En su colaboración de febrero pasado, el autor enunció una serie de preceptos que en su opinión debe atender el Estado a fin de conducir adecuadamente la economía. A partir de este número, Damm Arnal repasará en su columna bimestral cada uno de esos preceptos, que aspiran a eliminar de la conducción de las finanzas nacionales todos aquellos elementos no capitalistas que la contaminan.
I
El primer mandamiento del Decálogo para el buen comportamiento económico del gobierno es el siguiente: “Reconocerás plenamente, definirás puntualmente y garantizarás jurídicamente la libertad individual para trabajar y emprender, invertir y producir, distribuir y comerciar, consumir y ahorrar, así como la propiedad privada sobre los medios de producción, el patrimonio y los ingresos”. La observancia de este primer mandamiento es necesaria, en primer lugar, por principio y, en segundo término, por eficacia, ya que en materia de economía el respeto a los derechos mencionados –libertad individual y propiedad privada– es condición necesaria del progreso económico, definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. No debe olvidarse que esta capacidad depende de la libertad individual y la propiedad privada, dos de los tres derechos naturales de la persona, derechos anteriores y superiores a los Estados, las leyes y los gobiernos, cuya tarea es reconocerlos plenamente, definirlos puntualmente y garantizarlos jurídicamente, para lo cual se requiere del Estado de derecho (es decir el gobierno de las leyes justas: las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los tres derechos naturales –vida, libertad y propiedad–, sin pasar por alto que libertad individual y propiedad privada son dos caras de la misma moneda, ya que la segunda es condición de la primera).
Tanto el Índice de Libertad Económica (el de la Heritage Foundation1 o el del Fraser Institute2) como el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, de la Property Rights Alliance,3 muestran (y la teoría económica explica por qué) que a mayor libertad individual y mayor propiedad privada, mayor producción de bienes y servicios y mayor generación de ingreso, es decir, mayor progreso económico.
Dado que la libertad individual y la propiedad privada conducen a un mayor progreso económico, la primera tarea del gobierno, en el ámbito de la economía, debe ser reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente (1) la libertad individual para trabajar y emprender, invertir y producir, distribuir y comerciar, consumir y ahorrar, y (2) la propiedad privada sobre los medios de producción, el patrimonio y los ingresos, sin olvidar que la propiedad privada es la condición de posibilidad de la libertad individual, ya que el ejercicio de esta última (por ejemplo, la compra de bienes) supone disponer de aquella (por ejemplo, el ingreso), de tal manera que en la medida en que se limita la segunda (por ejemplo, el ingreso) se limita la primera (por ejemplo, la compra de bienes), relación que pocos reconocen.
II.
El primer mandamiento del Decálogo reconoce que, para lograr el mayor progreso económico posible, hace falta no solo laissez-faire, dejar hacer, sino también laissez-avoir, dejar poseer, reconocimiento que más que regla es excepción, inclusive entre liberales que están a favor del laissez-faire pero que por aceptar, en mayor o menor medida, la redistribución del ingreso impuesta por el gobierno, rechazan el laissez-avoir. Respetan el derecho al trabajo (laissez-faire), pero no el derecho al producto íntegro del trabajo (laissez-avoir), lo cual, dado que lo segundo es la condición de posibilidad de lo primero, resulta incongruente.
Si el laissez-faire resulta incompleto sin el laissez-avoir, y si la principal amenaza al laissez-avoir es el gobierno en su faceta de recaudador, faceta de la cual no puede prescindir, ¿cómo justificar el cobro de impuestos, por el cual se obliga al contribuyente a entregarle al recaudador parte del producto de su trabajo? La única justificación es que a cambio de esa entrega el gobierno le garantice al gobernado, con honestidad y eficacia, que nadie más atentará contra sus derechos y que, de fallar en el intento, castigará a quien lo haga.4
Lo único que justifica que el gobierno obligue al gobernado a entregarle parte del producto de su trabajo, violando el laissez-avoir, es que con los recursos así obtenidos garantice la seguridad contra la delincuencia y, de fallar, imparta justicia. El único mal en contra del cual debe luchar el gobierno es la delincuencia, al tiempo que el único bien a favor del cual debe empeñarse es la justicia: en una sociedad de hombres libres la lucha a favor de los demás bienes y en contra de los demás males es responsabilidad de cada quien.
Se justifica que el gobierno obligue a los gobernados a entregarle parte del producto de su trabajo si con esos recursos garantiza, en igual medida para todos, la seguridad contra la delincuencia y, de fallar (lo cual supone que aquella garantía nunca será 100% eficaz), imparte justicia. Lo que no tiene justificación alguna es el cobro de impuestos con el fin de que el gobierno satisfaga las necesidades de algunos –por ejemplo, los pobres (socialismo)– o defienda los intereses de otros –por ejemplo, los empresarios (mercantilismo). La legítima tarea del gobierno consiste en garantizar el respeto a los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad, no en satisfacer necesidades, mucho menos en defender intereses. La realización de alguno de estos dos actos supone la redistribución, es decir, quitarle a unos para darle a otros, lo cual es robar.5
Son dos las justificaciones para la violación del laissez-avoir por medio del cobro de impuestos:
1. Que los recursos se usen para que el gobierno garantice, en igual medida para todos, seguridad contra la delincuencia y, de no lograrlo, imparta justicia;
2. Solamente obligando a todos a entregar parte del producto de su trabajo se evita el problema del gorrón (free rider), que se da cuando se deja a la libre voluntad de cada quien el aportar dinero para que el gobierno cuente con los recursos necesarios para garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia: existe la probabilidad de que algunos decidan no cooperar.
Afirmar que estas dos son las únicas justificaciones de la violación, por obra y gracia del cobro de impuestos, del laissez-avoir, supone negar cualquier tipo de justificación a dicho cobro para fines de satisfacer necesidades (socialismo) y/o defender intereses (mercantilismo). Aunque por vías distintas, el socialismo y el mercantilismo siempre suponen la redistribución: el gobierno quita a unos para darle a otros, lo cual es robo. (No olvidemos que hoy gobernar es sinónimo de redistribuir,6 redistribución que viola el laissez-avoir y, dado que la propiedad privada es la condición de posibilidad de la libertad individual, también viola el laissez-faire.
III.
El progreso económico no es el resultado, pese a lo que comúnmente se cree, sobre todo entre los representantes del mainstream economics, de las políticas económicas gubernamentales (fiscal, monetaria, comercial, industrial, etcétera), sino del marco institucional de la economía, es decir de las reglas del juego, tanto formales (derecho positivo), como informales (usos, costumbres, hábitos, etcétera). Este marco debe ser el correcto, esto es justo y eficaz (en economía lo justo también es lo eficaz), para lo cual debe partir de lo establecido en el primer mandamiento del Decálogo para el buen comportamiento económico del gobierno. El gobierno debe reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente la libertad individual (laissez-faire) y la propiedad privada (laissez-avoir)? El resultado es el Estado de derecho que, en el ámbito de la economía, no ha dejado de ser el Estado chueco.
En este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá de la frontera. EstePaís
1 Véase .
2 Véase .
3 Véase: .
4 Por ejemplo: se justifica que el gobierno obligue al gobernado a entregarle parte del producto de su trabajo si con ello le garantiza que nadie más lo obligará a entregar el resto.
5 Véase, de Federico Bastiat, La Ley, , y El Estado, .
6 Revísese, por ejemplo, el Presupuesto de Egresos de la Federación.
______________________________________________
ARTURO DAMM ARNAL es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana.
([email protected]; Twitter: @ArturoDammArnal)
