El costo de las malas decisiones políticas de los años setenta y ochenta fue perder la oportunidad de sacar al país de la pobreza: primero se apostaron todos los recursos al negocio del petróleo en una única y mala jugada; y más tarde se privatizaron los bienes públicos sin una adecuada rectoría que pudiera evitar el empobrecimiento y la dispersión de los sectores productivos, con un precio enorme para el entramado social. El costo que corresponde a las del actual gobierno lo estamos pagando con vidas humanas y con gran riesgo para la seguridad de cada uno de nosotros. ¿Por qué los gobernantes han tomado decisiones erradas? Mucho se debe a la ausencia de un enfoque de políticas públicas. ¿Qué es y cómo surge este?
La fuerte escasez y la necesidad de aprovechar al máximo los recursos escasos durante las dos guerras mundiales, hicieron imprescindibles decisiones racionales para que lo invertido, erogado en la medida justa, tuviera las consecuencias deseadas. Es así como nace el enfoque de políticas públicas: tomar buenas decisiones implica contar con una metodología científica, información adecuada e indicadores de evaluación, así como la construcción de un diálogo permanente y efectivo con la ciudadanía.
En México, el enfoque tuvo lugar apenas hace unas décadas. Luis Aguilar Villanueva lo contextualiza en la crisis de los 80, ante el desplome del sistema de partido único y del agotamiento del modelo de desarrollo sustitutivo de importaciones. “Y aunque la propuesta dominante fue la democratización del régimen, unos pocos se dedicaron a estudiar el proceso decisorio seguido por los gobiernos. En el fondo se trataba de entender por qué los gobernantes habían tomado esas decisiones con resultados desastrosos para el país… corregir el proceso para evitar recaídas y dar forma a un gobierno más informado y analítico en el planteamiento de los problemas sociales”.
A diferencia de Estados Unidos, en México el problema era mayor pues las decisiones gubernamentales, además de exhibir un uso ineficiente de recursos, carecían también de sentido público: no solamente se fallaba en los medios, generalmente los fines eran erróneos: la política no tomaba en serio criterios sustantivos como la observancia de la ley en la actuación del gobierno, la optimización de los recursos, y sobre todo, la incorporación de las ideas y propuestas del público ciudadano. Es por tanto menester que los fines sean decididos mediante métodos correctos: si una política de seguridad va a costar vidas humanas, lo menos que debe considerarse es el derecho de la ciudadanía para decidir a ese respecto (y aún así, la ley y los derechos humanos prohibirían una solución con el costo que ahora conocemos).
En materia de seguridad todo se ha hecho al revés y se siguen tomando decisiones arriesgadas para luego hacer declaraciones insólitas y hasta surrealistas. Ayer, el Presidente de la República señaló que los cárteles de las drogas, en su comportamiento monopólico, “en lugar de vencer a su competencia con precio y calidad, se matan entre sí”. No preocuparía tanto una observación como esta en otra persona (¿Qué tal difícil es considerar que sin tribunales, también nos estaríamos matando entre nosotros? Y que aún con tribunales suceden eventos como el de la toma armada del Canal 40). En verdad preocupa que nuestro mandatario tenga una visión superficial respecto a un problema tan grave.
No es de extrañar: si el gobierno nunca compartió su estrategia contra la delincuencia, es que nunca la tuvo. De haberse realizado, el estudio obligado de política pública habría exigido un vislumbre de escenarios y una ponderación de soluciones alternativas a partir de un análisis costo beneficio. No lo hubo y la estrategia no tiene, como se ha dicho en incontables ocasiones, ni hipótesis de partida ni objetivos claros. Hemos estado dando palos de ciego porque ¿en verdad se ha buscado evitar que la droga llegue a nuestros hijos? Según las encuestas del sector salud, ahora hay más drogas que hace seis años. Y tal cosa es entendible porque no son los estupefacientes los que los alcanzan sino al revés: al igual que sucede con los adolescentes sicarios, son los jóvenes los que se vuelcan a las adicciones debido a la destrucción del tejido social (que la guerra agudiza).
Pero lo que no ha hecho el gobierno en estos seis años lo ha realizando la sociedad. México Evalúa recién presentó sus Indicadores de Seguridad y Justicia penal en los estados. Los resultados de sus mediciones son los siguientes: La tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes se incrementó 20.6% entre 2009 y 2010 y 5.6% entre 2010 y 2011. Se cometieron 22.7 millones de delitos y hubo 17.8 millones de víctimas (2011). No obstante, las denuncias por delitos graves a nivel nacional se redujeron 2.6%. Así, la cifra de impunidad en homicidios es de 80.6%: se esclarecen solamente 2 de cada 10 asesinatos, llegando a serlo menos de uno por cada 10 en estados como Chihuahua (96.4 por ciento de impunidad), Durango (95.4 por ciento), Sinaloa (93 por ciento) y Guerrero (91.5 por ciento). Y si a río revuelto ganancia de pescadores, el ambiente en estos años es más que propicio para asesinar.
Además de presentarnos estos datos, México Evalúa diseñó 25 indicadores útiles para dar seguimiento a la política criminológica y a áreas de oportunidad específicas en seguridad y justicia. Ya no es necesario dar palos de ciego pues a partir de este tipo de instrumentos, los ciudadanos pueden conocer el desempeño de las autoridades en tareas de seguridad y justicia, así como exigir mejores resultados. Los indicadores se agrupan en los siguientes rubros: impacto de la política criminológica; policía preventiva; procuración de justicia; sistema penitenciario; y protección de derechos humanos en el ámbito penal. A partir de los mismos pueden señalarse datos importantes por cada entidad federativa y hacer comparaciones que permitan conocer avances o rubros que tengan éxito en algunas de ellas y tomarlas como ejemplo.
A nivel agregado, sin embargo, se comprueba que en México las víctimas del crimen tienen muy pocas probabilidades de ver sus casos resueltos; que las agencias del Ministerio Público son insuficientes en muchos estados y su tasa de efectividad es muy baja pues, en promedio, resuelven apenas 13 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas; que se tiene una tasa reducida de cumplimiento de órdenes de aprehensión y que si los sistemas están sobrecargados, es porque no priorizan: procesan los delitos de alto impacto y los de menor relevancia por igual.
Es difícil que un Estado se desarrolle de manera sostenida si las decisiones que sus gobernantes toman no pasan por una serie de filtros democráticos, es decir, si no se encuentran sujetas a revisión y evaluación de la ciudadanía.
Las políticas públicas serán efectivamente públicas cuando se tomen en un ambiente en el que a partir de un análisis de factibilidad y con una racionalidad instrumental y comunicativa, se emprendan medidas aceptadas por los ciudadanos para afrontar los problemas que éstos consideren verdaderamente prioritarios: tales como el secuestro y la extorsión, delitos que se han visto multiplicados con la estrategia del gobierno.
