Casi siempre, incluso cuando entablamos un diálogo interior con nosotros mismos, las interacciones humanas están atravesadas por una lengua. Lo mismo sucede con las relaciones que los individuos establecen con los órganos del gobierno y del estado. Para tramitar la credencial de elector, para escribir una queja o para inscribir a un niño en el registro civil siempre es necesario interactuar utilizando una lengua y la mayoría de la población indígena se ve obligada a hacerlo en una lengua que no es la materna.
Por disposición legal, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es la encargada directa de implementar las políticas lingüísticas que lleven al fortalecimiento de las lenguas indígenas. A pesar de los esfuerzos que este Instituto pudiera hacer, es verdad que si la administración pública en general no es sensible a la diversidad de lenguas del país, la contradicción actual seguirá repitiéndose: el gobierno es el principal encargado de la protección de la diversidad lingüística al mismo tiempo que es uno de los principales violadores de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
No basta entonces el reconocimiento legal, es necesario sensibilizar a los miembros de la administración y los servicios públicos sobre el tema y también es necesario que apredan la lengua del lugar en el que trabajan. Ciertas personas que acuden a dar servicios a mi comunidad se refieren a la lengua mixe como un problema de la población que atienden, pero no consideran que es un sinsentido ofrecer servicios o buscar una posición laboral en determinada comunidad sin conocer la lengua local. En este sentido se evidencian de nuevo las contradicciones, si un indígena no habla la lengua que utiliza el gobierno tendrá que luchar contra muchos obstáculos aún cuando se encuentre en su propio territorio. Esta situación es muchísimo más absurda de lo que podemos reconocer, nos hemos habituado tanto a ella que no podemos darnos cuenta de lo ilógico que sería que una persona que habla mixe piense que, al llegar a ofrecer servicios a la ciudad de México, el problema son los otros, los que hablan español.
Esta situación incoherente se observa en nuestras comunidades, pocos son los médicos, los jueces, las enfermeras, los maestros, los burócratas o los adminsitradores del gobierno que se preocupan por aprender la lengua del poblado en el que trabajan. Pocos son los que piensan que los problemas de comunicación que tienen con la población que atienden es su responsabilidad y no la de la gente local, pocos son los creen que ellos tienen la obligación de facilitar intérpretes, pocos son los que piensan que una lengua indígena no es el problema.
Más allá de los individuos, las políticas de las instituciones deberán contemplar siempre la diversidad lingüística de la población mexicana y esto no lo logra una sola institución o dependencia de gobierno: el respeto a las lenguas debe permear toda la administración y los servicios que ofrece el gobierno, solo así el estado estará predicando con el ejemplo.
