¿Cómo ve los problemas de seguridad en México un periodista norteamericano? ¿Qué percepción hay de la gestión del Presidente Felipe Calderón en los Estados Unidos? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentará su sucesor? A éstas y otras preguntas responde nuestro autor.
El primero de diciembre de 2012, cuando el próximo presidente de México tome posesión del cargo, su administración deberá enfrentarse, entre muchos problemas graves, al de la seguridad pública –especialmente la lucha de la nación contra el crimen organizado.
No es una coincidencia que la administración del saliente presidente Felipe Calderón se haya definido frecuentemente en términos de seguridad. A pesar de que, desde hace varios años, la opinión pública ha adoptado una posición fuertemente crítica frente a su estrategia, lo cierto es que no todo lo que Calderón ha hecho para detener al crimen organizado ha sido erróneo. Con la iniciativa Mérida, dio vida a una nueva era de cooperación bilateral. Con la reforma judicial, Calderón buscó una mejoría integral y duradera de la capacidad de México para juzgar y condenar a sus criminales. Finalmente, sus partidarios consideran que la virtud cardinal de este presidente radica en su profunda visión de la seguridad pública. Se trata de una visión muy distinta a la de sus predecesores, que dio paso a un cambio duradero en la forma en que México ha enfrentado este problema.[1]
Hay algo de cierto en estos argumentos (especialmente en el punto sobre los beneficios potenciales de la reforma judicial), pero a pesar de todas estas mejoras, el balance de la lucha de Calderón por la seguridad no será recordado como positivo. Con casi 40,000 muertos (cifra que probablemente superará los 60,000 cuando el presidente se retire de su cargo), con Ciudad Juárez convertida una vez más en la capital más peligrosa del mundo y con niveles de extorsión que nos hacen pensar en la Sicilia de principios del siglo XX, el actual sexenio es, más bien, una pesadilla de la seguridad pública y un lastre para el presidente. Ha debilitado significativamente a Calderón en el aspecto político y, en consecuencia, ha limitado su capacidad de maniobra en otras áreas. Es vital que el próximo presidente se recupere de una situación de la que, muchos consideran, Calderón perdió el control.[2]
Un problema conceptual
El primer ajuste que el próximo presidente deberá realizar es introducir un par de definiciones conceptuales que han estado faltando: una definición de éxito, y una jerarquía de los crímenes que preocupan más a las autoridades mexicanas.
Esta ausencia de definición de éxito es una de las debilidades más evidentes de la estrategia contra el crimen de Calderón. Calderón y sus subalternos han hablado una y otra vez sobre no dar un solo paso atrás en su guerra, pero queda claro que no habrá un desfile de la victoria en la capital del enemigo, que señale el fin del conflicto actual.[3] México siempre tendrá criminales y en los Estados Unidos siempre habrá un mercado para el consumo recreativo de la droga. Tomando en cuenta estos límites, ¿qué es la “victoria”?
El próximo presidente de México debería llenar este vacío semántico, esbozar cuáles serán los resultados de las políticas de seguridad de la nación. Para hacerlo, no necesita una serie detallada de puntos de referencia estadísticos; necesita ofrecer una idea de qué pueden esperar razonablemente los mexicanos de esta estrategia: redes criminales más pequeñas, más a la defensiva y con menos recursos; una tasa extremadamente baja de ataques a funcionarios de gobierno y de crímenes contra civiles. México habrá “ganado” cuando sea nula la amenaza contra las instituciones democráticas y las actividades básicas inherentes a una sociedad libre.
La tarea de establecer una jerarquía aproximada de los crímenes posee una importancia similar y se encuentra relacionada íntimamente con la definición del objetivo que persigue el Estado, de manera que éste quede determinado, fundamentalmente, por los crímenes que el gobierno desea eliminar. Por desgracia, en el mandato de Calderón las autoridades nunca han distinguido adecuadamente entre los grupos que extorsionan, los que recurren al terrorismo, los que secuestran o los que únicamente trafican drogas. Los reúnen bajo la amplia categoría de crimen organizado y los tratan esencialmente como a una sola entidad maligna.
Ésta es una simplificación exagerada que confunde las actividades más dañinas para la sociedad. El blanco del secuestro y la extorsión son necesariamente los individuos acomodados, de modo que éstos actúan como un impuesto que se paga de facto por el éxito y la ambición. Así visto, estos crímenes tienen un efecto insidioso en la sociedad, que va más allá del daño causado a la víctima.
Y su frecuencia va en aumento. Un estudio realizado por el Congreso mexicano reveló que el número de secuestros en el país se ha elevado más de 300% entre 2005 y 2010.[4] Una ONG Mexicana conocida como el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos considera que el número de extorsiones prácticamente se duplicó entre 2008 y 2009, mientras que un estudio previo mostraba que el mismo crimen se había disparado un 10,000% entre 2002 y 2007[5]. En muchas ciudades el problema alcanza a inhibir algunos de los rudimentos básicos de la vida en una sociedad libre: un estudio revela que el 80% de los negocios de Ciudad Juárez ha pagado por extorsión.[6]
Otros crímenes que no están directamente relacionados con el tráfico de drogas también han aumentado, desde los robos de petróleo, que le han costado a PEMEX cientos de millones de dólares al año hasta robos de automóviles.[7] De estos crímenes el más publicitado es el tráfico humano, como lo reveló la masacre en Tamaulipas de 72 inmigrantes provenientes de Centroamérica que tuvo lugar en agosto pasado.[8] Aunque este incidente atrajo la atención del público mucho más que cualquier otro, la agresión contra los migrantes es todo menos inusual; la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México afirma que, únicamente en el 2010, fueron secuestrados 11,000 migrantes.[9] Otro problema criminal que va en aumento es el comercio de productos piratas, característico de los mercados de la Ciudad de México; las autoridades declararon recientemente que el 60% de las transacciones comerciales en México son ilícitas, proporción que se ha duplicado en apenas un par de años.[10]
Como se ha señalado, este conjunto de actividades criminales amenaza a algunos de los ingredientes básicos de una nación próspera (la libertad de comercio, la creación de empresas, etcétera). En cambio, la violencia que surge de los grupos que únicamente trafican droga y reducen sus enfrentamientos a una esfera interna está relativamente aislada de la sociedad obediente de la ley. Así pues, el gobierno debería identificar a los diferentes grupos y células que se encuentran vinculados con las actividades criminales que afectan más a los ciudadanos y concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en controlar precisamente a estos grupos.
El gobierno también debería dejar claro que está utilizando esta estrategia, tanto en sus comunicados oficiales como en la forma en que distribuye los recursos. Ciertamente esto no provocaría una respuesta inmediata, pero de manera ideal podría establecer una normativa informal que a largo plazo guíe la interacción entre el crimen y el gobierno. En Estados Unidos sucede algo parecido: uno sabe que se las puede arreglar para vender drogas en la esquina de una calle, pero si empieza a disparar contra los policías habrá cruzado la línea y prácticamente estará asegurando su muerte.[11]
¡Son las instituciones!
