Al cierre de esta edición, las intensas negociaciones en Estados Unidos en torno al déficit fiscal alcanzaban momentos definitorios. La reforma migratoria, en segundo o tercer plano, sigue en espera de su oportunidad, de pronto menos visible luego de la tragedia de Newtown.
El triunfo en las elecciones de noviembre de Barack Obama presenta un panorama más claro de lo que debemos esperar en los próximos cuatro años en Estados Unidos. Si bien en la campaña ambos contendientes evitaron precisiones en cuanto a los detalles de sus postulados, las posiciones adoptadas en los discursos de campaña y los debates traslucen algunos temas centrales de la agenda de Obama para su segundo periodo.
Indudablemente, una de las preocupaciones inmediatas es resolver el llamado “precipicio fiscal”. De no alcanzarse un acuerdo en las cámaras antes de enero de 2013 con respecto a la elevación del tope de la deuda y la reducción del déficit fiscal, se impondrá una reducción automática del gasto público denominada “secuestración” que afectará en diversos grados el presupuesto federal y se eliminarán exenciones fiscales que, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, representará en promedio un incremento en los impuestos de 3 mil 500 dólares anuales por hogar.
Las posiciones al respecto del Partido Republicano y del presidente Obama son totalmente opuestas. A lo largo de la campaña, Romney y los republicanos apoyaron el plan fiscal del candidato a vicepresidente Paul Ryan, que plantea la reducción del déficit fiscal a través de recortes sustanciales a los programas sociales, mantenimiento de las exenciones fiscales a los más ricos y reformas al código fiscal relativas a la disminución de las tasas impositivas, la expansión de estímulos al ahorro y la inversión, así como la eliminación de lagunas y deducciones fiscales. De acuerdo con diversos analistas independientes y la Oficina de Presupuesto del Congreso, las cuentas no salen y el plan no alcanza las metas esperadas. El presidente Obama propone la eliminación de la exención de impuestos a los ingresos mayores a 250 mil dólares anuales, la disminución de impuestos a las clases medias y de menores recursos, así como la concesión a los republicanos de la reducción del gasto en programas sociales —Medicare y Medicaid— y el aumento de la edad de retiro a 67 años.
La intransigencia de las posiciones podría llevar al precipicio fiscal, lo que tendría consecuencias muy drásticas en la disminución del gasto público y en los servicios provistos por el Gobierno. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, lo anterior desataría una recesión económica en 2013; el pib crecería 0.5% menos y la tasa de desempleo aumentaría al 9 por ciento.
Los representantes republicanos no se ven muy dispuestos a negociar. De no alcanzarse un acuerdo, el Acta de Secuestración se activará en enero de 2013, lo que tendría efectos en México, fundamentalmente en la disminución de las exportaciones a Estados Unidos y en un mayor desempleo entre los inmigrantes mexicanos, que se traduciría en una reducción del monto de las remesas familiares a México.
Entre los temas de la agenda del presidente Obama para su segundo periodo destaca el de una reforma integral a las leyes de inmigración. El decisivo apoyo del electorado hispano para la reelección de Obama y el reiterado compromiso del dirigente de impulsar una reforma migratoria en este periodo, por una parte, y las declaraciones de los líderes republicanos en el sentido de que ha llegado el momento de negociar los cambios a un sistema de inmigración disfuncional —un cambio de posición que resulta quizá de la derrota en las elecciones—, por otra parte, apuntan a que próximamente se estarán discutiendo propuestas de ley en este sentido.
Por lo pronto, los legisladores republicanos no han tardado en presentar su alternativa para que los hijos de los inmigrantes indocumentados que entraron a Estados Unidos como menores tengan la oportunidad de permanecer legalmente en el país si estudian o ingresan a las fuerzas armadas pero, a diferencia del dream Act, sin tener derecho a acceder a la ciudadanía.1
Todas las propuestas que han estado flotando coinciden en establecer un programa de trabajadores agrícolas huéspedes, el aumento del número de visas para la permanencia de estudiantes y científicos extranjeros en el país y de visas de negocios para emprendedores e inversionistas del exterior, la penalización a los empresarios que contraten trabajadores inmigrantes sin documentos y el reforzamiento de la seguridad en las fronteras. En cuanto a la regularización de los 11.4 millones de inmigrantes indocumentados, los republicanos se oponen a lo que ellos llaman “amnistía”, por lo que este punto será objeto de una gran oposición por parte de los poderosos grupos antiinmigrantes en Estados Unidos.
