A contracorriente de algunos pronósticos, el Gobierno impulsó una reforma en telecomunicaciones de gran alcance. Como sucedió en las materias laboral y educativa, el Estado recupera así poder sobre una esfera principal de la vida nacional, con los posibles beneficios y riesgos que ello supone.
I. La comunicación social y las telecomunicaciones en el Pacto por México
Diciembre de 2012 no fue el momento en el que el mundo se acabó, como algunos sectores nacionales y extranjeros vaticinaron frívolamente a partir de la simplificación de las profecías mayas.1 Fue el momento en el que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia de la República y definió las directrices básicas para la jefatura del país durante el sexenio 2012-2018. Así, estableció las nuevas políticas de gobernabilidad en todos los órdenes de la agenda nacional para construir una etapa de desarrollo nacional más equilibrado.
De esta forma, a partir de su primer mensaje en la toma de posesión como presidente de la República en Palacio Nacional el 1 de diciembre de 20122 y de la firma del Pacto por México3 en el Alcázar del Castillo de Chapultepec el 2 de diciembre de 2012,4 junto con los principales partidos políticos del país, el presidente Peña Nieto fijó los ejes fundamentales de gobernabilidad de su gestión, con el fin de enfrentar los principales problemas de la agenda nacional y buscar crear un futuro promisorio para México.
Dicho pacto de gobernabilidad estructural del país se efectuó bajo las siguientes tres directrices:5 (1) fortalecer al Estado mexicano; (2) democratizar la economía, la política y la ampliación eficaz de los derechos sociales y, finalmente, (3) impulsar la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.6
En este sentido, con la firma del Pacto por México, los principales partidos y la clase política nacional pretendieron evolucionar del sufragio efectivo al “Gobierno eficaz”,7 a partir del establecimiento de 95 compromisos para la gobernabilidad de la sociedad mexicana.
Entre los múltiples compromisos planteados para encarar la problemática nacional, figuraron de manera especial los relativos a los desafíos de la comunicación y las telecomunicaciones en la República, uno de los ámbitos más descuidados por los últimos seis gobiernos nacionales. Para abordar tal reto, el presidente Peña Nieto y los cuatro partidos políticos más relevantes del país fijaron por consenso diversos compromisos a cumplir en el sexenio con el fin de contribuir a resolver los problemas en esta área.
II. “No vengo a administrar,
sino a transformar a México”
Con las directrices formuladas en materia de comunicación social en el primer mensaje a la nación y en el Pacto por México, inesperadamente el nuevo Gobierno sentó las bases para crear un nuevo modelo de comunicación nacional que limitara el poder unilateral de los monopolios de las telecomunicaciones; propiciara la competencia en radiodifusión, telefonía y servicios de datos; incrementara la pluralidad informativa; fortaleciera la transparencia; hiciera más eficiente el uso del espectro radioeléctrico; abriera nuevas cadenas de televisión; ampliara el acceso a la banda ancha; redujera los costos del uso de internet; creara nuevos órganos reguladores autónomos; respaldara algunas garantías comunicativas ciudadanas, y fortaleciera los medios públicos, entre otros cambios que los poderes fácticos mediáticos obstaculizaron durante muchos años en México para conservar sus privilegios monopólicos.
Así, se dio en el ámbito de la comunicación un giro político de 180 grados, ante el cual es indispensable preguntarse: ¿Cómo fue posible que el presidente Peña Nieto decidiera enfrentar la enorme fuerza acumulada por los tradicionales poderes fácticos mediáticos, cuando él debía todo su éxito al duopolio televisivo, especialmente a Televisa, empresa que le construyó eficientemente durante seis años su imagen pública como gobernador del Estado de México y después, durante un año, instrumentó su perfil político como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, con el que ganó los comicios electorales de julio de 2012, y que ahora, repentinamente, desde sus primeras políticas de gobernabilidad nacional, se deslindara de dichas fuerzas, estableciendo reglas estructurales para limitarlas sustancialmente y subordinarlas al mandato constitucional? ¿Por qué no actuó como los gobiernos panistas de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes se subordinaron plenamente a los poderes fácticos mediáticos durante ambos sexenios?
Para poder entender las raíces de este cambio histórico, inédito desde la creación de la Ley Federal de Radio y Televisión en 1960 y del reglamento respectivo en 1970, es necesario considerar los siguientes aspectos:
1. Sin lugar a dudas, el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó al poder con apoyo de la enorme capacidad de persuasión ideológica del duopolio televisivo, que efectuó una constante campaña de propaganda paralela para respaldar su candidatura presidencial. Si desde el inicio de su gestión Peña Nieto no se deslindaba claramente de la influencia del duopolio televisivo, su sexenio quedaría subordinado a los intereses de las fuerzas oligopólicas, como sucedió con los dos gobiernos panistas. Esta circunstancia acotaría sustancialmente su margen de maniobra como presidente de la República, y lo convertiría en un “soldado de los monopolios mediáticos”.