Al establecer esos objetivos más amplios, la próxima administración debe concentrarse en cómo lograrlos exactamente. El tema clave –de hecho el que resulta más amenazante por encima de los otros, el que tiene el potencial de socavar el impacto de cualquier estrategia, sin importar cuán bien concebida esté– es la calidad institucional.
La necesidad de mejores instituciones –es abundante la evidencia de su falta de efectividad, tal como se ha presentado líneas arriba en varios puntos– a menudo se pasa de largo a pesar (o tal vez a causa) de su obviedad. En tan sólo un ejemplo de esta tendencia desafortunada, la Iniciativa Mérida (el paquete de 1.4 mil millones de dólares negociado por George Bush y Calderón que arrancó en 2008) gastó sólo el 20% de su desembolso inicial en programas que se podrían concebir como de fortalecimiento de las instituciones.[12] En contraste, la proporción de la ayuda ocupada en aviación fue del doble de aquella cantidad. Si bien a México no le vendrá mal una inyección de equipo militar, un fenómeno criminal orgánico que consiste en cerca de 500,000 mexicanos no puede ser contrarrestado adecuadamente con ocho helicópteros Bello.[13] (Cuando expiraron los primeros tres años del acuerdo, Estados Unidos prometió aumentar el aspecto de su ayuda destinado a fortalecer las instituciones, una mejora que, aunque bienvenida, es insuficiente).[14] Sin embargo, no obstante la cortedad de miras estadounidense, la falta de instituciones competentes y honestas, y de un sistema de justicia criminal eficiente constituye la barrera más importante en el camino de lograr un México más seguro.
A riesgo de fustigar con un punto tan obvio: cualquier estrategia que no otorga al mejoramiento institucional un papel clave, que abarca muchas de las sugerencias relacionadas con la seguridad en México que aparecen en los medios, resulta necesariamente fallida.
Más allá de su impacto directo en el tráfico de drogas, el fortalecimiento de las instituciones es un bien que continuará pagando dividendos durante muchos años a futuro, luego de que el tráfico de drogas se haya convertido, esperemos, en una simple molestia. Las corporaciones gubernamentales que son capaces de arrestar, procesar y encarcelar a los criminales son siempre valoradas en cualquier nación. Más aún, un espíritu de hipercapacidad en un círculo del gobierno probablemente se esparciría a otros departamentos, creando instituciones más efectivas en todo el ámbito gubernamental.
En contraste, las estrategias que sólo se basan en limitar las ganancias del tráfico de drogas están incompletas: vale la pena continuar con las ideas de reducir la demanda y la legalización, pero solas no harían nada por evitar que las mafias ya existentes se ramificaran hacia otras actividades criminales –muchas de las cuales, como se argumenta arriba, son más dañinas para la seguridad pública que el tráfico de drogas–, para compensar su pérdida de ingresos.[15] De hecho, se piensa que gran parte de la reciente expansión de la extorsión, el secuestro y las demás es resultado de la creciente dificultad de traficar grandes embarques de drogas a través de México. Si bien el margen de ganancia en otras actividades no puede igualar al del tráfico de cocaína, éstas no son empresas pequeñas: un reciente informe de la ONU calculaba que las ganancias anuales por el tráfico de personas en México son de 6.6 miles de millones de dólares.[16] En esta lógica, un mayor éxito en la interrupción del flujo de drogas podría tener un impacto negativo en la seguridad pública a corto plazo.[17]
Empezar por la policía
Cuando consideramos a las instituciones cuyos defectos empeoran la seguridad pública, las diversas fuerzas policiacas de la nación resultan un buen lugar para comenzar. Si bien, por obvias razones, es imposible realizar un cuadro detallado de la corrupción policiaca, existe mucha evidencia sobre bandas mexicanas que trabajan para jefes criminales. El propio Calderón informó en 2008 que de los casi 60,000 policías evaluados en diversas corporaciones, la mitad fueron considerados “no recomendables”.[18] La llamada Operación Limpieza descubrió la corrupción en los niveles más altos del aparato mexicano federal de lucha contra el crimen en 2008, incluyendo al principal procurador antidrogas, a quien se acusó de aceptar cientos de dólares del cártel de Beltrán Leyva.[19] El problema es aun más pronunciado a nivel local, donde en todas las ciudades principales como Veracruz, Torreón y Pachuca, entre muchas otras, han continuado las balaceras entre policías locales durante la administración de Calderón.[20] En abril de 2011, el director ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estimó que el 91% de la policía municipal no era digna de confianza.[21]
En respuesta a este panorama desalentador, Calderón hizo varios cambios a las diversas corporaciones policiacas, al igual que cada presidente mexicano los ha realizado virtualmente durante una generación. Unificó a los dos principales grupos policías federales, la AFI y la PFP, y lanzó una campaña, hasta ahora incumplida, para reemplazar a todos los departamentos de la policía municipal con departamentos de la policía estatal modernizada.[22]
Lo que Calderón no hizo suficientemente fue continuar con los cambios que alterarían la estructura de incentivos que lleva a la policía a trabajar con los grupos criminales, para comenzar. La investigación de John Bailey y Matthew Taylor ayuda a proveer un marco para entender ese desafío.[23] Como los dos investigadores han demostrado, la policía tiene que elegir entre tres opciones cuando se enfrenta a un grupo criminal: tolerancia, complicidad o confrontación. Las bandas de criminales, por su parte, pueden elegir entre confrontación, corrupción o evasión.
Durante años, el equilibrio en muchas regiones ha sido de corrupción-complicidad. El equilibrio más saludable, tanto para la seguridad pública como para la integridad institucional, sería evasión-confrontación. A pesar de los intentos del gobierno de cambiar el péndulo hacia ese escenario, los agentes en el terreno no han reaccionado como se pretendía. Las bandas han invertido en corrupción, como siempre, y también han recurrido a la confrontación en mayor medida que en el pasado, dando como resultado la pesadilla de seguridad pública de los siete años anteriores. Y los esfuerzos por crear una policía más resistente a la corrupción, tal como lo prueban los ejemplos arriba mencionados, han sido desiguales. Parte de la razón es que existe un significativo problema entre directivos y subordinados, pero incluso si el próximo presidente es honesto y logra llenar todos los puestos más altos con hombres honestos (algo que virtualmente nadie ha sido capaz de hacer en las épocas recientes), esto no cambiará, por sí mismo, el cálculo.
