Espero que el gobierno no esté partiendo de la hipótesis de que la Reforma Educativa está perfectamente diseñada y que el problema radica en los profesores. Me enoja la insistencia gubernamental de que no hay derecho contra el derecho y demás retórica facilona (como la llamó Rolando Cordera) sobre lo que sucede en Guerrero con los maestros y los cambios que estos buscan evitar. La idea de que la ley es la ley y de que debe ser igual para todos a pesar de las circunstancias diversas, ya ha hecho demasiado daño como para que nuestros políticos la repitan sin matices. En vez de estar brindando voz a estos clichés, deberían de encontrarse negociando para llegar a un acuerdo sobre las particularidades de la reforma en la entidad, al tenor de sus propias realidades (pobreza extrema, abandono material de las escuelas, falta de recursos para becas, etcétera).
Es fundamental que los maestros sean evaluados, además de que, como en todo trabajo, su permanencia esté en función de la calidad con la que desempeñan sus labores. Pero también debe atenderse a la forma en que esta nueva política educativa ha sido leída en uno de los estados más pobres del país. No es casualidad que Oaxaca y Guerrero sean las entidades más reacias a aceptar la realidad de un mundo que exige una permanente actualización y la puesta a prueba de nuestros conocimientos. Ante la cotidianeidad depauperada de esas entidades, ante la falta de oportunidades en otros sectores diferentes al magisterio, ante la amenaza del narcotráfico, si uno fuera maestro también se movilizaría para proteger derechos que desde una visión ideologizada (la ideología arraiga en la pobreza) el Estado busca arrebatarme.
Al parecer la manzana de la discordia es, por un lado, la llamada “autonomía de gestión de las escuelas”: sus directivos, maestros y padres de familia podrán buscar financiamiento para resolver los problemas enfrentados, lo que hace temer que el gobierno se desentienda de su compromiso presupuestario; y por otro lado, la amenaza a la permanencia en el puesto. Por lo que hace a la primera, hay estudios que señalan que la autonomía no debiera aplicarse en contextos desiguales. Al respecto, a partir de un estudio realizado en Argentina, Claudia Santizo nos cuenta la situación de una comunidad pobre, que no tiene medios ni recursos y, principalmente, presencia política para llamar la atención de las autoridades educativas. En general, nos dice, la posición socioeconómica de las personas con mayores recursos también les permite tener mayor capacidad para exigir, demandar y obtener más recursos. Es decir, no podemos dejar de considerar que los recursos se asignan en muchas ocasiones considerando su rentabilidad política. Mal aplicada, esta política puede perpetuar la desigualdad.
En consecuencia, esta ley general debiera adaptarse a las circunstancias. Y, por lo que hace a la permanencia, si bien es fundamental que los profesores sean evaluados, esta hipótesis respecto a la calidad educativa no debe observarse sino como una parte de la ecuación. Nunca debieran perderse de vista los entornos escolares y sus incentivos, capaces de que un alumno considere que no vale la pena aprender (aunque el maestro sea un buen maestro) si puede arribarse al éxito a través de otras rutas. Por eso es buena idea que el nuevo Instituto de Evaluación tenga como tarea evaluar al sistema en su conjunto y no sólo a profesores y alumnos. Así, podrá decir si los diferentes niveles de gobierno apoyan en la mayor medida de lo posible a la educación pública. A la par de ello, el gobierno debiera tener una estrategia decidida para elevar los recursos destinados a la educación, en lo particular en las entidades más pobres del país.
Y lo más importante, los gobernantes no deben perder de vista que una cosa es la reforma y otra muy distinta su instrumentación. Muchos estudiosos de las políticas públicas piensan que el secreto del éxito de las políticas y programas gubernamentales se encuentra justamente en esta fase. ¿Para qué romper con los maestros, si son quienes pueden llevar la reforma educativa a buen término? Hagamos un poco de historia.
Luego de que en los años setenta se hizo evidente que muchas políticas no estaban arrojando los resultados previstos, algunos estudiosos se interesaron por analizar la fase de implementación de las políticas públicas. Así, autores como Pressman propusieron cuatro variables importantes para asegurar el éxito de una política:
1. Las metas deben ser entendibles.
2. Los recursos deben estar disponibles.
3. Debe existir una secuencia de órdenes capaz de ensamblar los recursos.
4. Debe existir un sistema capaz de controlar a los individuos y a las organizaciones a fin de que realicen aquello que se espera de ellos.
Es fácil percibir la visión jerárquica y vertical de este modelo, y por tal motivo Wayne Parsons subrayó sus similitudes con la idea de Weber sobre el tipo de una burocracia ideal, tan parecida a un ejército. Parsons también señaló que este modelo está impregnado de ideas acerca de la implementación como una forma de conseguir que las personas hagan lo que se les dice. Justo por tal motivo es que este enfoque, conocido como “de arriba hacia abajo”, recibe tantas críticas.
Como alternativa a este modelo apareció el enfoque de “abajo hacia arriba”: los diseñadores de políticas públicas tienen que considerar la interacción con los burócratas (los maestros no son propiamente burócratas, pero en un esquema moderno los burócratas tampoco lo serían tanto). A diferencia del enfoque jerárquico, que asumía que los tomadores de decisiones son los actores clave y que los burócratas de base son básicamente obstáculos cuyas propuestas deben desdeñarse, el enfoque alternativo de “abajo hacia arriba” comienza por identificar la red de actores involucrados en la entrega de servicios en una o más áreas locales y preguntarles acerca de sus metas, estrategias, actividades y contactos. Esto provee un mecanismo para desplazarse de los burócratas de bajo rango (‘abajo’), hasta los forjadores de políticas (‘arriba’).
Su conclusión es que el éxito de un programa depende más de las habilidades de individuos específicos en estructuras locales de implementación (en nuestro caso, los maestros), que de los esfuerzos de funcionarios gubernamentales centrales.
¿Debe negociarse con los maestros de Guerrero? Yo pienso que es de lo más necesario. Estos deben comprometerse. Son ellos quienes pueden lograr que cualquier reforma tenga éxito o, que fracase. Se trata de una prueba de fuego para el gobierno de Peña Nieto, nos revelará si sus integrantes son políticos comprometidos o burócratas verticales.
exelente teoria asi lo ven nuestros politicos y verdad que la aplauden. infinidad de metodos didacticos, tecnicas didacticas y gran pobreza en muchas comunidades es el gran retroceso del logro educativo del pais. por favor no nos culpen a los profesores, nosotros si estudiamos y ellos ?
Estoy de acuerdo con usted José, y los autores que menciona han trabajado mucho al respecto. Le agradezco mucho su comentario.
Coincido en su propuesta de destacar el tema de la implementación, no se puede pasar por alto lo que sucede “en el terreno”. En teoría la implementación ha desarrollado modelos hibridos (Sabatier y Mazmanian)que sintetizan los ya mencionados en el artículo, destacando, entre otros aspectos, los objetivos de la política como a sus implementadores (comprometidos, capaces), la teoría causal que orienta y el apoyo de grupos de interés. Cierto, el asunto no puede ser enfocado de manera simple, aunque a veces irrite tanto desman, que ha terminado por aislar a esos grupos magisteriales mencionados.