Estamos en el proceso de averiguar si la no reelección presidencial forma hoy parte de las «decisiones políticas fundamentales» que integran la Constitución o, al contrario, puede ser borrada del texto de Querétaro, como ya lo fue una vez, y tal como ha ocurrido en siglo y medio de historia constitucional. Estamos por averiguar también si la decreciente -velozmente decreciente- oposición de los ciudadanos a tocar ese principio, se debe a una modificación de sus percepciones de fondo, o sólo se trata de un fenómeno pasajero, una moda inducida por un hábil manejo de imagen a través de los medios.
Hasta ahora ha prevalecido la convicción antirreleccionista de los ciudadanos y de los protagonistas de la política. Acaso eso se deba a que la tradición jurídica se inició en esta materia, en México, con limitaciones y no con la libertad plena de otros regímenes. En efecto, la Constitución de 1824 determinó que el presidente de la república no fuera elegido de manera indefinida, sino que debía mediar un periodo entre cada elección. La Constitución de 1857 alteró este principio que de diversas formas se mantuvo en los textos constitucionales intermedios. Al ser deliberadamente omisa en esta materia, abrió el camino a las sucesivas reelecciones de Juárez, contra las cuales se alzó, en 1871, Porfirio Díaz. De esa manera, Díaz fue lo mismo campeón del antirreleccionismo que de la práctica contraria, si bien no dejó nunca de mostrarse, en las palabras, contrario a las elecciones sucesivas.
El Plan de la Noria, en efecto, en que se basaría «lo último de las revoluciones» fue ante todo una proclama antirreleccionista. Decía que «la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo federal, ha puesto en peligro las instituciones nacionales…», si bien matizó esa afirmación al considerar que «la reelección indefinida es un mal de menos trascendencia por perpetuidad de un ciudadano en el ejercicio del poder, que por la conservación de las prácticas abusivas, de las confabulaciones ruinosas y por la exclusión de otras inteligencias e intereses, que son las consecuencias necesarias de la inmutabilidad de los empleados de la administración pública».
Cuando cinco años más tarde reincidió en su empeño revolucionario, tras la frustración del anterior, reiteró su credo contrario a la reelección. Ofreció, de modo concreto, en el Plan de Tuxtepec, que la no reelección tendría el carácter de ley suprema y sería elevada a rango constitucional, lo que en efecto ocurrió en 1878. El artículo 78 estableció entonces que el presidente no podría «ser reelecto para el periodo inmediato, ni ocupar la Presidencia por ningún motivo, sino hasta pasados cuatro años de haber cesado en el ejercicio de sus funciones».
Cumplidor de esa norma, Díaz regresó al poder en 1884 (tras su periodo inicial concluido en 1880). En 1887, una nueva reforma constitucional le permitió quedarse en el cargo. El artículo 78 diría por un breve lapso que el presidente podía «ser reelecto para el periodo constitucional inmediato; pero quedará inhábil enseguida para ocupar la Presidencia por nueva elección, a no ser que hubiesen transcurrido cuatro años, contados desde el día en que cesó en el ejercicio de sus funciones».
De allí a restablecer el principio de reelección indefinida, instituido por el Constituyente de 1857, no había más que un paso, y se dio en diciembre de 1890. El argumento de los reeleccionistas fue el providencialismo unido a la voluntad popular: ¿por qué ha de obligarse a un pueblo que prescinda de un gran gobernante? El gobernador de Colima, Ignacio F. Fuentes, dio forma al planteamiento al proponer la iniciativa de reforma constitucional en diciembre de 1889. Razonó que a los republicanos les basta que las instituciones queden incólumes «en tanto que no se arranque al pueblo la facultad incondicional de nombrar libremente a los funcionarios públicos», es decir, que da igual que «una sola persona funcione en uno o más periodos, si es con la voluntad popular». Si la sociedad mexicana -continúa la iniciativa, refiriéndose ya en concreto a Díaz- «ve en él al héroe de la segunda independencia, convertido en grande y hábil estadista, que ha realizado la obra maravillosa de la paz, del trabajo y del progreso, trilogía de bienes por los cuales tanto había luchado el pueblo mexicano…», el autor del proyecto de reforma constitucional se pregunta «¿por qué ahora se ha pretendido imponer condiciones a esa soberanía?»
