Los defensores de Ortega ven en él a un protector de las mayorías excluidas. Los opositores, a un dictador en potencia que reproduce el modelo venezolano de redes populares. Este ensayo analiza el tema desde las perspectivas de la participación ciudadana, los programas sociales y la política económica.
Y si mi país gozaba de paz y
prosperidad era porque mi pueblo, más inteligente, acaso, que otros del Continente, me había reelecto tres, cuatro —¿cuántas veces?—, sabiendo que la continuidad del poder era garantía de bienestar material y equilibrio político.
Alejo Carpentier, El recurso del método
A modo de introducción
Hablar de Nicaragua y el sandinismo evoca, en la opinión pública mexicana, profusos y contradictorios recuerdos. Trae de vuelta la imagen de las acciones de solidaridad para con la lucha antisomocista (a la cual numerosos mexicanos contribuyeron con sus recursos y sacrificio personales), el apoyo generoso de los gobiernos priistas a la joven revolución acosada por Reagan y la Contra y los debates en torno a las críticas de Octavio Paz a los rasgos autoritarios del novel Gobierno sandinista, así como al subsiguiente caudal de reproches que tal posición generó entre la izquierda local. Sin embargo, tras el fin de la etapa revolucionaria en 1990, Nicaragua pasó a ser en México y el mundo un referente menos épico, más asimilable a los procesos de la región centroamericana: pacificación difícil, pobreza insultante, desastres naturales, criminalidad desbordada, migración.
El acontecer nicaragüense ya no acapara titulares y, en buena medida, se le trata poco y mal. Por ello, en este artículo se aborda el fenómeno del Frente Sandinista —que regresa al Gobierno en 2006 y es ratificado en la elección de 2011— analizándolo en el marco concreto de su trayectoria y desempeño políticos, y diferenciando el desempeño reciente del mantenido durante el periodo revolucionario, de 1979 a 1990.1
Para comenzar, sería prudente dejar sentado que sandinismo es, intrínsecamente, un término polisémico y sujeto a debate. Con tal noción se identifican, indistintamente, la organización política fundada en 1961 y el proceso revolucionario y régimen político existentes de 1979 a 1990. Desde 2006, el término alude (para algunos) a las estrategias y acciones del Gobierno dirigido por Daniel Ortega, aunque otros prefieren denominar estas como manifestaciones del “orteguismo”.2 Y es que resulta estéril cualquier intento de construir una genealogía esquemática entre el legado de Ortega y la corriente (y partido) fundada en 1961 —bajo la influencia directa de la Revolución cubana— que se definió como sandinista.
Hablar de sandinismo remite ineluctablemente a la figura de Augusto César Sandino,3 líder social y guerrillero que, en el primer cuarto del siglo pasado, enfrentó la intervención estadounidense, y prefiguró, de forma difusa, un proyecto de socialismo rural, agrario y comunitarista en las zonas liberadas por su Ejército Loco. Así, si algún nexo puede hallarse entre la gesta de Sandino y la ulterior acción política sandinista, sería la presencia, discontinua y recontextualizada, de un conjunto de valores e ideas —antiimperialismo, soberanía nacional, justicia social, democracia, rechazo a la corrupción y defensa de los intereses de los trabajadores y pequeños propietarios urbanos y rurales— susceptibles de ser articuladas dentro de un proyecto político alternativo a los dominantes en las condiciones nicaragüenses. La historia no deja espacio para una teleología que pruebe —como intentan hoy algunos propagandistas del Frente— la existencia de un “sandinismo en permanente desarrollo” desde la década de los veinte del siglo pasado y hasta el presente, toda vez que la realidad nos muestra su descomposición en sectas que disputan su autenticidad respecto a una supuesta doctrina común. No obstante, la presencia e invocación de ese legado sandinista en torno a los valores e ideas ya mencionados —y en relación con trayectorias políticas específicas—, ha sido un elemento central en la evolución del campo político de Nicaragua durante los últimos 50 años.
