Durante el mes pasado, el Departamento de Justicia estadounidense impuso una pena grave al banco francés BNP Paribas. El proceso llegó a su fin la semana pasada en una corte de Manhattan cuando el banco se declaró culpable de la violación de dos leyes federales estadounidenses. Semanas antes, este banco había aceptado una multa de casi 9 mil millones de dólares.
Fue de los castigos más serios que la justicia gabacha ha impuesto contra una institución financiera. Es difícil argumentar que no era merecido, BNP Paribas aceptó que había manejado los depósitos del gobierno de Sudan en el extranjero violando así las sanciones internacionales aplicadas por el genocidio de Darfur. Es decir, BNP Paribas ayudó activamente a los oficiales de ese gobierno a seguir exterminando a sus enemigos en Darfur.
Sin embargo, hay varias voces, sobre todo en Francia, que se quejan de que fue un proceso judicial abusivo y caprichoso. En algo tienen razón: los reguladores y fiscales estadounidenses gozan de un poder inmensurable en tales casos, ya que pueden remover el permiso de operar en el mercado más importante del mundo. Contar con esta opción es quizá injusto y definitivamente, es algo que las autoridades de otros países no tienen. Más aún, los castigos más severos suelen aplicarse a bancos extranjeros, lo que se presta a acusaciones de favoritismo e incongruencia.
Pero las quejas específicas sobre este proceso no responden a la cuestión de que tan responsables son los bancos por facilitar los crímenes de sus clientes más notorios. Es un asunto que tiene mucha relevancia en México, donde varias instituciones financieras –tanto internacionales (véase Wachovia, HSBC) como locales (por ejemplo Monex y las pequeñas casas de cambio)– han sido implicadas por ayudar a los grupos de crimen organizado.
Es un problema que lamentablemente no tiene una solución fácil. Siempre y cuando salga una noticia así, no significa solamente que han fallado los controles internos de los bancos implicados, sino que éstos fueron ignorados o implementados de una forma defectuosa. En cualquier autopsia de un banco acusado de lavar activos para gente peligrosa, vemos la complicidad de ejecutivos específicos. Eso aboga por penas más severas, un lavador de los Zetas no hace menos daño ni merece mejor trato simplemente por trabajar en una oficina y vestir de traje.
Sin embargo, el propósito fundamental de los bancos es ganar dinero. No hay nada malo en eso, al contrario, los avances en la sofisticación de la banca mundial son una gran parte del avance en el bienestar material de la raza humana. Por lo tanto, los bancos ven a sus clientes como fuentes de ingresos, no como posibles criminales. Los bancos tampoco cuentan con funciones ni poderes policiacos.
Por otro lado, nadie, ni los fiscales ni sus jefes políticos ni mucho menos los mismos bancos, quieren que los bancos importantes caigan gracias a los castigos que el poder judicial les impone. Los bancos son demasiado importantes para la economía, y no tiene sentido hacer que todo un país sufra solamente por el afán de castigar a los que ayudan a grupos criminales. The Economist se refirió al castigo contra BNP Paribas como una “guillotina”, pero por supuesto que es una exageración: el banco sigue con cabeza y vida, como todos han preferido. Las únicas instituciones que desaparecen debido a los casos criminales en su contra son pequeñas, típicamente bancos locales o regionales, casas de cambio, u otras empresas de bajo perfil.
Todo esto alienta el trato con los clientes riesgosos, y pone a los bancos en una posición única: pueden hacer cualquier cantidad de cosas con la seguridad que el posible castigo les puede doler realmente, pero no les va a matar. En fin, 9 mil millones es una cifra enorme, pero BNP Paribas tiene ingresos anuales de más de 50 mil millones de dólares.
Y por lo tanto, podemos esperar que sigan saliendo más casos como los de BNP Paribas y Wachovia. Pese al castigo contra BNP Paribas, no existen los desincentivos para frenarlos.