2. Mediante tales intervenciones políticas, el Poder Ejecutivo rescató la fuerza rectora del Estado mexicano, que se había debilitado sustantivamente desde la década de los años ochenta con el desmantelamiento neoliberal de la esfera pública y la transición hacia la democracia con la jefatura del Partido Acción Nacional (PAN) desde 2000. Así, la iniciativa de reforma constitucional en el ámbito de la comunicación contribuyó de manera decisiva a rescatar el poder del Estado para gobernar soberanamente el país, y a recolocar los poderes republicanos por encima de los poderes fácticos mediáticos.
3. Mediante esta acción jurídica, la clase política reivindicó su naturaleza autónoma frente a los poderes fácticos mediáticos, que lograron doblegarla y amedrentarla durante varias décadas para imponer sus caprichos empresariales unilaterales. Dichos abusos del poder mediático llegaron a excesos insólitos que en muchos momentos, particularmente los electorales, provocaron que el Gobierno y los partidos políticos quedaran como rehenes de la radio y la televisión privadas.
4. La gestión de Peña Nieto ha facilitado al pri la creación de una imagen nueva, políticamente avanzada, pues demuestra que el viejo PRI, del siglo XX, y el proyecto conservador del Partido Acción Nacional (PAN), de principios del siglo XXI, nunca estuvieron dispuestos a modificar el marco normativo de la comunicación social, boicoteando todos los intentos legislativos que se hicieron en el Congreso. En cambio, el PRI de la segunda década del siglo XXI, apoyado en una alianza con otros partidos, fue la única fuerza que históricamente logró transformar a fondo el anacrónico marco normativo de las telecomunicaciones y la radiodifusión nacional.
5. Para modificar constitucionalmente el modelo de comunicación dominante, el PRI retomó, sorpresivamente, las banderas comunicativas que durante muchas décadas habían caracterizado la lucha sin éxito de diversas corrientes de izquierda, como la restricción de los monopolios mediáticos, la autonomía de los órganos reguladores, la reglamentación del derecho de réplica, la creación de nuevas cadenas de televisión, el fomento del derecho a la información, etcétera, y las hizo suyas para formularlas como aportaciones del propio pri en su nueva fase de retorno histórico.
6. Con la formulación de dichas propuestas de transformación, el Poder Ejecutivo se legitimó políticamente ante la mayoría de la población como una figura rectora que introduce importantes mutaciones estructurales para beneficiar a la ciudadanía. El mensaje político enviado a la opinión pública es que el cambio comunicativo prometido durante 12 años por los gobiernos panistas no se logró, mientras que en los primeros tres meses de regreso del PRI se conquistaron objetivos abandonados durante varias décadas.
7. Con estas acciones estratégicas, se colocaron cimientos políticos muy importantes para la continuación de la gobernabilidad hegemónica del PRI en las próximas décadas.
8. Por último, mediante estas iniciativas se crean condiciones que propician la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión y, con ello, se eleva la capacidad de atracción de inversión extranjera, con el consecuente impulso del proyecto de desarrollo sexenal del presidente.
Para asegurar dichos progresos históricos, el Poder Ejecutivo llevó a cabo las siguientes cuatro acciones estratégicas:
1. Estableció un gran pacto político de gobernabilidad nacional con los principales partidos políticos del país (Pacto por México), con lo que obtuvo un respaldo consensado de la clase política nacional para aprobar cambios estructurales.
2. Introdujo paralelamente la reforma a la Ley de Amparo que —entre otras modificaciones jurídicas— prohíbe que, cuando la materia a proteger se refiera al interés público general, no proceda la suspensión del acto de una sentencia. Mediante este recurso se impide a los monopolios, especialmente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, que en caso de ser demandados continúen ejerciendo las acciones irregulares por las cuales fueron requeridos, y evitar que se invalide la fuerza del derecho.
3. Elevó a rango constitucional los compromisos del Pacto por México, de forma que no fueran leyes secundarias las que respaldaran dicho proyecto de transformación nacional, sino que lo hiciera el propio mandato directriz de la Carta Magna.