Para afectar verdaderamente la decisión del policía individual de coludirse o no, el próximo presidente debería tomar en cuenta cómo se puede desalentar esa decisión: aumentar la probabilidad de que los policías corruptos sean atrapados y enviados a prisión a través de la prueba del polígrafo y el monitoreo de sus bienes; mejorar la profesionalización y el esprit de corps en las corporaciones policiacas a través de un mejor entrenamiento, reclutas más competentes y una paga más alta; y proteger a los policías que han sido amenazados por los grupos del crimen organizado.
La administración de Calderón implementó un programa de evaluación para la policía que ha enfrentado algunos de estos obstáculos, pero hasta ahora ha sido aplicado demasiado esporádicamente para tener un impacto. De hecho, hasta mediados de 2010 sólo el 8% de toda la policía estatal había sido sometida a evaluación. La proporción fue un poco mejor en el caso de la policía federal y municipal, pero en ningún nivel habían sido evaluados ni siquiera la mitad de los oficiales, y la proporción total de policías evaluados era sólo del 22 por ciento.[24]
El próximo presidente deberá entender también que a pesar de los arsenales que poseen las bandas criminales, el principal obstáculo para la policía no es un déficit de poder de fuego, sino más bien una falta de honestidad y competencia de investigación. El FBI, por ejemplo, no arma a sus hombres como soldados de infantería, y aun así sigue siendo una de las primeras agencias de lucha anticrimen en el mundo. En cambio, los miembros de la Policía Federal parecen unidades de infantería cuando se despliegan en cualquier área urbana: es típico que cinco policías enmascarados con pasamontañas y cargados de armas automáticas vayan en la caja de una voluminosa camioneta pick-up, con las armas apuntando hacia afuera, hacia la gente a la que fueron enviados ostensiblemente a proteger. Aunque se vean como parte de una fuerza imponente, la Policía Federal, e incluso otros cuerpos policiacos, no son suficientemente capaces de conducir investigaciones. Como ha señalado un analista, “la mayoría de las diversas fuerzas policiacas mexicanas continúan siendo ampliamente incapaces de realizar investigaciones objetivas y minuciosas, por no haber recibido nunca recursos ni entrenamiento adecuado.”[25]
Un ejemplo de esto es la falta de la llamada “inteligencia”. De acuerdo con un informe reciente, a pesar de los cálculos de que hasta 500,000 personas en México se ganan la vida de un comercio de drogas que obtiene miles de millones de dólares anualmente, las autoridades federales cuentan sólo con unos cuantos cientos de testigos protegidos trabajando para ellas.[26]
Esta incapacidad de investigación queda también evidenciada en los ministerios públicos mexicanos, que poseen una cantidad extraordinaria de poder sobre los procedimientos criminales, al operar esencialmente como agentes de investigación y como fiscales, y estar dotados del poder de arrojar evidencias que vayan en un sentido opuesto a su caso. Desde el punto de vista de poner a un criminal tras las rejas, dar a un funcionario un papel tan amplio no es en sí mismo una barrera insuperable o ni siquiera un sistema particularmente difícil de manejar, pero claramente los MP no están a la altura de su tarea. Como escribió recientemente uno de los críticos más reconocidos de las causas de la seguridad pública, Alejandro Martí, “ministerios públicos con salarios miserables y sin un entrenamiento, que llevan a cabo investigaciones tan mal elaboradas que los criminales se las arreglan para salir [de la cárcel] sin ningún problema.”[27] La incompetencia de los MP para la investigación es también una buena parte de la razón por la que sólo el 28% de todas las detenciones federales en 2010 (categoría que incluye la mayoría de los crímenes relacionados con drogas) dio como resultado juicios, por no hablar de condenas.[28]
Otros desafíos: jueces y cárceles
México también tiene mucho que hacer en relación con la calidad de su sistema judicial. La evidencia de las deficiencias en este ramo, anecdótica y de otros tipos, es sustancial. Los escándalos por la corrupción e incompetencia judicial crecieron en respuesta a Presunto culpable, el reciente documental en el que un habitante de la Ciudad de México, de inocencia probada, fue condenado injustamente a una pena por asesinato en un juicio digno de la Rusia de Stalin (la incompetencia del MP, que rozaba la cruel indiferencia, era una parte importante de la historia). El affaire Rubí Marisol Frayre, en el que un trío de jueces dejaron libre al sospechoso de asesinar a una chica de 16 años, a pesar del hecho de que había confesado y conducido a las autoridades hasta los restos de la muchacha, fue otro catalizador de indignación con el ámbito judicial.[29]
Otra evidencia menos publicitada e incluso más preocupante es la falta de personal en el sistema judicial. De acuerdo con un estudio reciente, México posee sólo 3.58 jueces por cada cien mil habitantes, apenas un tercio de la proporción que existe en Colombia, y una sexta parte de la de Costa Rica.[30]
La reforma judicial aprobada en 2008 podría tardar mucho en enfrentar los temas que infestan al sistema de justicia criminal y el próximo presidente debería asegurar la continuidad de su implementación, contra todos los obstáculos. La reforma, que se debe poder implementar en el curso de ocho años, estableció la presunción de inocencia y ordenó la conversión a un sistema de juicios orales muy similar al establecido en Estados Unidos. Dos analistas caracterizaron esta reforma como “cambios de fondo al procedimiento criminal, mayores protecciones al debido proceso, nuevos papeles para los operadores del sistema judicial y medidas más duras contra el crimen organizado”, así como un esfuerzo por “traer mayor transparencia, confiabilidad y eficiencia al debilitado sistema judicial mexicano.”[31] También incluía medidas innovadoras como la creación de una pequeña cohorte de jueces antidrogas, más fácil de monitorear, que pueden expedir órdenes de arresto por fax, teléfono e internet.[32]
A pesar de las reticencias que despiertan algunos de sus elementos, la legislación queda como uno de los principales logros de la administración de Calderón, aunque a pesar de su potencial la reforma judicial ha sido obstaculizada por su ineficiente implementación y una falta de gasto. En relación con el anterior, el presupuesto de 2011 otorgaba 10% menos al ramo judicial de lo que había pretendido el Consejo de la Judicatura Federal. Esto evitó que se abrieran 71 nuevos juzgados que habían sido planeados para aliviar la sobrecarga del sistema judicial, lo cual llevó a uno de los periódicos principales a acusar al presupuesto de “matar” la reforma judicial.[33]
Un informe reciente del inspector general de USAID, que contribuyó a la implementación de la reforma, es ilustrativo de un programa más ampliamente inconsistente: “La auditoría encontró que bajo las actividades actuales de implementación de asignaciones para apoyar el programa de estado de derecho, USAID/Mexico no ha entregado servicios de asesoría técnica de manera estratégica para alcanzar la máxima eficiencia, efectividad y sustentabilidad, principalmente porque carece de un foco de estrategia (véase página 4). Como resultado, las actividades de estado de derecho USAID/Mexico han tenido un éxito limitado para alcanzar sus principales metas…”[34]
Asumiendo que eventualmente la reforma se aplique y los criminales sean rutinaria y eficazmente procesados por los crímenes que cometieron, la situación continúa siendo muy precaria dentro de las cárceles mexicanas. Son notorios los ejemplos de jefes criminales que manejan sus operaciones tras las rejas; entre los más conocidos se encuentra Osiel Cárdenas, que negoció pactos con aliados criminales, peleó contra sus enemigos, dio órdenes en un sentido u otro a sus subordinados y disfrutó de muchas comodidades de la vida en el exterior, todo mientras se encontraba recluido en una de las máximas prisiones de alta seguridad de México.[35] Las masacres dentro de las prisiones, como el incidente del mes de julio en el que resultaron 17 muertos en la cárcel de Ciudad Juárez, son también noticia frecuente en los diarios mexicanos.
