¿Quién debe tener derecho al voto? Esta es la paradoja de un país forjado por migrantes pero que desde hace algunos años se siente amenazado por el mismo fenómeno que le dio vida. Una vez más, Estados Unidos se debate entre la exclusión y la inclusión.
La estrategia del Partido Republicano en Estados Unidos de oponerse sistemáticamente a todas las propuestas emanadas del presidente Barack Obama y a todas las iniciativas del Partido Demócrata, está conduciendo a una peligrosa parálisis gubernamental que necesariamente impactará el progreso de ese país y el liderazgo estadounidense a nivel mundial.
Esta posición que parece irracional está afectando seriamente la gobernabilidad y la toma de decisiones en temas fundamentales para el desarrollo de la Unión Americana, y revela en el fondo la profunda división entre las fuerzas conservadoras y los sectores de la población que siguen una dinámica de progreso más afín a los principios que fundamentaron el ascenso de Estados Unidos como primera potencia mundial.
Una declaración reciente del líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner, es muy ilustrativa del pensamiento obstruccionista del Partido Republicano: “Seremos juzgados no por el número de leyes que aprobemos, sino por la cantidad de leyes que revoquemos”. Una verdadera joya. El hecho de que un cuerpo legislativo —cuya tarea es elaborar leyes que rijan la vida de los individuos y las instituciones— no plantee legislar, sino echar para atrás las leyes que no sean de su agrado, es preocupante.
De esta y otras maneras es que pretenden invalidar leyes largamente operantes en temas laborales, de derechos civiles, derechos electorales, protección ambiental, regulación financiera, en materia de aborto y del financiamiento de las campañas electorales. Asimismo, se oponen a reformas fiscales que aumenten el financiamiento gubernamental y procuren el balance fiscal, a reformas en los sistemas de inmigración que permitan el ingreso ordenado y la incorporación de extranjeros a la sociedad, y a reformas al sistema de salud para cubrir a los sectores más desprotegidos.
Apegándose al manual que ha empleado a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, con bastante éxito electoral, el Partido Republicano se ha dedicado a señalar a los presuntos enemigos del modo de vida estadounidense y a atemorizar a la población con amenazas externas, sean estas provenientes del comunismo internacional y la Unión Soviética, del extremismo musulmán o de los inmigrantes invasores.
Más recientemente, los estrategas de ese partido han asegurado territorios electorales de mayoría republicana mediante una redistritación o ajuste de perímetros distritales que garantice su triunfo en las elecciones. Con ello, han alcanzado una mayoría en la Cámara de Representantes y aspiran al control del Senado en las elecciones intermedias de 2014. Asimismo, han obtenido la mayor parte de las gubernaturas y de las legislaturas estatales. Otra de las estrategias del Partido Republicano ha sido la modificación de las leyes electorales estatales con el fin de que la identificación oficial sea requisito para poder votar. Aunque el objetivo declarado de esta medida es evitar el fraude electoral, en el fondo tiene como propósito eliminar de la votación a los grupos de bajos ingresos que tienden a votar por el Partido Demócrata y no cuentan con documentos de identidad aceptados por las autoridades.
Estas maniobras de manipulación electoral han tenido efecto mediante la introducción de leyes contestatarias en las legislaciones estatales y en el Congreso, con las cuales limitan la aplicación de ordenamientos aprobados a nivel federal y que consideran contrarios a su doctrina. Es el caso de la expansión de Medicaid contemplada en la reforma de salud. Veinticuatro estados en manos de los republicanos han rechazado dicha expansión, con lo que aproximadamente 6 millones de personas de bajos ingresos que carecen de seguro médico en esas entidades no tendrán acceso a los servicios de Medicaid. Igualmente, 27 estados encabezados por Gobiernos republicanos se han opuesto a crear los mercados estatales para la oferta de seguros médicos individuales y a pequeños negocios, de modo que la operación de este mecanismo se ha revertido al Gobierno federal, cuya carga de responsabilidad y de operaciones se ha visto incrementada.
Simultáneamente, el Congreso, controlado por los republicanos, no ha dejado de recortar los presupuestos asignados a la instrumentación de la reforma, limitando de esta manera la capacidad de poner en práctica las medidas contenidas en la ley para operar el sistema. Incapaces de impedir la aprobación de la reforma de salud, los republicanos se han opuesto por todos los medios a esta ley mediante el planteamiento de demandas ante la Suprema Corte de Justicia, alegando su inconstitucionalidad, y la aprobación en la Cámara de Representantes de 39 iniciativas para su derogación.
