En la revisión que ha venido haciendo de una serie de postulados derivados del liberalismo económico, el autor se refiere al derecho a la propiedad privada. El respeto a este derecho supondría que la recaudación de impuestos por parte del Gobierno se debe limitar a los recursos indispensables para la realización de sus tareas esenciales.
I
El tercer mandamiento del Decálogo para el buen comportamiento económico del Gobierno es este: “Aceptarás que toda persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, por lo que no limitarás la propiedad sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción, salvo por la parte de los mismos que necesites y obtengas por medio del cobro de impuestos para, de manera homogénea, garantizar la seguridad contra la delincuencia, impartir justicia y ofrecer bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y que verdaderamente deban ofrecerse”.
La observancia de este tercer mandamiento debe darse, en primer lugar, por respeto al derecho de propiedad privada y, en segundo lugar, por motivos de eficacia económica, relacionada con los incentivos necesarios para que cada agente económico haga, en el ámbito de la actividad en la que se desempeña, su mejor esfuerzo. Estos incentivos tienen que ver no solo con el laissez faire, “dejar hacer”, sino también, y de manera más importante, con el laissez avoir, “dejar poseer”, es decir, respetar el derecho de propiedad privada sobre el producto del trabajo del individuo, sin olvidar que el laissez avoir es la condición de posibilidad del laissez faire o, dicho de otra manera, que la propiedad privada es la condición de posibilidad de la libertad individual, de tal manera que, en la medida en que se elimina o limita la primera, se elimina o limita la segunda.
¿De qué manera limita el Gobierno la propiedad privada? Cobrando impuestos. El recaudador obliga al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo, lo que concuerda con la definición de robo, de tal manera que hay que buscar la justificación de tal expolio. ¿Existe esta justificación? Sí, sobre todo si aceptamos que el Gobierno necesita garantizar la seguridad de los ciudadanos contra la delincuencia y, si falla en el intento, impartir justicia en sus dos vertientes: resarcir a la víctima del delito y castigar al delincuente.
II
El Gobierno es un “mal necesario”. Necesario, por los bienes que procura: seguridad contra la delincuencia e impartición de justicia (siendo el primer acto de esta la provisión de seguridad contra la delincuencia). Mal, por la manera que tiene de financiar dichas tareas: obligando al gobernado a entregarle parte del producto de su trabajo, es decir, cobrándole impuestos. Si el Gobierno provee bienes indispensables para la convivencia civilizada que benefician a todos los ciudadanos, ¿por qué no dejar que estos, voluntariamente, financien dichas actividades? Por el problema del gorrón, es decir, por el dilema que plantea aquel ciudadano que, sabiendo que el Gobierno debe cumplir con sus obligaciones esenciales —garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia— y cumplirlas para todos por igual, independientemente de quién haya pagado o no, decide no pagar aprovechándose de las contribuciones que sí hicieron los demás. ¿Cómo se evita este problema? Obligando a todos a financiar las tareas del Gobierno, para lo cual se deben cobrar impuestos.
Lo que justifica el cobro de impuestos –es decir, que el recaudador obligue al contribuyente, violando el laissez avoir, a entregarle parte del producto de su trabajo— es que ese dinero se use para garantizar a todos por igual la seguridad contra la delincuencia y la impartición de justicia, y que esos recursos se obtengan de todos por igual, por medio del impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin ninguna excepción) y no expoliador (para que su cobro no degenere en un robo con todas las de la ley) al consumo (no al ingreso, no al patrimonio).1 El cobro de impuestos a todos por igual y el uso de los recursos obtenidos para el beneficio de todos por igual no supone la recaudación ni el gasto gubernamental con fines redistributivos.
III
Gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir, de quitarle a unos para darle a otros, con el fin no de garantizar derechos sino de satisfacer necesidades (socialismo) y/o defender intereses, sobre todo pecuniarios (mercantilismo). Esta redistribución del ingreso se realiza, sobre todo en su faceta socialista, por medio del cobro de impuestos y a través del gasto social gubernamental, redistribución del ingreso que no pasa de ser un robo con todas las de la ley —la expoliación legal de la que habló Frédéric Bastiat2—, robo que no deja de serlo por el hecho de que lo lleve a cabo el Gobierno.
Es momento de recordar que una conducta no puede justificarse por la identidad del actor sino por la naturaleza de la acción, y que quitarle a uno para darle a otro, al margen de cuál sea la intención, e independientemente de quién sea el que quita, es un robo.
Dado que la redistribución del ingreso es un robo, el tercer mandamiento señala que la persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, y que lo único que justifica la violación de este derecho es que el Gobierno recaude recursos de todos por igual para garantizar a todos por igual la seguridad contra la delincuencia y, de fallar en el intento, la impartición de justicia, que son las dos tareas esenciales del Gobierno, aquellas a las que no puede renunciar sin dejar de ser verdadero Gobierno, aquellas cuya realización, si es honesta y eficaz, no hace del cobro de impuestos una expoliación legal.
IV
Además de garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, el Gobierno debe ofrecer los bienes y servicios públicos que realmente lo sean y, aún más importante, que verdaderamente deban proveerse.
Bienes y servicios públicos —por su propia naturaleza y no por definición arbitraria del Gobierno— son aquellos de cuyo consumo no es posible excluir a nadie y cuyo consumo no genera rivalidad. De los bienes y servicios públicos que provee el Gobierno, ¿cuáles lo son por su propia naturaleza y cuáles por definición arbitraria? Por ejemplo, la educación, ¿es por su propia naturaleza un bien público, de cuyo consumo no es posible excluir a nadie y cuyo consumo no genera rivalidad? No. La educación es un bien económico escaso cuyo consumo sí genera rivalidad (el pupitre que ocupa un alumno no lo puede ocupar otro) y de cuyo consumo sí se excluye a algunos (todos los alumnos que no alcanzan cupo en determinadas instituciones educativas). La educación es considerada un bien público no por su propia naturaleza sino por definición arbitraria del Gobierno, para el que un bien público es aquel de cuyo consumo nadie debe quedar excluido (como es el caso, entre muchos otros, de la educación), razón por la cual debe ser proporcionado no en el mercado sino por el Gobierno, lo que se logra por medio de la redistribución. El Gobierno le quita a unos para darle a otros, lo cual no pasa de ser un robo, al margen de cuál sea la intención y de quién sea el redistribuidor.
V
El lema del liberalismo no debe ser laissez faire–laissez passer, “dejar hacer–dejar pasar”, sino laissez faire–laissez avoir, “dejar hacer–dejar poseer”, es decir, libertad individual y propiedad privada que, junto con la responsabilidad personal, son los tres pilares del liberalismo. La libertad individual y la propiedad privada demandan al Gobierno respeto al laissez faire y el laissez avoir, exigencia que da origen al tercer mandamiento, que todos los Gobiernos violan impunemente.
En este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá de las fronteras.
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1 Volveré a este tema cuando analice el noveno mandamiento.
2 Ver El Estado (1850) y La ley (1850) .
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ARTURO DAMM ARNAL es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana ([email protected]; Twitter: @ArturoDammArnal).
