Hace unas semanas, me topé con la noticia de que el gobierno de Estados Unidos se iba a quedar con 30 millones de dólares decomisados a Osiel Cárdenas, para repartirlos entre varios policías municipales de Texas.
De cierta forma, la decisión es injusta: fueron soldados mexicanos que atraparon a Cárdenas en 2003, es México que ha sufrido más por la carrera de Cárdenas (y de hecho sigue sufriendo, ya que fue Cárdenas que formó a Los Zetas), y es México que más necesita recursos para fortalecer sus instituciones. Cualquier árbitro objetivo diría que México merece recibir la herencia dejada por capos como Cárdenas.
Sin embargo, no es una sorpresa que la lógica arriba no ha convencido al gobierno estadounidense. Para empezar, pese a la asistencia limitada de la Iniciativa Mérida, no se le conoce al gobierno estadounidense por su generosidad. Además, fueron agencias estadounidenses que llevaron a cabo el decomiso en su territorio en 2008, después de la extradición de Cárdenas. Finalmente, siempre se hace así: los bienes decomisados en Estados Unidos se quedan allá.
Así que las agencias estadounidenses se quedaron con el dinero de Cárdenas. Ni modo. Pero más allá de quien debería quedarse con esos millones de Cárdenas, la práctica de repartir dinero decomisado entre los mismos cuerpos policíacos responsables por decomisarlo es bastante cuestionable.
En Estados Unidos, el proceso se llama asset forfeiture, que significa decomiso de bienes, o menos literalmente, extinción de dominio. De vista superficial, la lógica es impecable: agarrar de los malos para darles a los buenos. Pero como demuestra una vieja investigación de Jared Shoemaker, cuando las agencias de seguridad se quedan con el bote criminal, esto genera dependencias inapropiadas y incentiva el abuso por parte de la autoridades.
Como explica Shoemaker, cuyo artículo apareció en el Justice Policy Journal en 2007, el hábito de fortalecer los presupuestos policíacos de esta manera tiene una larga historia en Estados Unidos. Una ley aprobada en 1984, el Comprehensive Crime Control Act, reservó para los cuerpos policíacos el derecho de quedarse con la mayoría de bienes decomisados en lugar de entregarlos al Departamento de Tesorería.
Desde entonces, la táctica se ha vuelto más común; según la página Drug War Facts, desde 1989, el valor de los decomisos ha crecido por un factor de 19 por ciento cada año, y en 2010, las autoridades de la Unión Americana llegaron a decomisar casi 1.8 mil millones de dólares. Una encuesta del 2001 de 1,400 policías municipales reveló que 40 por ciento de ellas dependen de las ganancias de los decomisos para completar su presupuesto. Tal necesidad genera un conflicto irremediable: si las policías necesitan los criminales para mantener su nivel de operación, ¿entonces qué incentivo tienen para prevenir el crimen y bajar los niveles de criminalidad? Sus intereses cuadran con los de los mismos narcos que teóricamente son sus enemigos: los dos lados dependen del narco para su bienestar financiero.
También cabe mencionar que no tiene que haber un veredicto de culpable para que los bienes se queden con el gobierno; de hecho, se estima que en 80 por ciento de los casos, el que sufre el decomiso no acaba sentenciado de ningún crimen. Es decir, el supuesto crimen que motivó el decomiso no lo fue.
Tal circunstancia —la dependencia institucional y el conflicto de intereses— es una fábrica perfecta para los abusos, y Shoemaker ofrece varios ejemplos de una aplicación extrema del decomiso de bienes. Una pareja perdió el título de su motel porque unos narcomenudistas lo estaban usando para vender drogas. Ni uno de los dos estaba involucrado en la actividad, y según Shoemaker realizaron varios esfuerzos de frenar el ilícito, desde instalar alumbrados hasta reportar la situación a la policía en varias ocasiones. A otro hombre se le decomisó su avión por transportar un narco, aunque el dueño no se haya dado cuenta. Tardó cinco años en recuperar el Learjet, y durante su tiempo con el gobierno, el avión había sostenido daños que costaban $100,000 para arreglar.
Claro, estos son ejemplos extremos, y no estoy diciendo que cualquier decomiso de bienes es incorrecto. El estado sí tiene un interés legítimo en negarle al criminal el gozo de sus ingresos y bienes mal ganados. Pero en Estados Unidos, las autoridades han aprovechado para aplicar sus leyes sin sentido y de una forma desmedida, y ese interés legítimo ha generado una dinámica absurda.
Por lo pronto esto es un problema estadounidense más que mexicano. El gran defecto de la ley de extinción de dominio no fue su aplicación extrema, sino lo contrario: casi no se ha usado en absoluto. Pero de todas maneras, todo lo anterior sí es alarmante. México está en medio de una transición de fondo de su sistema de justicia y sus corporaciones policíacas, y durante este cambio, es lógico que Estados Unidos sirva de modelo. Ojalá y México aprenda tanto de sus defectos como de sus éxitos.