Al respecto del pedigrí sandinista y, más ampliamente, progresista, del actual Gobierno nicaragüense, críticos y oficialistas tienden a enfatizar aquellos elementos que confirman sus respectivos enfoques. Los primeros cuestionan el desempeño político-institucional y la continuidad de políticas económicas heredadas de los gobiernos neoliberales (1990-2006) para calificarlo como autoritario y conservador. Los segundos insisten en que su vocación por la redistribución y los programas sociales, así como su alianza con otros gobiernos latinoamericanos dentro de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), bastan para sustentar sus credenciales de izquierda.
Los defensores del Gobierno lo presentan como protector de la soberanía nacional y de los intereses de las mayorías excluidas, así como dispuesto al diálogo con las demás fuerzas políticas y sociales del país. Para los opositores, el Gobierno de Ortega estaría procurando, desde sus inicios y gracias al empleo de recursos legales, paralegales e ilegales, un control total de las instituciones del Estado, la justicia, los medios y la sociedad civil. Ambas lecturas podrían ser alternativamente confirmadas/refutadas a partir de un análisis de la actividad de dicho Gobierno en áreas sensibles como la participación ciudadana, los programas sociales y la política económica, lo cual acometeremos de forma sucinta en las siguientes páginas.
El “poder ciudadano”: ¿formato institucional de una nueva hegemonía?4
Antes de 2006, los avances del FSLN en la política local se basaron en buenas administraciones municipales en las demarcaciones que gobernaba, con alcaldes que gestionaban agendas concertadas con la población, incorporaban en los planes de inversión y desarrollo municipales las necesidades prioritarias de la gente y establecían nexos proactivos con organizaciones civiles y de la cooperación internacional. Desde el inicio de su mandato, en enero de 2007, el presidente Ortega se empeñó en construir un sistema de participación ciudadana paralelo al establecido en la Ley 475 de Participación, y en designar a Rosario Murillo, su esposa y jefa de campaña del FSLN, como coordinadora de dicha estructura. Esto se consumó en enero de 2008 con una resolución de la Corte Suprema de Justicia que reconoció el derecho del Ejecutivo de emitir decretos relacionados con la participación ciudadana que contribuyan al “buen desempeño” de su Gobierno. Semejante decisión del Poder Judicial posibilitó la confirmación de Rosario Murillo como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía para el Desarrollo y el Bienestar Social, con la responsabilidad de coordinar el gabinete social y todos los programas sociales de las instituciones públicas, dirigir y ejecutar el Sistema Nacional de Bienestar Social, administrar la relación con los medios de comunicación y diseñar y ejecutar políticas, planes, programas y acciones para promover la formación de los nuevos gabinetes y consejos del Poder Ciudadano (GPCS y CPCS, respectivamente) en todo el territorio nacional.
En general, los GPCS y CPCS han desarrollado en estos años una agenda de trabajo que responde a la estrategia y las labores del Gobierno nacional y de aquellos gobiernos municipales en manos del FSLN. Realizan diversas acciones que abarcan la entrega de avales para el otorgamiento de trabajos, la repartición de becas estudiantiles y de formación profesional (docencia, enfermería, secretariado, computación), la creación de cooperativas y la definición de los beneficiarios de programas sociales (Hambre Cero, bonos productivos, bonos de patio, Usura Cero, Alfabetización, Programa Amor, Operación Milagro, consultas de las brigadas médicas sandinistas), impulsados por el Gobierno nacional con apoyo venezolano. También se implican en la donación de útiles escolares; las jornadas de reforestación, limpieza, vacunación y salud, y el apoyo a labores de prevención, evacuación y rescate. Y se intenta que dichas estructuras sirvan para dar seguimiento tanto a los funcionarios que deben implementar con eficacia los programas del Gobierno como a los compromisos asumidos por los beneficiarios de dichos programas.
