Aunque el nuevo Gobierno ha dado señales a favor de la transparencia, sobre todo en lo relativo al IFAI y el combate a la corrupción, el episodio de las declaraciones patrimoniales, que ha hallado tan poca resonancia en los medios, levanta interrogantes.
La declaración patrimonial es una figura que busca recuperar algo de la confianza que los ciudadanos tuvieron alguna vez en la clase política. Expresa, legal y simbólicamente, la oferta sincera de un funcionario de mantenerse honesto durante su gestión. La declaración patrimonial es preventiva: el funcionario notifica, al comenzar su gestión, su patrimonio y el de sus familiares directos, y año con año la actualiza bajo la premisa simple de que no puede tener más de lo que haya percibido o de lo que sus inversiones han generado. En México, la declaración patrimonial antecedió por mucho a las leyes de transparencia, y es por eso que su publicación es voluntaria. El funcionario está obligado a presentarla ante la contraloría interna, pero no a hacerla pública a los ciudadanos.
La creciente desconfianza en la clase política, los escándalos en concesiones, licitaciones y obras públicas, y la aparición del concepto de Gobierno abierto, han ido empujando a los candidatos en campaña a comprometerse a hacer pública su manifestación de bienes. “Voten por mí, miren mi declaración, no hay nada que ocultar.”
Como presidente, Enrique Peña Nieto decidió hacer pública una versión de su declaración patrimonial y buscó convencer a su gabinete de hacer lo mismo. Algunos secretarios hicieron lo propio, el Procurador General de la República no atendió la invitación y aún no se sabe con detalle lo ocurrido para los titulares de las más de 240 unidades que integran la administración pública federal. Habrá quien diga que la declaración presentada por el presidente y algunos miembros de su gabinete es un avance, pues solo 6 de los 31 titulares de los ejecutivos estatales han hecho algo similar; pero si atendemos a sus efectos, el resultado es el de una oportunidad perdida.
Peña y su equipo han buscado cambiar la reputación de su partido impulsando la autonomía constitucional para el IFAI y la creación de una Agencia Nacional Anticorrupción, y pretenden convencer a la comunidad internacional de que México está listo para quitarse las amarras y despegar. Ahí están los editoriales de The Economist o el Financial Times, que lo reconocen. Las primeras acciones fueron efectivas. Pero al reducir la declaración patrimonial al ejercicio incompleto e impreciso de la semana pasada, el presidente no ha hecho sino confundir a la opinión pública. El mensaje ya no es claro. No sabemos si su intención es fortalecer la transparencia en la presidencia democrática que aspira a construir, o la de modificar la percepción sin cambiar de fondo.
La presidencia de la República puede hacer más: pasar del carácter simbólico y voluntario de la declaración patrimonial a una discusión de fondo sobre cómo debería ser una versión pública de las declaraciones patrimoniales y sobre la conveniencia de hacerlas obligatorias para los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno. Y ya entrados en esa discusión, vale la pena actualizar nuestro marco legal en otros aspectos como, por ejemplo, la inclusión de la declaración pública de intereses. En las democracias avanzadas importa tanto saber qué propiedades tiene un funcionario, como los potenciales conflictos de interés que al encabezar una oficina pública podrían surgir. Un ejemplo sencillo: si soy dueño de una agencia automotriz, debería evitar ser el responsable de comprar los autos de un Gobierno. La declaración de interés evita tomar decisiones públicas con sesgos personales o privados. Naciones mejor ubicadas que México en los índices internacionales de percepción de corrupción así lo hacen. Es el caso de Chile, en donde todos los poderes están obligados a presentar una “declaración jurada de bienes y otra de intereses”. De impulsar una discusión profunda sobre este tema, el presidente Peña podría pasar de un precario ejercicio voluntario a una obligación cumplida.
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EDUARDO BOHÓRQUEZ es director de Transparencia Mexicana, capítulo México de Transparencia Internacional.
