Ecuador vive una etapa histórica que hay que inscribir en el actual periodo de nueva vitalidad de las izquierdas en América Latina. El Gobierno de Rafael Correa ha dado un viraje a la vida política y económica ecuatoriana. Su reciente reelección, con 57% de los votos tras seis años de mandato, permite hablar de una nueva identidad política: el correísmo. IS y AC
El pasado 17 de febrero Rafael Correa fue ratificado —por tercera ocasión y con abrumadora mayoría— al frente del Gobierno de Ecuador. Sumando más votos que el resto de los candidatos reunidos, Correa alcanzó además un control mayoritario en el parlamento, a partir de los escaños obtenidos por su organización, Alianza Patria Altiva y Soberana (Alianza País). Esto le permitirá impulsar su agenda de cambios político-institucionales, dirigidos a superar lo que su encendida retórica ha denominado “la larga y oscura noche neoliberal” vivida por Ecuador desde la década de los ochenta.1 Hablamos de un proceso que llevó a una desinstitucionalización creciente, expresada en la disminución del gasto social y las obras públicas, el colapso de los servicios estatales, la generalización de la corrupción administrativa, la ineficiencia estatal y a una severa crisis de gobernabilidad, en particular del Ejecutivo.2
Cohesionando —desde su ascenso político, a mediados de la pasada década— las demandas que reclamaban las manifestaciones populares, Correa se hizo eco de la necesidad de superar la crisis que erosionaba al sistema político, del rechazo generalizado a la política —anclado a la actuación de líderes y partidos— y de la importancia estratégica de una contienda que se libraba en el espacio de las leyes enturbiando las reglas del juego político. En ese contexto, Correa propuso “la gran transformación”.
La incertidumbre y la inestabilidad políticas de larga data en Ecuador condicionaron la búsqueda de un liderazgo fuerte, de un outsider del sistema político. Los partidos tradicionales recibían un apoyo electoral en declive y el binomio Rafael Correa-Lenín Moreno —al frente de la propuesta de Alianza País (AP)— tuvo un notable respaldo popular en la segunda vuelta, frente a la candidatura del político y empresario guayaquileño Álvaro Noboa. Al asumir la Presidencia, Correa dio cauce a un proceso que abarcó la consulta popular para convocar o no la Asamblea Constituyente, para la elaboración de una nueva Constitución —sometida a referéndum— y para la elección a puestos de representación popular. Comenzaba el camino de la denominada oficialmente “Revolución Ciudadana”.3
La reconfiguración socioeconómica
Tempranamente, el nuevo Gobierno abandonó el trillado modelo económico vigente desde los años ochenta: apostó al nacionalismo económico revigorizando la participación del Estado, especialmente en el área petrolera, donde despojó a empresas privadas y acumuló hasta 80% de las riquezas gasíferas. Las relaciones comerciales con el extranjero se vieron sujetas a modificaciones de responsabilidad laboral nacional y a diversificaciones, desterrando la dependencia respecto de Estados Unidos y ampliando las relaciones con países latinoamericanos, Europa, Medio Oriente y China. La superación de los condicionamientos externos —particularmente del Fondo Monetario Internacional (FMI)— condujo a la reducción de la deuda externa y a un manejo más eficaz de esta.
Las políticas laborales y sociales también cambiaron. Se eliminó la tercerización laboral y el subempleo, mejoraron las remuneraciones y la protección a los trabajadores, reforzadas por derechos fijados posteriormente en la Constitución de 2008. Se priorizó la atención a los trabajadores informales, integrándolos a los programas de créditos y servicios y se fortaleció la seguridad y el gasto social. Las políticas de impuestos sobre la renta contribuyeron a una mejor distribución de la riqueza.