Se trata de una estructura unificada que ha sido concebida por el Gobierno nacional y organizada directamente por el FSLN para responder a una aplicación más eficiente de las políticas nacionales a nivel municipal. Eligen sus delegados y operan en barrios y comunidades sin que exista un reglamento, cumpliendo las funciones que les proponen los funcionarios públicos. No poseen mecanismos de impugnación y su incidencia hacia arriba se limita a las recomendaciones. La capacitación de sus miembros proviene de dependencias del Gobierno central (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación), así como de alcaldías y organizaciones afines al FSLN. Y como las directrices vienen del Gobierno nacional (y su máxima autoridad es al mismo tiempo la jefa de campaña del fsln y la esposa del presidente de la República), el modelo de participación GPC/CPC opera como una suerte de embudo que se cierra, en materia de diversidad ideológica y pluralidad, a medida que se asciende en la pirámide y que se encuentra virtualmente ausente o es inoperante en aquellos municipios donde no gobierna el FSLN.
Al margen de las ventajas de una mayor participación comunitaria de los sectores populares, este modelo está muy lejos de promover una verdadera participación ciudadana y se encuentra más cerca del modelo tradicional autoritario en el que la cultura política, la estructura y la dinámica organizativa se someten a las orientaciones partidarias del FSLN y responden a los planes de trabajo del Estado y los gobiernos municipales. Si bien la movilización está inspirada en metarrelatos revolucionarios —que invocan el “darle el poder al pueblo” para la “transformación del statu quo”—, en la práctica se trata de una ampliación del área de influencia del FSLN dentro de las organizaciones sociales.
En consecuencia, el Gobierno nacional no estaría favoreciendo con el modelo GPC/CPC un esquema emancipador. Por el contrario, está fortaleciendo su control sobre las organizaciones sociales y el sometimiento de estas a un modelo vanguardista que tiene al FSLN en el centro como diseñador, administrador y director de las estrategias y a las organizaciones sociales —que se encuentran en la periferia de la toma de decisiones— como brazos ejecutores o correas de transmisión.
La imposición de este modelo ha causado tensiones con todos aquellos sectores de la sociedad civil que tienen capacidad para captar recursos de fuentes no estatales, que analizan las políticas públicas, sugieren soluciones o intervienen sobre la realidad con propuestas alternativas al modelo que se promueve desde el Gobierno nacional.
Gracias a los recursos de uso discrecional que facilita la cooperación venezolana, el FSLN ha conseguido que muchos dirigentes comunitarios y pobladores organizados estén dispuestos a prestar menos atención a su autonomía en aras de obtener beneficios para su comunidad y/o sus familias. Con todas las diferencias del caso —pues se trataba entonces de un modelo con una mayor capacidad de crítica, reflexión y compromiso político, afín a un proyecto que no era reducible a la figura de su líder—, es preciso recordar que en la Nicaragua revolucionaria (1979-1990) ya se aplicó un esquema similar, que colapsó una vez que el FSLN perdió el poder. En consecuencia, una vez que el fsln no disponga de los recursos públicos para dinamizarlo— en virtud de las previsibles dificultades del actual Gobierno venezolano—, y de agudizarse la polarización política vigente en Nicaragua, la capacidad de supervivencia de este modelo en el largo plazo es incierta.
La agenda económica: ¿continuidad o ruptura?
En Nicaragua subsisten graves condiciones de pobreza (que afectan a la mitad de la población). Se trata de una economía altamente sensible a los altibajos de las exportaciones tradicionales (productos del agro, ganado), los flujos de remesas y los aportes de la cooperación internacional. Debilitada por las secuelas de la guerra civil que azotó al país en la década de los ochenta, por desastres naturales como el huracán Mitch y por el impacto de las reformas neoliberales, sufre por el peso combinado del subdesarrollo y la larga ausencia de políticas de modernización y desarrollo.
