Según información reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 47% de la población del país se encuentra en situación de pobreza. Estas personas, al no tener recursos suficientes para cubrir sus necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público ven, además, limitadas sus posibilidades de un acceso pleno a la cultura. Es decir, se encuentran incapacitadas para materializar sus derechos culturales en plenitud.
También ha quedado claro a la fecha que las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen una herramienta útil para la promoción del crecimiento, la generación de empleo y el aumento de la calidad de vida de las personas. Simultáneamente, el acceso a Internet ha contribuido ampliamente al desarrollo de las industrias culturales, pues facilita la distribución de ideas y contenidos a nivel global y es una plataforma de desarrollo humano integral. Pero también puede ayudar de manera indirecta, al facilitar la cobertura de las necesidades básicas de los individuos y permitir el acceso a la educación y a la cultura en general.
Una agenda digital se define en términos del conjunto de políticas públicas enfocadas a incrementar el uso del Internet de banda ancha para contribuir al desarrollo económico y social.
Se ha demostrado que una agenda digital exitosa que incremente en diez puntos porcentuales la actual penetración de conectividad, estimula el crecimiento económico y el bienestar social, entre otros beneficios positivos como:
- 1. Un incremento de flujo en el PIB de 174,850 MPD, en seis años, equivalente al doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud para el 2009;
- 2. La generación de 1,631,099 empleos totales, los cuales se traducen en beneficios económicos por 158,787 MPD (medidos con base en el valor de un empleo en relación con el PIB);
- 3. Un incremento de 1.32 años en la escolaridad nacional. En términos cuantitativos (mayor cobertura escolar y volumen de contenidos educativos, educación a distancia, compensación de déficit de profesores, etc.) y cualitativos, el nivel de la educación mejora sustancialmente. Está comprobado que un estudiante con acceso a computadora e Internet tiene una clara ventaja para desarrollar las habilidades indispensables para la sociedad del conocimiento.
Estas externalidades impactan también de manera positiva en las industrias culturales y creativas. Por ejemplo, se puede estimar que el aumento en diez puntos porcentuales de la penetración de banda ancha puede derivar en la creación de por lo menos 55,000 empleos adicionales en el sector creativo y cultural.
Además, la derrama económica esperada de una política pública como la agenda digital podría contribuir a incrementar la producción de las industrias culturales y creativas en al menos 11,000 millones de pesos. Esto se puede explicar por la creciente demanda de contenidos y de insumos basados en la creatividad que requiere la sociedad de la información y el conocimiento.
Asimismo, los beneficios adicionales percibidos en términos educativos contribuirán a generar una mayor demanda de bienes y servicios culturales, propiciada por —como ya se ha mencionado— la facilidad de transmisión de información que permite la red.
En México, la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación ha sido relativamente baja, incluso en comparación con países de similar grado de riqueza y desarrollo, lo que redunda en efectos negativos para su población.
Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) confirman cuantitativamente la lógica de que la población con menores recursos es la que más dificultades enfrenta para contar con estos servicios, específicamente el acceso a Internet de banda ancha. En concreto, la penetración de este formato en los primeros cinco deciles es sumamente baja, es decir, padecen la brecha digital que se traduce en una brecha cultural en términos de la apropiación de contenidos creativos de carácter simbólico por la vía electrónica.
El mercado ha incrementado la penetración de esos servicios, pero sólo entre una fracción de la sociedad. Consecuentemente, es necesaria una acción de política pública directa para democratizar los accesos. Si el gobierno, las empresas y la sociedad civil no actúan conjuntamente, la desigualdad continuará ensanchándose en nuestro país de manera importante.
La toma de decisiones regulatorias, legislativas y gubernamentales en México necesita imprimir un mayor dinamismo de la discusión de reformas que, si bien son necesarias, son apenas suficientes para una economía predominantemente industrial (reformas energética y laboral), sin olvidar que, para lograr ser más competitiva, nuestra economía deberá depender cada vez más de su capacidad para desarrollar y aprovechar su capital intelectual, recurso renovable que abunda en nuestro país.
El diseño y la instrumentación de políticas públicas y estrategias de fomento de la sociedad de la información y el conocimiento requieren de acciones no específicas como la voluntad política, el financiamiento y la planeación, entre otras, pero también requieren de acciones privativas de las TIC, como la articulación de redes, el involucramiento de agentes clave, la gestión del conocimiento, el desarrollo local y la integración institucional, en un marco de desarrollo tecnológico constante, comprendido todo esto como la forma de reforzar dichas políticas y estrategias.
En cualquier caso, la acción del gobierno es fundamental para incrementar el acceso de todos los mexicanos a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Debe actuar como un catalizador que acelere el crecimiento de la penetración y, con ello, los efectos positivos en el desarrollo de las industrias culturales.
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