La reforma se realizó y Díaz quedó en el mando supremo. El que había implorado en 1871 «que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el poder», permaneció en la Presidencia más años que Santa Anna y Juárez juntos. Lo hizo, sin embargo, contra su voluntad. Así lo expresó, al menos, a James Creelman, que lo entrevistó en Chapultepec a principios de 1908:
«He tratado de dejar muchas veces el poder, pero siempre que lo he intentado se me ha hecho desistir de mi propósito, y he permanecido en su ejercicio creyendo complacer a la nación que confiaba en mí. El hecho de que el precio de los valores mexicanos descendiera 11 puntos cuando estuve enfermo en Cuernavaca, tenía tal evidencia para mí, que me ha persuadido y hecho desistir de mi personal inclinación a retirarme a la vida privada…»
Pero ya no ocurriría más tal sacrificio. «No obstante cuales sean las razones -anunció solemnemente a los lectores de The Pearsons Magazine y de El Imparcial, que reprodujo en México la entrevista- que mis amigos personales y partidarios puedan aducir, me retiraré cuando mi actual periodo termine, y no aceptaré una nueva elección». La aceptó, sin embargo, pero ya luchando contra un partido que, como el que encabe- zara en 1876, se ostentaba como antirreleccionista.
Sin embargo, la oposición a la permanencia ad eternum de Díaz databa de tiempo atrás. Tal vez el primero, o quien hizo la más organizada exposición antirreleccionista fue Emilio Vázquez Gómez, que en el propio 1890 editó un folleto titulado La reelección indefinida, cuya argumentación tiene un sabor contemporáneo, como lo enseña este párrafo, destinado a cuestionar el progreso conseguido por Díaz como causa de su reelección:
«…ese progreso tiene mucho de aparatoso, de contingente. No depende de una manera necesaria de la voluntad, de los esfuerzos y de los elementos nacionales, sino (que está) muy esclavizado a elementos extranjeros, de los que, por lo mismo, depende en gran parte suspenderlo o debilitarlo…»
Un diario católico, El Heraldo, hizo en ese mismo año una premonición, cumplida dos décadas después. Bajo el título «El hombre necesario y la revolución inevitable», ese periódico explicó que atacaba la reelección porque «ella está preparando la más espantosa guerra civil que haya sufrido la patria. Si la reelección es una consecuencia o una necesidad de la paz, ésta no hace sino preparar una catástrofe mil veces más funesta que las revoluciones periódicas». Obregón: ¡No reelección!… inmediata. Ya en este siglo, el Partido Liberal Mexicano incluyó en su célebre Programa la «supresión de la reelección para el presidente y los gobernadores de los estados». Pero su radicalismo en otras materias no apareció en este punto, pues admitía que esos funcionarios pudieran «ser nuevamente electos hasta después de dos periodos del que desempeñaron». Mucho más tajante y eficaz , en cambio, fue el Plan de San Luis. Su autor, Francisco I. Madero, había organizado el Partido Nacional Antirreleccionista, cuyo lema «Sufragio efectivo, no reelección», sería también el del plan potosino. Al contrario de lo que anunció a Creelman, Díaz resolvió presentarse de nuevo a las elecciones de 1910, y Madero se le enfrentó, como candidato del PNA. Como este mismo lo narra, «mis jiras fueron verdaderas marchas triunfales, pues por doquiera el pueblo, electri- zado por las palabras mágicas de sufragio efectivo y no reelección, daba pruebas evidentes de su inquebrantable resolución de obtener el triunfo de tan salvadores principios».
