura.

En otro sentido, habría que llegar a un consenso con los gobiernos estatales y municipales sobre la pertinencia de la Dirección General de Vinculación Cultural. Desde mi campo de análisis, considero que debe desaparecer y dejar sus funciones y recursos bajo la corresponsabilidad de las distintas áreas del Consejo capaces ya de coordinarse e interactuar. Tiempo atrás se justificó por un proceso de descentralización, de gradual fortalecimiento de las estructuras locales de gestión de las políticas culturales. Hoy se mira como una bolsa de recursos y programas que bajo el manto de la federalización genera disputas, clientelismo y una mediación que se juzga imprescindible para sincronizar los tres niveles de gobierno. Tanto desde la perspectiva orgánica como desde aquella del dinamismo del pacto federal, tal intervención no se sostiene. Si cada entidad federativa propicia su propia reordenación del subsector y se aplica el andamiaje que la economía cultural brinda, no la echarán de menos.

Apresuro propuestas no menos polémicas. No debe ser motivo de polvorín que el Fondo de Cultura Económica y su brazo, la Impresora y Encuadernadora Progreso, en su carácter de paraestatales, se sectoricen al Consejo y con ello sean absorbidas la Dirección General de Publicaciones y educal (otra paraestatal), al tiempo de generar un acuerdo con las grandes y pequeñas casas editoriales y libreras a efecto de favorecer un subsector competitivo.

Creo que un desatino político del salinismo fue meter la red de bibliotecas en la férula del Consejo. Aunque en tiempos de la Subsecretaría de Cultura se ubicó bajo tal nicho de control, el paradigma que fue eje nodal de la revolución vasconcelista es intrínseco a los procesos educativos, no de política cultural. En su transversalidad, corresponde a la escuela generar el hábito de la lectura, el empleo de los acervos, la alfabetización digital y la animación cultural que concitan. No se propone un desmembramiento, sino devolver a la estructura central de la sep una labor que no debió abandonar y que, al no reclamarla, profundiza la falta de lectores y el analfabetismo funcional.

Dentro de la constelación del conaculta resalta la paraestatal Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana (cecut). Se trata de una sa de cv que en 2012 cumplirá 30 años, es decir, se erigió en el último tramo del gobierno de José López Portillo, si bien se le adjudica a Carmen Romano, quien, como pocas parejas presidenciales, metió pies y manos en la cultura. Un debate siempre ha estado presente: si la empresa debe transferirse al gobierno del estado de Baja California o seguir bajo el control del Consejo. Preferimos lo primero siempre y cuando también se elabore un estudio que despunte en el nuevo modelo de economía cultural. Después de tres décadas, el cecut tiene dos alternativas: o funciona como empresa sustentable y socialmente responsable o se convierte en un organismo descentralizado.

Otras direcciones del Consejo merecen pasar bajo el microscopio: Comunicación Social, Asuntos Internacionales, Asuntos Jurídicos, Relaciones Laborales, la que concentra a los asesores y sobre todo la de Administración, cuyos vericuetos vencen al más experto en paciencia. En lo referente a los secretarios técnicos, su operación demanda “dientes” pues su gestión es menos o más eficaz dependiendo del titular de la dependencia y en virtud de la cercanía que los directores generales presuman ante la máxima autoridad.

En el gigantismo, otros cabos sueltos. En un mal rato, se decidió que el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías saliera de la órbita de las políticas culturales por considerarlo un tramado de las políticas de desarrollo social. Si bien hubo argumentos, los años han hecho evidente el error y por ello lo plausible que resulta su pertenencia al subsector cultural. Con más de 30 años a cuestas, el fonart exige mucha dedicación del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas y la banca de desarrollo. Un potencial fortalecimiento impone que absorba a la Dirección General de Culturas Populares y se incuben modelos que impulsen a las comunidades indígenas y a sus productos.

