Uno de cada diez mexicanos vive en Estados Unidos. ¿Qué puede hacer nuestro Gobierno para contribuir al desarrollo de esa gran comunidad? ¿Cómo facilitar la reincorporación de los migrantes que vuelven? ¿Cómo mantener y cultivar los lazos con los que no regresan? ¿Cuál debe ser, pues, la política en esta materia?
En 2007 iniciamos las colaboraciones en la revista Este País con un artículo titulado “Las responsabilidades del Estado para con los migrantes mexicanos en el exterior”. En él, se hacía una revisión de las atribuciones del Estado derivadas de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como de las funciones específicas acordadas entre los gobiernos y las acciones realizadas en las últimas administraciones en relación con el desarrollo de las comunidades mexicanas en otros países.
A seis años de distancia, y ante la posibilidad de la aprobación este 2013 de una reforma migratoria en Estados Unidos, uno de los retos en el inicio de la administración del presidente Peña Nieto es diseñar una política de Estado de largo alcance que contemple una mejor integración con México de la población emigrante establecida en aquel país; el desarrollo económico, social, político y cultural de las comunidades mexicanas en ese país y sus relaciones con el nuestro, así como la construcción de una amplia visión transfronteriza de la nación mexicana que integre a las poblaciones en ambos lados de la frontera por medio de la cultura y las tradiciones.
La importancia de esta política deriva del incremento del flujo migratorio hacia Estados Unidos a partir de 1970 y el elevado número de connacionales residiendo en ese país en la actualidad, que alcanzó en 2012 los 11.9 millones. Esta situación significa que aproximadamente 11% de la población total de México radica en Estados Unidos, con el agravante de que este núcleo emigrante es gente joven —su edad promedio es de 36 años— que al salir de México sustrae de la estructura demográfica nacional una cohorte en edad productiva y en edad reproductiva, lo que tendrá un impacto en el crecimiento natural y en la composición de la pirámide de edades a futuro, y resultará en un estancamiento demográfico a partir de 2030 y un incremento del índice de dependencia de adultos mayores y de menores de edad con respecto a la población económicamente activa.
Por el contrario, la población de origen mexicano en Estados Unidos tendrá un crecimiento acelerado en los próximos 40 años como resultado del elevado índice de natalidad en comparación con el resto de la población de Estados Unidos y la de México. Se estima que, de continuar las tendencias actuales, para 2050 los mexicanos y sus descendientes podrán alcanzar una población de entre 75 y 80 millones de personas, dependiendo de la tendencia media o alta considerada en la proyección.1
Esto quiere decir que en 38 años, la población de origen mexicano en Estados Unidos podría representar cerca de dos tercios de la población en México, lo que tendrá necesariamente repercusiones políticas, sociales y económicas imprevisibles y que el Gobierno mexicano deberá tomar en consideración en el diseño de una política de Estado en cuanto a los emigrantes mexicanos y sus descendientes residiendo en el exterior.
El sentimiento antiinmigrante de ciertos sectores de la sociedad estadounidense bloqueó en el pasado la aprobación de una reforma migratoria e impulsó la expedición reciente de leyes estatales muy restrictivas de la inmigración y tendientes a inducir la expulsión de los inmigrantes legales e indocumentados radicados en esas entidades, entre las que sobresalen la Ley SB1070 de Arizona y HB56 en Alabama, como reacción negativa al aumento de la inmigración no europea —situación que obligó al Gobierno de México al incremento de las labores de protección consular en Estados Unidos y la defensa de los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas.
El arribo de nuevas administraciones en México y Estados Unidos ofrece la oportunidad de definir una política de largo alcance en relación con la diáspora mexicana, que al mismo tiempo impulse el desarrollo de las comunidades mexicanas en ese país, fomente la relación de estos grupos con su patria de origen y su interacción con México, apoye la reinserción de los migrantes que regresan, al igual que la transmisión de las habilidades y conocimientos adquiridos en el exterior, y promueva el espíritu de pertenencia al proyecto de la nación mexicana.
En relación con el desarrollo de la población emigrante de México en Estados Unidos, habrá que destacar que la mayoría de esta se ocupa en trabajos de baja remuneración y carece de los beneficios sociales que sí tienen las actividades de mayor ingreso, particularmente en el ámbito de la protección laboral y la atención a la salud. Los 6.1 millones de emigrantes mexicanos indocumentados registrados en 2011 se encuentran en condiciones aún más precarias y desprotegidas, conformando un segmento muy vulnerable que requiere de una atención especial por parte de las autoridades de México.
