La semana pasada, el Senado mexicano aprobó una nueva ley contra el lavado de dinero, mucho más dura que las que han existido hasta el momento. De entrar en vigencia la nueva ley, ya no se podrá utilizar efectivo en montos mayores que 500 mil pesos para comprar bienes raíces. Para la compra de carros y camionetas, el tope es 200 mil pesos.
Fue la segunda noticia importante que trataba del dinero sucio en la semana. Días antes, la PGR anunció el incauto de una isla perteneciente a un presunto prestanombres de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. Además, solicitó la comparecencia de Yarrington y Eugenio Hernández, otro exmandatario tamaulipeco, sobre el origen de bienes ya confiscados por las autoridades.
Las dos noticias son ejemplos de la idea du jour en cuanto a las tácticas para combatir el crimen: los esfuerzos antilavado. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la utilización de tal táctica contra un político y contra un criminal violento, y antes de apostar fuertemente en el antilavado, se vale considerar más a fondo los límites de tal herramienta.
Al seguir la pista financiera, las autoridades tienen la oportunidad de descubrir cuáles bienes son de origen dudoso, y quién se vincula con quién. Si uno va en pos de políticos deshonestos, estos son datos bastante importantes. Los políticos corruptos se hacen pasar por honestos, claro, pero, como en el caso de Yarrington, sus huellas financieras pueden ofrecer evidencia indudable de la mentira. Así, puede acabar con las carreras de los políticos de manos sucias. En el caso de Yarrington y Hernández (entre otros), sus redes financieras también permiten que las autoridades identifiquen y decomisen bienes malamente comprados, lo que da más evidencias para juzgar a los funcionarios corruptos. Así pues, el antilavado es una herramienta clave para luchar contra la corrupción pública.
Pero un criminal como Chapo Guzmán o Heriberto Lazcano es otra cosa completamente. No se hacen pasar por honestos; su criminalidad e impunidad son aspectos fundamentales a su existencia. No lo esconden, y no hace falta que se descubra. La pista monetaria tampoco da a los fiscales fundamentos necesarios para procesar a los criminales; típicamente evidencias de la culpabilidad de los capos más grandes sobran desde años antes de su caída. En lo personal, dudo mucho que enfocarnos más en el dinero ilícito facilitaría el arresto o el juicio de los capos.
La gran diferencia entre los dos grupos es que el daño de un político corrupto es una cuestión de dinero: el que roban, el que pasan a sus amigos, el que usan para comprar islas en Veracruz. Por lo mismo, atacar sus fortunas tiene sentido: es un ataque directo contra sus impactos más destructivos. En cambio, el daño principal de un narco sanguinario no es su fortuna, es la violencia que emplea para conseguirla. Y por más que leo sobre el antilavado, jamás me topo con un argumento que explica porque dificultar el acceso al dinero, o el uso del mismo, resultaría en criminales más pacíficos.
Esta ley no es distinta. El narco que quiere comprar una casa con 10 millones de dólares en efectivo ya no va a poder. ¿Y luego? ¿Va a dejar de matar? ¿Va a dejar de traficar? ¿De amenazar al público?
El antilavado sí puede limitar el uso de bienes mal ganados, claro. Y quizá, en algunos casos, puede ayudar a saber un poco más sobre sus redes de contactos.
Pero estas son ayudas marginales, y el argumento típico es mucho más ambicioso. Los que abogan por una estrategia antilavado más fuerte hablan como si pudiéramos ahorcar a los grupos criminales a través de su dinero. Como si ellos fueran los habitantes de una ciudad rodeada y sitiada, y las autoridades un ejército de antaño que les obliga a rendirse con un bloque de provisiones.
No tenemos porque pensar eso.
[…] he argumentado en este espacio (y en otros espacios también) en varias ocasiones, la pista financiera les puede ser útil a las […]