No menos polémico es el caso del Auditorio Nacional. No hay razón para mantener sus condiciones actuales, en las que las decisiones administrativas recaen en los gobiernos federal y de la Ciudad de México a cambio de dinero. Se debe modificar la estructura para concesionarlo bajo otras normas y tasar un mayor porcentaje de las ganancias y del tiempo de programación para las tareas de los gobiernos, así como para productores y grupos que disputan un lugar en el mercado que tal espacio genera. Basta con la larga experiencia entre el Gobierno del Distrito Federal y la Corporación Interamericana de Entretenimiento para solventar la pertinencia de esta propuesta.

El segundo subsector: las mipymes

Resulta vital el abordaje ya que estos negocios o nichos de mercado se encuentran dispersos en las clasificaciones de comercios y servicios de la Secretaría de Economía, con las reverberaciones subsecuentes en las entidades federativas.

Por lo mismo, aún carecemos de al menos dos definiciones que son indispensables para avanzar en el diseño de políticas públicas de identificación y aliento a las mipymes. Fórmulas que, al ser reconocidas por la autoridad como parte del andamiaje del sector, desencadenarían numerosos efectos y quehaceres: desde los propios de la academia hasta los de un sistema confiable para medir su peso en el aparato productivo. La primera definición atañe a lo que es una empresa cultural: habrá de entenderse como la unidad económica que desempeña una actividad productiva legalmente establecida y basada en bienes, servicios o productos que están constituidos, fundamentalmente, por un componente creativo; que ponen en relieve valores simbólicos; que pueden ser sujetos de propiedad intelectual, de autor o de marca, y que no tienen producción masiva para cubrir mercados nacionales y globales. Estos bienes, servicios o mercancías pueden ser a su vez transformados o mediados con el propósito de colocarlos a disposición de diversos consumidores.

Se desempeñan en este subsector de las mipymes quienes prestan servicios profesionales, aquellos que ponen a disposición de un agente económico su creación bajo el régimen tributario del caso, las personas físicas con actividad empresarial, así como las unidades económicas de hasta 400 empleados. Ejemplo de lo último puede ser una sociedad civil o una sociedad anónima.

La segunda definición que necesitamos consensar es la de las ramas, subramas, clases y actividades que habrán de considerarse. Aquí tenemos como base el amplísimo catálogo que provee el Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte (scian). Dicha amplitud va del Código 71 (“Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos”) al 51 (“Información en medios masivos”), el 54 (“Servicios profesionales, científicos y técnicos”) y el 61 (“Servicios educativos”).

De este singular laberinto se desprenden actividades económicas en teatro, artesanía, prensa, edición, radio, televisión, cine, video, publicidad, telecomunicaciones, diseño (gráfico e industrial, de interiores y utilitario), arquitectura, música, danza, literatura, museos, galerías, parques recreativos, zoológicos, sitios patrimoniales, comercio de antigüedades, consultoría, turismo cultural, comercio de alimentos, administración y gerencia de establecimientos de espectáculos, centros educativos, laboratorios, servicios de innovación tecnológica y un larguísimo etcétera que invita a volverse loco o bien a tomarlo como acicate para entrarle a la tarea de desagregar lo que es cultural y darle su razón y sentido.

En la incesante e imprescindible reiteración habrá que consignar que las definiciones son parte de una enorme deuda que debe saldarse. Hay elementos de sobra para caracterizar al sector cultural y hacer accesibles al menos los cuatro subsectores que proponemos. Los beneficios que obtendrían las mipymes en especial son innumerables, y aún más los que recogerían el gobierno y el sistema de intereses del comercio y la cooperación internacional. Ya hemos dicho —y habrá que repetir— que no es cuestión de oráculo que las secretarías de Economía y del Trabajo reconozcan a la economía cultural como parte de la economía nacional y la convaliden mediante el andamiaje que se requiere.