La Constitución de 1917 no pudo más que incluir la no reelección de modo irrestricto. El artículo 83 aprobado el 18 de enero estableció sin ambages que el presidente duraría en su encargo cuatro años «y nunca podrá ser reelecto», aunque suavizaba la fórmula respecto del sustituto y el interino, a los que sólo se les impedía ser elegidos para el periodo inmediato siguiente. El texto estaba destinado a tener corta vida, pues el triunfo de los sonorenses obligó a acomodar la Constitución a las necesidades del poder. Era muy claro, ya en 1926 que Obregón volvería a la Presidencia, a pesar de sus declaraciones en contra, formuladas en abril. Pero meses después, Obregón encargó a Gonzalo N. Santos la operación legislativa corres- pondiente. Un total de 168 diputados firmaron el proyecto de reforma constitucional, donde afirma:
«La Revolución Mexicana cree que es un alto principio democrático y moral prohibir legalmente la reelección del titular del Ejecutivo, para el periodo inmediato a su encargo, impidiendo la inmoralidad que apoyara sin rubores la reacción mexicana, de aplaudir que figurara como candidato a presidente la persona que lo era en el mismo momento y que tenía a su disposición todo el poder que proporciona ese cargo, pero la Revolución no permitiría la inutilización para siempre de sus líderes, merced a la exageración de ese principio, tal como ahora pretende engañarla la clase conservadora. Cuando un ciudadano que ha ocupado el puesto de presidente de la república sale del poder y se retira a la vida privada durante uno o más periodos presidenciales, y el pueblo puede volverse a fijar en él como candidato a la Presidencia, quiere decir que aquel ciudadano cumplió como bueno durante el ejercicio de su encargo, y no hay absolutamente razón que justifique el que no quede capacitado para volver a jugar como candidato a la Presidencia, máxime cuando al hacerlo está desprovisto en absoluto del poder, y no se encuentra colocado en situación privilegiada con respecto a cualquiera otro de sus contrincantes. No hay razón, ni lógica, para dejarlos incapacitados únicamente por una generalización platónica de un principio que concretamente va a combatir los abusos de una situación especial». Hablaron en contra los diputados Eugenio Mier y Terán, Ramón Rosas, Enrique Bordes Mangel y Antonio Islas Bravo. Sus argumentos coincidieron en que al reformarse ese principio, se traicionaba a la Revolución. En total, hubo siete votos en contra y 199 a favor. El diputado Lombardo Toledano, inscrito en el contra, habló en pro. La Cámara despachó la enmienda en un suspiro. La iniciativa fue leída el 19 de octubre, el dictamen apareció al día siguiente, en que se desarrolló la discusión, y se votó el 21 de octubre. El 28 de diciembre se completó el proceso de enmienda, y su resultado apareció en el Diario Oficial el 22 de enero de 1927. En ese mismo año se aprobó una reforma complementaria, para alargar el periodo a seis años.
Como respuesta inmediata surgieron varias modalidades de antirreleccionismo. Los maderistas supervivientes se organizaron en defensa del principio, y lo mismo hicieron un buen número de diputados constituyentes. En el Senado se creó un breve bloque de esa tendencia. En la legislatura veracruzana, el general Miguel Alemán reconoció en noviembre que al votar en octubre en favor de la reforma constitucional había cometido un error, pues era antirreleccionista. Felicitó a la legislatura de Chiapas, por haberse rehusado a secundar la enmienda; renunció al partido que jefaturaba Santos, y aun remitió un mensaje de protesta al Congreso de la Unión por su reeleccio-nismo. Su hijo, joven abogado que vivía en la ciudad de México, resultó subtesorero de un Centro Nacional de Estudiantes Antirreleccionistas, cuyo director se llamaba Alejandro Gómez Arias. Fue recreado el Partido Antirreleccionista que en junio de 1927 lanzó a la candidatura del general Arnulfo R. Gómez. Otros partidos de la misma tendencia postularon al general Francisco Serrano. No pudieron avanzar mucho en sus campañas, pues en octubre fueron asesinados.