En declaraciones recientes, el presidente Obama reiteró el compromiso de propiciar desde la Casa Blanca una reforma migratoria integral que incluya la regularización de la estancia en el país de los inmigrantes sin documentos. Hay que destacar que no hizo mención alguna en su intervención de la posibilidad de ofrecer más adelante a estos inmigrantes la ciudadanía, lo que pudiera ser indicativo de las concesiones que estaría dispuesto a hacer en su negociación con los republicanos.
Esta posición negociadora adquiere sentido al considerar las verdaderas razones que animan a la derecha estadounidense para oponerse a la inmigración en general, encubiertas por un supuesto respeto a las leyes de inmigración. Atrás de ello está la preocupación de estos sectores conservadores por el rápido crecimiento demográfico de grupos distintos a la raza blanca y a la religión cristiana, considerados como el fundamento de la identidad nacional de Estados Unidos, y el rechazo a su incorporación ciudadana.
Así, puede anticiparse que las iniciativas de los republicanos, apoyados por los sectores antiinmigrantes, estarán orientadas siempre a limitar la ciudadanía de los inmigrantes extranjeros ajenos a su etnicidad, a permitir solamente el ingreso temporal de trabajadores para cubrir sectores de la actividad económica no atendidos por la población estadounidense, y a autorizar la permanencia de los especialistas en ciencia y tecnología que estudian en universidades y centros de investigación.
La aprobación de una reforma migratoria que permita la estancia legal de los aproximadamente 6.2 millones de mexicanos indocumentados que residen actualmente en Estados Unidos tendría múltiples beneficios para ellos y para México.
Su regularización permitirá restaurar la circularidad de la migración, interrumpida por los atentados del 11 de septiembre de 2001, permitiendo un mayor movimiento transfronterizo; indirectamente, permitiría también la estancia temporal de los nacionales de México en Estados Unidos y su reunificación con sus familias en nuestro país, lo que reduciría la sangría demográfica de mexicanos en edad productiva. Igualmente, la legalización de su estancia se reflejaría en mayores ingresos y mejores condiciones de trabajo, al eliminar la explotación laboral asociada a la ilegalidad migratoria; y consecuentemente, se incrementaría la transferencia de remesas familiares.
Un beneficio adicional para este grupo migrante sería la posibilidad de tener acceso a la atención médica mediante el aseguramiento en el empleo, resultado de la ampliación de la cobertura de salud en la recién aprobada reforma sanitaria en Estados Unidos, que incorporará a más de 32 millones de nuevos asegurados a partir de 2014.
La aprobación de un programa de trabajadores temporales como parte de una eventual reforma migratoria permitiría a México colocar cerca de 250 mil jornaleros agrícolas anuales en Estados Unidos, lo que favorecería la economía de las regiones de origen de los migrantes por el incremento de las remesas familiares.
De no resolverse la crisis fiscal en Estados Unidos y aplicarse el Acta de Secuestración, la recesión resultante impactaría necesariamente a México. A pesar de las estimaciones optimistas de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que proyecta que después de la recesión inmediata en 2013 se registraría un crecimiento anual del pib de 4.3% entre 2014 y 2017, junto con una reducción del déficit fiscal, existen dudas de los analistas sobre el crecimiento inmediato de la economía.
Esta predicción ha sido cuestionada por diversos centros de estudio. Un reporte presentado a principios de este año anticipa un panorama menos favorable, considerando los efectos de los recortes presupuestales en el desarrollo económico del país y en el empleo; la tasa de crecimiento del pib tendería a ser menor y la recuperación se daría más allá de 2018, a menos que se contara con un programa de estímulos a la economía y de inversión pública y privada mucho más agresivo, que permitiera la reducción de la tasa de desempleo y el incremento del consumo privado.2
En su visita a Estados Unidos, el presidente Peña Nieto ofreció contribuir a alcanzar una reforma migratoria favorable para ambos países. El Gobierno de México debe propugnar por la suspensión de las deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales, y por la posibilidad de que los migrantes deportados que califiquen puedan reunirse con sus cónyuges e hijos estadounidenses.
Sin embargo, no hay que echar a volar las campanas. Al menos no todavía. El camino para la aprobación de una reforma migratoria integral está lleno de piedras.
¿Habrán aprendido los republicanos la lección? Ya veremos. EstePaís
1 Achieve Act, senadores John Kyl y Kay Bailey Hutchison, senador Marco Rubio.
2 Levy Economics Institute, Dimitri B. Papadimitriou, Greg Hannsgen y Gennaro Zezza, 2012.
FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
