La reforma al sistema de salud en Estados Unidos ha sido el campo de batalla predilecto de demócratas y republicanos de cara a las elecciones legislativas de este año. De acuerdo con el autor, las intenciones de cada bando son muy distintas de lo que parecen. Tiros y troyanos están tejiendo muy fino en torno a Obamacare.
Al igual que la imagen distorsionada de la figura en la galería de espejos, la política en Estados Unidos no siempre muestra las reales intenciones detrás de las manifestaciones públicas de los partidos, particularmente del Partido Republicano. Claro ejemplo de ello es la guerra subterránea con motivo de la reforma de salud —Affordable Care Act (ACA)— que entró en vigor en 2014, así como la iniciativa para una reforma migratoria aprobada por el Senado en 2013 y que la Cámara de Representantes ha rechazado.
El desastroso arranque de la reforma de salud por las fallas en el diseño de la página federal para la inscripción en línea de nuevos asegurados en el mercado de seguros, y la poco afortunada afirmación del presidente Obama de que las personas aseguradas previamente podrían conservar sus planes de salud —cosa que no sucedió cuando un elevado número de asegurados recibieron la notificación de la cancelación de sus pólizas—, han dado pie a que los estrategas del Partido Republicano hayan decidido centrar el ataque en el rechazo de la ACA, de cara a las elecciones intermedias para renovar el Senado y la Cámara Baja.
Las razones difícilmente pueden ser ideológicas, dado que las bases estructurales del diseño de la reforma a los sistemas de salud tienen su origen en una tesis surgida de la Heritage Foundation, un centro de investigación conservador cercano al Partido Republicano —que irónicamente ahora ataca la reforma de salud— y sigue los mismos principios de la exitosa reforma implantada en Massachusetts por el entonces gobernador republicano Mitt Romney —quien irónicamente también atacó la ACA durante su fallida campaña a la presidencia en 2012.
A pesar de los evidentes beneficios para el aseguramiento médico de más de 24 millones de personas que anteriormente no tenían acceso a un seguro de salud por carecer de los recursos económicos para adquirir una póliza, con el fin de cubrir los gastos de su atención médica, o que no contaban con aseguramiento médico en el empleo, los errores en el diseño y el lanzamiento del ACA han propiciado el rechazo en la opinión pública de un sector importante de la población y una reducción con respecto a las proyecciones iniciales en la inscripción de nuevos asegurados en el sistema.
Esta situación ha alentado las esperanzas de los republicanos, quienes vislumbran un punto débil en la línea de defensa de los demócratas en las próximas elecciones, en las que pretenden recuperar la mayoría en el Senado y mantenerla en la Cámara de Representantes, y de esta manera contar con los votos necesarios para revocar la reforma de salud.
Atrás de esta lucha están los cálculos políticos de ambos partidos en la escena electoral. El Partido Demócrata aspira a atraer a una clase media y a una clase trabajadora cada vez más golpeadas por la crisis económica, así como por la pérdida de empleos y de oportunidades para ascender y alcanzar el sueño americano. Estos sectores han sido afectados en su salud y en su economía por los crecientes costos de la atención a la salud en Estados Unidos y ven con preocupación su incapacidad para contar con una atención médica de calidad, debido al elevado precio de las primas de seguros y a los cada vez más altos costos de bolsillo por el pago de deducibles, así como de copagos en tratamientos y medicinas.
El Partido Republicano ve en el éxito de la reforma de salud un impedimento para obtener la presidencia y el control de las cámaras en elecciones futuras, por lo que ha concentrado sus esfuerzos en el descrédito de la reforma y en la obstaculización de su puesta en marcha, reduciendo los recursos presupuestales para su instrumentación y mediante acciones emprendidas a nivel de los 24 estados que gobiernan los republicanos para dificultar la creación de los mercados estatales de seguros médicos y la expansión de Medicaid y del Children’s Health Insurance Program (CHIP) para la población de bajos ingresos.
La reforma migratoria es otro caso en el que las declaraciones partidarias se alejan del verdadero trasfondo de las cuestiones. El electorado latino votó abrumadoramente por el presidente Obama en las elecciones de 2012 (71%) y el candidato republicano Mitt Romney obtuvo el más bajo porcentaje del voto hispano en la historia electoral estadounidense (27%), gracias a las posiciones antiinmigrantes sostenidas en la campaña que planteaban la autodeportación de los inmigrantes indocumentados y el endurecimiento de las medidas de seguridad en la frontera.