Con semejante desastre como telón de fondo, el FSLN ha hecho esfuerzos por mejorar la aceptación del país en el extranjero, ofreciendo incentivos a la burguesía nacional, a los inversores y a los organismos financieros internacionales. Si por un lado se han reducido las exoneraciones a las ONG —lo que puede relacionarse con la restrictiva agenda gubernamental hacia esos actores—, al empresariado se le han hecho ingentes ofertas de negocios a cambio de su neutralidad política, se ha aceptado la deuda interna y se firman y respetan los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno ha apostado por la búsqueda de recursos frescos en proyectos de inversión y cooperación internacionales, mostrando una voluntad de coexistencia y cortejo de los grupos empresariales domésticos y extranjeros, a la vez que recupera la confianza de diversos entes financieros: el fmi, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Ello se suma a nuevas fuentes de financiamiento procedentes de Venezuela y relacionadas con los proyectos del ALBA, para aumentar la inversión en programas agrarios y fomentar las pequeñas empresas, a la vez que se mantienen los indicadores (inflación, déficit) en niveles manejables.
Sin embargo, más allá del crecimiento de algunas exportaciones y sectores (financiero, ganadero, inmobiliario), la economía nicaragüense no se ha diversificado ni dinamizado de forma sustantiva. Aun cuando el Gobierno nacional apostó por la búsqueda de mercados para los sectores tradicionales y no tradicionales, por la producción de alimentos y por el apoyo a la pequeña y mediana producción, la mayor parte del empleo se traduce en trabajos de poca calidad y duración.5
Los intelectuales del Frente defienden que el Gobierno hace concesiones importantes a la empresa privada tradicional no en razón de intereses particulares de los dirigentes y empresarios vinculados al FSLN sino para no afectar la estabilidad económica nacional y proteger así a los sectores populares. En ese sentido, resulta indudable que las iniciativas tendientes a ampliar las opciones de exportación y/o abastecimiento nacionales constituyen elementos a destacar de la gestión del Gobierno, así como la reconstrucción de una infraestructura de comunicaciones, transporte y generación eléctrica abandonada por anteriores administraciones neoliberales. Sin embargo, lo que levanta críticas contra la retórica oficialista (con lemas como “Arriba los pobres del mundo”, “El pueblo presidente” y “Por el bien común. Por el bien de tod@s”) no es que un Gobierno con credenciales progresistas tenga relaciones con el mundo empresarial, sino la existencia de empresarios exitosos cuyos negocios han crecido al amparo de sus vínculos con el FSLN —y más recientemente como beneficiarios de los acuerdos de cooperación con Venezuela. Así, las críticas en este rubro comienzan a tener algún sentido.
Los programas sociales y el rol de la cooperación venezolana
El impacto político de la cooperación venezolana —que no está sometida a ningún mecanismo de rendición de cuentas estatal o foráneo— es enorme, pues la consolidación del régimen orteguista ha requerido un cuantioso apoyo económico del Gobierno de Caracas. El monto de recursos recibidos durante el año 2010 se calculó en alrededor de 500 millones de dólares anuales (7% del PIB), fondos que se destinan de forma discrecional a negocios privados, campañas partidarias y programas de asistencia social gestionados por la empresa de capital privado nicaragüense-venezolano ALBA de Nicaragua, SA (Albanisa), los cuales se ejecutan bajo un patrón de clientelismo político. Aunque la debilidad y dispersión de la oposición y su desconexión con las demandas sociales de los pobres son un factor a considerar, las políticas redistributivas del Gobierno, unidas a las evocaciones míticas del legado de la Revolución sandinista, favorecen el avance electoral del FSLN.