Algunos aspectos tienen que ver con la clasificación del trabajo cultural, los márgenes de desregulación, el régimen de competencia y el de involucramiento de la banca comercial y de desarrollo. Pero, sin duda, el que cobra mayor relevancia apunta al reconocimiento del emprendimiento cultural, a la impostergable labor de apoyar la formación de empresarios culturales y a la edificación de la estructura de incubación y financiamiento de nuevos negocios. Es en este subsector donde habrá de generarse la mayor parte de los empleos que el sector cultural demanda.

El tercer subsector: los organismos asistenciales y de cooperación-coproducción internacional

Otro punto central es el estudio y deslinde territorial de las asociaciones civiles. No es un asunto menor ni para la caracterización del sector, ni para la economía del aparato productivo, como tampoco para la filantropía, el mecenazgo y la hacienda pública.

Cifras del Centro Mexicano para la Filantropía, ac de hace unos meses estiman alrededor de 20 mil asociaciones civiles de beneficio a terceros, de las cuales sólo el 3% atiende arte, cultura y deportes. El número de donatarias rondaba las 6 mil en 2009, de las cuales sólo el 5.6% eran de carácter cultural. Para el ejercicio fiscal de 2007, las organizaciones donatarias reportaron cerca de 33 mil millones de pesos para sus actividades, suma que se emparenta con la recaudación de impuestos al tabaco y que es un poco más de lo que ejercerá la unam en 2011. En Estados Unidos, los ricos donaron casi 10 mil millones de dólares en 2009 al rubro del arte, la cultura y las humanidades, según el reporte Giving usa.

Bajo cuerdas o a plena luz, las asociaciones civiles —donatarias o no— son unidades económicas. Muchas de ellas son negocios de alta rentabilidad, como es evidente en campos como la educación y el deporte. En cultura no les va tan mal a algunas como micro o pequeñas empresas. Algún porcentaje combina lo asistencial con cierto margen de utilidad que se estima modelo de economía social. Por supuesto, hay algunas que persisten sólo gracias a los benefactores, como dueños de grandes capitales que las emplean para sus causas culturales y, claro está, tributarias.

De esta forma, asociaciones civiles, fundaciones, fideicomisos, organizaciones no gubernamentales y organismos en red (mediante internet), dan sentido a este subsector. Su economía cultural está marcada por capitales de una o varias fuentes cuyo porcentaje mayoritario no procede de los subsidios públicos, si bien se pueden beneficiar, por ejemplo, de políticas fiscales. Es factible integrar tanto a las entidades que representan intereses de empresas e industrias culturales nacionales y transnacionales como a representaciones de cooperación cultural internacional cuyos recursos provengan o no de los estados u organismos internacionales.

El cuarto subsector: las grandes empresas e industrias culturales

Sin duda el más estrecho, el que más concentra capitales y, a la vez, una incuestionable influencia en la sociedad. Pueden ser nacionales o transnacionales. Las empresas con más de 400 empleados se sustentan en componentes creativos, pueden ejercer propiedad intelectual, transformarla, mediarla y tener un alcance masivo, aunque no son necesariamente generadoras de una producción industrial para cubrir el orbe. Por su parte, las industrias por lo general son transnacionales de gran presencia en todo el mundo. Cine, música, prensa, radio, editorial, televisión y publicidad son las ramas más representativas de este subsector.

Al cerrar este apartado, deseo dejar en claro que esta aproximación pretende sentar un precedente para el diálogo y el debate a profundidad y a nivel nacional entre los involucrados en el sector cultural. Dicha caracterización es fundamental para darle perspectiva a los subsectores, ramas, subramas y clases que lo componen. De su mejor conocimiento y clasificación dependerán las posibilidades de su inserción en el desarrollo de la nación, y sin duda habrá de marcar los alcances de la Cuenta Satélite de Cultura.