Candidato triunfante, Obregón fue a su vez ultimado el 17 de julio de 1928. Calles resolvió no caer en la tentación de reelegirse, por lo que creó los mecanismos del Maximato. En su primera aplicación, fundó el Partido Nacional Revolucionario, cuyo candidato presidencial en 1929, el general Pascual Ortiz Rubio, debió enfrentar el antirreleccionismo de quienes veían la presencia de Calles detrás de Ortiz Rubio. José Vasconcelos fue el candidato presidencial de esa tendencia. Alemán: ¡No reelección!… con reservas.
En octubre de 1932 la convención nacional del PNR procesó el desmontamiento del obregonismo todavía bullente. Llamó «principio revolucionario» al de la no reelección, y preparó un proyecto de enmienda constitucional para ir en contra de la reforma de 1926. Sus autores dijeron haber recogido, en tal dirección, «múltiples manifestaciones de opinión de todos los ámbitos del país», para buscar «una solución definitiva en esta materia». La convención aprobó un anteproyecto que las fracciones legislativas del PNR convirtieron en iniciativa. En ella se recordó que «desde los principios de la vida independiente de México, la No Reelección es una tendencia nacional, representa un anhelo de libertad, porque la tesis contraria se ha traducido a través de nuestra historia en el continuismo de un hombre o de un grupo reducido de hombres en el poder, que hacen degenerar a los gobiernos en formas absurdas e impropias de una organización democrática, con la consecuente alteración de la paz pública, la intranquilidad constante en las conciencias ciudadanas y el escepticismo y la paralización de las más nobles actividades en el país». Como estaba aun fresco el cadáver de Obregón, los penerreanos no quisieron ofender su memoria y llamaron al suyo «caso excepcional de opinión pública». Tras el proceso legislativo pertinente, que no halló obstáculo alguno (la votación en la Cámara de Diputados se hizo por unanimidad), el 29 de abril de 1933 se publicó la nueva versión del artículo 83, que es la vigente hoy. En ella se establece que «el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la república, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto». Aunque en 1934 el general Antonio I. Vi-llarreal se presentó como candidato presidencial del Partido Nacional Antirreleccionista, la bandera carecía ya de arrastre. El tema, en pro o en contra, pareció suprimido de la agenda nacional, hasta que en 1949 las inclinaciones reeleccionistas evidenciaron un repunte, y conocieron una modalidad, consistente en presentar como alternativa la prórroga del mandato sexenal.
En apariencia, fueron los íntimos de Alemán, y no él mismo, quienes plantearon el tema. Se atribuye a su secretario particular, Rogerio de la Selva, haber impulsado la campaña. El politólogo Tzvi Medin entrevistó a los secretarios de Estado sobrevivientes a fines de los ochenta, y «todos… así lo expresaron, y también el resto de los políticos del periodo». La especie aparece confirmada por Gonzalo N. Santos, en cuyas memorias se habla de una reunión con tal propósito, organizada por De la Selva, en la que el gobernador de San Luis Potosí -es decir, Santos mismo- se opuso a la reelección. El general Rodolfo Pina Soria, jefe del Estado Mayor Presidencial, estaba en la misma tarea, según testimonió, a los esposos Wilkie, Vicente Lombardo Toledano. El general Cárdenas cita, en sus apuntes, al general Federico Montes, quien le informó que otro allegado al presidente Alemán buscó a los generales en servicio y los instó a apoyar cualquier reforma constitucional. Dieron su firma a un documento de adhesión en tal sentido los generales Pedro Villaseñor, Lucas González, Aguirre Manjarrez y Tomás Sánchez Hernández.