También son muy comunes las huidas; el ejemplo de la fuga del Chapo Guzmán de la prisión de máxima seguridad (en la que vivía como rey, con banquetes nocturnos y visitas regulares de prostitutas, para colmo) en 2001 es el más famoso, pero de ninguna manera el único.[36] Más recientemente, para tomar tres ejemplos de alto perfil, 56 presos escaparon de una prisión en Zacatecas en 2009, 40 más de una cárcel de Matamoros en 2010 y 151 fueron liberados de unas instalaciones en Nuevo Laredo en el mismo año.[37]
Cuando no abandonan las cárceles, los convictos a menudo mueren dentro de ellas. La incidencia de pleitos mortales en las prisiones –como, por ejemplo, los feos episodios que mataron a docenas de personas en Ciudad Juárez, Gómez Palacio y Durango en el último par de años– ha repuntado también, en gran medida debido al influjo de miles de nuevos criminales que el Estado es incapaz de albergar.[38] (El sistema penitenciario está sobrecargado en un 25 por ciento[39]).
Una solución obvia a todo esto es construir más prisiones. De hecho, en 2008 México prometió que abriría 12 nuevas prisiones de máxima seguridad en 2011[40]. Desgraciadamente, con ese año encima, las instalaciones tan urgentemente necesarias no aparecen por ningún lado.[41]
Gobierno local
Otro cuello de botella para mejorar la seguridad viene de los gobiernos estatales y municipales. Con algunas excepciones, son entidades extraordinariamente débiles, susceptibles a la corrupción y la intimidación. La ola de alcaldes asesinados en 2010, con un total de 14 asesinados en todo el país, atrajo algo de atención internacional sobre este problema, pero no se trata de un episodio nuevo.[42]
Parte del problema proviene de la historia mexicana; desde la Revolución, el cerrado sistema político corporativista se aseguraba de que el gobierno municipal fuera tan sólo un reflejo local del nacionalismo revolucionario centralizado. En consecuencia, nunca se desarrolló completamente un espíritu local de tenacidad y autoconfianza. Tampoco lo hicieron, en un tema relacionado, los sistemas de impuestos locales: el gobierno federal cubre la apabullante mayoría de los gastos de operación para los municipios nacionales. Y de acuerdo con un informe reciente, el 80% de los municipios del país enfrentó crisis de deuda después de la recesión de 2009.[43] Como resultado de esta fuerte dependencia del gobierno federal, tras un resurgimiento de la violencia, los funcionarios locales por lo regular no desarrollan respuestas efectivas propias sino que generan peticiones de más recursos al gobierno federal.
Más aun, incluso cuando poseen grandes cantidades de recursos en efectivo, los gobiernos locales carecen a menudo de capacidad de absorción para hacer uso de sus fondos. Un hecho que ilustra esto es la infrautilización crónica del gasto en seguridad. De acuerdo con datos de 2007, los gobiernos de los estados, que tienen acceso a fondos federales para armamento policiaco gastaron 40% menos de su asignación total, a pesar de la extendida (aunque a menudo exagerada) preocupación de que los cárteles superaban al gobierno en armamento.[44]
Todo esto conspira para convertir a los gobiernos locales no en una parte activa y productiva del cuerpo de gobierno sino más bien, en el mejor de los casos, en un peso muerto, una úlcera supurante. La capacidad de México de mejorar la seguridad pública no puede ser confiable cuando un pedazo tan grande del gobierno –de hecho la rama que más contacto cotidiano tiene con el promedio de los mexicanos– se encuentra en un estado tan lamentable. Probablemente una solución duradera a este problema queda fuera de las capacidades de una sola administración, pero el sucesor de Calderón deberá tener como prioridad iniciar la mejoría.
Reformular la imagen de la lucha por la seguridad pública
El próximo presidente podría también mejorar en gran medida el legado de Calderón en los términos de su presentación de las políticas anticrimen ante la nación. La presente administración siempre ha luchado por ofrecer una narrativa y una justificación coherente de sus políticas contra el crimen, comparables con las doctrinas de seguridad nacional que cada presidente estadounidense formula de manera inevitable. No fue sino hasta junio de 2010, casi cuatro años después de que fue electo, que Calderón se aventuró siquiera a publicar un esbozo formal de sus políticas con la Estrategia de Seguridad Nacional.[45]
Previamente, Calderón y su grupo saltaron de una explicación a otra para defender sus políticas. La violencia disminuía, argumentaban sus personeros; pero cuando aumentaba, la violencia era un signo de que las cosas estaban funcionando.[46] Los estadounidenses necesitan reducir la demanda, decían un día, y al siguiente: la demanda estadounidense es insaciable y la meta es únicamente cambiar las rutas hacia afuera de México.[47] Calderón también ha hablado de manera esporádica de la necesidad de recuperar el territorio tomado por los criminales y proteger a los niños de México como su misión de seguridad como gobierno. Sin duda éstas son dos metas valiosas, pero no forman colectivamente una justificación coherente de sus políticas.
Esto no es un problema de relaciones públicas nada más; esta confusión en la comunicación crea un vacío y cede terreno a los adversarios políticos de Calderón, la prensa más sensacionalista y los criminales con sus narcomantas. La negligencia de Calderón en este problema ha provocado que muchas versiones simplistas –como la que afirma que México es un estado fallido– ganen popularidad. La actual administración no está definiendo los términos del debate, más bien parece estar jugando a responder día con día a las versiones de los medios. Como la atención de los medios es inconstante, la información no siempre está distribuida de la forma en que debería.
