Dista de ser una regla, pero suele ocurrir que mientras más consenso generan algunos problemas públicos, más se escapan los matices que pueden mejorar su comprensión y quizá su posible solución. Ocurre en especial con aquellos problemas que más indignación social generan, aquellos que sentimos que no pueden esperar: la trata, la pobreza extrema, la prostitución infantil, el hambre. El inconveniente es que la indignación, el sentido de urgencia, no (siempre) sustituyen la comprensión detenida del problema para lograr una acción más eficaz.
La Cruzada contra el Hambre, estrategia (¿o será programa?) articuladora de buena parte de los esfuerzos de desarrollo social de la actual administración federal, debería considerar el carácter multidimensional —esa palabra terca y aburrida— de las causas del hambre. El hambre y la desnutrición son mucho más que la falta de alimentos o de nutrimentos suficientes. Son el resultado de una larga cadena de hechos, decisiones y procesos, individuales y colectivos. El hambre y la desnutrición están asociadas con la seguridad alimentaria, la producción, la distribución y la disponibilidad de alimentos de calidad a un precio adecuado; el acceso a servicios de salud y políticas de atención a la desnutrición; la existencia de políticas agropecuarias y agrícolas que garanticen la producción de alimentos; el establecimiento de leyes que ofrezcan instrumentos institucionales de coordinación y definan responsabilidades; las relaciones y acuerdos comerciales que influyen en los precios internacionales de alimentos básicos; sucesos naturales, como sequías, inundaciones o epidemias, que encarecen los alimentos. Incluso, tal como Amartya Sen lo afirmó y probó, el hambre extrema es un problema de democracia, de ausencia de ejercicio de libertades y de voz de quienes no tienen lo básico para vivir: comida.
¿Cuáles de todos estos aspectos atenderá la Cruzada contra el Hambre? Según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la lucha contra el hambre se encuadra en el ejercicio de los derechos sociales, en el acceso a alimentos y en la capacidad del sector agropecuario y pesquero del país para producirlos. La inseguridad alimentaria será el indicador a seguir para monitorear los avances. Habrá que esperar el Programa Nacional México sin Hambre, más adelante en el año, para conocer más a detalle la orientación del que será quizás el principal programa social de la administración federal actual.
En este contexto, será útil revisar y dar seguimiento a algunos indicadores internacionales sobre hambre y desnutrición. Entre ellos destacan tres: el Índice Global del Hambre, del International Food Policy Research Institute (IFPRI); el Índice de Compromiso con el Hambre y la Nutrición, (HANCI, por sus siglas en inglés), del Institute of Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex, y el Índice Global de Seguridad Alimentaria, de la Economist Intelligence Unit de la publicación británica The Economist. De estos, solo el segundo no incluye a México, pero los indicadores que emplea pueden ser una herramienta replicable para dar seguimiento a lo que sucede en el país.
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EDUARDO BOHÓRQUEZ <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana. ROBERTO CASTELLANOS <@robcastellanos> es coordinador de Investigación Aplicada en la Fundación Este País.