4. Finalmente, propuso la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La incorporación de dicha iniciativa fue un logro notable pues desde la década de los cincuenta no se había podido reformar, con una perspectiva social y progresista, el marco regulatorio de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.8
El posicionamiento de cambio político del nuevo Gobierno quedó claramente sintetizado cuando, al evaluar sus primeros 100 días de gestión, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó públicamente en el Palacio Nacional: “No vengo a administrar, sino a transformar a México”.9
III. La iniciativa de reforma
constitucional a las telecomunicaciones y la radiodifusión
Después de la firma del Pacto por México, el Poder Ejecutivo dio otro paso trascendental al enviar al Congreso de la Unión, el 19 de marzo pasado, la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión,10 con apoyo de casi la totalidad de la clase política nacional, para modificar la arcaica y desigual realidad comunicativa de México. Tal propuesta ocurrió de manera sorpresiva y su relevancia es mayor para el futuro de la sociedad mexicana, pues se trata de una transformación constitucional que rescata la rectoría del Estado en esta materia y vuelve a colocar los poderes constitucionales de la República por encima de los intereses de los poderes fácticos, especialmente los mediáticos, que durante muchos años habían subordinado, burlado y presionado al Estado.
Dicha iniciativa fue aprobada el 21 de marzo por el PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal) con 414 votos a favor, 50 en contra, 8 abstenciones y 92 reservas al proyecto original en una sesión maratónica que duró más de 10 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.11 En abril, el Senado aprobó la reforma.
La iniciativa reformuló diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28 73, 78 y 94 de la Constitución —incluyendo 42 temas fundamentales que la sociedad mexicana había impulsado durante las últimas cinco décadas— y los desarrolló con visión progresista para ser incluidos como norma general en la Carta Magna, con el fin de cumplir con los compromisos básicos establecidos en el Pacto por México en el rubro de las comunicaciones. Así, los miembros del Pacto sentaron las bases para crear otro modelo de comunicación colectiva, distinto al heredado del siglo XX, y posibilitar un desarrollo más equilibrado de la nación en esta materia.
Entre los principales cambios a la Constitución que se aprobaron, destacan los siguientes:12
1. Se reconoce el derecho al libre acceso a la información y el derecho a la libertad de difusión como garantías constitucionales. Se abordan normativamente la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicios públicos. Se certifica el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha. Se avala el acceso universal de las personas a la sociedad de la información y el conocimiento. Se garantiza el acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial. Se dota al Congreso de la Unión con facultades expresas para dictar leyes en materia de tecnologías de la información, radiodifusión y telecomunicaciones.
2. Se crea un solo ordenamiento jurídico que regule de manera convergente el uso, el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Se propicia la competencia en radio, televisión, telefonía y servicios de datos. Se determina la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, y se establecen las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia. Se regula a los operadores dominantes. Se fijan límites a la concentración en radio, televisión y telecomunicaciones. Se determina que la inversión extranjera puede ser de hasta 100% en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite y de hasta 49% en radiodifusión.13
3. Se forman tribunales especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. Se crea la Comisión Federal de Competencia (CFC) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como órganos constitucionales autónomos, con personalidad jurídica, presupuesto propio y autonomía de gestión. Se fortalecen sustancialmente y a nivel constitucional las facultades del Ifetel y la CFC. Se establece la elección de los comisionados del Ifetel con mecanismos más abiertos, plurales, profesionales y democráticos. Se constituye un Consejo Consultivo del Ifetel integrado por miembros honorarios y encargado de fungir como órgano asesor en la observancia de los respectivos principios constitucionales.14
4. Se homologan las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones en una sola figura que distinga las de uso comercial, público, social y privado. Se autorizan las concesiones de banda ancha, servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones en condiciones de competencia, pluralidad, calidad y convergencia, optimizando el espectro radioeléctrico. Se otorgarán las concesiones mediante licitación pública a fin de asegurar la máxima concurrencia, y no por criterios políticos o de presión empresarial. Las concesiones para uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa, evitando que el factor determinante para definir al ganador sea meramente el criterio económico. Se elaborará un Registro Público de Concesiones. Se licitarán dos nuevas cadenas de televisión abierta.
5. El must carry y el must offer serán gratuitos, salvo para los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión, o como agentes económicos preponderantes, pues no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita.15
6. Se creará una política de inclusión digital universal que abarque objetivos y metas en conectividad para las tecnologías de comunicación e información. Se instalará una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. Se usará eficientemente la banda de 700 MHZ. Se instalará internet de banda ancha en edificios públicos. Se desarrollará una robusta red troncal de telecomunicaciones.