Los hechos señalan que durante el Gobierno de Ortega ha habido mejorías en las condiciones de vida de sectores empobrecidos. Entre sus primeras acciones en 2006 estuvo el restablecimiento de la gratuidad de los servicios de educación y salud, prohibiendo en las escuelas públicas el cobro de matrículas, mensualidades, material escolar y otros insumos; eliminando las consultas privadas en los centros médicos públicos, y eliminando el costo de los medicamentos, las operaciones quirúrgicas y las pruebas clínicas que se realizan en los centros sanitarios dependientes del Estado. Además, la política social se ha orientado a mejorar los servicios sociales básicos, desarrollar programas de alimentación y apoyo rural, y conceder microcréditos a pequeños productores y cooperativas.
En la esfera educativa, la Campaña Nacional de Alfabetización “De Martí a Fidel” consiguió (de 2007 a 2009) enseñar a leer y escribir a casi medio millón de nicaragüenses, alrededor de una séptima parte de la población del país. Ante un grave déficit de viviendas, el Gobierno del fsln pudo exhibir decenas de miles de viviendas urbanas construidas o reparadas como parte de los programas “Casas para el Pueblo” y “Una Casa Mejor”; mientras en áreas rurales el “Plan Techo” otorgaba a miles de familias campesinas láminas de zinc y clavos para arreglar sus casas. Además, se han entregado documentos de propiedad a decenas de miles de ciudadanos pobres.
En los últimos años ha habido un descenso de la pobreza extrema (con cifras que promedian 5% del total de la población) y un incremento del gasto total en ese rubro (pasando de 12.5% del PIB [2007] a 17.3% [2012]). No obstante, estas iniciativas se basan exclusivamente en criterios en torno a los Objetivos del Milenio —que no combaten las causas que reproducen la pobreza— y dependen de recursos externos (de la cooperación internacional y de fondos del ALBA) sobre los que la rendición de cuentas es deficiente. Estudios recientes señalan que los programas sociales del FSLN han beneficiado mayormente (64.9%) a grupos de la población catalogados como “no pobres”, concentrados en las zonas urbanas —sobre todo en Managua—, donde hay una mayor cantidad de votantes y menores niveles de pobreza, pero donde las estructuras del Frente tienen la capacidad de cooptar/movilizar a sus bases en función de estrategias políticas, como lo evidenciaron en las coyunturas electorales de 2008, 2011 y 2012.
Conflictos y saldos poselectorales6
Tras recuperar en 1984 y 1990 la capacidad de expresar en las urnas la voluntad popular, frente a las antecedentes de la dictadura somocista y la primera etapa del Gobierno revolucionario sandinista, Nicaragua abrigó una de las poblaciones latinoamericanas con más “fe electoral”, lo cual se traducía en una participación comicial alta, entusiasta y esencialmente pacífica. Sin embargo, en los últimos años, las irregularidades y el sesgo pro-FSLN del Consejo Supremo Electoral (CSE) han ido erosionando esa actitud y desempeño. En las elecciones municipales de noviembre de 2008 el CSE impidió la observación electoral nacional e incurrió en graves irregularidades y opacidades, lo que propició la desconfianza de los electores y la polarización social y política.7 En las elecciones de 2011 el CSE cometió violaciones a la ley electoral que atentaron contra la seguridad del voto, la fiscalización de la oposición y la observación electoral nacional independiente.
Con este trasfondo, las elecciones generales del 6 de noviembre de 2011 fueron adicionalmente impactadas por varios factores: el profuso empleo de recursos y planes del Estado en beneficio del candidato oficialista, la elevada abstención, la manipulación de los votos en las juntas receptoras y la falta de testigos de esa manipulación. La jornada electoral transcurrió de manera pacífica, con la excepción de algunos incidentes violentos aislados. El 11 de noviembre el CSE colocó en su página de internet el conteo oficial del 100% de las juntas receptoras, anunciando la victoria del FSLN con un 62.46% de los votos válidos emitidos. Según estos resultados, Ortega gobernaría desde el Ejecutivo no con una mayoría simple (48 diputados) o cualificada (56 diputados), sino absoluta (62 diputados), permitiéndole hacer reformas constitucionales y modificar a su antojo el sistema político.