Se introdujeron formas organizativas de control y de administración para el combate a la incompetencia profesional y a la corrupción generalizada de los servidores públicos; se rejuveneció la burocracia, optimizándose la preparación de los tecnócratas en los puestos de dirección; se afianzó el principio de equidad de género en los cargos públicos y, como vía para la redistribución de la riqueza, el Gobierno desplegó un amplio programa de créditos y beneficios a las inversiones públicas; se multiplicaron las obras de infraestructura y el gasto social destinado a la educación y la salud, mientras que el llamado “bono de desarrollo humano” que se brinda a los más pobres alcanzó a 1 millón 900 mil ecuatorianos de un total de 15 millones. Todo esto contribuyó a un notable incremento en la calidad y el nivel de vida de la ciudadanía.
En la esfera educativa y de formación de capital humano, el Gobierno implementó una reforma universitaria que elevó ostensiblemente la calidad de la educación superior al imponer estándares más altos a las mercantilizadas universidades privadas, reforzando los programas de becas para estudios en el exterior y el trabajo de las áreas de investigación, desarrollo y tecnología. Las excelentes experiencias alcanzadas por los programas gubernamentales de atención a las personas con discapacidad, reconocidos internacionalmente, se comparten con países de la región, con asesoría ecuatoriana. Los resultados económicos y sociales conseguidos durante los seis años del Gobierno de Correa han sido avalados por organismos internacionales, particularmente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El país ha crecido hasta ocupar el tercer puesto en el área, revirtiendo la tendencia migratoria. Incluso la oposición ha reconocido como positivos los programas de infraestructura y gasto social, aunque los consideran populistas e insostenibles y advierten peligros para la empresa privada, el libre mercado y la diversificación de las inversiones. Hay analistas que consideran que el éxito del Gobierno de Correa se debe en gran medida a la bonanza económica que ha acompañado su mandato. Apuntan que este periodo de holgura pudiera verse frenado por la ausencia de reformas estructurales profundas, lo que afectaría la redistribución de la riqueza y el incremento del bienestar social alcanzados.
El nuevo rol del Estado durante el Gobierno de Correa no se limita a la mera “recuperación” de su papel. Más bien, ha de entenderse como una transformación que ha contribuido a que los intereses de las clases sociales y grupos políticos hegemónicos sean desplazados por los de amplias mayorías de sectores populares, clasemedieros y sus correspondientes y noveles liderazgos políticos. Para la oposición y otros actores, estas modificaciones podrían sintetizarse en los conceptos de hiperpresidencialismo, caudillismo, populismo y clientelismo, expresados en la reconcentración de poderes en el Ejecutivo. Desde esa perspectiva, el patronazgo del Estado ecuatoriano “entregando el bono de desarrollo” ha sido considerado un reflejo de la política clientelar del Gobierno. Para otros observadores —en diversas posiciones de izquierda—, las transformaciones en la estructura clasista han establecido el dominio de un “capitalismo de Estado” y la emergencia de un modelo “posneoliberal” que ha dado al traste con la crisis de representación de los partidos tradicionales. El politólogo Simón Pachano califica el proceso en curso en Ecuador como una “transición incierta”, ya que no habría generado ni las condiciones institucionales ni los incentivos para que los actores se desempeñen en las nuevas condiciones, asegurando la reproducción institucional.
La transformación política
Los antecedentes de este nuevo ciclo histórico en Ecuador se remontan a la debilidad del sistema de partidos y a la inestabilidad política vividas en el país, a la fractura de la oposición y a su incapacidad para rearticular los intereses de la población. El extenso periodo de erosión del sistema político ecuatoriano devastó las principales formas de representación y dejó claros vacíos institucionales en el procesamiento político. Esto condujo a una desconfianza generalizada en la política.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana se ha caracterizado por ser plebiscitario, en comparación con administraciones previas. Este rasgo no es negativo: ha significado la búsqueda de bases legítimas para las transformaciones ejecutadas desde 2007. Una mirada a las elecciones generales apunta no solo al incremento del respaldo al proceso que impulsa el Gobierno sino también a la consolidación de ap en la Asamblea, con los beneficios legislativos que eso representa para el proyecto.
