La captura de Joaquín Guzmán Loera ha tenido efectos muy importantes. Sin embargo, está por verse si las autoridades terminarán de capitalizarla y si tendrán éxito en tareas como la profesionalización policial, el combate a la corrupción y la regeneración social, sin las cuales un cambio de fondo es improbable.
La captura de “El Chapo” Guzmán conlleva implicaciones significativas para México y el mundo. Su detención puede verse como un valioso triunfo desde dos perspectivas. La primera es la de la enorme victoria política para la figura del presidente Enrique Peña Nieto. Puede afirmar que logró lo que su antecesor, Felipe Calderón, había intentado por años, y que está cumpliendo con sus promesas de campaña tal como las presentó, no solo en la implementación de las reformas (hacendaria, energética, educativa, financiera, en telecomunicaciones), sino también en el avance en la lucha contra el narcotráfico. Seguro que Peña va a aprovechar políticamente esta captura.
La segunda perspectiva tiene que ver con el tema del crimen organizado y la violencia en México. Tal es el enfoque de este ensayo. “El Chapo” Guzmán tenía una vasta red que incluía no solo a México, sino también regiones de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa e inclusive Asia. En 2012, la revista Forbes colocó a Guzmán como el número 67 en la lista de los hombres más ricos del mundo.
La captura de Guzmán Loera implica que se liberarán recursos sustantivos de la Policía Federal, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); podrán usarse en otros rubros. Ahora, será posible prestar más atención al combate de otros delitos federales. Se debe enfatizar que el tiempo y el dinero dedicados a la persecución de “El Chapo” en la última década fueron muy significativos.
Más importante aun es el impacto que la detención va a tener en las redes del narcotráfico. Guzmán era el único que podía preservar un imperio de crimen organizado tan grande: su personalidad, su carácter, su implacabilidad y su afabilidad eran elementos clave para el mantenimiento de la red. Su ausencia fragmentará la organización. Podemos intuir que, a partir de la detención, existe una partición y una confrontación por el control entre los tenientes subalternos del capo.
Sabemos que el cártel de Sinaloa nunca será el mismo, aun si se reforma. Mientras haya fragmentación y una interrupción de la cadena que va desde Colombia hasta Estados Unidos, se presenta una ventana de oportunidad para clausurarla permanentemente. Debido a esta fragmentación, los elementos de la organización están atemorizados y luchando entre sí. Quizá podamos beneficiarnos de este combate interno para capturar a algunos subtenientes. Si las autoridades se demoran, la red se fortalecerá y se perderá la oportunidad. Llegó la hora de la aplicación efectiva de la ley. Subrayo que se necesita la coordinación y la cooperación de autoridades colombianas, centroamericanas, mexicanas y estadounidenses para que el cártel no se reconstruya.
“El Chapo” era visto como una amenaza global; estaba en la lista de los más buscados por el FBI, la Interpol, la policía colombiana y las autoridades mexicanas, por mencionar solo algunos ejemplos. Por supuesto que era considerado un peligro para la seguridad nacional mexicana. Cuando me refiero a la seguridad nacional, lo hago con toda seriedad. Guzmán implicaba una amenaza monstruosa que ponía en riesgo la legitimidad del Gobierno. Además de su larga lista de delitos por tráfico de drogas, asesinato y extorsión, y de sus redes desde Colombia a Estados Unidos y México, “El Chapo” tenía una influencia corruptiva en las instituciones del Estado. El éxito que tuvo en debilitarlas puede verse en las protestas que se llevaron a cabo en Sinaloa para abogar por su liberación.
Por esta razón, debemos considerar la captura de “El Chapo” como la primera parte de una significativa victoria para la seguridad nacional de México. Sin embargo, hay mucho trabajo por delante. Peña Nieto debe moverse ahora y recuperar el Estado de derecho. Se necesita fortalecer las instituciones para crear un ambiente donde la gente no vea a Guzmán como un héroe. El Gobierno tiene que implementar políticas que demuestren a la población que el Estado puede cumplir con sus responsabilidades. Seamos puntuales: la razón principal de las protestas es que “El Chapo” Guzmán hacía lo que el Estado no quería o no podía realizar.
El primer paso para restaurar el Estado de derecho es la profesionalización de la policía. Los elementos policiacos en México están notoriamente mal remunerados y mal entrenados, en especial a nivel municipal y estatal. Por ello, son susceptibles de corromperse. Para resolver el problema se necesita la implementación de exámenes de control de confianza, pero también que los resultados sean públicos y que quienes reprueben sean removidos. Los que aprueben, de inmediato deben recibir mejor capacitación y un salario digno. En otras palabras, se necesita forzosamente una policía bien remunerada, capacitada y que tenga las herramientas necesarias para responder a las necesidades de la comunidad. Si esto no sucede, la captura de Guzmán no servirá de mucho.
Un segundo paso será crear programas sociales y educativos —especialmente para los jóvenes— que les brinden alternativas de desarrollo. El Gobierno de Peña Nieto ha dicho que el programa Oportunidades crecerá. También se necesita ampliar el apoyo de las becas educativas. Actualmente se entrega una cantidad de dinero que depende del grado escolar de los niños: en educación básica, entre 165 y 330 pesos mensuales; en educación media, entre 480 y 620 pesos mensuales, y en educación media-superior, entre 810 y mil 55 pesos bimestrales. El programa Jóvenes con Oportunidades ofrece un apoyo económico de 4 mil 599 pesos, con la intención de que los jóvenes menores de 22 años terminen la educación media-superior. Las familias no pueden vivir con estas cantidades, no son suficientes.
