Decía en una anterior entrega, que me parece insólito que con la desaparición del IFE y la creación del INE los legisladores hubieran eliminado la atribución que la autoridad federal tenía para encargarse de la educación cívica del país. ¿Por qué lo hicieron? ¿En base a qué diagnóstico?
Porque si creen que la educación cívica es importante, ¿por qué borrarla del nivel federal? Y si por el contrario consideran que no funciona ¿para qué asignarla a los institutos electorales estatales?
También decía que, tan sólo de 2001 a 2003, el IFE impactó con sus tareas educativas a más de 18 millones de personas. Es cierto que al finalizar la vigencia de ese Plan Trianual un comité de expertos evaluó tales impactos subrayando los principales errores: se había privilegiado el quehacer cuantitativo y descuidado el cualitativo. Para los evaluadores no era difícil percibir que un enorme porcentaje de aquellos 18 millones no hubieran experimentado un cambio efectivo en su cultura democrática: educar no es lo mismo que informar.
Para descargo del IFE debe decirse que este error no era nada extraordinario en nuestro país. Así sucedía y aún sucede con la mayor parte de los programas sociales, tanto federales como estatales, cuando no han hecho suyo el enfoque de políticas públicas, es decir, el enfoque de la racionalidad y la evaluación.
Con base en este diagnóstico el IFE buscó usar sus recursos educativos de manera más racional. Para ello era necesario tener claro el problema: el ciudadano mexicano no cree en la ley ni en su obligación de cumplirla; no cree en la autoridad, ni la respalda, aunque la haya elegido libremente; no quiere al gobierno pero todo lo espera de él; no paga impuestos pero exige cuentas y bienes públicos; no es tolerante ni respetuoso de la diferencia; no tiene el hábito de asociarse y reunirse para perseguir causas comunes; no es un ciudadano activo, atento a la cosa pública, solidario, participativo.
El nuevo Programa partió del reconocimiento de que si el ciudadano no se involucra en la solución de los problemas es porque las instituciones y el sistema político le ponen resistencias y trabas. Al sentido último del nuevo programa podría remitirnos la pregunta: ¿por qué los ciudadanos habrían de participar y de cumplir con la ley? Todos sabemos que la democracia necesita de ciudadanos comprometidos, ciudadanos de una “intensidad” adecuada y políticamente correcta para que las instituciones democráticas marchen como es debido. Lo que no queda del todo claro es por qué los ciudadanos habrían de considerarlo así.
Si tratáramos de entender nuestro comportamiento refiriéndolo a una supuesta cultura esencial de los mexicanos, correríamos el riesgo del atraso político permanente. Por el contrario, el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, a partir de la teoría del capital social (Putnam) y de la teoría de la democracia deliberativa (Habermas), así como de los análisis de autores tales como Claus Offe, Alain Touraine, Albert O. Hirschman, y Guillermo O´Donnell, consideró que si los ciudadanos no participan es porque no tienen incentivos para hacerlo: en nuestra democracia, como en otras democracias de reciente creación, hemos arribado al pleno ejercicio de la ciudadanía en su aspecto electoral sin haber garantizado los aspectos civiles y sociales de la misma que, de acuerdo con la opinión de muchos expertos, son los aspectos que más motivan el involucramiento ciudadano.
Toda participación implica deliberación y en las democracias recientes no siempre existen los espacios adecuados para participar deliberativamente en las decisiones públicas. Aunado a ello, los mexicanos no disfrutan de las mismas oportunidades para el ejercicio de sus derechos, lo que provoca su aislamiento. Además, los problemas que enfrenta el país en materia de pobreza, corrupción e inseguridad influyen en una percepción negativa en torno al desempeño de la democracia y sus instituciones, lo que genera desconfianza y, por ende, desinterés por participar en el espacio de lo público.
Romper esta inercia no puede lograrse “impartiendo democracia” sino transformando las instituciones para que sean estas las encargadas de promover las condiciones necesarias para la participación. En resumidas cuentas, la razón de la persistencia de una cultura política autoritaria y clientelar debe buscarse en las instituciones que moldean al ciudadano que, lejos de resolver sus problemas y de involucrarlo en la solución de los mismos, actúan por cortoplacismo, sin diagnósticos, de manera clientelar.
A partir de este diagnóstico, el IFE buscó usar de mejor forma sus recursos que, en razón de ser escasos, debían dirigirse a quienes más los necesitan, promoviendo así la participación de jóvenes, mujeres e indígenas en la solución de los problemas públicos de su comunidad. Además, como el paradigma de políticas públicas establece que toda acción debía evaluarse, a partir de 2005 el Instituto comprobó, de manera científica, que efectivamente había educado a cientos de miles de personas. Esto lo logró tras capacitar a sus 332 delegados estatales para que pudieran diseñar y evaluar sus propias tareas.
Pese a ello, el legislador decidió que este trabajo no era valioso. No le importó que el Instituto hubiera aprendido la importancia de seguir el enfoque de políticas públicas. Lo que es más grave, borroneó de un plumazo el para qué de la experiencia acumulada en más de 20 años de experiencia del IFE: el nuevo INE no tendrá esta atribución y el capital humano concentrado en gran parte de sus funcionarios se perderá. Para colmo de males, el legislador con toda seguridad lo hizo sin contar con diagnóstico alguno.