En los comicios generales de abril de 2009, el partido oficialista alcanzó 43.6% del total de puestos en la Asamblea, de modo que los obstáculos para la aprobación de leyes “esenciales” de la Revolución Ciudadana permanecieron. La conformación de la Asamblea de entonces tampoco benefició la formación de coaliciones estables, con base en acuerdos programáticos, y aunque ap se consolidó como partido hegemónico, sufrió el desgarramiento de varios de los grupos que inicialmente integraron la alianza encabezada por Correa. En las elecciones de 2013, ganadas en una sola vuelta, ap acumuló más de 93 curules —poco más de las dos terceras partes necesarias para aprobar iniciativas legales en el cuerpo colegiado— frente a los exiguos resultados de la oposición: Creando Oportunidades, doce; Partido Socialcristiano, siete; Movimiento Popular Democrático y Pachakutik, seis; Partido Sociedad Patriótica, seis; representantes de ecuatorianos en el exterior, seis, y Avanza, cuatro.
Esta prominencia del partido en el poder acelerará la aprobación de leyes pendientes (ley de comunicación, código penal, modificaciones a las leyes de seguridad social y de redistribución de tierras) y de nuevas iniciativas para el periodo que comienza. Sin embargo, la colegislación mermada y la disminución en la deliberación interna pudieran debilitar al Legislativo y al proceso “revolucionario”, al tiempo que las alianzas con otros partidos “harían agua” y se agudizaría el conflicto en torno a la contenida fiscalización y el control al Ejecutivo. Por otro lado, aunque las elecciones han logrado dar estabilidad a la Presidencia, en el diseño institucional persisten las deficiencias que perpetúan la situación política irregular: insuficiencias en la producción legislativa complementaria a la Constitución, escasa rendición de cuentas y limitados contrapesos políticos, ausencia de espacios para dirimir adecuadamente los conflictos, nombramientos provisionales de funcionarios en áreas estatales de amplia envergadura (aun a estas alturas). Todo esto muestra la relativa inestabilidad del proceso político que impulsa el Gobierno.
Pese a la amplia legitimidad de la administración de Correa, uno de los aspectos más cuestionados de esta ha sido la reforma a la Asamblea Nacional —establecida por la Constitución Política de 2008—, particularmente en lo relativo a la función judicial. Si bien la carta magna dictó los mecanismos para su realización, no fue sino hasta 2010 que, mediante referéndum, se incluyó el tema, abarcando los campos administrativos y organizativos de lo judicial. Aunque dicha reforma era necesaria para apoyar el nuevo modelo del Gobierno, su iniciativa —por el exsecretario personal del presidente Correa, Gustavo Jalk— deja dudas sobre la neutralidad del proceso, más allá de la aprobación alcanzada vía referéndum. La reforma ha supuesto un recorte a los poderes de control y fiscalización del Ejecutivo por parte de la Asamblea, que han sido transferidos, en parte, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), persistiendo el nombramiento trunco de autoridades en organismos de control y en el propio Poder Judicial.
Esta esfera —la de la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas— constituye un componente central en el nuevo orden político ecuatoriano.4 La Constitución (artículo 1) equipara los atributos de la democracia representativa (soberanía ejercida a través de los órganos del poder público) y la democracia participativa (mediante las formas de participación directa), que se desglosa en dos tipos: (1) la política propiamente dicha y (2) la ciudadana. La primera (artículos 61 al 65) reconoce el derecho a “elegir y ser elegidos” —por ende, la representación política—, “participar en los asuntos de interés público”, “presentar proyectos de iniciativa popular normativa”, “ser consultados”, “fiscalizar los actos del poder público” y “revocar el mandato […] conferido a las autoridades de elección popular”. La segunda (artículos 95 a 102) se ejerce en ámbitos distintos a los del poder político y, en lugar de instituciones y procedimientos concretos, asume la forma de derechos que exigirán más adelante su materialización en formas institucionales y procedimientos específicos.
