La elección presidencial en Estados Unidos es crucial para México pues de ella dependerá la política migratoria de ese país para los siguientes cuatro años. El autor ensaya posibles escenarios con base en proyecciones demográficas y en las posiciones de los candidatos, tanto las que se desprenden de los hechos como las expresadas en campaña.
En noviembre de 2012 se resolverá la presidencia y la integración de las cámaras de Estados Unidos. De acuerdo a las tendencias de opinión a la fecha será una elección muy cerrada, sin que por el momento sea posible predecir el resultado de la contienda, el que será determinante en la dirección que tomará la Unión Americana en los próximos cuatro años.
Es indudable que el presidente Obama, de alcanzar la reelección, estará obligado a cumplir su promesa de campaña de impulsar una reforma migratoria integral, siendo este uno de los principales temas pendientes en la agenda de su primer periodo de gobierno. Romney, a su vez, tratando de reducir el impacto negativo de sus posiciones de campaña, ha ofrecido proponer una reforma a las leyes de inmigración que funcione. En el caso de asegurar la reelección, el presidente contará con un mayor margen de maniobra y su autoridad quedará reafirmada después de la elección. La oposición republicana intentará ciertamente socavar por todos los medios las políticas presidenciales y las del Partido Demócrata, con miras a las elecciones intermedias y la presidencial en 2016, en las que existen posibilidades de que se presente como candidata Hillary Rodham Clinton.
Es muy probable que la reacción en contra de las políticas conservadoras extremas expuestas durante la campaña por los candidatos del Partido Republicano en materia fiscal, de la reforma a los servicios de salud, de la afectación presupuestal a las prestaciones de Medicare y Medicaid, así como en cuestiones de inmigración —que tocan a importantes núcleos del electorado como pueden ser las clases medias, los retirados y las comunidades latinas—, cambien la mayoría en el Congreso a favor del Partido Demócrata y le den a este una mayoría absoluta en el Senado, situación que permitirá el paso de la legislación de una manera más expedita.
En este caso, el Partido Republicano concentrará su estrategia en impulsar sus políticas a partir de los 21 estados controlados totalmente por los republicanos, los 5 estados en los que cuentan con una mayoría en las legislaturas locales y los 8 estados encabezados por gobernadores republicanos, destinando una gran cantidad de recursos para sacar adelante a candidatos republicanos en las elecciones estatales, las que sin tener una gran difusión en los medios a nivel nacional, consiguen un enorme efecto a nivel local.
Esta estrategia, encaminada a enfrentar ante la Suprema Corte la vieja controversia en la Constitución estadounidense entre el federalismo y los derechos de los estados, ha sido parte de las acciones emprendidas en materia de inmigración por los estados a cargo de los republicanos, tales como la SB 1070 de Arizona y las correspondientes en Alabama, Carolina del Sur y Oklahoma, entre otras, tendientes a dificultar la permanencia de los inmigrantes —legales e indocumentados— en los estados y forzar su “autodeportación”, de acuerdo con la tesis denominada “Attrition through enforcement”.
Consideraciones aparte de la anticipada oposición republicana y de los sectores antiinmigrantes de la población a una reforma migratoria integral que actualice las leyes de inmigración, adaptándolas a las necesidades del mundo moderno y los requerimientos demográficos y económicos de Estados Unidos, y que al mismo tiempo permita la regularización migratoria de aproximadamente 11.4 millones de inmigrantes indocumentados, existen complicaciones que hacen difícil atender simultáneamente todos los aspectos comprendidos en su solución.
La población de Estados Unidos está envejeciendo rápidamente y su tasa de reposición natal promedio se encuentra por debajo de los 2.1 hijos por mujer, lo que significa que de continuar la tendencia actual y con una política de cero inmigración, la población total en 2050 aumentaría en ese país únicamente a 322.9 millones de habitantes, esto es 8 millones de personas más que los 314.5 millones de habitantes registrados en 2012. La Oficina del Censo de Estados Unidos estima en sus proyecciones que para 2050 la población total ascenderá a 439 millones de personas, y que 82% del incremento poblacional entre 2005 y 2050 se deberá al ingreso de inmigrantes extranjeros y sus descendientes.1
Lo anterior significa que Estados Unidos reconoce oficialmente en sus proyecciones de población que la inmigración será responsable de un incremento poblacional de aproximadamente 116 millones de personas en los siguientes 40 años, de los cuales 27.4 millones de inmigrantes serán de nuevo ingreso en el periodo.
Esto tiene sentido considerando que sale aproximadamente un millón de adultos mayores anualmente del mercado de trabajo por retiro, y que para 2050 habrá que sustituir una población de 40 millones de nuevos retirados, la que representa una décima parte de todos los habitantes y una sexta parte de la población económicamente activa en ese año, y que se necesita además cubrir 64 millones de nuevas plazas de trabajo.