Esos eran movimientos reservados, cuando no secretos. Ante el público, en diciembre de 1949, aparecieron los primeros brotes de reeleccionismo. Alemán resolvió atajarlos, y declaró: «No he pensado jamás en la posibilidad de una reelección en mi favor. No aliento propósitos que estén en desacuerdo con los principios legales que nos gobiernan». Pero, desatendiendo esta expresión, en abril siguiente el diputado Rafael Ortega, secretario general de la Confederación Obrera y Campesina de México, propuso la reelección presidencial en una asamblea que por unanimidad se adhirió al planteamiento. A fines de 1950, la CROM a través de su todavía oficiante Luis N. Morones, insinuó la prórroga del sexenio, por tres años más, tesis a la cual se adhirió el ex jefe del Estado Mayor de Carranza, el general Juan Barragán. Poco después, se organizó el Partido Artículo 39, en alusión al texto constitucional respectivo, donde se declara que «el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno». Esta apelación recordaba que los reeleccionistas de 1890 habían editado un periódico llamado La Soberanía Po- pular, con motivaciones semejantes a este peculiar partido. Lo dirigía el diputado Alfonso Reyes H. muy conocido por el jacobinismo que lo hacía proclamarse «enemigo personal de Dios». El 2 de junio de 1950 hizo publicar un desplegado a plana entera, en que alegó que la reelección era necesaria «para mantener la continuidad del proceso evolutivo de México», y que ser antirreleccionista era ser contrarrevolucionario. Un miembro distinguido del Partido Artículo 39 era el licenciado Guillermo Ostos, oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien llegó a afirmar que «el pueblo se hace reeleccionista por su propio bienestar».
Sin embargo, la tendencia contraria era fuerte y evidente. Los Constituyentes del 17 se manifestaron en contra, e igual hicieron los Veteranos de la Revolución. Consultado sobre el particular por el general Adalberto Tejeda y el licenciado Gonzalo Vázquez Vela, enviados por De la Selva, el ex presidente Cárdenas explicó que «no creía en la teoría de los hombres imprescindibles en el poder», y advirtió que cada vez que se intentara la reelección habría «guerra civil». Abelardo Rodríguez testimonió públicamente contra la reelección en agosto de 1951, y según narró en su oportunidad Lombardo Toledano, semejante parecer comunicó en privado el general Ávila Camacho a su antiguo secretario de Gobernación. Más enfática fue la turba estudiantil que una tarde recorrió el centro de la ciudad quemando los arcos triunfales erigidos por los partidarios de la reelección. En sus Remembranzas y testimonios, el propio Alemán niega enfáticamente haber alentado las expresiones reeleccionistas, a las que llama «desvarios». Recuerda que el 2 de junio de 1950, el Teatro Variedades, de Progreso, Yucatán, en un acto priísta reafirmó su «decisión inquebrantable, tomada por propia voluntad, de no aceptar dicho intento y mi súplica a las personas que realizan algunos trabajos en tal sentido -que por ningún motivo considero conveniente- de que desistan de seguir llevándolos adelante». Luego, en noviembre de ese mismo año, dijo al escritor José Rubén Romero: «Ejercer el poder no es razón para conservarlo».
Refiere Alemán que en sentido semejante habló a sus amigos, los gobernadores Marco Antonio Muñoz, Rafael Avila Camacho, Alejandro Gómez Maganda, Oscar Soto Máynez, Horacio Terán, Jesús González Gallo, Salvador Sánchez Colín, Dámaso Cárdenas, Raúl López Sánchez y José Aguilar y Maya: «Les reiteré mi determinación de no pretender la reelección, principio fundamental de nuestro sistema político, cuyo quebrantamiento afectaría a todo el país, viéndose traicionada la esencia misma de la Revolución Mexicana».
Tan fuertes eran los rumores sobre la reelección, que el propio Miguel Alemán Velasco preguntó sobre esa posibilidad a su padre, el presidente. «Me pareció oportuno recordarle entonces -narra Alemán, en forma coincidente con lo que su hijo relató a Medin- que mi padre, su abuelo, no sólo fue un ferviente revolucionario, sino, además, un mártir de la causa antirreleccionista, ofrendando su vida en la Sierra de Soteapan por la defensa de ese principio, episodio clave en mi propia formación política».