La garantía plena de los derechos y la igualdad política implican un equilibrio entre participación y representación, y algunas instituciones creadas privilegian la primera. El cpccs, definido por la Constitución (artículos 95 al 111), asume —sin nacer de un mandato ciudadano expresado en las urnas— la representación de toda la sociedad para cumplir un conjunto de funciones que corresponde a instancias representativas. Esta situación se replica en los consejos a conformarse en las diversas instancias de gobierno, cuyos integrantes electos por concurso deben garantizar la representación de ciertas identidades colectivas (organizaciones civiles), sin que su reducido número permita representar con calidad la diversidad social y temática nacional. Por último, su carácter de órganos estatales para la transparencia y el control, aunque sui géneris, destierra la función de vigilancia que debe ejercer la sociedad sobre el Estado y abre riesgos de usurpación de atribuciones deliberativas inherentes al parlamento.
Con independencia de semejante “innovación participativa”, la ciudadanía debe mantener su derecho a la participación plural, no estatizada o corporativizada, en los distintos niveles de gobierno. Tras la problemática elección del primer cpccs, se ha denunciado que la participación ciudadana debe trascender los intereses de autolegitimación de cualquier Gobierno, ya que la justificación de un Gobierno a través de estos mecanismos significaría, en realidad, la dependencia de los ciudadanos de estructuras institucionales delimitadas por el poder.5 Es menester que la formalización de lo participativo no se constituya en obstáculo para las manifestaciones democráticas de diversos grupos sociales, que las leyes e instituciones recién creadas no instauren un monopolio de la participación, y que el incentivo no convierta a esta en condición de acceso a (o ejercicio de) los derechos ciudadanos.
Disensos y oposición política
La imagen del régimen ecuatoriano se ha visto también afectada por las rupturas de sectores políticos que lo apoyaron inicialmente. Movimientos indígenas, agrupaciones campesinas y sindicales, capas medias e intelectuales de la izquierda nacional han retirado su apoyo al Gobierno tras la Constituyente; se han erigido como grupos de oposición la organización Ruptura de los 25, el Movimiento Popular Democrático (MPD) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Durante el ciclo de inestabilidad política previo a Correa, un factor de peso para el desmembramiento de las movilizaciones sociales fue el viraje que la ciudadanía observaba en el “proyecto” político del Gobierno y del presidente una vez instalado en el poder. En este contexto, las propuestas de refundación, distribución y cultura ciudadana de la izquierda de entonces se concentraron en la plataforma programática de ap que llevó Correa a ganar las elecciones en 2006. Sin embargo, ya en el sillón presidencial, Correa privilegió ocasionalmente la doctrina social de la Iglesia católica. La amalgama programática de su Gobierno se extendió también al Plan de Desarrollo elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), plataforma asumida por ap y que también fue sustituida después de la Asamblea Constituyente por el Plan Nacional para el Buen Vivir.
Aunque las distintas plataformas de ap coincidieran en aspectos sustanciales —el antiimperialismo, el nacionalismo, la redistribución de la riqueza y un salario digno para los trabajadores—, la permanente muda de proyectos políticos y la personalización de las propuestas llevó al actual despojo de la izquierda de un proyecto propio y a su fraccionamiento. El retiro del apoyo de sectores de la izquierda a Correa ha ido de la mano con las transformaciones en el Legislativo, de modo que las prácticas de participación se limitan cada vez más a la ratificación de las decisiones oficiales y a la socialización de las políticas del Gobierno, y no a la deliberación y la búsqueda de consensos. Es ilustrativo lo expuesto por analistas, como Pablo Stefanoni, que reconocen en el Gobierno ecuatoriano una menor propensión a la promoción de políticas de participación locales y nacionales, tanto en su plano genuinamente innovador como en su potencial utilización como factor de movilización, tal como hacen sus aliados de Bolivia y Venezuela.
