De cara a las elecciones federales de julio próximo, la autoridad electoral deberá enfrentar tres grandes retos: la legalidad durante las campañas, una mayor participación ciudadana en las urnas y el respeto de los resultados por parte de los distintos contendientes.
Decisión 2012: los retos del árbitro electoral
En la obra Democracia y desarrollo1 se sostiene que las democracias que poseen un ingreso per cápita superior a los 6 mil dólares anuales pueden ser consideradas estables y sin mayores riesgos de padecer un eventual regreso al autoritarismo.2 6 mil dólares fue el umbral que los autores encontraron para separar a las democracias frágiles de las que podrían perdurar. México, según datos del Banco Mundial, posee un ingreso per cápita de 8 mil 930 dólares anuales.3 Sin embargo, el contexto actual parece abrir más incógnitas sobre la salud de nuestra democracia de las que teníamos hasta hace poco.
A seis meses de la elección presidencial, se ha configurado un escenario desalentador para el votante. Muchos son los frentes de conflicto y muchos también los desafíos que deberá sortear la autoridad para asegurar un proceso electoral legal, equitativo, imparcial, objetivo, con independencia y certeza, como lo ordena el Artículo 41 constitucional. A la composición por largo tiempo incompleta del Consejo General del IFE se añaden confrontaciones internas en el organismo y fuertes acusaciones por una reforma electoral que dejó insatisfechos a diversos actores, entre los que se cuentan medios de comunicación, líderes de opinión y algunos partidos políticos (prueba de ello son las acciones de inconstitucionalidad y el amparo que conoció la Suprema Corte, promovidos con la finalidad de detener la reforma).4 Así, nos acercamos a unos comicios presidenciales con un entorno más adverso del que tuvieron las elecciones de 2006, caracterizado por un árbitro que ha perdido confianza y unas reglas que podrían motivar incumplimiento.
Más allá de los problemas coyunturales, existen por lo menos tres retos estructurales en los que deberá centrarse la autoridad electoral para contribuir a la consolidación del régimen democrático. El primero consiste en salvaguardar la legalidad durante las campañas; el segundo, en promover una mayor participación ciudadana en las urnas, y el tercero, en procurar el respeto de los contendientes por los resultados de la contienda.
Primer reto: las campañas
La legalidad electoral se ha visto seriamente desgastada en los últimos años. Contra un ex diputado federal pesan dos órdenes de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. En Quintana Roo, un aspirante al gobierno del estado —hoy en libertad— fue retirado de la contienda y procesado por delitos similares. Más recientemente, una ex candidata al gobierno de Hidalgo declaró haber recibido ofrecimientos económicos de grupos criminales durante su campaña. Incluso el llamado michoacanazo, que concluyó con el auto de formal libertad para los inculpados, dejó sembrada la duda sobre la inocencia de los servidores públicos involucrados. De alguna manera, la intromisión de la delincuencia en los procesos de renovación de los poderes públicos ha adquirido mayor fuerza y se ha constituido, quizás, en la principal amenaza a la legalidad de los comicios.
El problema se ha agudizado debido a la incapacidad de las instituciones del Estado para prevenir, perseguir y sancionar estas conductas. Por ejemplo, el Artículo 406 del Código Penal Federal establece como delito electoral que funcionarios partidistas o candidatos utilicen “fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral”. No obstante, de las 187 sentencias condenatorias relacionadas con delitos electorales emitidas por jueces federales en 2009 (último año de elección federal), no hubo una sola por violaciones al Artículo 406.5 Al hablar de campañas, lo que domina es el crimen sin castigo.
Segundo reto: la jornada electoral
El segundo reto es fomentar una mayor participación ciudadana en las urnas. En la elección federal de 1994 la participación electoral fue de 77.2% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal; para la elección de 2000, la participación descendió a 64%, y para los comicios federales de 2006 la cifra cayó a 58.6%.6 No hemos logrado atraer la atención de los nuevos electores. Ni siquiera una más intensa competencia partidaria –con una mayor exposición mediática– ha sido suficiente para combatir el fenómeno del abstencionismo. Hoy en día, cerca de 13 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal (17% del total) son menores de 25 años. Muchos de estos jóvenes votarán por primera vez. El Instituto Federal Electoral (ife) y los partidos políticos deben construir nuevos y frescos argumentos que los inviten a votar.
A los ciudadanos que nacieron antes de los años 70 les podrá decir mucho el concepto de sufragio universal, libre, secreto y directo. Son mexicanos que padecieron las consecuencias de un régimen cerrado y siguieron de cerca los violentos desenlaces de movimientos sociales en los años 50, 60 y 70. Estas historias son ajenas para los electores más jóvenes. A los votantes que ingresaron a la lista nominal en la última década, los argumentos de libertad de elección les son menos familiares y, posiblemente, poco trascendentes. No les tocó vivir en los tiempos del autoritarismo con desarrollo estabilizador, sino en los de democracia con pobreza y desigualdad: resienten la falta de oportunidades, el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, la inseguridad. Para ellos, el sufragio, más que el ejercicio de un derecho político, debe ser una oportunidad para decidir su futuro.
