No es casual que justo ahora, cuando la confianza en la limpieza de las elecciones ha caído hasta niveles preocupantes, se busque la desaparición o, en el mejor de los casos, la transformación del IFE.
Si la democratización mexicana ha tenido como uno de sus ejes la construcción de la confianza electoral, los resultados recientes de varias encuestas muestran un vuelco inesperado. En vez de consolidarse, la confianza electoral de los ciudadanos parece ir a la baja.
Entre los indicadores de desencanto destaca un aumento en la creencia de que las elecciones no son libres ni justas, una amplia percepción de que en las elecciones predomina la compra de votos y una aguda caída en la confianza en el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo administrador de las elecciones que pronto será reemplazado por el Instituto Nacional Electoral (INE). El saldo: México está entre los pocos países latinoamericanos donde predomina la creencia de que las condiciones de competencia electoral no son justas. El elector en México se muestra mucho más escéptico ante las elecciones hoy en día que el promedio de los electores en la región.
Según la encuesta Proyecto Comparativo de Elecciones Nacionales (CNEP), realizada en México inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, la mayoría de los entrevistados manifestó que en el país las elecciones pueden ser calificadas como “libres y justas”. No obstante, la proporción que está de acuerdo con ese punto de vista disminuyó de 76 a 61% de una elección a otra. A pesar del controvertido proceso electoral de 2006 y del escaso margen de victoria, dicha elección se percibió mejor que la de 2012. En contraste, la proporción de mexicanos que está en desacuerdo con esa descripción de “libres y justas” aumentó de 22 a 38% (ver la Tabla 1).
La misma CNEP registró un leve aumento de la duda electoral entre 2006 y 2012. 50% de los entrevistados en 2006 calificó los resultados de la elección como “plenamente confiables”; esa opinión bajó ligeramente a 46% en 2012. Por el contrario, los consultados que opinan que “hay razones para dudar” pasaron de 46 a 51%. Si bien estas diferencias son mínimas y quedan dentro del margen de error, hay que notar que la variación confirma la tendencia hacia la desconfianza (ver la Tabla 2).
Parte de la explicación la ofrece un dato recopilado por la Encuesta Mundial de Valores realizada en México en febrero de 2012, varias semanas antes de la elección presidencial. Según el estudio, 73% de los entrevistados afirmó que la compra de votos es una práctica muy o algo frecuente durante las elecciones (ver la Tabla 3). De nuevo, esta percepción se registró con bastante anticipación a la jornada electoral, lo cual sugiere que puede provenir de procesos electorales anteriores, así como de posibles prácticas clientelares del Gobierno.
En México, el organismo administrador de las elecciones suele verse como una autoridad, pero ya sea como administrador, como árbitro o como ambos, el IFE perdió confianza y credibilidad en los últimos años. Las encuestas nacionales del diario Reforma mostraban niveles de confianza ciudadana en el IFE por arriba de 60% en 2005 y 2006; luego registró variaciones por arriba de 50% pero menos de 60%, y la última medición publicada en 2013 arrojó un 43% de confianza (ver Reforma, 9 de agosto de 2013). Aunque ya en otro momento se había registrado otro dato similar, la tendencia es la de una confianza decreciente.
El Latinobarómetro 2013 sitúa a México en varias posiciones destacadas por aspectos negativos: inseguridad, desencanto democrático, pesimismo económico, injusticias sociales. A todo eso hay que añadir un aspecto más: el desencanto electoral. México, junto con Honduras, es el único país de la región donde la percepción de que las condiciones de competencia electoral no son justas sobrepasa a la creencia de que sí lo son. 43% de los mexicanos y 45% de los hondureños no cree que hay condiciones electorales justas, un porcentaje similar al que se observa en Venezuela (41%), con la gran diferencia de que en ese país hay más ciudadanos que sí ven condiciones justas (45%), mientras que en México apenas es una tercera parte la que opina así, 32% (ver la Tabla 4).
Los mexicanos se reencontrarán con un proceso electoral federal dentro de 16 meses. En este, habrá un nuevo organismo electoral y algunas reglas nuevas. Partidos y candidatos se darán una vez más a la labor de pedir el voto a una ciudadanía que se muestra cada vez más dubitativa ante las elecciones. ¿Mejorará la confianza? Habrá que ver.
* El autor agradece la colaboración de Yuritzi Mendizábal, licenciada en Ciencia Política por el ITAM, en la realización de este texto.
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ALEJANDRO MORENO es profesor de Ciencia Política en el ITAM y director operativo del Estudio Latinobarómetro 2013 <@almorenoal>.