Un ejemplo claro de esto es la situación de Torreón: este estado sufrió tres actos terroristas, así como los saldos del asesinato de civiles inocentes, en los primeros meses del 2010, dentro de un panorama de deterioro de la seguridad local que llevaba ya años de existir. A pesar del clima general de deterioro y del homicidio de mexicanos inocentes, y a pesar de que Torreón es el centro de la novena área metropolitana más grande de México, los dos primeros ataques recibieron una atención mediática nacional e internacional muy escasa, y por lo tanto la presencia federal en la ciudad fue reducidísima.[48]
Este error se ha agravado por el hecho de que, para formular su política en materia de seguridad, Calderón se rehúsa a pedir el consejo de personas que no pertenezcan a su círculo, descuido que el próximo presidente debería corregir enérgicamente. Los puestos del gabinete reflejan en su mayoría lazos personales con el presidente, en vez de un largo historial de excelencia en el desempeño del servicio público; como resultado, algunas de las posiciones más importantes del gobierno se confían a políticos cuya falta de experiencia es ampliamente conocida –el ex secretario de Gobernación José Francisco Blake, el anterior procurador Arturo Chávez Chávez.
Esta tendencia refleja un desinterés por el consenso, que por cierto se exhibió desde el comienzo de su presidencia: con el despliegue relámpago del ejército en Michoacán días después de su toma de posesión, Calderón envió un mensaje audaz sobre quién estaba al mando del país, pero con ese acto sacrificó la oportunidad de construir una política alrededor de una base más sólida. Los intentos subsecuentes de reunir a los diferentes sectores de la élite mexicana –el medio político, los medios masivos, las empresas, la sociedad civil– no lograron producir ese consenso, en gran parte porque Calderón esperó demasiado tiempo para buscar segundas opiniones. El primero de estos momentos llegó en 2008 con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia, y la Legalidad; el segundo en 2010, con los Diálogos por la Seguridad; el más reciente fue la reunión de hace algunos meses con Javier Sicilia.[49] Estos intentos también fracasaron por la impresión general de que eran las circunstancias las que lo forzaban al diálogo, y no un deseo genuino de considerar puntos de vista diferentes u opuestos.
La disputa reciente sobre los vuelos de aviones estadounidenses no tripulados en el espacio aéreo mexicano debe más a la desatinada secrecía que envolvía al programa que a lo intrusivo de éste. Este escándalo demuestra que Calderón todavía no aprende. Lo más ilógico de todo es que muchos civiles aprueban gran parte de lo que Calderón quiere hacer con el crimen; las encuestas han demostrado que una gran mayoría está de acuerdo con el uso del ejército para realizar trabajo policiaco en particular y para combatir de forma agresiva al crimen organizado en general.[50] En otras palabras, Calderón no necesita ignorar los aportes que podrían brindar quienes no forman parte de su círculo íntimo para continuar con estas políticas, pues de todos modos no le serían proscritas. Al hacerlo, lo único que logra es privarse de una base de apoyo que sacaría a la seguridad del mundo del futbol político y le daría a sus políticas un barniz tripartita.
Con este fin, el primer gran paso del próximo presidente en relación con la seguridad pública sería establecer una comisión con miembros de las corporaciones de seguridad, la academia, la oposición política y la comunidad internacional, para desarrollar sugerencias de política de seguridad a corto y a largo plazo.
Redefinir la relación con Estados Unidos
El sucesor de Calderón debería considerar también reajustar la relación con Estados Unidos con respecto a dos temas. En primer lugar debería evitar, cosa en la que Calderón ha fracasado, denuncias altisonantes a los Estados Unidos por sus fallos al atacar la demanda de drogas y el tráfico de armas. Si bien la frustración de Calderón es comprensible y ciertamente Estados Unidos debería hacer más para enfrentar su papel conductor en el comercio de drogas mexicano, el hecho de que un progreso significativo en cada uno de ambos aspectos es igualmente improbable y está completamente fuera del alcance de México es real. Incluso a través de un maravilloso esfuerzo de cabildeo por parte del gobierno mexicano, es improbable que un número suficiente de legisladores norteamericanos haga a un lado los deseos de la Asociación Nacional del Rifle y vote a favor de una nueva prohibición de las armas de asalto. La razón es simple y esencialmente inalterable: la ANR puede movilizar un número de votos masivo, al contrario que el gobierno mexicano.
Asimismo, los llamados a que Estados Unidos enfrente su demanda de drogas local son razonables y tienen consistencia lógica, pero aunque las iniciativas como el Hope Program de Hawai demuestran tener un gran potencial, la reducción de la demanda no acabará con la existencia de bandas como la de los Zetas. Incluso en el mejor escenario posible –por ejemplo, recientemente acudí a una charla en la que el Dr. Mark Kleiman, uno de los principales investigadores sobre la disminución de la demanda, calculaba que una reducción del 40% en el uso de drogas ilegales en Estados Unidos era concebible si los programas como el Hope se implementaban en todo el país–, el mercado estadounidense de drogas ilegales valdrá miles de millones durante las futuras décadas. En consecuencia, los líderes mexicanos deberían reconsiderar la eficacia de poner tanto énfasis en este tópico, especialmente a costa de mejorar la capacidad doméstica de investigación y persecución del crimen organizado. Y, tal como se menciona arriba, no queda completamente claro que reducir la demanda o el tráfico de armas tendrá mucho impacto en la seguridad pública en un corto plazo, mientras las bandas busquen reemplazar el ingreso de las drogas con otras actividades que dañen de manera más directa a los ciudadanos honrados (por ejemplo la extorsión y el secuestro).
En lo que toca al tráfico de armas, para muchos se ha convertido en la causa de moda, pero la idea de que éste es la fuente de la violencia mexicana (en lugar de un catalizador reemplazable de la violencia) falla al momento de explicar problemas de seguridad pública mucho más alarmantes que los de México en otros países del mundo que no comparten una frontera con Estados Unidos. Con el lavado de hasta 40 mil millones de dólares al año de los ingresos de la droga por parte de los grupos criminales, es un error pensar que los principales cárteles no encontrarán la forma de armarse, sin importar el celo con que los funcionarios estadounidenses restrinjan el tráfico de armas.[51]
En realidad, lo que haría una restricción del tráfico de armas es elevar el costo de las pistolas, cosa que obligaría a los cárteles a dedicar una proporción más alta de su ingreso a la compra de armas. Esto, a su vez, sacaría del mercado a algunas bandas de delincuentes comunes que hoy día portan armas de fuego. Ése sería un objetivo laudable, pero no al extremo de que todos los elementos de la política de seguridad pública y la relación bilateral se subordinen a él.
No quiero sugerir que Estados Unidos está libre de responsabilidad en los males que padece México; claramente no lo está y su fracaso al apreciar de manera suficiente el impacto internacional de su modo de conducir la política antidrogas representa una derrota moral significativa. Sin embargo, la prioridad para quienes diseñan la política mexicana es solamente mejorar la seguridad pública en México, tan rápido y efectivamente como sea posible. Y no hay razón para pensar que exigir al siempre temperamental gobierno de Estados Unidos que enfrente su papel en la conducción de los problemas de México dará fruto.
