A los empresarios que concibieron e impulsaron la filantropía moderna en el siglo XX los movía una preocupación común: el Gobierno no siempre es el instrumento más efectivo para cubrir las necesidades de la población. Por eso, en medio de la Gran Recesión norteamericana, los impulsores de la filantropía en Estados Unidos decidieron crear fundaciones para echar a andar hospitales, centros comunitarios o escuelas. Con los años, los donativos a esas instituciones se convertirían en deducibles de impuestos bajo una premisa simple: si una parte de los ingresos de una familia o una empresa es destinada al bien común, puede equipararse con la inversión social que realizamos a través de los impuestos. El ciudadano o el empresario decide invertir socialmente sus recursos en una organización que, desde su perspectiva, cumple mejor el propósito de construir bienestar social. El ciudadano o la empresa que invierte filantrópicamente escoge una prioridad social en la que prefiere que su donación se utilice.
Los gobiernos entendieron rápidamente que si cada contribuyente elegía su causa, empresas y ciudadanos solo invertirían en aquellos temas que consideraban importantes. Y hay muchas causas que, atractivas o no, son parte de los derechos constitucionales de los ciudadanos de un país. Por ello, las donaciones se limitaron a un porcentaje del ingreso de las empresas o las personas. Pese a que todos los sistemas fiscales restringen las donaciones a una fracción del ingreso, en los últimos años los gobiernos han ido cambiando su concepción sobre la filantropía y la sociedad civil. En un número cada vez mayor de países, los sistemas de cuentas nacionales de la sociedad civil (el conjunto de las asociaciones sin fines de lucro) registran el aporte de las organizaciones no lucrativas a la riqueza nacional. El hecho de que una organización no lucrativa no distribuya utilidades entre sus asociados no significa que no sea un motor del empleo o la riqueza de un país. De ahí que sea tan importante entender lo que las organizaciones de la sociedad civil aportan. De acuerdo con un estudio de la Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, en los Países Bajos una de cada seis personas económicamente activas se ubica en la sociedad civil. En contraste, solo uno de cada 200 mexicanos económicamente activos se encuentra en la sociedad civil.
Inmersos en la discusión sobre la reforma fiscal a finales de 2013, los mexicanos hemos prestado mucha atención al tema de los impuestos a la comida de nuestras mascotas, al IVA en colegiaturas o a los llamados impuestos “contra la obesidad”, pero hemos reparado poco en cómo es que equiparar las donaciones a las deducciones fiscales restará ímpetu a un sector que cada vez genera más valor social en el mundo. Además de los beneficios que las instituciones no lucrativas pueden tener en la comunidad, o de la importancia de participar activamente en resolver los problemas de una comunidad, las donaciones son inversiones en un sector cada vez más productivo, medido por su contribución a la riqueza nacional.
Entre los 15 países que estudia sistemáticamente la Universidad Johns Hopkins, el empleo generado por las organizaciones no lucrativas —incluyendo voluntarios— ha rebasado ya al empleo generado por la industria del transporte, la hotelería o el sector de la intermediación financiera. En términos del PIB, este sector representa 4.5%. En Estados Unidos, por ejemplo, representa 6.6% de su PIB, y en México es ya equivalente a 2.2%. México requiere activar todos los sectores productivos en el ánimo de generar empleo y bienestar social. Las organizaciones no lucrativas pueden contribuir a ese propósito, combinando ambos objetivos.
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EDUARDO BOHÓRQUEZ <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana. ROBERTO CASTELLANOS <@robcastellanos> es coordinador de Investigación Aplicada en la Fundación Este País.
Totalmente de acuerdo que las donaciones deben de ser inversiones en la economia de un pais, pero Mexico lo hace IMPOSIBLE para una sociedad civil de tamano chica o mediana cumplir con los requisitos para que las donaciones sean deducibles. Para empezar,la calificacion (que puede tomar casi tres meses con la burocracia gobernmental) dura nada mas un ano y requiere un auditor externo que es una carga economica pesada para una institucion sin fines lucrativos. Cada donacion mas que una cantidad increiblemente insignificante requiere un monton de papeleo para justificar su procedencia licita. No hay ninguna indicacion que el goberno de Mexico se interese en fomentar la cultura de filantropia aun cuando sirva a sus intereses.