Para las elecciones municipales de noviembre de 2012, el FSLN decidió designar centralmente un importante número de candidatos y realizó, apenas un mes antes de los comicios, un costoso “simulacro electoral” entre sus bases, en todo el país: la designación y el ensayo parecieron ser eficaces ya que en los 40 municipios donde hubo candidatos designados desde Managua, estos ganaron. El FSLN se impuso en 15 de las 16 cabeceras departamentales; en la restante (región atlántica) ganó un aliado suyo, el movimiento indígena Yatama. Además, según los datos oficiales del CSE, el FSLN ganó 134 de 153 alcaldías, obteniendo 67.9% del total de votos a nivel nacional. Los demás partidos —incluyendo dos formaciones que han pactado con el Frente— apenas obtuvieron 19 gobiernos municipales.
La abstención generalizada favoreció al FSLN —cuya disciplinada militancia y los recursos estatales hicieron el resto— a lo largo y ancho del país, salvo en aquellos municipios rurales de fuerte arraigo liberal, donde la población opositora participó con entusiasmo. Y fue en esos lugares donde se reportó la mayoría de las irregularidades. La resistencia a los resultados fraudulentos provocó la quema de edificios públicos, muertos y heridos y movilizaciones masivas en lugares como Nueva Guinea,8 donde el popular alcalde liberal vio arrebatada su victoria.
Estas elecciones se caracterizaron por un bajo nivel de participación según los estándares nacionales: la abstención osciló entre 60% —cifra que se obtiene al promediar los resultados ofrecidos por Ética y Transparencia y el Ipade, dos destacados observadores nacionales— y 44%, según informó el CSE.9 También, por la “novedosa” utilización de los cuerpos armados en beneficio del partido hegemónico: el Frente decidió ganar a la fuerza, con el empleo de militares y policías para alterar resultados en municipios tradicionalmente liberales del norte del país.10 A diferencia de 2008 —cuando fueron grupos de choque organizados por el FSLN los que agredieron a los opositores—, ahora los antimotines irrumpieron en sedes y actos de protesta liberales, deteniendo a decenas de manifestantes y pobladores, algunos de los cuales fueron golpeados posteriormente en las instalaciones de la policía.
De esta suerte, los comicios nacionales de noviembre de 2011 y locales de noviembre de 2012 cambiaron de forma relevante el panorama político nacional, mostrando nuevos desafíos —y oportunidades— para una oposición que deberá enfrentar no ya un Gobierno de tendencias autoritarias sino uno que pudiera contar con un amplísimo control de los poderes públicos. Con un régimen que fusiona Estado-partido y familia gobernante —y que se halla a medio camino en la cooptación del ejército y la policía—, los únicos contrapesos visibles radican en la sociedad civil y la prensa independiente —cuyos espacios se han reducido— y en una oposición parlamentaria que debe definir una estrategia coherente de oposición para defender, dentro y fuera del legislativo, los intereses de su electorado.
Escenarios para la hegemonía
El proceso político abierto tras las elecciones de 2011 y 2012 en Nicaragua consagra la asimetría de fuerza entre los contendientes, en beneficio de un nuevo fsln cuya capacidad de controlar y cooptar parece imbatible, con un manejo pragmático de lo público encubierto de retórica revolucionaria. Ello se conecta muy bien con una cultura política tradicional donde se trata de excluir o aplastar al oponente. Trasladando sus métodos partidarios, el estilo de su liderazgo y su estructura de intereses al Estado —con planes de mantener el control sobre este—, el FSLN erige una estructura de poder exitosa, gracias al control del aparato público y a su inserción en el mundo de los negocios, pero con un bajo respeto por la institucionalidad y los derechos civiles y políticos autónomos.