El nuevo votante necesita encontrar diferencias en la oferta política; ver que la integración de un gobierno y las políticas públicas adoptadas varían significativamente de un partido a otro. Necesita verificar, en la práctica, que su voto tiene repercusiones en el nivel de vida personal y en el bienestar colectivo. Solo así acudirá a las urnas.7
Tercer reto: el día después
Uno de los rasgos más emblemáticos de las democracias consolidadas es la aceptación de la derrota. En México, este hábito no parece estar suficientemente arraigado. Aquí, reglas y resultados se objetan con la misma frecuencia con la que se organizan elecciones. En 2006 el conflicto llegó incluso a comprometer la toma de posesión del entonces presidente electo. Las imágenes del primero de diciembre de aquel año, transmitidas desde el Congreso de la Unión, dejaron ver un acto republicano desarrollado bajo fuertes sospechas de sabotaje.
En buena medida, el movimiento de protesta tuvo eco entre la población debido a la ausencia de una política de comunicación eficaz por parte del IFE. En una encuesta reciente levantada por María de las Heras para el diario El País, a la pregunta “¿Usted personalmente cree que en la elección de hace cinco años hubo fraude electoral o no?”, 49% de los entrevistados consideró que sí lo hubo.8 Si el IFE divulgara con eficiencia los controles y procedimientos establecidos para la organización de las elecciones, muy pocos ciudadanos creerían en la posibilidad de manipular la votación.
Un millón de ciudadanos, seleccionados aleatoriamente, son capacitados para recibir y contar los votos. Asimismo, los partidos políticos disponen, en general, de representantes en más de 80% de las casillas instaladas. El Ejército Mexicano, quizá la institución pública con mayor prestigio en el país, resguarda la paquetería electoral antes y después de la jornada. Son demasiados controles y demasiadas instancias como para pensar en la posibilidad de alteración. Pero en 2006 la comunicación social del IFE falló y, con ello, las voces que llamaban a desconocer los resultados se fortalecieron. La pregunta sigue abierta: ¿aceptarán los perdedores su derrota en 2012?
Los tres retos que plantea el próximo proceso electoral federal no son menores. Está en juego la legalidad de las contiendas. Está a prueba la capacidad de la autoridad para llamar a un mayor número de votantes a acudir a las urnas. Está el reto de incentivar en partidos y candidatos el acatamiento de los resultados. Son tres desafíos de grandes proporciones; del oportuno y eficaz tratamiento que realice la autoridad electoral en cada uno de ellos dependerá en gran medida nuestro avance hacia la consolidación de una democracia de calidad.
1 Adam Przeworski, Michael Álvarez et ál., Democracy and Development. Political Institutions and Well Being in the World, 1950-1990, Cambridge University Press, Estados Unidos, 2000, p. 98.
2 Sostienen los autores que “ninguna democracia ha sido derrocada, ni durante el periodo que cubre su estudio, ni antes, ni después, en aquellos países con un ingreso per cápita superior al de Argentina en 1975: 6,055 dólares”.
3 Véase http://datos.bancomundial.org/pais/mexico. Los datos corresponden a 2010.
4 Las acciones de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007 fueron promovidas por los partidos políticos nacionales Convergencia y Nueva Alianza.
5 Véase el “Informe Anual de Actividades 2009”, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), p. 41. La gran mayoría de las sentencias condenatorias (89.8%) se relaciona con violaciones al Artículo 411 del Código Penal Federal, por los delitos de alteración del Registro Federal de Electores y del listado nominal, así como por la expedición ilícita de credenciales para votar.
6 Con base en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Información disponible en el sitio electrónico del Instituto Federal Electoral: http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/HRE_2001-2009/.
7 En “A la conquista de los indecisos” (Enfoque, núm. 923, 15 de enero de 2012), Alejandro Moreno muestra que, entre los ciudadanos que aún no deciden su voto, predominan los jóvenes. De continuar esta tendencia en los próximos meses, un elevado número de los votantes menores de 30 años podría adherirse al segmento de los abstencionistas (72% de los entrevistados en este rango de edad declara no haber definido su voto).
8 María de las Heras, “La incómoda alianza entre Calderón y Gordillo” en El País, 4 de julio de 2011.
JERÓNIMO DÍAZ REBOLLEDO es maestro por la Universidad de Chicago. Actualmente se desempeña como Asesor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Publica este artículo a título personal.