La reforma a los sistemas de salud aprobada en 2010 y que tendrá aplicación plena en 2014 excluye de sus beneficios específicamente a los inmigrantes en condición indocumentada, al igual que a los inmigrantes legales con menos de cinco años de estancia, los cuales, sumados a los emigrantes con estancia legal pero que no cuentan con un seguro médico proporcionado por la empresa y que por sus bajos ingresos no pueden acceder a un seguro individual, pudieran elevar la cifra de connacionales sin seguro médico en Estados Unidos a 8.3 millones de personas. La muy probable aprobación de una reforma migratoria en ese país que regularice la estancia legal de los emigrantes indocumentados ciertamente reducirá este número aunque, de todas formas, por las razones anteriormente expuestas, más de 50% de estos emigrantes, esto es 4.5 millones, no tendrán servicios de salud por medio de un seguro médico.
Ante la posibilidad de una reforma a las leyes de inmigración en Estados Unidos, el Gobierno de México ha ofrecido colaborar, respetando el proceso interno, a su aprobación. No obstante, no se observa una idea clara de las autoridades de las implicaciones para México de las posibles alternativas de la reforma migratoria y, por ende, de las políticas de Estado que derivarían de ellas.
La propuesta del presidente Obama y del Partido Demócrata en el Senado está dirigida a regularizar la estancia legal de los inmigrantes indocumentados y establecer una vía para que alcancen la ciudadanía aquellos que cumplan con una serie de requisitos. El Partido Republicano rechaza esta posición por considerar que es una “amnistía” para los inmigrantes que ingresaron al país de manera ilegal, por lo que la propuesta en la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, no incluye el paso a la ciudadanía, y propone en cambio un programa de trabajadores huéspedes y la regularización de la población indocumentada mediante el otorgamiento de visas de trabajo y la residencia legal.
En uno y otro caso, el Gobierno de México no tendrá mayor capacidad decisoria y deberá esperar el resultado final de la reforma. De aprobarse, la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense significa para México que —considerando los 1.9 millones de mexicanos que cuentan ya con la ciudadanía— el total teórico de mexicanos que podrían tener la ciudadanía de Estados Unidos es de 8 millones de personas. Esta cifra podría variar, puesto que el índice de naturalización de los emigrantes mexicanos en ese país es muy reducido: la población mexicana naturalizada representa únicamente 36% del total de residentes legales mexicanos, y 50% del índice de naturalización de los inmigrantes legales de otros países.
Considerando el efecto en México de la pérdida de este importante grupo poblacional, pareciera más conveniente para nuestro país que la población emigrante mexicana en Estados Unidos obtuviera las ventajas de la residencia legal, sin necesariamente alcanzar la ciudadanía estadounidense —por encima de la conveniencia de adquirir la doble nacionalidad, como abordaremos en otro capítulo.
Una política de Estado debe evaluar cuidadosamente los objetivos, las acciones y los medios para alcanzar la integración de los emigrantes mexicanos en el exterior, y particularmente en Estados Unidos. Un aspecto de particular cuidado tendrá que ser el diseño de los derechos políticos de los emigrantes en el exterior. Habrá que tomar en consideración que, de acuerdo con la teoría del Estado, los derechos ciudadanos están conformados por derechos y obligaciones, que no son iguales para los ciudadanos en México que para los nacionales mexicanos residentes en el extranjero, aunque llegaran a tener doble nacionalidad. Por lo tanto, habrá que definir cuidadosamente los ámbitos en los que los derechos de los emigrantes mexicanos en el exterior tendrán peso en México mediante el voto, y las condiciones en las que este se pueda ejercer, considerando que para 2030 existirán cerca de 9 millones de votantes mexicanos potenciales residiendo en el extranjero, lo que indudablemente tendrá un impacto importante en la dirección del país.
Una sección relevante de esta política de Estado tendrá que orientarse hacia la reinserción en México de los migrantes que regresan, sea voluntaria o forzadamente, para reincorporar social y productivamente a estas personas. En paralelo, esta política deberá tender al regreso o la interacción con México de los sectores de la emigración formados en el exterior en áreas científicas y tecnológicas importantes para el desarrollo del país, así como al fomento del retiro en México de los emigrantes mexicanos y sus descendientes en edad de jubilación mediante apoyos y estímulos para establecerse en nuestro país.
No podemos controlar lo que otros países hagan, pero tenemos la obligación de establecer políticas claras en relación al futuro de México.
1 Proyecciones de población, US Census Bureau, 2012.
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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos. ELSA BORJA RUY SÁNCHEZ es miembro del Servicio Exterior Mexicano. Actualmente está adscrita al Instituto Cultural Mexicano en Washington, D.C.