Reforma cultural: otros capítulos

De cara a este panorama, es factible la viabilidad de lo que llamamos la reforma cultural. Eso significa que el sector tiene que ver de manera central con la reforma del Estado. Tiene capítulos que atañen a las reformas política (decretar una descentralización, crear una nueva secretaría de Estado y la Ley General de Cultura, clarificar el rol de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, obtener beneficios de la Ley de Extinción de Dominio), fiscal (andamiaje impositivo adecuado al sector, derechos de autor y piratería, recambio en la modalidad de pago en especie), laboral (clasificación del trabajo cultural, adecuación de las relaciones sindicales, reglamentación del outsourcing), de economía (inegi, Fondo pymes, nafinsa, ProMéxico), comercio (aranceles y protección del mercado de exportaciones e importaciones) y de salud (seguridad social, Seguro Popular).

Una reforma cultural abarca ámbitos como el de la competencia (el libro, el cine, el espectáculo), el de la mejora regulatoria (inah, inbal) y el de telecomunicaciones (garantizar la asignación de concesiones para fines culturales, acceso a publicidad a permisionarios), así como el de la Procuraduría del Consumidor (defensa de dichos intereses). Guarda relación con soportes jurídicos en apariencia lejanos, como la Ley de Juegos y Sorteos (modalidades de financiamiento para mipymes) y, frontalmente, debido a las modificaciones a la Constitución, las acciones colectivas que se derivan del Artículo 17 (afectaciones por turismo cultural) y el 4, sobre derechos culturales (atribuciones de las comisiones de derechos humanos en el país y los sucedáneos de corresponsabilidad del sector privado).

Despuntan, entonces, los atisbos de una intensa tarea. Desde estudios hasta la generación de consensos. Una agenda de tal envergadura tiene entre sus muchas motivaciones la generación de empleos. Salvar a presentes y futuras generaciones de la frustración y la pobreza.

1 El grecugrecu se integró por Angélica Abelleyra, René Avilés Fabila, Rafael Campos Sánchez, Elena Catalán, David Dávila, Héctor Garay, Carlos García de Alba, Valentina Gatti, Federico González Compeán, Alejandro González Hernández, Carlos Madrid Varela, Antonio Mier Hughes, Alejandro Ordorica Saavedra, Jorge Pantoja, Enrique Perret, Ricardo Rojo y Leobardo Sarabia Quiroz.

2 En enero de 2011, el grecu se reconfiguró. Lo integran ahora Angélica Abelleyra, René Avilés Fabila, Rafael Campos Sánchez, Elena Catalán, Carlos García de Alba, Héctor Garay, Valentina Gatti, Federico González Compeán, Antonio Mier Hughes, Alejandro Ordorica, Jorge Pantoja y Leobardo Sarabia, y se sumaron Eduardo Caccia, Patricia Chavero, Tomás Ejea, Carlos Lara, Guadalupe Gómez, Manuel Lino y Víctor Ugalde.

3 Entre quienes se han ocupado del tema, además de los colaboradores de este libro, se cuentan Néstor García Canclini, Tomás Ejea, Cissi Montilla, Carlos Lara, Lucina Jiménez, Jorge Ruiz Dueñas, Ernesto Piedras, Lourdes Arizpe, Liliana López, José Antonio MacGregor y Carlos Villaseñor. A todos ellos nuestro reconocimiento por sus empeños incesantes en este campo.

4 Al momento de hacer entrega de este texto no se conocen las agendas de las comisiones de cultura de las cámaras de Senadores y Diputados, como tampoco de la Asamblea, ni la suerte de la propuesta de convertir al conaculta en órgano descentralizado de la sepsep.

_______________________________
Periodista, gestor cultural y ex diplomático, Eduardo Cruz Vázquez es coordinador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la uam-Xochimilco y del libro Economía cultural para emprendedores. Perspectivas (uam/uanl, México, 2010).

Una respuesta para “Por una reforma cultural
  1. Adela dice:

    Muy buen análisis del panorama institucional que rige a las instituciones culturales, muy cierto la mayor parte de las veces se vuelven elefantes blancos que tienen mucho personal y poco dinero para operar.
    Saludos

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