No obstante, si Estados Unidos requiere del ingreso de 27.4 millones de nuevos inmigrantes hacia 2050 para sostener su economía y rejuvenecer a su población, deberá obligadamente reformar las disfuncionales leyes de inmigración actuales, a fin de adaptarlas a las necesidades del mercado de trabajo y el crecimiento de la población.
Si bien esta es una verdad evidente, una reforma migratoria enfrenta contradicciones entre la conveniencia de establecer una política de inmigración abierta que permita a Estados Unidos mantener un liderazgo mundial, y la dificultad de llevarla a cabo, debido por una parte a las resistencias al interior de sectores que ven el flujo extranjero como una amenaza a los valores tradicionales de la Unión Americana y a la identidad nacional de ese país. Los puntos a continuación muestran la complejidad para diseñar una política que cubra todos los requerimientos para una inmigración controlada y segura, y al mismo tiempo favorable a los intereses de Estados Unidos.
Seguridad. Los atentados terroristas de septiembre de 2001 tuvieron un enorme impacto en las políticas de inmigración y de entrada a Estados Unidos, agudizando las resistencias para un ingreso más libre, elevando las medidas de seguridad en las fronteras y en los puertos de acceso, y creando una sensación de inseguridad entre la población y una desconfianza a lo extranjero, por lo que en el diseño de la nueva ley existirán necesariamente restricciones severas a la inmigración procedente de países considerados peligrosos para la seguridad de Estados Unidos.
Consideraciones Políticas. La oposición al ingreso a Estados Unidos de otros grupos étnicos, religiosos y culturales que tienda a acelerar el desbalance entre la población blanca y cristiana y aquella perteneciente en la actualidad a otras minorías, impulsará medidas para limitar la estancia permanente de la población extranjera, por lo que es previsible que habrá consenso en una nueva ley de inmigración para el establecimiento de un programa de trabajadores temporales, especialmente dirigido a los sectores económicos en los que los trabajadores estadounidenses no desean laborar por su reducida paga y las condiciones extremas de trabajo, como es el caso de los jornaleros agrícolas, los trabajadores de las empacadoras, de la construcción, y los servicios de limpieza y hospedaje.
Un reto para la aprobación de una reforma migratoria será el manejo de la situación de 11.4 millones de inmigrantes indocumentados, ya sea para su regularización migratoria o su deportación. Un primer paso positivo ha sido la expedición de una orden ejecutiva de Obama para suspender por dos años la deportación de aquellos menores que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres de manera indocumentada, y que pueden solicitar permisos de trabajo y acceder a la educación superior.
Resta la resolución de la condición migratoria de los millones de deportados que tienen lazos familiares por matrimonio o paternidad con ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos. Por razones humanitarias debe contemplarse un programa de reunificación familiar para aquellos inmigrantes deportados sin antecedentes criminales y que cumplan con una serie de requisitos.
Retención de talento y atracción de capital. Para mantener el liderazgo científico y tecnológico necesario para su competitividad internacional, Estados Unidos tendrá que favorecer la permanencia en el país de los estudiantes extranjeros que obtienen una especialización, al igual que la atracción de profesionistas en áreas deficitarias, como son la ingeniería y la atención de la salud. Una medida adicional será la tendiente a la creación de empleos al interior y el ingreso de capital de trabajo, por lo que se anticipa que se impulsará la inmigración de empresarios y capitalistas con este fin.
El triunfo republicano o demócrata en las próximas elecciones marcará el rumbo que tomará la reforma migratoria. Ambos candidatos se han pronunciado por impulsarla, aunque desde diferentes perspectivas. La elección de Mitt Romney a la presidencia y de una mayoría republicana en el Congreso cerrará la puerta a una legislación que atienda los principales aspectos de un sistema de inmigración que permita el ingreso legal, ordenado, seguro y humano a Estados Unidos de la población extranjera que el país necesita, así como la regularización migratoria de los inmigrantes indocumentados que ingresaron debido a las fallas existentes en el sistema actual. Las posiciones del Partido Republicano en materia de inmigración expresadas en la campaña apuntan hacia el endurecimiento de las medidas para dificultar la estancia de los inmigrantes sin documentos mediante la aplicación del programa de E-Verify en las empresas y del programa de Comunidades Seguras, el aumento de la deportación de personas sin estancia legal, iniciativas locales para acelerar la llamada “autodeportación”, la oposición a la Dream Act y el aseguramiento de las fronteras.
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1 United States Census Bureau, Population Projections, 2011.
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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