El presidente Obama ha impulsado la reforma a las leyes de inmigración, que incluyan la regularización migratoria y el camino a la ciudadanía de los inmigrantes sin estancia legal en el país, con miras a resolver un sistema migratorio obsoleto y disfuncional, pero al mismo tiempo previendo el aumento del voto latino para el Partido Demócrata. El Partido Republicano, por el contrario, se resiste a aceptar la diversificación étnica y cultural derivada del ingreso cada vez mayor de una población inmigrante no blanca, y la consiguiente pérdida de la predominancia histórica de los anglosajones y las etnias de origen europeo, por lo que quisiera congelar en el tiempo el statu quo y restringir el ingreso de nuevos inmigrantes a Estados Unidos, así como expulsar a los inmigrantes indocumentados que ya están en el país.
Esta política ciertamente no le ha traído las simpatías de los inmigrantes con derecho al voto, ni la de aquellos ciudadanos estadounidenses que tienen familiares indocumentados en peligro de ser deportados. Conscientes cada vez más de esta situación, las alas moderadas del Partido Republicano han estado presionando a sus dirigentes para que haya un cambio de actitud que les permita aproximarse a los votantes hispanos, que es el electorado de más rápido crecimiento en Estados Unidos, y el que será determinante para el triunfo futuro de cualquier partido.
Intereses muy poderosos de la derecha estadounidense han financiado a candidatos republicanos del Tea Party, publicando estudios y lanzando campañas mediáticas antiinmigrantes para influir en el ánimo de la población y el voto de los legisladores. La realidad es que —si bien esconden sus convicciones xenofóbicas tras la cortina de la seguridad nacional, la pérdida de empleos a manos de los extranjeros, el alto gasto fiscal en la dotación de servicios públicos a los inmigrantes, la criminalidad y la transmisión de enfermedades contagiosas— su temor mayor es la pérdida del poder y la transformación del país como resultado natural de la incorporación de otras nacionalidades, al igual que la afiliación de los inmigrantes naturalizados al Partido Demócrata.
Ante este panorama, algunas voces influyentes de la comunidad de negocios integrada por empresas tecnológicas, de los intereses agrícolas y de otras actividades económicas que dependen fundamentalmente del trabajo que realizan los inmigrantes, han estado presionando para provocar un cambio de posición del Partido Republicano, lo que ha motivado un choque entre el ala moderada del partido y la extrema derecha del Tea Party.
En la disyuntiva, los dirigentes del Partido Republicano han ideado una estrategia consistente en hacer como que hacen para dar la impresión de estar atendiendo seriamente el problema, evitar las críticas, dar esperanzas al electorado latino y, al mismo tiempo, no ser rebasados por las iniciativas del presidente Obama, y por otro lado no hacer en realidad nada, para ganar tiempo hasta después de las elecciones de 2014, con la esperanza de recobrar la mayoría republicana en el Senado y conservarla en la Cámara de Representantes, y así imponer sus condiciones para una reforma migratoria a su gusto o posponerla hasta 2017.
En este sentido, los republicanos han estado trabajando en la Cámara en un proyecto de ley que, a diferencia de la propuesta integral del Senado, atiende separadamente las cuestiones migratorias, regulariza la estancia legal de los inmigrantes indocumentados pero sin conceder un camino especial a la ciudadanía, estableciendo marcas a alcanzar en materia de seguridad en la frontera como condición para la regularización permanente de los inmigrantes. Ante la presión interna de los sectores conservadores republicanos y las presiones externas de organizaciones proinmigrantes, el Partido Republicano dio a conocer una serie de “principios” que regularían una reforma migratoria, la que fue bien recibida como un indicador de un cambio de posiciones de los republicanos.
Sin embargo, una semana después, el líder de la mayoría republicana en la Cámara y diversos aspirantes de ese Partido a la candidatura presidencial en 2016 señalaron que no era probable la aprobación de esta reforma en 2014. De esta manera, con la estrategia de que “sí pero no”, el Partido Republicano piensa que evitará un conflicto interno previo a la elección intermedia, dejando para 2015 la resolución del conflicto.
Es posible que los republicanos produzcan una serie de legislaciones separadas en 2015, en línea con los principios publicados por el partido pero estableciendo una serie de condiciones muy difíciles de cumplir para alcanzar la regularización de la estancia legal de los inmigrantes indocumentados, su paso a la residencia permanente y, más adelante, la obtención de la ciudadanía. Ante esta perspectiva, la población de origen latino estaría dispuesta a aceptar la regularización migratoria, sacrificando la obtención posterior de la ciudadanía. El presidente Obama, ansioso de lograr un acuerdo para cumplir una promesa de campaña, se verá obligado a aceptar esta solución.
Sin embargo, en la galería de espejos la imagen reflejada no muestra las verdaderas intenciones de los que pretenden ilusionar a la población hispana con promesas vanas. Los republicanos no quieren una reforma migratoria que incluya la normalización de la estancia legal de los inmigrantes indocumentados, por lo que lanzarán su propuesta antes de las elecciones presidenciales para atraer el voto latino, pero con condiciones que anticipan que no serán aceptadas por los demócratas, para de esta manera culpar al presidente Obama del fracaso de las negociaciones.
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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