7. Se reconocerá a los medios del Estado independencia editorial, autonomía de gestión financiera y garantías de participación ciudadana. Tendrán reglas claras para la transparencia y rendirán cuentas. Se defenderán sus contenidos. Se le otorgarán opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.16 Se creará una cadena de medios públicos. Se reglamentará el derecho de réplica. Se prohibirá la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.17
8. Se dotará al Ifetel de atribuciones para vigilar que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada y no rebase los tiempos máximos de transmisión de mensajes comerciales.18 El Instituto contará con facultades suficientes para supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo tercero de la Constitución, así como las normas en materia de salud, estableciendo lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público menor de edad.19 Las resoluciones jurídicas sobre esta materia únicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.20
En términos generales, el corazón de la propuesta albergó conquistas estratégicas con las cuales el Congreso logró destrabar problemas fundamentales para lograr un crecimiento más equilibrado del país. Encontró la “cuadratura del círculo” que durante muchas décadas no se quiso alcanzar, negando las principales demandas de cambio comunicativo expuestas de múltiples maneras por los ciudadanos.
Luego de su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto fue enviado el 2 de abril al Senado, para su dictamen por parte de las comisiones de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos; para recabar las opiniones de dos comisiones más —la de Gobernación y la de Justicia—, y para la votación respectiva en el Pleno.21 La Reforma se aprobó en lo general y lo particular el 18 de abril, con 18 cambios que no alteraron el fondo del proyecto original. El 19 de abril fue votada vía fast track en el Pleno del Senado, con 118 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones, sin atender las 24 importantes reservas que habían señalado diversos legisladores.22 Tal como ocurrió con la llamada Ley Televisa, ahora se desecharon una a una las diversas reservas de los legisladores críticos. Por último, el 19 de abril la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, para su revisión y aprobación final.
Aunque la Reforma tiene aciertos muy relevantes de progreso democrático, es muy importante destacar que también tiene carencias centrales que deben ser superadas para recoger plenamente el alma ideológico-política que se formula en el Pacto por México y crear un modelo de comunicación nacional más virtuoso. Entre las principales lagunas están las siguientes: el reconocimiento de los “derechos de las audiencias”, el respaldo a los derechos de los comunicadores y periodistas (como el secreto profesional), la definición de los medios públicos, el establecimiento de los plazos para negociar las nuevas licitaciones en radiodifusión y el tema de la soberanía en relación con la inversión de hasta 100% en satélites.23 Dichos vacíos podrán ser corregidos o compensados de alguna forma en las leyes secundarias o con posteriores reformas complementarias, que tendrán que elaborarse en el Congreso para que esta opere plenamente.
Frente a la coyuntura política actual, es importante que el Congreso trabaje ahora en la elaboración de las leyes secundarias, para contar con una sola norma de telecomunicaciones y radiodifusión, que construya un sistema de comunicación nacional más justo. Si la reglamentación secundaria no se prepara con suma claridad, siguiendo el espíritu de las reformas constitucionales ya alcanzadas, se podrán desconocer o revertir los progresos ya logrados. Esta situación favorecerá a las empresas concentradoras, que durante muchos años se han beneficiado del statu quo comunicacional, y alimentará el ambiente de contrarreforma que anhelan los consorcios monopólicos de las telecomunicaciones y algunos legisladores “a modo”, quienes pretenden beneficiarse del poder mediático para impulsar sus carreras políticas.
La sociedad mexicana ha esperado pacíficamente más de 50 años la transformación constitucional de la anacrónica, abusiva y anárquica estructura tradicional de comunicación que se heredó del siglo XX, y ya no aguanta más. Ahora, corresponde al Congreso de la Unión aprovechar responsablemente esta oportunidad histórica demandada por la sociedad mexicana durante más de cinco décadas y corregir con suficiente lucidez las lagunas existentes en la Reforma para crear un nuevo prototipo estratégico de comunicación que consolide auténticamente el crecimiento del país en el siglo XXI.
De lo contrario, más que un Pacto por México en el terreno de la comunicación nacional, seguiremos teniendo un pacto contra México.
1 Según el calendario maya, el viernes 21 de diciembre de 2012, el ciclo solar de 5 mil 200 años llegaría a su fin con 13 Baktún, pero esto no significaba que dicha fecha representara el fin del mundo, como lo aventuraron algunos intérpretes, sino simplemente el fin de una era cósmica y el principio de otra. De esta forma, los estudios astronómicos llevados a cabo por los astrónomos mayas develaron que, cada cierto tiempo, se repiten cíclicamente ciertos fenómenos cósmicos. Basándose en esos estudios, los mayas establecieron las eras de su calendario. Así, del mismo modo que el calendario gregoriano determina el comienzo de su línea temporal con el nacimiento de Cristo, el calendario maya de cuenta larga lo fija en el comienzo de su primera era. Por este motivo, los pueblos de la región mesoamericana, en la que un día habitaron los mayas, y que abarca los territorios de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y parte de México, celebraron. “Calendario maya: Google anuncia el fin del mundo con un doodle”, Murcia, España, 21 de diciembre de 2012, , <http://www.laverdad.es/murcia/20121221/gente/doodle/calendario-maya-google-anuncia-201212211237.html>.