Es notable que tuvo que pasar más de una década para poder capturar a Guzmán. Evidentemente, el apoyo de inteligencia de la DEA jugó un papel crucial. Sin embargo, debe haber habido personas con poder que protegieron a “El Chapo” todos estos años. El cártel necesitaba dinero, logística y ayuda de autoridades corruptas a lo ancho del sistema para funcionar adecuadamente. Se construyeron túneles de escape y movilización en Culiacán. Su cimentación necesitaba ingenieros, arquitectos, albañiles, material, etcétera. Era un trabajo mayúsculo. No era una misión que se pudiera lograr sin que alguien con autoridad se percatara y lo permitiera. Muy probablemente, aquellos que lo protegieron debieron de traicionarlo. Esto sugiere que hay asignaturas pendientes, no solo en la profesionalización de la policía y en la creación de programas sociales, sino también en purgar las autoridades de elementos corruptos.
¿Cómo podemos seguir teniendo este tipo de éxitos? La gran lección que se desprende de todo esto es que la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos es indispensable. Sabemos que la DEA colaboró intensamente con la Semar en esta operación y que ello fue absolutamente clave para lograr la captura.
Por otra parte, me llama la atención el hecho de que haya sido la Semar y no la Sedena la que realizara la aprehensión. Creo que la respuesta está en que la Semar tiene una visión más amplia sobre la cooperación con otros países, en particular con Estados Unidos. Es destacable que los primeros elementos mexicanos que fueron enviados como observadores a una de las bases militares más importantes de Estados Unidos —NorthCom y Norad en Colorado Springs— fueran de la Semar y no de la Sedena.
La Sedena no se decide a trabajar con agencias extranjeras. Tiene otra tradición. Se enfoca en la defensa del territorio mexicano y ve la cooperación con otros países, en particular con Estados Unidos, como una amenaza para la soberanía nacional. Argumenta que está capacitada y que tiene los recursos suficientes para lograr la tarea sin ayuda. Esto ha llevado a que Estados Unidos prefiera trabajar con la Semar y no con la Sedena.
Además, no es secreto que algunos nacionalistas albergan una obsesión en torno a la soberanía, y en particular en lo que tiene que ver con Estados Unidos. La historia de México de alguna manera justifica este temor. Las declaraciones de algunos políticos evidencian la desconfianza hacia esa nación. Por ejemplo, Bernardo Bátiz, actual secretario de Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, señaló en 2007 sobre la Iniciativa Mérida que la Constitución no permite “abrir las puertas de par en par a la injerencia extranjera”. Por su parte, el senador del PRI Francisco Labastida Ochoa dijo en 2010 que apoyar la Iniciativa Mérida significaba “someternos a otra nación y a otro poder, y abrir las puertas a la injerencia de Washington en asuntos internos de México”.
Estas frases son preocupantes porque muestran una falta de información sobre lo que fue la Iniciativa Mérida, que no corresponde a una intervención por parte de Estados Unidos. Únicamente se le dieron a México 1.4 mil millones de dólares en equipo y capacitación. Eso es todo.
Además, aunque hubo una época en que las declaraciones de ambos políticos eran relevantes, ya pasó ese momento. Vivimos en un mundo con amenazas distintas que requieren respuestas distintas. Los peligros traspasan las fronteras y son ahora compartidos por los países. El narcotráfico es un ejemplo perfecto. La mayoría de los expertos en el tema argumentarían que la única forma de lidiar con estas amenazas es mediante la cooperación. Desde esta perspectiva, la preocupación por el aislacionismo de algunos políticos (y también académicos) no es solo anticuada sino también potencialmente peligrosa. Si en efecto hubo mayor participación por parte de las autoridades norteamericanas, no debe ser preocupante. La amenaza ya no puede ser vista en términos de la intervención extranjera como hace 150 años, sino en los del peligro que suponen los cárteles. Si existen agencias extranjeras que pueden ayudar a México a combatir el crimen organizado, debemos colaborar con ellas. No hay forma de contener las amenazas a la seguridad nacional sin colaborar con Estados Unidos y otros gobiernos.
¿Qué es lo que sigue? Es importante para México que se juzgue a “El Chapo” en nuestro país para experimentar una catarsis nacional. No obstante, quizá convenga extraditar a Guzmán Loera a Estados Unidos después de este juicio. En una prisión mexicana él podría tener una vida confortable, contar con medios de comunicación e inclusive reconstruir su cártel. Por ser narcotraficantes con dinero, preferirían por mucho pasar su tiempo en prisión en México que en Estados Unidos.
La vida cómoda que algunos presos tienen en cárceles mexicanas simplemente no ocurriría en una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos. Guzmán sufriría muchas horas de soledad y su contacto con la población general sería limitado, dada su condición de criminal de alta peligrosidad. Además, las posibilidades de escapar de una prisión federal en la Unión Americana es casi nula.
Su traslado a Estados Unidos tendría dos efectos. Primero, México demostraría que está dispuesto a cooperar con ese país, algo que considero necesario para combatir efectivamente al narcotráfico. El segundo sería la señal que se enviaría a otros líderes de cárteles: si son capturados, ellos podrían también sufrir el destino de Guzmán.
Para concluir, cabe remarcar que este hecho implica buenas noticias para México y para todas las regiones del mundo que han sido afectadas por el cártel de “El Chapo” Guzmán. Como la red se extendía a diversas áreas del mundo, aumenta la relevancia de su captura como una victoria nacional. Sin embargo, no olvidemos que hay pendientes fundamentales, como la recuperación de la legitimidad y el Estado de derecho y la cooperación con otros países, especialmente con Estados Unidos.
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ATHANASIOS HRISTOULAS es profesor-investigador del departamento de Relaciones Internacionales del ITAM <[email protected]>.