En adición a esta explicación histórica (en la que no es preciso creer a pie juntillas, porque inmediatamente después de la muerte de su padre el joven abogado Alemán se unió al partido de quienes lo ultimaron), el ex presidente reflexionó en sus memorias en otro inconveniente de la reelección:
«Seis años son pocos con respecto a la historia de un pueblo; no obstante, pesan inexorablemente sobre la vida de un hombre, más aún cuando éste asume en su transcurso la responsabilidad suprema del gobierno nacional. Un país puede absorber las energías de sucesivas generaciones; de hecho, de ellas se nutre y por ellas evoluciona. En cambio, un hombre difícilmente mantiene el vigor y la lucidez requerida en el ejercicio del poder durante más de seis años. Acaso la historia ofrezca algunos ejemplos que pudiesen desmentir esta apreciación, mas sin duda se trata de casos excepcionales, y por otro lado abundan aquellos otros en los cuales la regla se ve confirmada. No me refiero tanto a la edad del individuo como al desgaste físico y mental de quien conduce los destinos de su patria, sin olvidar el riesgo siempre latente de sucumbir al canto de las sirenas, causa de innumerables tragedias». Echeverría: ¡No reelección!… a pesar del rumor Un caso menos documentado de pretensión reeleccionista, porque tuvo menos expresiones públicas asibles, fue el de Echeverría. Sin embargo, a fines de 1974 circulaban versiones verbales sobre la gana presidencial de buscar un medio de continuar en el cargo. Tan intensas eran las hablillas, que el presidente del PRI, Jesús Reyes Heroles, juzgó pertinente salirles al paso. Decidió hacerlo en el discurso oficial que el 5 de febrero de 1975 -aniversario número 58 de la Constitución-pronunciaría en Querétaro. Como es usual, pero en este caso particular por resolución suya, Reyes Heroles pidió al presidente leer el texto y aprobarlo. Un párrafo en particular llamó la atención del presidente. Sugirió eliminarlo, para no dar rango excesivo a los rumores. Se produjo un breve debate, pues a Reyes Heroles le parecía de salud pública referirse al asunto. Tanto insistió Echeverría en suprimir la referencia a la reelección, que al jefe priísta no le quedó duda de que era el inspirador de las versiones. O al menos las conocía y consentía. Finalmente, cuando ese extremo se hacía demasiado evidente, Echeveiría admitió que el discurso quedara como había sido propuesto. Por consiguiente, Reyes Heroles dijo a los mexicanos, tras reflexionar sobre la abundancia y naturaleza de las enmiendas constitucionales:
A veces «se han introducido reformas que, con razones o sin razones, han ido contra el rumbo esencial, y en esos casos, posteriormente se ha presentado la reforma de la reforma.
«En efecto, cuando se ha presentado alguna reforma que por circunstancias temporales, históricamente concretas, parece hecha para un hombre -permitir la reelección en 1928- se ha debido reformar la reforma. De ahí aprendimos a no reformar para un hombre, por históricamente conveniente que pareza; a saber que reformas hechas para personas niegan principios, quebrantan instituciones y nos apartan de nuestro sendero.
«Por consiguiente, aquellos aturdidos que pretenden la reelección, lesionan a nuestra revolución, niegan nuestras instituciones y ofenden al revolucionario Luis Echeverría, dando lugar a un mal mayor que el que desean hacer aquellos que siniestramente las propalan». Salinas: ¡No reelección!… compromiso político La reelección no fue tema en los dos siguientes sexenios, pero sí en el actual. El 8 de agosto de 1991, una fantasmal Asociación de Comerciantes de La Laguna aprovechó una visita presidencial a la región para publicar un desplegado en que informó al presidente haber emprendido una campaña para reformar el artículo 83, a fin de permitir la reelección para un periodo inmediato. La causa invocada era análoga a la de otras ocasiones: el buen desempeño no puede ser desperdiciado. Aunque los firmantes pedían al presidente su opinión sobre el tema, no se produjo reacción presidencial alguna. Veinte días más tarde, el secretario de Gobernación emitió un escueto comunicado diciendo que ese tema «no ha figurado en la agenda de los cambios propuestos por el gobierno», por lo que «no se propondrá modificación alguna a la Constitución en esta materia».