La fragmentación de la izquierda en el escenario político ecuatoriano se complementa con la añeja descomposición de la oposición —que no ha alcanzado un proceso de consenso y unidad como su homóloga venezolana— y la segmentación (casi ausencia) en el escenario político de movimientos sociales autónomos y beligerantes del tipo de los que logran torcer la agenda de Evo Morales en Bolivia. En gran medida, esta desintegración y parcialización de la agenda política civil encuentra su condicionante y contrapartida en la fortaleza y predominio del liderazgo de Correa en las definiciones de la agenda política. Juega con la ventaja del efecto positivo de una buena gestión de la economía y las políticas públicas, algo que contrasta con los resultados variables que observamos en Caracas y en La Paz en esas mismas áreas.
La contienda mediática6
El tratamiento que ha dado el Gobierno de Ecuador a los medios masivos de comunicación privados ha sido acusado de antidemocrático. Tanto el lenguaje confrontacional de Correa como los juicios a que han sido sometidos varios diarios nacionales, canales de televisión y radios locales opuestos al Gobierno han agudizado una imagen de polarización política que no se corresponde con los resultados electorales alcanzados en las elecciones de 2013. Es incuestionable que el poderío económico de los grupos empresariales, propietarios de estos medios privados, alcanza niveles políticos e ideológicos que reemplazan a los partidos. Sin embargo, las presiones a las que se han visto sometidos no solo vulneran la libertad del ejercicio empresarial, también —y esto es acaso más grave— reducen las posibilidades de información y expresión autónomas, reproducen viejos esquemas de control político de la prensa —presentes en los previos autoritarismos latinoamericanos y en el modelo vigente en Cuba de subordinación de la prensa— y anticipan rasgos de una hegemonía comunicacional similares a los que vemos en varios de los países agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), en especial Venezuela.
El alineamiento notoriamente antigubernamental de los medios de comunicación privados, y su conexión con una clase política empresarial que otrora hegemonizara los destinos del país, no es razón suficiente para quebrantar y debilitar los derechos ciudadanos en este campo. La exclusión y mofa a la que es sometida la oposición en el discurso político oficialista limita las opciones de un dialogo nacional. Ciertamente, algunos cuestionamientos simplistas al surgimiento de un sistema estatal de medios —como los periódicos El Telégrafo y El Ciudadano, la agencia Andes, radios y televisiones públicas—, destinados a difundir información oficial del Gobierno, también evidencian los intereses tendenciosos de un sector de la oposición. El reforzamiento de los medios públicos, la práctica de la libertad de expresión y el abandono del escarnio entre ambos bandos, sería mucho más saludable para la necesaria libertad de expresión en el desempeño democrático del Gobierno.
La cuestión más álgida en la ley de medios propuesta por el Gobierno de Correa es la definición de “ética periodística”. La ética periodística a la que apunta el Gobierno en su propuesta de ley de medios —contemplada en la Constitución de 2008— debiera dejar en claro que combate la “corrupción” de cualquier opinión, noticia o información que limite el desarrollo de la democracia en el país, y no dirigirse exclusivamente contra el “golpismo” mediático de los medios privados. La necesaria constricción de la definición de eticidad en las comunicaciones pudiera dejar abundantes lagunas para la arbitrariedad administrativa e incluso condicionar la producción mediática a los intereses “supremos del proceso revolucionario”.
El factor indígena: entre la cooptación y el conflicto7
Otro de los puntos críticos en el Gobierno de Correa ha sido el bloqueo en el diálogo y las negociaciones con movimientos sociales e indígenas. La identificación de Correa con las propuestas de las organizaciones populares en general, y en particular con las de la Conaie, hacía pensar en un inicio que la alianza entre el candidato-Gobierno y los pueblos indígenas estaba garantizada. Sin embargo, diversas situaciones han convertido el apoyo en franca oposición, pese a la identificación pública del Gobierno y del presidente con los símbolos y valores culturales de los pueblos indígenas.
