Se habla mucho de las condiciones que deben enfrentar los migrantes mexicanos en Estados Unidos, sobre todo ahora que la legislación de algunos estados se ha endurecido. En Canadá, sin embargo, la vida de los migrantes también puede tornarse insoportable, como lo ejemplifica el caso aquí expuesto. ¿Qué hacen al respecto nuestras autoridades y las canadienses?
Para los mexicanos, desde hace tiempo, Canadá es una nación envidiable. Un país inmenso, lleno de bosques, ríos, lagos, grandes cataratas, montañas nevadas, aire puro. Es también un país muy rico: la décima economía del mundo. Con un ingreso de casi 38 mil dólares anuales por habitante, se sitúa por encima de naciones tan prósperas como Gran Bretaña y Francia.
Al ser un país construido por inmigrantes, el espíritu nacional rebosa tolerancia. Su sistema político combina la democracia parlamentaria y la monarquía constitucional, y las provincias gozan de una autonomía guardada con celo. Sus idiomas oficiales son el inglés y el francés, pero la conservación de sus raíces históricas y las oleadas de migrantes que empapan su territorio la convierten en un crisol de lenguajes. En el norte, tierra de aborígenes, se hablan 65 lenguas, mientras en las ciudades sureñas se escuchan el chino, el italiano, el alemán, el hindi y el español.
Nación abierta, liberal, limpia, culta, pujante, tolerante hacia los homosexuales y permisiva del consumo de drogas, Canadá parece el ejemplo “más acabado” de la sociedad del futuro. Por eso resulta paradójico que también sea una nación retrógrada en materia de derechos laborales. Las diferencias legislativas de las provincias convierten a la nación en víctima de su propio federalismo.
El 7 de julio de 2007, en el diario La Presse de Quebec, apareció un revelador artículo, “La policía al rescate de un trabajador accidentado”, en el que se narraba el calvario de Andrés Rosas Salazar, un hombre salido del pueblo de San Bartolomé Atlatlahuaca, Estado de México, que había llegado a una granja de Quebec como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, con el fin de enviar dinero a su mujer y sus dos hijos.
Durante su jornada laboral, Andrés se encontraba cargando un camión de flores cuando, al levantar una estructura de metal, sintió un dolor punzante junto al ombligo. Por la noche, descubrió que tenía una pequeña protuberancia en la región abdominal, y a partir de ese momento comenzaron los dolores. Andrés se quejaba, pero como no habla francés, nadie le prestaba la atención debida. Sus patrones le decían que era un simple dolor de estómago y, para no perder el salario, Andrés seguía trabajando. Cuando fue a la clínica, le recetaron laxantes. Cuando habló al Consulado General de México en Montreal, este le recomendó al patrón que llevara a Andrés a un médico que hablara español, pero el patrón no hizo caso y en el Consulado voltearon hacia otro lado.
Después de un mes, Andrés recurrió al Centro de Apoyo para Trabajadores Agrícolas, una organización del sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria Alimentaria y del Comercio en Canadá (UFCW, por sus siglas en inglés). Ahí le aconsejaron solicitar a los dueños de la granja donde trabajaba su credencial de seguro médico, pero le fue negada. Acompañado por personal del UFCW, acudió al hospital, donde le diagnosticaron una hernia umbilical y le explicaron la necesidad de operarlo de inmediato. Para conseguir la credencial, tuvo que recurrir a la policía municipal, que obligó al patrón a proporcionársela.
Gracias al artículo periodístico de La Presse, la Comisión de Derechos Humanos de Quebec tomó cartas en el asunto, inició una investigación propia y, meses después, dictaminó que se habían violado los derechos del trabajador y que había que compensarlo. Los patrones le pagaron los gastos médicos y los salarios caídos, y a regañadientes le extendieron una carta de recomendación para que pudiese regresar a trabajar a Quebec. Sin embargo, empañando la cordialidad de las relaciones entre México y Canadá, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México le negó el retorno.
El caso de Andrés es solo un botón de muestra de lo que sucede con los trabajadores migrantes que viajan de México a Canadá. Salvo honrosos casos, estos trabajadores son víctimas de los abusos de los enganchadores de siempre: ganan salarios inferiores, viven en condiciones insalubres y peligrosas, pagan rentas más altas por sus viviendas, no tienen voz en las mesas de negociación de sus condiciones laborales y viven amordazados por las amenazas de repatriación.
En la hermosa ciudad de Vancouver, considerada una de las urbes más limpias del mundo, en abril del año pasado se presentó una queja por despido injustificado de trabajadores agrícolas cuyo pecado de origen había sido, simplemente, su afiliación a una organización sindical. Por esa causa fueron separados de su trabajo y, a pesar de formar parte del convenio para trabajadores migrantes firmado con México, Canadá les cerró las puertas para su retorno. Lo escandaloso del asunto fue que las autoridades mexicanas se involucraron para defender… ¡los intereses de los granjeros canadienses!
