El mundo contempló con azoro la más reciente crisis política en Estados Unidos, debida a la falta de acuerdos sobre el papel del Estado en cuestiones sociales. Las discrepancias paralizaron el Gobierno y —lo que es más grave— pusieron en entredicho la capacidad de la democracia norteamericana de dirimir las diferencias entre sus fracciones.
El punto muerto al que se ha llegado en las negociaciones entre el Congreso dominado por los republicanos y el Senado con mayoría demócrata en Estados Unidos —un impasse provocado por el extremismo de una minoría de congresistas afiliados al Tea Party—obligó a la suspensión de las actividades del Gobierno federal el pasado primero de octubre. La causa de esta situación fue la no aprobación en el Senado del presupuesto enviado por el Congreso, el cual contiene una cláusula que elimina los recursos presupuestales para el financiamiento de la reforma de salud aprobada en 2010. En condiciones normales, una eliminación de recursos como esta se consideraría impensable en la conducción responsable de los asuntos de Estado.
Las acciones republicanas para obstaculizar sistemáticamente las iniciativas del presidente Obama y los intentos para sabotear los logros de su gestión y hacerla fracasar ubican a las ideologías partidistas por encima de los intereses de Estados Unidos, causando en el camino un grave daño a la imagen y la gobernabilidad de ese país. Los enemigos de la Unión Americana han visto con satisfacción la parálisis, mientras el resto del mundo ha observado con preocupación los acontecimientos, que afectan el liderazgo internacional estadounidense.
Como si esto no fuera suficiente, la directiva de la mayoría republicana en el Congreso ha anunciado que utilizará la misma estrategia para retirar los fondos a la reforma de salud cuando se negocie la elevación del tope de la deuda de Estados Unidos. Mantener el tope actual supondría el incumplimiento de las obligaciones del pago de las deudas interna y externa y, por ende, el descrédito estadounidense a nivel mundial.
La ley de secuestro (sequestration act) del presupuesto, que entró en vigor en marzo de este año; el cierre de las actividades del Gobierno federal, y la no elevación del techo de la deuda tendrían importantes efectos en la economía de las personas, en la creación de empleos, en el crecimiento económico del país y en la capacidad del Gobierno para responder a las necesidades y retos que enfrenta Estados Unidos.
Por lo pronto, la ley de secuestro ha tenido un impacto sustancial en los programas educativos y de asistencia social, al afectar la provisión suplementaria de alimentos para los sectores de menores ingresos y la atención médica de las personas sin seguro. Inclusive, las agencias de seguridad nacional han visto reducidos sus presupuestos, lo que las ha obligado a detener la contratación de nuevo personal, reducir sus programas de entrenamiento e, incluso, restringir sus gastos de operación en campo, lo que pone en riesgo la defensa en contra de las amenazas del exterior.
La suspensión de actividades sin goce de sueldo de más de 800 mil empleados federales1 por el cierre del Gobierno federal ejercerá una presión económica muy grande en las obligaciones de pago de estas personas. Además, la cancelación de contratos federales con empresas privadas deja a mucha gente sin empleo.
Pero las consecuencias de estas acciones no son exclusivamente económicas. El ánimo de la nación y de sus ciudadanos, así como la imagen de Estados Unidos en el exterior, sufrirán necesariamente un impacto por la disfuncionalidad del Gobierno, con resultados ciertamente negativos en el corto y largo plazos.
La embestida republicana en contra de la reforma de salud establecida en la ley de Atención Médica Accesible de 2010 (ACA, por sus siglas en inglés, u Obamacare, como se la conoce coloquialmente) se esconde tras el argumento de los elevados costos fiscales, el crecimiento gubernamental y el atentado contra las libertades individuales, pero en realidad tiene como sustento el temor del Partido Republicano por el éxito que pudiera tener el programa y el apoyo resultante al Partido Demócrata en las elecciones futuras.
Este impasse también tendrá efectos negativos en la aprobación de una reforma migratoria integral que modifique el obsoleto sistema actual y permita la inmigración ordenada y segura de los extranjeros; el ingreso de personas de acuerdo a las necesidades laborales, demográficas, científicas y económicas del país, y la regularización de los inmigrantes indocumentados residentes en Estados Unidos.
La probabilidad actual de que se alcance un consenso para la reforma de la legislación migratoria es baja. La confrontación derivada de la discusión de los temas presupuestales, la reducción del gasto y la elevación de los impuestos para lograr un balance fiscal, el aumento del tope de la deuda y el embate contra la reforma de salud acaparará el tiempo en las cámaras hasta el final del año, por lo que el tema se pospondrá y tendrá oportunidad de discutirse hasta el año próximo.