A partir de enero de 2013, con la toma de posesión de los nuevos gobiernos municipales, el FSLN concentrará en sus manos prácticamente todo el poder estatal, central y local, de Nicaragua. Ello allanaría el camino a las reformas constitucionales que posibiliten la reelección continua y la elevación de las estructuras del Poder Ciudadano al nivel de instituciones estatales, consagrando legalmente lo que de facto ya ocurre. El FSLN tiene hoy mayoría absoluta en el Poder Legislativo, control total de los poderes Judicial y electoral, control creciente en la Policía Nacional y el ejército, una acumulación de poder económico cada día mayor, esta última gracias tanto al reforzamiento del grupo de empresarios sandinistas como a una estrecha alianza con la élite empresarial del país y a los acuerdos firmados con el FMI y otras instituciones financieras internacionales. Todo ello otorga al binomio Ortega-Murillo un poder análogo al que tuvo la familia Somoza el siglo pasado, y parece configurar un esquema autoritario de gobernabilidad, con algunas similitudes al establecido bajo el régimen priista durante su larga dominación: un presidencialismo fuerte montado sobre una formación partidista dominante en fusión con el aparato estatal, una oposición leal y/o testimonial, una relativa libertad de expresión y organización (siempre que esta no amenace el orden vigente); todo ello unido a mecanismos de cooptación extensos y formas de represión selectivas y bien planificadas para los sectores contrahegemónicos. Un esquema donde se mantienen ciertas formalidades y espacios democráticos —elecciones, prensa, oposición— siempre que, debe insistirse, estos no alteren el statu quo autoritario, y donde permanecen abiertas las oportunidades para hacer buenos negocios, siempre y cuando al empresariado no se le ocurra meterse en el mundo de la política, transmutado en feudo exclusivo del partido dominante.
Sin embargo, ciertos rasgos del modelo que parece seguir el Frente (en especial lo relativo a la reelección y concentración de poder personal/familiar) guardan distancias con un esquema institucionalizado como el que estructuró, durante siete décadas y con impresionante éxito equilibrador, el viejo PRI. Una estructura y un proyecto político tan personalistas dejan escaso margen al relevo generacional de los liderazgos y carecen de una dinámica meritocrática partidaria y administrativa, por lo que no desarrollan una capacidad de reproducción a largo plazo. En similar dirección nociva opera la purga de cuadros viejos, expertos y fieles —que construyeron el tendido organizacional de ese partido— realizada por Rosario Murillo justo en momentos en que apuestan a expandir su militancia y radio de acción.
Por su parte, la oposición nicaragüense ha fracasado en sus intentos de enfrentar con éxito ese proyecto hegemónico. Su actuación en la Asamblea Nacional ha ido a la zaga de una agenda fijada por la mayoritaria bancada del FSLN. La oposición tendrá que conectar su discurso de defensa de la ley y la institucionalidad con las demandas sociales de la gente, ofreciendo a las mayorías pobres una alternativa de esperanza en temas sensibles (empleo, salarios, salud, vivienda, seguridad, etcétera), más allá del clientelismo y las políticas oficiales. Y, sobre todo, deberá ser capaz de conectarse con las organizaciones y ciudadanos descontentos con este rumbo hegemónico, ya que en un entorno de asimetrías garantizadas por el arreglo estatal-partidario-electoral de la Nicaragua de hoy, las luchas sociales que buscan preservar los espacios y conquistas democráticos adquieren una renovada importancia.
______________
* El autor agradece los testimonios y observaciones de los colegas Adolfo José Acevedo, Ana Margarita Vijil, Ángel Saldomando, Arturo Grigsby, Dora María Téllez, Héctor Cruz, María López Vigil, Mónica Baltodano, Roberto Stuart y Salvador Martí.