Otras preocupaciones
El próximo presidente de México debería enfrentar también otro puñado de temas que, si bien no entran tampoco en el contexto del mejoramiento institucional son preocupaciones acuciantes: primero, la libertad y la seguridad de la prensa. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. En 2010, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fueron asesinados nueve periodistas y desde el año 2000 han matado a 66.[52] Igualmente son comunes los ataques a las salas de redacción. Estos ataques reflejan un ejemplo más amplio de efecto intimidatorio en el que la mayoría de los periodistas, especialmente los de los periódicos locales, operan regularmente bajo la orden de reportar apenas lo mínimo, a menudo nada más que las declaraciones de los funcionarios importantes del gobierno sobre un caso. Con algunas notorias excepciones como Proceso, la mayoría de los medios de comunicación no lleva a cabo periodismo de investigación, simplemente porque es demasiado peligroso.
Otro tema es la falta de respeto a los derechos humanos por parte de la policía y el ejército. Con la presencia generalizada del ejército en las calles desde el comienzo de la administración de Calderón, la cantidad de acusaciones contra los soldados se ha disparado. En el transcurso de la administración de Calderón, la CNDH ha registrado hasta 5,000 quejas hasta abril de 2011.[53] Los incidentes específicos de abuso –que incluyen la violación y los asesinatos extrajudiciales– han sido documentados en detalle sobrecogedor por ONG s como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.[54] El reciente mandato de la Suprema Corte de terminar con el fuero militar en casos de acusaciones civiles por abuso, es un buen paso en la dirección correcta.[55]
El sucesor de Calderón debería sumarse al impulso creado por la Suprema Corte y exhortar a los militares a fomentar un mayor respeto por los derechos humanos entre sus filas, de modo que las acusaciones sean apenas necesarias. La necesidad moral de enfrentar el patrón de abuso es obvia, pero la operativa es igualmente fuerte. Los abusos son producto de una falta de disciplina y profesionalismo en las filas que podrían tener serias consecuencias. A fin de cuentas, luego de años de historias de comportamiento indebido por parte de los soldados, el impresionante prestigio que hoy tiene el ejército podría quedar erosionado.[56] Más aún, al asesinar o torturar a los criminales ya atrapados, las autoridades pierden la oportunidad de volverlos a su favor y utilizarlos como agentes encubiertos, o de otro modo aprovechar sus experiencias en la industria.
El próximo presidente debe también empezar a atacar a los políticos que apoyan al crimen organizado. Los tres intentos señalados de hacerlo durante la administración de Caderón –el michoacanazo, el arresto de Jorge Hank Rhon y la acusación a Gregorio Sánchez– fracasaron miserablemente. Pero, asumiendo que los blancos en los tres casos eran culpables, incluso si se hubiera triunfado habrían sólo representado una fracción mínima de los políticos que mantienen lazos ilícitos con el crimen organizado. Sin amenaza creíble de juicio, existe un desincentivo muy pequeño para que un político deje de proteger a un cártel u otro. Esto necesita cambiar.
Finalmente, las autoridades mexicanas deben hacer más para combatir el lavado de dinero. Los negocios sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado son conocidos en muchas poblaciones. Sin embargo, de acuerdo con un informe reciente de la embajada norteamericana en México, las dos naciones atrajeron sólo 165 casos relacionados con el lavado de dinero en México en 2009 y 2010. Los esfuerzos bilaterales dieron como resultado la confiscación de sólo 60 millones de dólares en ese periodo (aunque la aduana estadounidense recogió varias veces esa cantidad en confiscaciones de efectivo), a pesar del hecho de que hasta $80 mil millones de dólares en dinero ilícito entraron a México durante ese periodo.[57] Es imposible conducir una estrategia anticrimen verdaderamente robusta sin atacar las ganancias de los cárteles que operan en el bajo mundo mexicano.
Gracias a una ley histórica de confiscación de bienes aprobada en 2009, México debería tener las herramientas para aumentar la presión sobre el dinero ilegal.[58] Sin embargo, debido a la interpretación del lenguaje de la ley, los fiscales deben divulgar toda la evidencia en contra de un blanco de lavado de dinero.[59] En esencia, esto obliga al gobierno a arriesgar futuros casos criminales para confiscar bienes malhabidos; como resultado, no ha habido una sola acusación en los dos años que han transcurrido desde que se aprobó la ley.
Conclusión
El crimen organizado seguirá siendo un problema significativo más allá del periodo de seis años del próximo presidente. El alcance del problema es demasiado amplio y los impulsores del crimen organizado demasiado arraigados para esperar una resolución fácil. Más aún, el prerrequisito fundamental para enfrentar el problema –el mejoramiento institucional– es un proceso minucioso. (Una buena señal es que las estrategias establecidas en 2010 por Calderón y a comienzos de este año por su probable sucesor, Enrique Peña Nieto, da a este aspecto de la solución una gran cantidad de atención).[60] Sin embargo, mientras que los mexicanos necesitarán tener paciencia, el próximo presidente no debe esperar para empezar a trabajar en serio para desarrollar las instituciones efectivas que la nación necesita urgentemente.
[1]Jorge Fernández Menéndez y Ana María Salazar,
El Enemigo en Casa, (México D.F.: Taurus, 2008), 39.
[2] María de las Heras, “40%: no confía en que Calderón y su equipo puedan sacar adelante el país”, Milenio, 30 nov. 2009, consultado el 28 mar. 2010 en http://impreso.milenio.com/node/8681423.
[3] Mauricio Pérez y Francisco García Davish, “Calderón: Ni un paso atrás contra el narco,” Milenio, 22 dic. 2009, consultado el 3 abr. 2011 en http://impreso.milenio.com/node/8692654.
[4] Andrea Merlos, “El secuestro se triplicó en el país en 5 años”, El Universal, 7 sept. 2010, consultado el 16 feb. en http://www.eluniversal.com.mx/primera/35502.html.
[5] “Extorsión Telefónica,” Consejo para la ley y los derechos humanos, A.C., consultado el 16 feb. 2011 en http://www.mexicodenuncia.org/extorsion.html.
Juan Veledíaz, “Lanzan estrategia contra extorsión,” El Universal, 9 ago. 2008, consultado el 2 abr. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/528874.html.
[6] Artículo anónimo de la agencia de noticias Notimex, “Pagan extorsión a la delincuencia organizada más del 80% de los comercios en Ciudad Juárez”, Excélsior, 3 jul. 2010, consultado el 1 abr. 2010 en http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=518322.
[7] Alberto Morales y David Aguilar, “Ordeña” cuesta a Pemex hasta 3 mil mdp,” El Universal, 17 mar. 2011, consultado el 25 mar. en http://www.eluniversal.com.mx/notas/752567.html.