Otro frente de obstruccionismo lo representa la firme oposición a la eliminación de las exenciones fiscales que aprobó la administración de George W. Bush en beneficio de las clases más acomodadas, así como al incremento de la deuda pública y el aumento de impuestos para equilibrar las finanzas del Gobierno, lo que motivó una baja en la calificación del crédito estadounidense que hace Standard & Poor’s. Bajo la consigna de “matar de hambre a la bestia”, los republicanos pretenden disminuir el papel del Gobierno en la vida pública mediante la reducción presupuestal y el traslado de sus funciones a la iniciativa privada.
Como resultado de la falta de acuerdos para alcanzar un balance presupuestario, en marzo de este año entró en efecto una sequestration act (ley de secuestro) que impone recortes porcentuales automáticos e indiscriminados en todas las áreas del Gobierno. Esta medida ha tenido por consecuencia la eliminación de programas sociales para la protección de las clases más vulnerables en materia de alimentación, educación y salud, y otros también fundamentales para la seguridad y defensa de Estados Unidos.
Al tiempo que ha eliminado o reducido los recursos para estos programas, esa ley ha impuesto la suspensión temporal de actividades, sin goce de sueldo, a trabajadores de todas las entidades del Gobierno, lo que representa una reducción de 20% en sus ingresos; entre el despido de empleados y la disminución de sueldos, estas medidas han afectado sensiblemente la economía del país y el nivel de vida de esas personas.
En cuanto a la reforma migratoria que permita la integración de más de 11 millones de indocumentados, los republicanos del Congreso se han opuesto a la regularización y la concesión de la ciudadanía a los inmigrantes ilegales, sosteniendo que estas medidas alentarán el fenómeno migratorio y representarán una amnistía para quienes violaron las leyes, por lo que antes se deberán asegurar las fronteras —aunque algunos congresistas republicanos han expresado abiertamente su oposición a la ciudadanía de los inmigrantes indocumentados pues más adelante votarán por el Partido Demócrata.
La aprobación en el Senado de una iniciativa de reforma migratoria integral y las presiones de un ala del Partido Republicano, junto con el interés de muy diversos sectores económicos, sociales y políticos de Estados Unidos —incluyendo empresas, iglesias y grupos progresistas—, orillará a los congresistas republicanos más reacios a avalar una versión de dicha reforma que, si bien será distinta de la aprobada en el Senado, de alguna manera se conformará a las demandas de la sociedad estadounidense.
Las filtraciones a la prensa sobre el contenido de las propuestas en la Cámara de Representantes apuntan hacia la aprobación, en leyes separadas, de un programa de trabajadores huéspedes, del aseguramiento de las fronteras, de la verificación en el lugar de trabajo de la estancia legal de los empleados, del ingreso de inversionistas y profesionales de alta calificación y de una forma de regularización de la estancia legal de los inmigrantes indocumentados, pero sin derecho a la naturalización. Este último punto será objeto de una difícil negociación, a fin de conciliar las versiones del Senado y de la Cámara de Representantes, y pudiera dar al traste con la aprobación final de la reforma migratoria.
En el mismo sentido, los republicanos se niegan constantemente a aprobar a los candidatos propuestos por el presidente Obama para ocupar cargos en el gabinete, las agencias federales y el sistema judicial federal, casos en los que se requiere el voto de dos tercios de los legisladores, lo que ocasiona que muchos puestos directivos y judiciales se queden sin confirmar por largo tiempo.
En la primera administración de Obama, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, declaró que el principal objetivo de su partido era hacer de Obama un presidente de un solo periodo. Cuando en un régimen democrático y republicano los líderes de la oposición anteponen los intereses de partido a los del progreso de la nación, y en su afán de acotar los logros del Ejecutivo conducen a la parálisis del Gobierno, la disfuncionalidad resultante puede derivar en una peligrosa ingobernabilidad.
A final de cuentas, estas posiciones obstruccionistas no impidieron la reelección del presidente Obama ni la aprobación de los principales puntos de su agenda; por el contrario, han provocado una caída notable en los índices de aprobación del Congreso y, muy particularmente, del Partido Republicano, el cual tiene una aceptación de 33%, mientras que la de su dirigencia es de solo 25 por ciento.
Todo parece indicar que —a menos que haya un cambio radical en el programa y la estrategia del partido— ni la manipulación de los distritos electorales ni las maniobras para restringir el voto de la oposición alcanzarán a los republicanos para lograr la mayoría en las elecciones, y su partido se irá desdibujando hasta perder la ascendencia que alguna vez tuvo en el electorado.
_________
FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