2 Enrique Peña Nieto, “Mensaje a la Nación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, Presidencia de la República, México, D.F., 1 de diciembre 2012, <http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mensaje-a-la-nacion-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos/>.
3 Presidencia de la República, PRI, PAN y PRD, “Pacto Por México”, México, D.F., 2 de diciembre de 2012, <http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf>.
4 “Peña encabezará firma de Pacto por México”, en El Universal, México, D.F., 2 de diciembre de 2012, <http://www.eluniversal.com.mx/notas/887283.html>.
5 Presidencia de la República, PRI, PAN y PRD, “Pacto Por México”, óp. cit, p. 1.
6 En este ámbito es muy importante considerar que “la creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. Por ello, la tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”. Presidencia de la República, PRI, PAN y PRD, “Pacto Por México”, óp. cit, p. 1.
7 “Nuevo ciclo… y reformas?”, en “Suplemento Enfoque”, núm. 973, Reforma, México, D.F., 6 de enero de 2013, pp. 12-13.
8 Para ampliar este aspecto consultar Javier Esteinou Madrid y Alma Rosa Alva de la Selva, “La reforma jurídica de la comunicación social y el Estado fallido en México”, en Derecho a comunicar, núm. 1, revista científica de la AMEDI, México, D. F., enero-abril de 2011, pp. 98-153, <http://www.derechoacomunicar.amedi.org.mx/pdf/num1/numero1.pdf>; y Israel Tonatiuh Lay Arellano, “Legislación de medios y poderes fácticos en México 2000-2012”, en Sistema de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara (UDGVirtual), Prometeo Editores, Guadalajara, 2012.
9 “Peña: Vengo a transformar y a dar resultados”, en El Universal, primera plana, México, D.F., 11 de marzo del 2013, <http://www.eluniversal.com.mx/notas/909237.html>.
10 Enrique Peña Nieto, “Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones”, Presidencia de la República, México, D.F., 11 de marzo de 2013, <http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2013/03/Iniciativa-Reforma-Constitucional-Telecom.pdf>.
11 “Acota reforma en telecomunicaciones a monopolios y abre la competencia”, en El Financiero, sección Política, México, D.F., 22 de marzo de 2013; “Avanza telecom con tropiezos”, en El Universal, primera plana, México, D.F., 22 de marzo del 2013, <http://www.eluniversal.com.mx/primera/41684.html>.
12 Cámara de Diputados, “Propuesta de modificaciones de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales al Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27°, 28°, 73°, 78° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”, en Gaceta Parlamentaria, No. 3733-IX, Anexo IX, Año XVI, México, D.F., 21 de marzo de 2013, <http://gaceta.diputados.gob.mx/>.
13 Cámara de Diputados, “Minuta del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27°, 28°, 73°, 78° y 94° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones”, México, D.F., 21 de marzo del 2013.
14 “Minuta del Proyecto de Decreto …”, óp. cit, p. 3.
15 Íd., pp. 20-21.
16 Íd., p. 20.
17 Enrique Peña Nieto, “Iniciativa de Reforma Constitucional, óp. cit.
18 “Minuta de Proyecto de Decreto …”, óp. cit, p. 24.
19 Íd., p. 24.
20 Íd., p. 23.
21 “La reforma en telecomunicaciones: ¿Una discusión legal o viciada?”, en CNN en Español, México, D.F, 11 de abril de 2013, <http://mexico.cnn.com/nacional/2013/04/11/la-reforma-en-telecomunicaciones-una-discusion-legal-o-viciada> (consultado el 15 de abril de 2013).
22 “Aprueban en comisiones del Senado la reforma en materia de telecomunicaciones”, La Jornada, México, D.F., 19 de abril de 3013, p. 17.
23 Jenaro Villamil, “De la gran reforma a la negociación de intereses”, en Blog Homozapping, México, D.F., 30 de marzo de 2013, <http://homozapping.com.mx/2013/03/de-la-gran-reforma-a-la-negociacion-de-intereses-primera-parte/>, consultado el 17 de abril de 2013.
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JAVIER ESTEINOU MADRID es investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