Detrás de este caso está la falta de jurisprudencia en el ámbito de las relaciones laborales con nuestros vecinos del norte. Con Canadá existe un Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) que data de 1974 y que establece, en términos generales, la participación de los gobiernos y las obligaciones de empresarios y trabajadores, pero su aplicación ha sido restringida y saboteada por todos. Las audiencias del caso revelaron, a través de los testimonios de los trabajadores del Consulado General de México en Vancouver, que las autoridades de la Cancillería y la Coordinación General del Empleo, dependencia de la Secretaría del Trabajo, giraban instrucciones para alejar a los trabajadores de su legítimo derecho a la asociación sindical. Para ello se elaboran “listas negras”, como en la tenebrosa época de McCarthy.
Además, contra los trabajadores se esgrime también una soberanía nacional que pone por encima los intereses del Estado, en abstracto. Como la queja del sindicato se presentó ante el Consejo de Relaciones Laborales de Columbia Británica, el Gobierno mexicano sostuvo que la injerencia de este organismo en los asuntos de política nacional era inadmisible para la autonomía de un Estado soberano.
Y así como la jurisdicción de cada nación se convierte en obstáculo para la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, también el federalismo canadiense –puesto como ejemplo en las aulas de ciencia política en todo el mundo– resulta un rompecabezas para el ejercicio de los derechos laborales. Mientras que en la constitución canadiense se consagra el derecho a la libre asociación y la contratación colectiva de todos los ciudadanos que laboran en el suelo canadiense, independientemente de su nacionalidad, las legislaciones de algunas provincias tienen un rezago de siglos. En Alberta y Columbia Británica, la reglamentación básica sobre salario mínimo y horas de trabajo no aplica para los trabajadores agrícolas. En Ontario, donde los inmigrantes se concentran alrededor de la abigarrada ciudad de Toronto, existe una legislación propia del siglo XIX, donde los trabajadores agrícolas pueden asociarse en organizaciones cívicas o recreativas, pero de ninguna manera en sindicatos.
¿Se trata de una previsión propia de la modernización laboral, donde se prefieren las relaciones individuales y la sociedad se vacuna contra las grandes corporaciones sindicales, proclives a la corrupción, la burocracia y el enriquecimiento de los líderes?
Wayne E. Hanley, el líder de la ufcw, es el típico canadiense concentrado afanosamente en su trabajo, pero abierto al mundo más allá de las fronteras. Con su larga figura de basquetbolista, era empleado de una tienda de abarrotes en su natal London, Ontario, y desde 1976 se apasionó por la defensa de los trabajadores de la industria alimenticia y la organización sindical. Bajo su liderazgo, el sindicato ha crecido hasta llegar a agrupar a más de 250 mil afiliados, y se ha convertido en la organización sindical más importante de Canadá.
En los últimos años, Hanley amplió su campo de acción y se dedicó de cuerpo entero a la defensa de los trabajadores temporales, en especial los mexicanos. En Toronto, puerto de arribo de miles de migrantes y baluarte del combate a los sindicatos, cuenta con el apoyo de Víctor Carrozzino, un uruguayo defensor de los derechos humanos fogueado en la época de la dictadura de Juan María Bordaberry (1928-2011), un civil que disolvió el Congreso y entregó el poder a los militares.
Desde que la legislación laboral para Ontario fue promulgada en el año 2002, ningún grupo de trabajadores ha llegado a utilizarla para negociar con sus empleadores –dice Hanley, quien reparte su tiempo entre los 10 centros de apoyo para trabajadores agrícolas que existen en todo el país. A diario los trabajadores agrícolas son despedidos, amenazados, embarcados de regreso a sus países de origen si se suscita la sospecha sobre sus vínculos sindicales […]. Por eso invitamos al gobierno a sentarse y a hacer las consultas necesarias para modificar la legislación y reparar esta situación equivocada, que resulta injusta y constituye una vergüenza internacional.
En los últimos años, consciente de que la globalización del mundo ha abierto nuevos horizontes para la internacionalización del trabajo, Wayne ha visitado México para firmar acuerdos con los gobiernos estatales que exportan mano de obra a Canadá: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el Distrito Federal y Tlaxcala.
Si bien originalmente la mano de obra mexicana era más bien escasa y se dirigía a los cultivos tradicionales de verduras, frutas y tabaco, a las empacadoras de productos agrícolas y al cultivo de flores, en la actualidad alrededor de 17 mil trabajadores agrícolas se integran cada año al mercado laboral canadiense, en el marco del PTAT. En la última década, el Programa ha permitido la entrada de trabajadores mexicanos en sectores como la hotelería, la restauración, la construcción y los servicios de atención médica.
El pasado mes de mayo, un grupo de legisladores mexicanos elaboró una propuesta para que el Ejecutivo contemple una política de trabajo temporal basándose en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores. Con ello se busca que, de acuerdo con el Artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo, se registren los contratos de los patrones canadienses ante las juntas de Conciliación y Arbitraje de México, y que asuman la obligación de pagar los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el lugar de origen y alimentación del trabajador y de su familia, y todos los que se originen por el cruce de las fronteras.
Es evidente que ninguna nación quiere someterse a la legislación y la intervención de autoridades de un país extranjero. Pero también es cierto que en una globalización donde se han abierto las fronteras a los productos y los capitales, el proteccionismo del mercado laboral es una amenaza permanente para la defensa de los derechos básicos de los ciudadanos.
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MARIO GUILLERMO HUACUJA ha sido profesor universitario, comentarista de radio, guionista de televisión y funcionario público.