1 El lector interesado en conocer más sobre la historia reciente de Nicaragua puede leer, entre otros, los siguientes textos: F. Kinloch, Historia de Nicaragua (3a ed.), Managua, IHNCA-UCA, 2008; Andrés Pérez, Entre el Estado conquistador y el Estado nación: Providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el desarrollo histórico de Nicaragua, IHNCA-UCA, Managua, 2008; Salvador Martí y David Close (eds.), Nicaragua y el FSLN (1979-2009). ¿Qué queda de la Revolución?”, Barcelona, Ediciones Bellaterra. También puede revisar las revistas Envío de la Universidad Centroamericana y Correo del FSLN.
2 Daniel Ortega, hoy con 67 años, ha sido el máximo dirigente y único candidato presidencial del FSLN en los comicios de 1984, 1990, 1996, 2001, 2006 y 2011.
3 Para conocer un poco más de esta interesante figura recomiendo: Gregorio Selser, Sandino, General de hombres libres, Imprenta Nacional de Cuba, La Habana, 1960; Alejandro Bendaña, Sandino: Mística, libertad y socialismo, Centro de Estudios Internacionales, Managua, 2007, y Volker Wunderich, Sandino: Una biografía política, INHCA-UCA, Managua, 2010.
4 He abordado el estado de la política en Nicaragua en varios artículos recientes, entre los que destaco: “Régimen político y estado de la democracia en Nicaragua: Procesos en desarrollo y conflictos recientes”, revista Nueva Sociedad, número 240, Buenos Aires, julio-agosto de 2012; “El movimiento de mujeres y las luchas sociales por la democratización en la Nicaragua postrevolucionaria (1990-2010)”, revista Encuentro, número 89, Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua, 2011/ Año XLIII; y, en coautoría con Roberto Stuart, “¿Democracia participativa en Nicaragua? Los Consejos de Poder Ciudadano y el Gobierno del FSLN (2006-2011)”, Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, vol. 2, número VIII, diciembre de 2011, FLACSO Costa Rica, San José.
5 Ver .
6 Para un balance de las pasadas elecciones ver Mauricio Zúñiga, Cómo llegamos a estas elecciones “de baja intensidad” en ; Equipo Envío, Elecciones municipales 2012: Crónica de un final anunciado en , Wilfredo Miranda, El año en que sucumbió la oposición en <http://www.confidencial.com.ni/articulo/9562/el-ano-en-que-sucumbio-la-oposicion>.
7 El incremento de la falta de credibilidad y la apatía electorales han afectado el voto opositor al FSLN: hoy, un 37% del electorado encuestado se declara “independiente”, sin respaldar a ninguno de los partidos de la oposición; otro 40% se declara simpatizante del FSLN, y apenas cerca de un 8% se identifica con algún partidos opositor.
8 Nueva Guinea es un municipio extenso y muy productivo, que acoge 20% del hato ganadero del país y 80% de la exportación de raíces y tubérculos. El alcalde liberal Denis Obando (2008-2012) desarrolló una gestión municipal eficaz y transparente, que ha recibido reconocimientos de la población y agencias de cooperación internacional.
9 Los factores que podrían explicar la posible menor participación en las pasadas elecciones municipales son varios: al notorio desprestigio del árbitro electoral habría que sumar la imposición de numerosas candidaturas por parte de la Dirección Nacional –que generó contradicciones con la militancia de bases–, las debilidades de liderazgo y organización territorial de la oposición y el hecho de que una autonomía municipal erosionada por el proceso de centralización del poder desincentiva al elector a votar por sus gobernantes más próximos. Además, las campañas realizadas por los partidos (sobre todos opositores) fueron muy débiles en propaganda y pobres en propuestas.
10 En fecha previa a las elecciones, tropas del Ejército y antimotines de la Policía Nacional patrullaron e hicieron ensayos de operativos en sitios públicos y zonas conflictivas, lo cual fue interpretado por sectores de la oposición y la sociedad civil como un despliegue intimidatorio.
_________________
ARMANDO CHAGUACEDA es politólogo e historiador de la Universidad Veracruzana. Coordinador de grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y miembro de su Observatorio Social, se especializa en temas de sociología, teoría política e historia contemporánea latinoamericana.