Sin embargo, existen grandes posibilidades de que la reforma migratoria se discuta después de las elecciones intermedias de 2014. Los republicanos, conscientes del impacto negativo de las posiciones antiinmigrantes que su partido y sus candidatos adoptaron en la pasada campaña presidencial —motivando la pérdida del electorado latino y el triunfo del presidente Obama en las elecciones—, han seguido una estrategia para aparentar interés en el impulso de una reforma migratoria diferente a la propuesta por el Senado, mediante la aprobación de leyes que atienden separadamente las cuestiones de seguridad en la frontera: un programa de trabajadores temporales, la verificación en el lugar de trabajo de la estancia legal y el ingreso de científicos y empresarios, entre otros perfiles, pero sin ofrecer una respuesta a la situación de los inmigrantes sin documentos para su regularización y la obtención de la ciudadanía. Todo ello, a sabiendas de que se trata de una posición inaceptable para el Senado.
Mediante esta estrategia, pretenden acercarse al electorado latino en las próximas elecciones; prometen impulsar una reforma migratoria y dan así la impresión de que el Congreso está atendiendo el problema de un sistema disfuncional, pero sin provocar el rechazo de la base conservadora del Partido Republicano, base que se opone al ingreso de extranjeros de otras etnicidades y a otorgar la ciudadanía a grupos inmigrantes que, consideran, votarán por el Partido Demócrata en el futuro. Esta situación apunta a que será hasta 2015 cuando el proyecto de una reforma migratoria pueda discutirse y, en su caso, aprobarse en las cámaras.
Los republicanos apuestan a mantener la mayoría en la Cámara baja y obtener la mayoría en el Senado para, de esta manera, bloquear cualquier intento de reforma migratoria integral. Aparentemente, la mayoría republicana en el Congreso no está amenazada, gracias a la redistritación de los perímetros electorales realizada en el pasado por las administraciones en manos del Partido Republicano, que asegura la elección y reelección de sus miembros y amenaza con revertir la reducida mayoría demócrata en el Senado. De suceder así, se disipan las probabilidades de aprobación de una reforma migratoria integral y las esperanzas de legalización de millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos en el corto plazo, que quedarían remitidas al resultado de las elecciones presidenciales en 2016.
No obstante, estos cálculos podrían verse frustrados por la reacción del electorado en contra del obstruccionismo republicano: a la fecha, una mayoría culpa a los republicanos por el cierre del Gobierno federal.
Por otra parte, las reducciones presupuestales derivadas de la ley de secuestro; los embates republicanos contra la puesta en marcha de la reforma de salud; las disposiciones mismas de algunas secciones de la ley ACA, que excluyen del aseguramiento a los inmigrantes indocumentados y reducen los fondos a los centros de salud que atienden a la población no asegurada, así como el mantenimiento de las leyes de inmigración en su estado actual, afectarán severamente las condiciones de vida de la población mexicana en Estados Unidos.
La misma reforma de salud, en el caso de los inmigrantes, no resulta tan favorable, pues impide que los indocumentados adquieran un seguro médico en el mercado de seguros en Estados Unidos; para aquellos inmigrantes con menos de cinco años de estancia legal, prohíbe recibir subsidios conducentes a la adquisición de un seguro médico y el acceso a los servicios de Medicaid, e impide adquirir un seguro médico a aquellos inmigrantes legales de bajos ingresos que no cuenten con un seguro de salud en el empleo y que no tengan acceso a Medicaid. Estas medidas tendrán un impacto en 4.6 millones de migrantes mexicanos, quienes no tendrán posibilidad de contar con un seguro médico. De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en materia de salud pública, la negativa de los 26 gobiernos estatales controlados por los republicanos para extender los servicios de Medicaid a los sectores de bajos ingresos en el marco de la reforma de salud, afecta a ocho millones de personas, de las cuales alrededor de un millón son migrantes mexicanos.
Habrá que considerar, por otra parte, que la posposición o la no aprobación de la reforma migratoria en los próximos años motivará la continuación del programa actual de deportaciones, por el cual, tan solo en la administración del presidente Obama, se han deportado 2.1 millones de inmigrantes indocumentados, dos terceras partes de ellos mexicanos.
Nadie hubiera pensado que el país que estableció la democracia basada en un sistema de controles y balances para el equilibrio de los poderes llegaría a la parálisis gubernamental debido al secuestro del Gobierno por parte una minoría ideológicamente extrema.
¿Qué sigue?
1 Por considerarlos esenciales, el secretario de la Defensa ha planteado el retorno de 350 mil empleados que habían sido suspendidos sin goce de sueldo.
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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
