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Antonio Santiago | 23.07.2013 | 0 Comentarios
En septiembre del año pasado la Clínica Internacional de Resolución de Conflictos y Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de Stanford y la Clínica de Justicia Global de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York publicaron los resultados de su investigación Viviendo bajo los drones, un escalofriante estudio que muestra las consecuencias de los ataques selectivos del gobierno de Obama contra civiles pakistanís.
A contracorriente de estos resultados el discurso de Obama sigue a la defensiva: se trata de intervenciones de exactitud quirúrgica con bajas civiles «de un dígito». La investigación no sólo permitió confirmar que esta defensa es una mentira sino conocer la condición de la población que al día de hoy tiene que salir a las calles de las FATA, territorios con autonomía en la frontera de Pakistán que concentran la mayoría de los ataques, temerosa de ser confundida con supuestos terroristas. En el curso de su investigación, ambas clínicas intercambiaron información con la Fundación para los Derechos Fundamentales de Pakistán, organización que los ayudó a entrevistar a sobrevivientes, testigos y familiares que proporcionaron evidencia de lesiones y muertes de civiles.
A septiembre de 2012 los datos revisados indicaban que habían muerto entre 2,562 y 3,325 personas, de entre los cuales 474 a 881 eran civiles y 176, niños. Las siguientes líneas son una síntesis del extenso y pormenorizado resultado de esa investigación, casi 200 cuartillas de argumentos contra los drones y de descripciones del horror que vive la población civil bajo su amenaza:
El 17 de marzo 2011 un dron disparó dos misiles contra una reunión de ancianos representantes de varias tribus. Al menos 42 personas murieron, la mayoría civiles. La jirga es la principal institución social para la toma de decisiones y resolución de conflictos en las FATA. Ese día de marzo había sido convocada para resolver un conflicto minero y de acuerdo a los testimonios recabados y de conformidad con los resultados de una investigación independiente de la TheAssociated Press, 35 jefes nombrados por los gobiernos tribales conocidos como maliks se reunieron la mañana de ese día con algunos khassadars empleados del gobierno y con cuatro hombres de un grupo local talibanés: su participación era necesaria para resolver aquella disputa.
Como quienes se reunieron habían avisado al gobierno de la realización de esta jirga con diez días de antelación, no se preocuparon por la presencia de los aviones: “los drones persiguen terroristas que trabajan contra el gobierno. Pero esta era una Jirga, una reunión aprobada por el gobierno” y por tanto, parte del gobierno. Así que los más de cuarenta hombres que se reunieron para hablar sentados en dos círculos en el patio, al aire libre, se encontraban concentrados en los asuntos del día cuando a las 10:45 de la mañana varios misiles acabaron con al menos 42 de ellos: «Todo estaba devastado, trozos de cuerpo por doquier, un montón de carne y huesos». El único hijo de Malik Hajji Babat, uno de los khassadars presentes en la jirga, estaba en el Datta Khel Bazar cuando se enteró del ataque: “me dijeron que ninguno de los ancianos había sobrevivido”. Cuando Khalil trató de hallar a su padre, se encontró con que era imposible identificar las partes del cuerpo, así que recogió algunos pedazos de carne y los puso en un ataúd.
Funcionarios de inteligencia pakistanís informaron que 12 o 13 de los muertos eran militantes talibanes, pero una investigación de The Associated Press y el trabajo de entrevistas contradicen su informe concluyendo que a lo más, había cuatro “militantes” y de estos, sólo uno pudo ser identificado.
En este punto vale la pena mencionar uno de los argumentos que las Clínicas de derechos humanos señalan contra los asesinatos selectivos del gobierno de Obama: “Los principales medios de comunicación en los Estados Unidos, Europa y Pakistán tienden a dividir a los muertos por ataques de drones en dos categorías: civiles o militantes, lo que refleja y refuerza la hipótesis y la incomprensión generalizada de que todos los militantes son blancos legítimos para el uso de la fuerza letal y que cualquier ataque contra un militante es lícito. Esta distinción binaria alimenta a su vez el discurso político de la guerra con drones permitiendo a los comentaristas y analistas hacer afirmaciones generales acerca de la eficacia y la precisión del programa. Sin embargo, la distinción civil/militante es extremadamente problemática desde el punto de vista legal y también debido a la cuestionable fiabilidad de la información en que se basan las determinaciones de militantes porque, en primer lugar, el uso de la categoría militante no se encuentra definido nunca”.
El análisis jurídico inserto en el documento establece que de acuerdo con el derecho internacional, para que un ataque letal dirigido a un “militante” sea legal debe fundamentarse en un conjunto de pruebas también legales: el individuo afectado debe estar enrolado en las hostilidades contra los Estados Unidos o suponer una amenaza inminente que sólo la fuerza letal pueda prevenir.
Todo lo contrario, los ataques de la administración de Obama parecen motivados únicamente por la sospecha de que ciertos hombres “en edad militar” son sospechosos de pertenecer o tener conexión con alguna organización militante. Peor aún: para la administración de Obama es militante todo aquel hombre en edad militar muerto bajo un ataque dron hasta que se demuestre lo contrario, caso en que será contabilizado como civil.
El estudio también muestra que lejos de hacer más seguro a Estados Unidos, el número de objetivos de alto nivel que murieron como porcentaje del total de muertes es bajísimo, cercano al 2%. Por el contrario, la evidencia sugiere que los ataques han facilitado el surgimiento de nuevos grupos armados mucho más violentos: 74% de los pakistanís considera a los Estados Unidos un país enemigo. Los asesinatos selectivos socavan el respeto por el imperio de la ley y el derecho internacional y vulneran aún más la imagen que se tiene de ese país.
La investigación describe y profundiza en varios casos como el de la Jirga reunida y las consecuencias que tienen para la población: ¿cómo vivir sin terror cuando los drones sobrevuelan sus viviendas veinticuatro horas al día y su presencia enfrenta a hombres, mujeres y niños a la posibilidad de morir bajo un ataque sin posibilidad alguna de esconderse? Temerosos de enterrar a sus muertos porque los drones han asesinado incluso a rescatistas, la economía se encuentra paralizada y las escuelas cerradas: un caldo de cultivo idóneo para el surgimiento de verdaderos terroristas.
A la luz de estas evidencias el informe recomienda al Presidente de los Estados Unidos llevar a cabo una evaluación de los asesinatos selectivos teniendo en cuenta toda la evidencia disponible y los costos y beneficios a corto y largo plazo.
El informe se basa en más de 130 entrevistas con víctimas y testigos de los ataques de drones, a funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Pakistán, a representantes de sus principales partidos políticos, abogados, profesionales de la salud, trabajadores humanitarios, miembros de la sociedad civil, académicos y periodistas, entre otros. Vale la pena leer cada una de sus páginas y compartir sus resultados.
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