[8] Miguel Ángel Sosa, “CNDH investiga masacre en Tamaulipas,” El Universal, 25 ago. 2010, consultado el 29 mar. en http://www.eluniversal.com.mx/notas/704231.html.
[9] Miguel Ángel Sosa, “CNDH documenta 11 mil 333 plagios de migrantes,” El Universal, 22 feb. 2011, consultado el 25 mar. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/746825.html.
[10] Aurora Vega y Jorge Ramos, “Pirata, el 60% de las mercancías; el mayor problema está en ropa, bebidas y medicinas,” Excélsior, 23 mar. 2011, consultado el 28 mar. 2011 en http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=724111.
[11] Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, La Guerra Perdida. En el libro de estos funcionarios de la administración de Fox, este tipo de acuerdo tácito se analiza en profundidad.
[12] Shannon K. O’Neil, “Changing the Mérida Initiative Priorities,” Latin America’s Moment—Council on Foreign Relations, 7 ene. 2008, consultado el 1 abr. 2011 en http://blogs.cfr.org/oneil/2008/01/07/changing-the-merida-initiative-priorities/#more-38.
[13] Andrea Merlos, “Hay 500 mil narcos,” El Universal, 9 ago. 2008, consultado el 31 mar. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/528874.html.
[14] William Booth, U.S. and Mexico pledge more nonmilitary aid in battle against drug cartels,” The Washington Post, 24 mar. 2010, consultado el 17 mar. 2011 en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/23/AR2010032304196.html.
[15] Patrick Corcoran, “A Downside to Legalization,” FutureChallenges, 21 ene. 2011, consultado el 2 abr. 2011 en http://futurechallenges.org/web/guest/learn/security-terror-policy/article/-/articles/A+Downside+to+Legalization%3F.
[16] Miguel Ángel Sosa y Óscar Gutiérrez, “’Polleros’ ganan 6.6 mil mdd: ONU,” El Universal, 29 mar. 2011, consultado el 1 abr. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/nacion/184424.html.
[17] John Ackerman, “Mexico, chief casualty of America’s ‘war on drugs,’” The Guardian, 18 feb. 2011, consultado el 25 mar. en http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/feb/18/drugs-trade-drugs.
[18] Jorge Ramos y Ricardo Gómez, “Muestran fallas 50 por ciento de policías: Calderón,” El Universal, 27 nov. 2008, consultado el 29 mar. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/558852.html.
[19] Francisco Gómez, “Operación limpieza cimbra a la PGR,” El Universal, 27 dic. 2008, consultado el 17 mar. 2011, en http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164754.html.
[20] Dinorath Mota, “Detienen a director de Policía de Pachuca,” El Universal, 24 jun. 2009, consultado el 1 abr. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/607163.html.
Isabel Zamudio, “Detienen al menos 90 policías municipales en Veracruz,” Milenio, 15 mar. 2010, consultado el 2 abr. 2011 en http://www.milenio.com/node/401926.
Artículo anónimo, “Trasladan a policías detenidos a delegación de la PGR,” El Siglo de Torreón, 8 sept. 2008, consultado el 2 abr. 2011 en http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/377505.trasladan-a-policias-detenidos-a-la-pgr.html.
[21] Aurora Vega y Héctor González, “Desconfían de 91 por ciento de Policías del país,” Excélsior, 4 abr. 2011, consultado el 4 abr. 2011 en http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=727135.
[22] Raquel Fernández y Zenyazen Flores, “Desaparece la AFI; ahora será la Policía Federal Ministerial,” Milenio, 30 de mayo 2009, consultado el 29 mar. 2011 en http://impreso.milenio.com/node/8583666
[23] John Bailey y Matthew M. Taylor, “Organized Crime and the State in Brazil and Mexico,” Journal of Politics in Latin America (2009)
[24] Marcos Muedano, “Policías estatales, estancadas,” El Universal, 2 feb. 2011, consultado el 1 abr. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/746333.html.
[25] Shannon O’Neil, 8“The Real War in Mexico,” Foreign Affairs, jul./ago. 2009, 72
[26] Víctor Ronquillo, “El Michoacanazo, los límites de la justicia,” Milenio Semanal, 10 oct. 2010, consultado el 31 mar. en http://www.msemanal.com/node/3083.
[27] Alejandro Martí, “La policía: hidra de mil cabezas,” México SOS—Animal Politico, 30 nov. 2010, consultado el 2 abr. en http://www.animalpolitico.com/blogueros-mexico-sos/2010/11/30/la-policia-hidra-de-mil-cabezas/.
[28] Aurora Vega, “El 72% de los detenidos por delitos federales no llega a juicio, Excélsior, 26 abr. 2011, consultado el 7 ago. 2011 en http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=731994.
[29] Zorayda Gallegos, “Wallace aplaude renuncia de jueces de caso Rubí,” El Universal, 15 mar. 2011, consultado el 29 mar. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/752010.html.
[30] Verónica Mondragón, “México lidera rezago en cantidad de jueces,” Excélsior, 29 dic. 2010, consultado el 29 mar. 2011 en http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=699642.
[31] Matt Ingram y David A. Shirk, “Judicial Reform in Mexico: Toward a New Criminal Justice System,” Trans-Border Institute, mayo 2010, 22-23.
[32] Erica Mora, “Ahora serán fast track acciones contra los narcos,” Excélsior, 22 nov. 2008, consultado en mar. 2011 en http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=477506
[33] Carlos Avilés, “Recortes “matan” a reforma judicial,” El Universal, 17 nov. 2010, consultado el 2 abr. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/primera/35882.html.
[34] Inspector General’s Report, “Audit of USAID/Mexico’s Rule of Law and Human Rights Program,” Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional, consultado el 2 abr. 2011 en http://www.usaid.gov/oig/public/fy11rpts/1-523-11-001-p.pdf.
[35] Víctor Ronquillo y Jorge Fernández Menéndez, De los Maras a los Zetas, (México D.F.: Random House Mondadori, 2006), 221-240.
[36] Malcolm Beith, The Last Narco (Nueva York: Grove Press, 2010), 1-13.
[37] Reseña de periódico anónima, “Se fugan 40 reos de penal en Matamoros,” El Universal, 25 mar. 2010, consultado el 18 mar. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/668521.html.
Reseña de periódico anónima, “Confirman 151 reos fugados de Cereso,” El Siglo de Torreón, 19 dic. 2010, consultado el 18 mar. 2011 en http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/584418.confirman-151-reos-fugados-de-cereso.html.
Irma Mejía, “Comando libera a más de 50 reos en Zacatecas,” El Universal, 16 de mayo 2009, consultado el 18 mar. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/598362.html.
[38] Luis Carlos Cano, “Grupo de internos ejecuta 20 reos en Juárez,” El Universal, 5 mar. 2009, consultado el 1 abr. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/primera/32595.html.
