Muchas veces escuché a los representantes de los partidos políticos quejarse de la cultura democrática de los ciudadanos. Es terrible, decían, que estos no conozcan la importancia de los partidos y más aún del Congreso de la Unión y es imposible que un régimen democrático funcione si la ciudadanía no tiene idea de cómo operan sus mecanismos fundamentales. Tanto el Latinobarómetro como otras encuestas no mienten: los mexicanos y mexicanas creen que una democracia podría funcionar sin diputados y lo que es peor aún, sin políticos. Además, preferirían un régimen autoritario a uno democrático si es que resolviera los problemas económicos del país. Consecuentes con su queja, estos representantes miraban airados e indignados a los funcionarios del IFE. ¿Qué han hecho, inquirían, para revertir esta situación?
Por eso me parece del todo insólito que, con la desaparición del IFE y la creación del INE, los legisladores hayan eliminado la atribución constitucional que la autoridad electoral federal tenía para encargarse de forma integral y directa de la educación cívica del país. ¿Por qué lo hicieron? ¿En base a qué diagnósticos? Porque si creen que la educación cívica es importante ¿para qué eliminarla a nivel federal? Y si por el contrario creen que no funciona, ¿por qué asignarla a los institutos electorales estatales?
Lo cierto es que el IFE se tomó tan en serio como pudo su titánica tarea. Titánica por el tamaño de la labor misma: siguiendo un recuento enunciado hace algunos años por la Revista Nexos y que podría ser respaldado por cualquier estudio reciente de cultura política (véase los resultados del último Latinobarómetro: damos pena), el ciudadano mexicano no cree en la ley ni en su obligación de cumplirla; no cree en la autoridad, ni la respalda, aunque la haya elegido libremente; no quiere al gobierno pero todo lo espera de él; no paga impuestos pero exige cuentas y bienes públicos; no es tolerante ni respetuoso de la diferencia; no tiene el hábito de asociarse y reunirse para perseguir causas comunes; no es un ciudadano activo, atento a la cosa pública, solidario, participativo.
Hace dos décadas esta actitud del mexicano hubiera sido del todo entendible: la participación democrática en aquél tiempo era impensable porque los lugares de decisión y privilegio se alcanzaban través de un enorme y bien engrasado sistema de clientelas políticas y huesos sexenales. El clientelismo, como lo señala Putnam, tiende a diluir y a pervertir las redes de solidaridad porque vuelca las energías colectivas hacia el cacicazgo y en consecuencia, hace imperante la ley de la selva y no la Constitución. ¿Quién podría ser tan ingenuo como para invocarla y contratar con iguales?
Pero ahora las cosas son distintas. Con la reforma de 1989 se pretendió finalizar el proceso de transición que había comenzado en 1977 (inicio del sistema de partidos) y se creó al IFE para brindar legitimidad al proceso electoral y con ello al Estado en su conjunto. No hay vuelta atrás: desde aquella época hasta ahora los partidos que han ganado su registro participan del poder político y cada vez es más fácil para la ciudadanía participar en los asuntos públicos. Falta mucho por alcanzar, es claro para todos, pero de nada ayuda la miopía hacia los logros del pasado. En consecuencia ¿por qué la pertinaz actitud ciudadana contra las instituciones? ¿Por qué, a pesar de los avances, la cultura política parece inamovible? ¿Es culpa del IFE?
Si bien con la creación del Instituto Federal Electoral se inició una nueva etapa de democratización, en los hechos la ciudadanía debía salir de un largo letargo en el que había dejado sus derechos y obligaciones a la administración de un régimen de partido hegemónico sin competencia ni oposición real, en cuya cúspide se encontraba una presidencia paternalista que se había encargado de todo hasta el momento. Para salir de tal rezago hacían falta algo más que instituciones. Quizá por ello es que el legislador de aquél entonces, uno que sí llevó a cabo reformas electorales basadas en un intenso diálogo público y académico, decidió promover el mejoramiento de la cultura política brindando al IFE la tarea exclusiva de encargarse, de manera integral y directa, de la educación cívica del país.