El propio presidente se manifestó en tal sentido ante corresponsales de diarios extranjeros. El 31 de octubre de 1991, en un desayuno con ciertos priístas, a los que informó sobre la agenda legislativa a desahogar en el periodo que se iniciaba el día siguiente, abordó también el tema de la reelección. Les dijo que no habría iniciativa del Poder Ejecutivo en tal asunto. Repitió la idea, referida a sí mismo solamente, en una entrevista a Excélsior. Pero no se había producido una expresión suya, contundente, de desaliento a los favorecedores de la idea, tal como las que Alemán formuló en su oportunidad. De allí que resultara significativo que Jesús González Gortázar, diputado y dirigente de agricultores, repitiera en agosto pasado el manido argumento de la soberanía popular: «En un país democrático, la reelección es una posibilidad siempre abierta al pueblo. Una verdadera democracia debe permitir que aquellos que lo han hecho bien vuelvan a tener una oportunidad de servir al pueblo…».
Un ex diputado, Antonio Lomelí Garduño, ha escrito y publicado un folleto de 23 páginas bajo el título El mito mexicano de la no reelección, donde se hace un repaso histórico y jurídico de la materia y se propone: «Es tiempo ya de pensar en conceder alguna razonable flexibilidad al citado principio, para el caso de que llegara a desearse, por el pueblo mexicano, una venturosa reelección, por sólo una vez, de un magnífico presidente de la república».
A pesar de las negativas oficiales sobre el tema, se han generado expresiones en contra, concentradas no sólo en la oposición perredista, sino en otros círculos independientes de opinión. Un hecho de alcance local, sin embargo, precipitó lo que parece ser la última palabra sobre el tema. La decisión del PRI de postular candidato a gobernador de San Luis Potosí a quien desempeñaba el interinato, Gonzalo Martínez Corbalá, desencadenó reacciones muy vivas por estimar que se trataba de una reelección, que a sus propios efectos añadía el de sondear el ambiente para un paso semejante en el ámbito federal. Para enfrentar la inopinada situación, aparte la renuncia de Martínez Corbalá a su candidatura, el presidente del PRI, Genaro Borrego, convocó a los jefes de las mayorías de su partido en las Cámaras federales para hacer un pronunciamiento al respecto.
En su nombre y en el del senador Emilio M. González, el diputado Fernando Ortiz Arana manifestó el compromiso del PRI «de impedir con su voto en el Congreso de la Unión, que se pretenda modificar la Constitución General de la República para permitir la reelección». Recordó que «ningún partido o coalición de partidos diferentes al PRI tienen los votos suficientes en el Congreso para reformar la Constitución», por lo que «los votos de los diputados y senadores priístas… serán siempre el firme valladar a cualquier iniciativa reeleccionista. La impediremos por convicción y porque la Revolución Mexicana resolvió el tema al lograr esta conquista permanente en beneficio del pueblo de México. La no reelección es, además de norma constitucional, principio político de orden superior al que deben responder las actitudes de quienes participan en la vida electoral del país». De ahí que sentenciara, concluyente:
«Hay garantías de que el artículo 83 de la Constitución permanecerá como está».
El ciclo de intervenciones gubernamentales sobre el tema quedó cerrado por el mismísimo presidente de la república. En un escenario preparado ex profeso -un retrato de Madero fue sobrepuesto al de Carranza en el salón que lleva el nombre de este último, en Los Pinos- y con aire solemne, Salinas declaró, hablando en tercera persona:
«Ante la nación ratifico que el presidente Carlos Salinas de Gortari no promoverá ni aceptará que se promueva ninguna iniciativa que intentara modificar el principio de la no reelección. La reelección no tiene cabida, ni siquiera como insinuación».
He allí un firme compromiso político. Compelido por las circunstancias, el presidente fue contundente, inequívoco. Decretó, sin lugar a dudas, el fin de una tentación. Si alguna vez resucita, no será en los próximos dos años.
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