Con el empleo del quechua en sus discursos sabatinos, el uso en sus camisas de bordados alegóricos a la cultura indígena y el nombramiento de indígenas en cargos ministeriales, Correa otorga relieve y revigoriza la cultura precolombina, lo que contrasta con la ignorancia y el desprecio de mandatarios anteriores. Pero la competencia por votantes indígenas entre Pachakutik-Conaie y ap, así como la cooptación por el Gobierno de dirigentes de organizaciones indígenas y de líderes locales, han debilitado las relaciones entre ambos. Asimismo, el ascenso de otras organizaciones indígenas y campesinas a la Asamblea (Fenocin, Feine) restó unidad a la representación indígena en el Legislativo. Si bienlos proyectos políticos y las medidas de amplia repercusión en las poblaciones indígenas ejecutadas por el partido oficial han dejado en segundo plano la influencia de Pachakutik-Conaie, el detonante de la ruptura ha sido la postura presidencial frente al rechazo de los indígenas a la extracción minera, considerada por Correa como una estrategia económica indispensable para adquirir recursos. A partir de ese momento, Pachakutik sigue apoyando propuestas progresistas, opuestas a la derecha, pero ya no garantiza su voto al Gobierno, y en los últimos tiempos se aprecia su acercamiento al mpd en la oposición.
La más reciente muestra de distanciamiento entre las organizaciones indígenas y el Gobierno fue la “Marcha de la resistencia plurinacional. Por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos”, convocada en marzo de 2012 por la Conaie. El levantamiento de la Amazonia se produjo tras la insistencia del Ejecutivo de intensificar la minería extractiva en el país, pese a la oposición de sus poblaciones. La marcha, que no fue exclusivamente indígena, evidenció tanto el desapego de estos sectores respecto de la política nacional como la polarización de la sociedad. Puso de manifiesto la incapacidad del Gobierno para viabilizar el diálogo con los dirigentes de la Conaie, y la necesidad de revisar las relaciones políticas entre ambos; especialmente si se considera que el Gobierno de Correa recibió en sus inicios el respaldo de los indígenas, y que durante estos seis años se han desplegado acciones en favor de las poblaciones indígenas. La marcha fue también utilizada por la oposición y algunos dirigentes con agendas propias, aprovechando la oportunidad para magnificar mediáticamente el desencuentro político.
Es innegable que la inserción de los indígenas y sus objetivos en la escena política ha alcanzado mayores espacios sociales con el Gobierno de Correa. Sin embargo, las tirantes relaciones entre ambas partes revelan la disputa sobre las exigencias del reconocimiento a la diferencia y el aumento de la igualdad. Aunque hay muchos paralelos programáticos entre las organizaciones indígenas y el actual Gobierno, las diferentes concepciones respecto a las formas de concretarlos incrementan las barreras en la construcción de acuerdos y alianzas, llegando al punto de la adversidad política. La ausencia de una agenda indígena específica en la plataforma del Gobierno aleja la posibilidad de la conciliación y la terminación del conflicto y exacerba la polarización política. El reconocimiento del carácter pluricultural del Estado ecuatoriano se queda así en la retórica literaria de la Constitución, sustraído de la realidad.
Balance y escenarios futuros
El proceso que vive Ecuador se inscribe en un periodo refundacional de la izquierda en América Latina. El actual Gobierno ecuatoriano ha significado un viraje en la vida política nacional —terminando con la hegemonía de élites y partidos tradicionales— y marca un nuevo rumbo en las relaciones internacionales, promoviendo la integración latinoamericana a través de mecanismos como la Unasur, la Comunidad Andina, el alba y la celac. También se ha comprometido a la profundización del “cambio” bajo las propuestas del “Buen Vivir”, que abarcan la inclusión y equidad social, educación, salud, seguridad, hábitat y vivienda “dignos”, cultura, tiempo libre, comunicación social, ciencia, tecnología y los saberes ancestrales como fuentes de bienestar y unidad nacional. Y supone modificaciones al modelo constitucional en derechos y justicia social, gobernanza descentralizada, interculturalidad y plurinacionalidad.
