En materia educativa, los primeros 100 días de la administración 2012-2018 pueden calificarse como “un paso inicial en el camino correcto”. La acción más destacada ha sido la reforma constitucional a los artículos 3 y 73 para la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el establecimiento del Servicio Profesional Docente, la conformación del Sistema de Información y Gestión Educativa, la reglamentación para fomentar la autonomía en la gestión escolar y la expansión de las escuelas de tiempo completo.
La iniciativa de reforma se presentó con dos características notables. La primera tiene que ver con el contenido, y lo que sobresale es la voluntad de construir sobre lo logrado, lo cual no ha sido común en México. Durante las dos administraciones anteriores se iniciaron los concursos para la asignación de plazas docentes, se instituyeron procesos de evaluación que por primera vez contemplaban el logro académico de los estudiantes como principal parámetro de referencia, se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se continuaron los esfuerzos para probar modelos de autogestión escolar, y se creó el modelo de escuelas de tiempo completo. El proyecto actual pretende retomar, fortalecer y perfeccionar estas iniciativas, a pesar de emanar de gobiernos panistas, dotándolas de un soporte jurídico sólido para consolidarlas.
La segunda característica es la forma. La iniciativa de reforma no fue negociada con el SNTE, sino que emanó del ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo. El mensaje subyacente es que el Gobierno no compartirá la rectoría de la política educativa con otros actores, y que el Sindicato tendrá que acotarse a su ámbito de responsabilidad, que es velar por los derechos laborales de los trabajadores. Este es uno de los casos donde la forma puede ser fondo ya que conlleva la señal de que el Sindicato no continuará siendo juez y parte en la definición de aspectos centrales, como la formación y la evaluación docentes, donde se les había permitido sustituir o, en el mejor de los casos, negociar con la autoridad.
Ya se ha dado el primer paso con la aprobación de la iniciativa en un número suficiente de congresos estatales para que se convierta en reforma. Ahora viene lo más difícil. Es necesario redactar las leyes relacionadas, los reglamentos, y sobre todo los artículos transitorios, que ya en casos anteriores —como la reforma para universalizar los niveles preescolar y medio superior— han anulado prácticamente el potencial de transformación al posponer la entrada en vigor de los cambios, o incluir sutilezas que implican ir en sentido contrario al original. Y, sobre todo, hay que esperar a la implementación. Es ahí donde el Sindicato ha logrado bloquear iniciativas bien intencionadas en un sinnúmero de casos. Esperemos que ahora el éxito esté en esos detalles.
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MIGUEL SZÉKELY es director del Instituto de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Es consejero de la revista Este País.