Luis Rojas Mena, “Nineteen killed in Mexico president riot,” Reuters, 15 ago. 2009 consultado el 1 abr. 2011 en http://www.reuters.com/article/2009/08/15/us-mexico-prison-idUSTRE57E0CJ20090815.
Reseña de periódico anónima, “Confirma PGJ de Durango 23 muertos de tras riña en penal,” Milenio, consultado el 1 abr. 2011 en http://www.milenio.com/node/363795.
[39] José Luis Ruiz, “Guerra al narco asfixio penales,” El Universal, 10 ene. 2011, consultado el 20 mar. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/primera/36166.html.
[40] Malcolm Beith, “Jailhouse Shock,” Newsweek, 20 ago. 2009, consultado el 31 mar. 2011 en http://www.newsweek.com/2009/08/20/jailhouse-shock.html.
[41] Jorge Ramos, “Prioridad, la obra pública: Calderón,” El Universal, 18 mar. 2011, consultado el 31 mar. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/85221.html.
[42] Reseña de periódico anónima, “Ya son 3 los alcaldes asesinados en 2011,” El Siglo de Torreón, 13 ene. 2011, consultado el 31 mar. 2011 en http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/590979.ya-son-3-los-alcaldes-asesinados-en-2011.html.
[43] Ignacio Alvarado Álvarez, “Enfrentan más de 80 por ciento de alcaldías crisis por deudas,” El Universal, 14 mar. 2011, consultado el 2 abr. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/primera/36475.html.
[44] Roberto José Pacheco, “Policías, solo con 2.2 por ciento del armamento necesario,” Excélsior, 1 de mayo 2009, consultado el 29 mar. 2011 en http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=348057.
[45] “La Lucha por la Seguridad Pública,” La Presidencia de la República Mexicana, 13 jun. 2010, consultado el 31 mar. 2011 en http://www.presidencia.gob.mx/?DNA=85&Contenido=57618.
[46] AP y Jorge Hernández, “La violencia del narco muestra su creciente debilidad, dice la SRE,” Milenio, 29 sept. 2009, consultado el 2 abr. 2011 en http://impreso.milenio.com/node/8648592.
Héctor Figueroa, “Disminuyen ejecuciones: Gobierno federal,” Excélsior, 12 abr. 2009, consultado el 2 abr. 2011 en http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=365041.
[47] Reseña de periódico anónima, “Presidente de México llama a EU a controlar la demanda de drogas,” CNN México, 23 mar. 2010, consultado el 2 mar. 2011 en http://mexico.cnn.com/nacional/2010/03/23/presidente-de-mexico-llama-a-eu-a-controlar-la-demanda-de-drogas
Artículo anónimo, “Mexican president: we’re not losing drug war”, msnbc.com, 26 feb. 2009, consultado el 2 abr. 2011 en http://www.msnbc.msn.com/id/29413556/.
[48] Reseña de periódico anónima, “’Fue un acto de terrorismo,” Vanguardia, 20 jul. 2010, consultado el 2 abr. en http://www.vanguardia.com.mx/fueunactodeterrorismo-522159.html.
[49] José Gerardo Mejía y Jorge Ramos Pérez, “Culminan diálogos por la seguridad,” El Universal, 12 ago. 2010, consultado el 1 abr. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/701409.html.
Redacción, “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia, y la legalidad,” El Universal, 22 ago. 2008, consultado el 31 mar. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/532069.html.
[50] Ulises Beltrán y Alejandro Cruz, “Encuesta: Convence a 88 por ciento lucha antinarco”, Excélsior, 6 sept. 2009, consultado el 26 mar. 2011 en http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658329#.
Richard Wike, “Mexicans continue support for drug war”, Pew Global Attitudes Project, 12 ago. 2010, consultado el 26 mar. 2011 en http://pewresearch.org/pubs/1698/mexico-support-drug-war-less-supportive-of-americaninvolvement.
Resumen ejecutivo anónimo, “Percepción ciudadana sobre la seguridad en México”, Mitofsky, 14 abr. 2010, consultado el 26 mar. 2011 en http://www.consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=seguridad-mexicomucd.
[51] Reseña de periódico anónima “Ingresan a México hasta 40 mmdd por el lavado de dinero,” Excélsior, 23 feb. 2011, consultado el 1 abr. 2011 en http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=716859.
[52] Miguel Ángel Sosa, “CNDH: 9 periodistas asesinados en 2010,” El Universal, 3 ene. 2011, consultado el 1 abr. 2011 en http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/587960.cndh-9-periodistas-asesinados-en-2010.html.
[53] Silvia Otero, “En 2011, 3 quejas diarias contra Sedena,” El Universal, 2 abr. 2011, consultado el 3 abr. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/nacion/184503.html.
[54] “Mexico: New reports of human rights violations by the military,” Amnistía International, dic. 2009.
“Uniform Impunity: Mexico’s Misuse of Military Justice to Prosecute Abuses in Counternarcotics and Public Security Operations,” Human Rights Watch, abr. 2009.
[55] Reseña de periódico anónima, “Sedena defiende fuero militar,” El Economista, 9 sept. 2009, consultado el 3 abr. 2011 en http://eleconomista.com.mx/politica/2009/09/14/sedena-defiende-fuero-militar.
[56] Monitor Mitofsky, “Economía, Gobierno, y Política,” Consulta Mitofsky, feb. 13 2011
[57] Reseña de periódico anónima, “Detectan México y EU en dos años a 135 empresas ligadas a cárteles mexicanos,” Excélsior, 1 ene. 2011, consultado el 1 abr. 2011 en http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=700294.
[58] Ricardo Gómez y Jorge Ramos, “Senadores aprueban extensión de dominio,” El Universal, 2 abr. 2009, consultado el 2 abr. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/588575.html
[59] Reseña de periódico anónima, “Mexico outfits on US money-laundering list thrive,” Associated Press, 12 de mayo 2011, consultado el 7 ago. 2011 en http://www.cbsnews.com/stories/2011/05/13/ap/business/main20062767.shtml
[60] Enrique Peña Nieto, “Un Estado eficaz para reducir la violencia,” El Universal, 10 ene. 2011, consultado el 7 ago. 2011 en http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/51294.html
Documento estratégico anónimo, “La lucha por la Seguridad Pública,” Presidencia de la República, 13 jun. 2010, consultado el 7 ago. 2011 en http://www.presidencia.gob.mx/2010/06/la-lucha-por-la-seguridad-publica/
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PATRICK CORCORAN es periodista y se ha especializado en seguridad pública y política en México. Ha publicado en World Politics Review, Small Wars Journal y Harvard International Review. Actualmente estudia la maestría en Economía y Política del Hemisferio Occidental.
Traducción de Ana García Bergua