A partir del segundo semestre de 19911, el IFE inició el cumplimiento de sus atribuciones en esta materia. Su primera línea de trabajo correspondió a la planeación y diseño de actividades vinculadas con la historia cívico-política de México. La colaboración con la Secretarías de Educación Pública Federal y estatales inició en el año de 1993, cuando el IFE elaboró el prototipo de Jornadas Cívicas, un programa que impartía conocimientos a niños de primaria y secundaria a través de la elaboración de dibujos y exposición de periódicos murales, foros de debate, grupos de lectura comentada, juegos escénicos y simulacros electorales. Aunque el Instituto buscó la validación del prototipo y de los materiales por parte de las instancias educativas correspondientes, la colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue reducida y tuvo siempre un carácter extracurricular: para la instrumentación de los distintos programas era menester que cada delegado del IFE en las 32 entidades de la República y en los 300 distritos en que está dividida la geografía electoral del país buscara persuadir a los directores de escuela y supervisores de zona de las bondades de los programas.
Fue en este marco que los Consejeros Electorales que integraron la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo General del IFE durante el periodo 1997-2003, se propusieron posicionar al IFE como una institución involucrada plenamente con la formación ciudadana. Era importante que el IFE tuviera claro los alcances del artículo 41 constitucional para que las instancias educativas le abrieran la puerta: ¿qué tanto debía y podía hacer por la educación cívica de la ciudadanía?
En opinión de estos consejeros electorales, a pesar de los logros alcanzados desde 1989, el IFE no se había decidido a tomar una posición agresiva, ambiciosa y expansiva en materia de educación cívica y tal decisión debía tomarse si se deseaba dar un giro benéfico en la materia. En respuesta a esta preocupación, se diseñó el Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003.
Decidiéndose por un enfoque teórico basado en la importancia de la cultura política para explicar el comportamiento de los ciudadanos y las instituciones, el Plan Trianual apostó por una concepción amplia de ciudadanía, la cual plantea que además de un status jurídico, es también una identidad cultural y política. A partir de esta concepción, estableció la instrumentación de una ambiciosa serie de acciones con un objetivo central: construir un piso mínimo de formación ciudadana. La premisa: se necesitan ciudadanos democráticos porque la democracia funciona mejor si cuenta con ellos.
Se inició así la instrumentación de tres programas, el primero dirigido al espacio escolarizado; el segundo al espacio educativo no escolarizado a partir de la premisa de que el aprendizaje político ocurre en forma permanente; mientras que el tercero, al considerar que el conocimiento que tiene el ciudadano promedio sobre la política proviene casi por entero de los medios, utilizaría estos últimos para informar y rendir cuentas respecto de las acciones emprendidas. De conformidad con el informe final de resultados de la instrumentación del Plan, en el periodo de su instrumentación 2001-2003 el Instituto alcanzó una población atendida de 18, 394, 390 de ciudadanos.
Estos resultados parecen estupendos. ¿A partir de qué diagnóstico los legisladores habrían podido desconocerlos y eliminar del nuevo INE una tarea educativa tan urgente como la educación cívica?
Antes de continuar explorando estas interrogantes, es necesario revisar lo que hizo el IFE durante los restantes diez años de existencia. Ponderaremos así de mejor modo el borrón decidido por el legislador.
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Gracias de verdad q si m sirvio la ayuda.
THANK YOU!!!
Estoy de acuerdo con usted en la total reticencia que se está haciendo, de hecho le agregaría más, puesto que el programa trianual que menciona sólo fue una prueba piloto para lo que vendría después; el Programa Estratégico de Educación Cívica de 2005 a 2010 y el programa en curso: Estrategia Nacional de Educación Cívica. Cabe mencionar que dichos programas son trans-sexenales, así que dada la coyuntura de la reforma política (reticente del tema de la educación cívica) resalta la gran incógnita de ¿sobre qué órgano recaerá la instrumentación del programa en curso? ¿Se abandonará?