La apabullante reelección de Correa parece evidenciar la consolidación de una nueva identidad política, el “correísmo”, que tiene ante sí el enorme desafío de la consolidación democrática con un partido hegemónico y un liderazgo fuerte. Es indispensable la generación de cuadros políticos que, dentro del marco democrático, ofrezcan continuidad al proceso; al mismo tiempo, se deben solidificar la autonomía y las libertades concomitantes al ejercicio cívico. La concentración de poderes, con la actual correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional y sin espacios adecuados para la concertación de consensos, aun cuando beneficia la ejecución de las políticas proyectadas por el Gobierno, supone un grave peligro para la cohesión nacional y alimenta la polarización política. El nuevo periodo de Correa debería dirigirse a generar alianzas políticas con sectores progresistas que le han retirado su apoyo —poniendo énfasis en la concertación de acuerdos con diversas organizaciones indígenas y sociales— y a revisar el tratamiento a la prensa y la oposición, en favor de la democracia que se pretende afianzar.
Un régimen democrático debe procurar acuerdos y buscar la institucionalización y el perfeccionamiento de la vida política. En esa dirección, el proceso en curso en Ecuador mezcla atributos que ciudadanizan —por la vía de la inclusión social, la promoción del desarrollo y, en menor medida, la innovación democrática— con rasgos centralistas y autoritarios que atentan contra la consolidación democrática. Se trata de un terreno de lucha en el que, pese al creciente peso político de Rafael Correa y de ap, la partida no está decidida.
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IVETTE SOSA es psicóloga y politóloga. Pertenece a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador. ARMANDO CHAGUACEDA es politólogo e historiador de la Universidad Veracruzana. Coordinador de grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y miembro de su Observatorio Social, se especializa en temas de sociología, teoría política e historia contemporánea latinoamericana.
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1 Algunas interpretaciones del proceso: Fander Falconí, “Triunfó el Buen Vivir”, en Diario Digital, p. 12, 22 de febrero de 2013, <http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-214369-2013-02-22.html>; Francisco Franco, Un tranvía llamado Rafael, en Vistazo, núm. 1092, 22 de febrero de 2013, <http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-214369-2013-02-22.html>, y La aplanadora no cambia de timonel, en Vanguardia, 19-24 de febrero de 2013, pp. 18-19.
2 Esta etapa es analizada por Pablo Andrade en sus obras “Democracia y cambio político en el Ecuador” y “La era neoliberal y el proyecto republicano”, ambos publicadas por la Universidad Andina, sede Ecuador, en 2009.
3 Una mirada plural sobre dicho proceso lo constituye Sebatián Mantilla y Santiago Mejía (comp.), “Rafael Correa: Balance de la revolución ciudadana”, Editorial Planeta del Ecuador, Quito, 2012. Para otras valoraciones, ver los textos publicados en el número 44 de Íconos: Revista de Ciencias Sociales (Flacso Ecuador) como parte del dossier “Movimientos sociales, Estado y democracia en Bolivia y Ecuador en el tránsito del neoliberalismo al postneoliberalismo”.
4 Sobre esta problemática ver Felipe Burbano, “La ciudadanía en la revolución ciudadana: Tensiones y contradicciones del proceso ecuatoriano”, en Isidoro Cheresky, Ciudadanos y política en los albores del siglo XXI, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2010; Simón Pachano, “Democracia representativa y mecanismos de democracia directa y participativa” (policy paper), ILDIS-FES, Quito, 2010; y Luís A. Panchi, “La efectiva implementación de la participación ciudadana”, en La Tendencia: Revista de análisis político, núm. 9, marzo-abril de 2009, Quito, pp. 73-77.
5 Habría que criticar también que, en el mandato anterior, la oposición utilizó su control de la Comisión de Participación Ciudadana del Parlamento como plataforma contra el oficialismo.
6 Sobre el tema ver Gustavo Isch, De la guerra de guerrillas a la guerra de cuartillas: La comunicación en el Gobierno de la revolución ciudadana, Editorial Quipu, Quito, 2012.
7 Para un análisis de este fenómeno ver Jorge León, “Las organizaciones indígenas y el Gobierno de Rafael Correa, en Íconos: Revista de Ciencias Sociales, Flacso-Ecuador, 2010.
